TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 267/2019-RRC

Sucre, 25 de abril de 2019


Expediente                        Oruro 28/2018

Parte Acusadora              Ministerio Público y otros

Parte Imputada                Franz Iván Juaniquina Cáceres

Delito                            Violación de Infante Niño, Niña o Adolescente

Magistrado Relator        : Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de abril de 2017, cursante de fs. 83 a 89 vta., Franz Iván Juaniquina Cáceres, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 10/2017 de 1 de marzo, de fs. 70 a 77, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Luciano Huallata Limachi contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP), con la modificación establecida en la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia (Ley 348 de 9 de marzo de 2013).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 13/2016 de 28 de abril (fs. 32 a 38 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Franz Iván Juaniquina Cáceres, autor de la comisión del delito de Violación de Infante Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, con la modificación establecida en la Ley 348, imponiendo la pena de veinte años de presidio, más el pago de costas y responsabilidad civil a favor del Estado y la víctima a ser averiguables en ejecución de sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Franz Iván Juaniquina Cáceres formuló recurso de apelación restringida (fs. 46 a 48 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 65 vta.), fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro mediante Auto de Vista 10/2017 de 1 de marzo, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, con costas en contra del apelante, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 773/2018-RA de 27 de agosto, se admitió los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

                                

  1. Denuncia, que el Auto de Vista recurrido convalidó la errónea aplicación de la Ley sustantiva, defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, en relación al art. 308 Bis del CP; asevera, que fue el primer agravio de su recurso de apelación restringida, por cuanto, la Sentencia no especificó la configuración de su conducta en función a los elementos constitutivos del tipo penal, puesto que, no se demostró mediante documental idónea o prueba plena que su persona fuera el responsable del acceso carnal a la víctima, es decir, no se acreditó mediante un informe de genética realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que hubiere sido su persona el que agredió mediante acceso carnal a la víctima, elemento constitutivo indispensable para la configuración del tipo penal previsto por el art. 308 Bis del CP, más aún cuando existía otro implicado que también hubiere agredido sexualmente a la víctima identificándolo la Sentencia como Bernardo José Cáceres Chura, respecto al que el Ministerio Público prescindió de la persecución penal; a lo cual, el Tribunal de alzada se limitó a establecer partiendo de la Sentencia en términos generales que su persona mantuvo acceso carnal con la víctima, no observando, que dicho extremo no fue acreditado, puesto que, no se acreditó el “verbo rector del acceso carnal”, existiendo duda razonable; sin embargo, confirmó la Sentencia basada en criterios subjetivos, a cuyo efecto invoca el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006 que establecería que la calificación del hecho a un tipo penal determinado, debe realizarse cuando la conducta se subsume a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, advirtiendo que en su caso, el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción al precedente, ya que, no observó que fue condenado por el delito de Violación de Infante Niño, Niña o Adolescente, sin que se hubiere demostrado que su persona hubiere tenido acceso carnal con la víctima como requiere lo previsto por el art. 308 Bis del CP, incurriendo la Sentencia en errónea calificación de los hechos, confirmada por el Tribunal de alzada.


  1. Por otra parte cuestiona, que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación al convalidar la Sentencia insuficientemente fundamentada en relación a la fundamentación probatoria intelectiva, provocando la inobservancia del art. 124 del CP, defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, que constituye defecto absoluto; asevera, que como segundo agravio de su apelación restringida, reclamó que la Sentencia carecía de fundamentación probatoria intelectiva, ya que, no contempló los elementos de prueba que indujeron a dar por acreditada su culpabilidad, pues de ninguna manera se habría determinado cuál el nexo causal, cuáles las pruebas que habrían determinado que su conducta se adecuó al delito por el que fue condenado o cómo “hubiese causado un daño económico en la presunta víctima”, aspectos fundamentales para determinar su responsabilidad, constituyendo defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada lo convalidó, incurriendo en falta de fundamentación; toda vez, que se limitó a señalar que no se cumplió con la fundamentación entorno al agravio apelado, a cuyo efecto, invoca el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004 que establecería la necesidad de la fundamentación de la Sentencia, aspecto que afirma, no fue corregido por el Auto de Vista recurrido que contendría el mismo defecto absoluto, puesto que, no contiene una explicación o justificación racional acerca de los motivos por los cuáles dio por válida la Sentencia carente de las exigencias que debe contener.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, disponiendo que el Tribunal de alzada emita una nueva Resolución conforme a la doctrina legal aplicable.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 773/2018-RA de 27 de agosto, de fs. 103 a 105 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el imputado Franz Iván Juaniquina Cáceres, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 13/2016 de 28 de abril, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Franz Iván Juaniquina Cáceres, autor de la comisión del delito de Violación de Infante Niño, Niña o Adolescente, imponiendo la pena de veinte años de presidio, más el pago de costas y responsabilidad civil a favor del Estado y la víctima a ser averiguables en ejecución de sentencia, bajo los siguientes hechos probados:


  1. La existencia del hecho punible y participación del imputado, quedó demostrada por las pruebas documentales codificadas como: MP-D-1 formulario de denuncia del caso de 15 de mayo de 2013; MP-D-2 informe de conocimiento de caso de 11 de mayo de 2013, copia de acta de consignación y/o registro de persona aprehendida de 10 de mayo de 2013, acta de autorización de ingreso voluntario a domicilio de 11 de mayo de 2013, acta de secuestro de 11 de mayo de 2013, acta de recepción y secuestro de indicios materiales de 11 de mayo de 2013, acta de requisa personal y secuestro de 11 de mayo de 2013, acta de entrevista de la menor víctima de 11 de mayo de 2013; MP-D-3 certificado médico forense de 11 de mayo de 2013; MP-D-4 Informe de intervención policial de 11 de mayo de 2013; MP-D-5 acta de tomas de fotográficas de 11 de mayo de 2013; MP-D-6 registro del lugar del hecho y placas fotográficas del lugar del hecho de 11 de mayo de 2013; MP-D-7 informe psicológico de 16 de mayo de 2013. En relación a los testimonios de María Isabel Quispe Calizaya y Wilma Petrona Gabriel Ramos, testigo y perito que refirieron lo que vieron y conocieron de acuerdo a las circunstancias que se suscitaron en los hechos fácticos acusados.


  1. La existencia del hecho se acreditó mediante los testimonios de María Isabel Quispe Calizaya y la perito Wilma Petrona Gabriel Ramos que intervinieron en el proceso a los que considera, esenciales porque sus aportaciones de lo que saben y conocen fueron precisas. La intervención de la perito Wilma Petrona Gabriel Ramos manifestó que intervino en la valoración de la víctima, que en la revisión llegó a la conclusión de que tenía un desgarro reciente y tenía lesiones en el cuerpo, por agresión física, en cuanto a la valoración sobre la agresión sexual, precisa que la víctima tiene himen con desgarro reciente, concluyendo que esa forma de conclusión solo puede ser producto de una agresión sexual.


  1. Por la prueba codificada como MP-D-3 consistente en el certificado médico forense de 11 de mayo de 2013 al examen físico refiere: 1. Área extragenital: aumento de volumen de dorso nasal, herida contusa en cara interna hemilabio superior izquierdo con equimosis perilesiona, excoriación de 3 cm., en hemotorax izquierdo, equimosis verdosa en número de 3 en cara posterior de brazo izquierdo y derecho, excoriaciones ungueales en número de 3 en cara anterior de muslo derecho, equimosis verdosa de 2x3 cm., en cara externa tercio medio pierna derecha, equimosis violácea de 1 x 2 cm., en número de dos caras anterior de antebrazo derecho, equimosis verdosa cara posterior de antebrazo derecho tercio medio. 2. Área paragenital: sin particularidad. 3. Área genital: genitales externos acordes a edad y sexo, vellos púbicos poblados y bien implantados manchados con sangre, mucuosa de labios mayores y menores normales manchados con sangre de aspecto menstrual, vagina amplia y elástica, himen bilabiado con desgarro reciente en horas 7 en sentido de las manecillas del reloj.


Bajo el título Motivos de derecho que fundamentan la Sentencia, “VI.A. SUBSUNCIÓN”, refiere, que el hecho concreto proviene de parte del imputado de producir daño a la víctima, ya que, se demostró que la menor de 13 años de edad luego de haber asistido a una reunión en la localidad de Toledo en horas de la noche del 10 de mayo de 2013, fue convocada por el imputado aduciendo que era su cumpleaños y le había manifestado que vaya a su casa, en la casa del imputado le hizo beber, como la víctima había decidido retirarse aproximadamente a horas 01:30 de la madrugada del sábado 11 de mayo de 2013, fue perseguida por el imputado que agarrándola con fuerza, lanzándole amenazas en contra de su vida y golpeándola con puñetes en todo su cuerpo y patadas en su estómago, le llevó hasta una casa abandonada situada en inmediaciones del pueblo para proceder a abusarla sexualmente.


Luego acudió al lugar el coimputado Bernardo José Cáceres Chura que de igual manera la abusa sexualmente, para luego llevarla a la fuerza a su casa ubicada cerca del lugar de la casa abandonada, donde la abusa nuevamente, permaneciendo la menor retenida en la casa de este segundo agresor, puesto que la puerta de la habitación donde la habría llevado había sido asegurada con candado, hasta que circunstancialmente los funcionarios policiales de la localidad de Toledo se constituyen en dicho domicilio con la referencia que Franz Iván Juaniquina Cáceres (imputado) era buscado por otro motivo, probablemente se encontraba en el domicilio de su amigo Bernardo, es así que al notar la presencia policial fuera de la habitación, la menor víctima pide ayuda dando a conocer lo sucedido, procediendo los policías a la aprehensión del imputado.


II.2.        Del recurso de apelación restringida del imputado.


       Notificado con la Sentencia, Franz Iván Juaniquina Cáceres interpone recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


       Que la Sentencia contiene una errónea aplicación de la ley sustantiva en relación al art. 308 bis del CP, por inobservancia del art. 370 incs. 1), 2), 5) y 6) del CPP; puesto que, en la Sentencia se ejercitó una valoración de los elementos de convicción con una clara imprecisión, ya que estableció como hechos probados lo que jamás fue corroborado “y así relatados por los testigos”, además de la prueba documental de cargo que consideró esenciales para la determinación asumida, así como de emitir una sentencia sin realizar un proceso de subsunción objetivo y acorde a las exigencias de una debida fundamentación y que de manera indubitable se llegó a determinar la existencia del hecho coligiendo su responsabilidad en el delito de Violación, lo que demuestra la falta de imprecisión en el proceso de subsunción, puesto que deben concurrir todos los elementos constitutivos; no obstante, su conducta fue subsumida con base a declaraciones emergentes de testigos o peritos que solo ratificaron las actuaciones adosadas al cuaderno de investigación ofrecidas como prueba documental de cargo, retirando dichas actuaciones de manera subjetiva, no demostrándose su responsabilidad en el supuesto hecho, para luego interrogar: “Se ha demostrado el acceso carnal.? El uso de la fuerza o intimidación, o consentimiento” (sic), elementos constitutivos, que no fueron demostrados.


       Añade que la Violación es un delito por uso de la violencia física, intimidación o manipulación de los vínculos afectivos, elementos para subsumir el tipo penal, inexistente en el caso pues considera irrelevantes las declaraciones de los testigos como la presunta víctima que el 20 de enero de 2016 en audiencia pública de juicio como prueba codificada y judicializada MPD-1 a la MPD-8 y ante el interrogatorio formulado por el representante del Ministerio Público dijo textualmente que sólo lo conoció esa vez y ante la pregunta de que si alguna vez le quiso hacer daño señaló que no; y, ante el interrogatorio de su defensa respecto a que le habría agredido o tratado de agredirle sexualmente señaló que no; y, ante el interrogatorio del Tribunal referente a que si hasta ese día o antes hubiere tenido alguna relación sexual, la menor víctima respondió positivamente con su enamorado, lo que establece la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva por no haberse subsumido su conducta a lo previsto por el art. 308 bis del CP, por no concurrir los elementos constitutivos; además de no haber sido suficientemente individualizado en la presunta comisión del delito.


       Agregó, que no existe fundamentación en la Sentencia por ser insuficiente al no haber valorado las atestiguaciones de la menor víctima en calidad de presunta víctima y de su padre que señaló que en ningún momento su hija habría sufrido abuso sexual, demostrándose que el hecho es inexistente y no fueron debidamente acreditados.


II.3.  Del decreto de 22 de julio de 2016.


       Remitidos los antecedentes a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por decreto de 22 de julio de 2016 (fs. 61), observó el recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:





Por tanto, con carácter previo a declarar la admisibilidad del recurso de apelación restringida, dispone que el recurrente en el plazo de tres días perentorios a partir de su legal notificación, subsane las observaciones anotadas, bajo alternativa de rechazo en caso de incumplimiento conforme prevé el art. 399 del CPP.


II.4.  Del memorial de subsanación al recurso de apelación.


Notificado el imputado con el decreto de 22 de julio de 2016, presentó memorial bajo el título cumple lo ordenado, alegando:


  1. Que en su apelación mencionó al art. 370 en su inc. 1) del CPP, con referencia en forma concreta a la inobservancia de la Ley sustantiva, al no haberse subsumido su conducta menos su participación o responsabilidad alguna en el supuesto hecho de Violación, por no haberse demostrado el acceso carnal, el uso de la fuerza o intimidación o consentimiento que de manera indubitable deben concurrir como elementos constitutivos del tipo penal descrito en el art. 308 bis del CP, corroborado este hecho por la declaración de la supuesta víctima que el 20 de enero de 2016 ante el Tribunal de sentencia señaló que no fue agredida.


  1. Respecto al punto dos, afirma que en su recurso de apelación mencionó al inc. 2) del art. 370 del CPP y se remite al anterior punto; toda vez, que no fue individualizado suficientemente en la presunta comisión del delito ya que la menor en su declaración afirmó que tuvo alguna vez relación sexual con su enamorado.


  1. En cuanto al art. 370 inc. 5) del CPP, menciona que la fundamentación de la Sentencia es insuficiente; porque los testigos como la supuesta víctima y su padre no efectuaron ninguna aportación, al contrario se pretendió cubrir la verdad de los hechos por lo que no tienen relevancia, no fundamentando cada una de ellas.


  1. Respecto al núm. 6) del art. 370 del CPP, refiere que la sentencia se basa en hechos inexistentes por no haberse demostrado su participación en el hecho acusado ni haberse desvirtuado el hecho por la misma menor en su declaración ante el Tribunal de sentencia.


  1. Con relación al punto tres de la observación cita los Autos Supremos 431 de 11 de octubre de 2006 y 82 de 30 de enero de 2016.


II.5.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro a través del Auto de Vista impugnado, declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia bajo los siguientes argumentos vinculados a los motivos de casación:


  1. Con relación al agravio previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, refiere que la Sentencia en el Considerando V, voto de los juzgadores sobre los motivos de hecho y derecho, conoció los elementos y medios probatorios, realizando la apreciación de la prueba de cargo documentales y otros, desde el inicio de la acción penal, asimismo refirió las pruebas incorporadas a juicio oral, con relación a la existencia, momento, lugar y participación en el hecho de incorporación de las pruebas a juicio, valoró las pruebas codificadas como MP-D-1, MP-D-2, MP-D-3, MP-D-4, MP-D-6, MP-D-7, y MP-D-8 descritas en la Sentencia. Asimismo el Tribunal valoró las declaraciones testificales de la menor víctima, Luciano Huallata Limachi, María Isabel Quispe Calizaya y de la Perito Wilma Petrona Gabriel Ramos, analizando y fundamentando el por qué se los otorgó el valor correspondiente; sin embargo, sin ingresar en la revalorización de la prueba que no le está permitido, tiene que si bien la testigo víctima declaró incluso negando fue tomada en cuenta con los ingredientes que el Tribunal fundamentó. Con relación a la declaración de Luciano Huallata Limachi en su declaración conforme al interrogatorio fue relatando y descubriendo la verdad al afirmar que habían llegado a un arreglo a insistencia de la familia del acusado, a lo que se debe las declaraciones de la víctima; empero, el Tribunal asumió como corresponde una valoración integral de todas las pruebas documentales y testificales de cargo y descargo y en esa valoración conjunta del propio progenitor Luciano Huallata Limachi, Maria Isabel Quispe Calizaya y Wilma Petrona Gabriel Ramos, a los que el Tribunal consideró declaraciones esenciales, quedando demostrado el hecho por los testigos María Isabel Quipe Calizaya y Wilma Petrona Gabriel Ramos, la MP-D-3 relativo al examen físico a la víctima con las conclusiones: 1. Himen Boilabiado con desgarro reciente. 2. Policontusa. 3. Período menstrual.


Respecto a que la Violación es un delito por uso de violencia física, intimidación o manipulación de los vínculos afectivos, elementos o requisitos para subsumir el hecho al tipo penal; el Tribunal de alzada expresó, por las declaraciones de la testigo nombrada y perito, que quedó demostrado el hecho y la valoración del Tribunal con base a la libertad probatoria prevista en el art. 171 del CPP y en observancia de las reglas de la sana crítica; y, en el considerando VI, punto VI.A. Subsunción se refirió al tipo penal atribuido, fundando la figura básica en el hecho concreto, la ilicitud, el dolo, la consumación, la antijuricidad, referido al bien jurídico protegido, aspectos analizados y razonados debidamente fundamentados.


También asume que el apelante no fundamenta debidamente, por separado qué se entiende por inobservancia de la ley y la errónea aplicación de la Ley sustantiva, pues en la apelación utiliza ambos supuestos, como si tuvieran el mismo entendimiento incurriendo en una falencia y sin la debida fundamentación, puesto que, no explica cómo el Tribunal inobservó la ley sustantiva o erróneamente aplicó la Ley sustantiva, pues debió esgrimirse de manera diferenciada, concreta y precisa; no obstante, lo hizo de manera enredada, lo que no tiene sustento alguno alegando “errónea aplicación de la norma sustantiva”, incurriendo en falta de especificidad.


Añade que el procedimiento penal cuando se refiere a la errónea aplicación de la Ley sustantiva la regula en el inc. 1) del art. 370 del CPP, que está referido a dos supuestos: a) la inobservancia de la Ley sustantiva; y, b) la errónea aplicación de la Ley. El primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la Ley; en el segundo caso, si bien se observa la norma la autoridad judicial la aplica en forma errónea; además la inobservancia de la Ley o su aplicación errónea puede ser tanto de la Ley sustantiva como adjetiva, así la errónea aplicación de una norma sustantiva se da en tres circunstancias que son: una errónea calificación de los hechos (tipicidad), una errónea concreción del marco penal o una errónea fijación judicial de la pena; en cambio los supuestos de la errónea aplicación de la Ley adjetiva son: 1. Los defectos de procedimiento en general; y, 2. Los expresamente establecidos en los arts. 169 y 370 del CPP; que en el supuesto agravio se acusa una inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, lo que en uno de sus componentes como pretende el recurrente sin mención o sin fundamento a la errónea concreción del marco penal y esto es predecible cuando en la Sentencia los hechos no son objeto de subsunción, no corresponderían a los que fueron objeto de discusión en el juicio oral y aquello no acontece en la especie porque acorde a la lectura de la Sentencia hace inferir que el hecho por el que fue condenado el acusado resulta ser el mismo por el que fue objeto de la acusación, aspecto que se observa del Considerando III; empero, el recurrente incurre en una confusión ya que considera que existe inobservancia de la Ley o errónea aplicación de la Ley al hecho que en la sentencia existió vulneración del art. 308 Bis del CP o al haber aplicado erróneamente la ley sustantiva a que se traduce el defecto con el análisis imparcial de toda la prueba de cargo producida durante la realización del juicio; no obstante, la condena recae sobre el hecho acusado.

    

  1. Respecto a que el imputado no está suficientemente individualizado previsto en el art. 370 inc. 2) del CPP; el recurrente se limita a referirse al punto anterior, porque no hubiese sido individualizado suficientemente en la presunta comisión del delito, argumento fuera del contexto, como si la conceptualización de éste tópico fuera idéntico o similar al punto anterior “inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva”, que nada tiene que ver con el punto anterior, incurriendo el recurrente en un equivocado entendimiento; en la materia el imputado fue suficiente y plenamente identificado e individualizado como autor del hecho punible.


  1. En cuanto al inc. 5) del art. 370 del CPP el impugnante incurre en error; toda vez, que confunde con el defecto de defectuosa valoración de la prueba; además, la falta de fundamentación conlleva tres hipótesis: la falta de fundamentación de la Sentencia, que la motivación sea insuficiente o que la fundamentación sea contradictoria, concretando el apelante la primera y segunda hipótesis; entonces la falta de fundamentación de la Sentencia consiste en que dicha resolución no cuenta en absoluto con la debida motivación de las razones o los motivos de hecho y de derecho por la que se resuelve de una u otra manera; en cambio, una resolución es insuficiente cuando no cuenta con la debida motivación de las razones por las que se resuelve de una u otra manera. El recurrente denuncia falta de fundamentación en la sentencia no se comprende que es lo que quiso decir “no existe fundamentación por ser insuficiente”, incurre en error, pues de inicio denuncia falta de fundamentación en la resolución a continuación entremezcla y lo hace de manera entreverada porque se refiere a los elementos constitutivos del delito, luego a la valoración de la prueba, y es en éste tópico referida a la “falta de fundamentación por ser insuficiente”, no pueden concurrir ambos a la vez.


Por último el Tribunal de alzada, señala que analizados los fundamentos de la Sentencia cuenta con la debida motivación al tenor del art. 124 del CPP, al poseer la motivación fáctica probatoria y descriptiva, la intelectiva y jurídica, pues se refiere en forma específica a todos y cada uno de los medios de prueba incorporados al juicio oral tanto de cargo como de descargo, mencionando la Sentencia en el Considerando VI los motivos de derecho que fundamentan la Sentencia, que la Violación produce el daño en el cuerpo que se consumó en el momento en que se infringieron las agresiones causando hematomas antes de la Violación; además, se tiene el certificado médico forense que establece la existencia de la agresión en el cuerpo de la víctima, en el mismo considerando, establece que existió una agresión causada por el imputado al haber perseguido a la víctima para consumar la Violación, cumpliendo la Sentencia con la debida fundamentación.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente caso, este Tribunal admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista recurrido: i) convalidó la errónea aplicación de la Ley sustantiva en relación al art. 308 Bis del CP; e, ii) incurrió en falta de fundamentación al convalidar la Sentencia insuficientemente fundamentada en relación a la fundamentación probatoria intelectiva; consecuentemente, corresponde resolver las problemáticas planteadas mediante la labor de contraste.


III.1. Respecto a la denuncia de convalidación de la errónea aplicación de la Ley sustantiva en relación al art. 308 Bis del CP.


El recurrente en este motivo alega que el Auto de Vista convalidó la errónea aplicación de la Ley sustantiva, en relación al art. 308 Bis del CP; por cuanto, la Sentencia no especificó la configuración de su conducta en función a los elementos constitutivos del tipo penal, puesto que, no se demostró mediante documental idónea o prueba plena que su persona fuera el responsable del acceso carnal a la víctima; es decir, no se acreditó mediante un informe de genética realizado por el IDIF, elemento constitutivo indispensable para la configuración del tipo penal previsto por el art. 308 Bis del CP, más aún cuando existía otro implicado que también hubiere sido el agresor sexual de la víctima identificándolo la Sentencia como Bernardo José Cáceres Chura, respecto al que el Ministerio Público prescindió de la persecución penal; no obstante, el Tribunal de alzada se limitó a establecer que su persona mantuvo acceso carnal con la víctima, no observando, que dicho extremo no fue acreditado, puesto que, no se acreditó el “verbo rector del acceso carnal”, existiendo duda razonable; sin embargo, confirmó la Sentencia, resultando contrario al Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, ya que, no observó que fue condenado por el delito de Violación de Infante Niño, Niña o Adolescente, sin que se hubiere demostrado que su persona hubiere tenido acceso carnal con la víctima como requiere lo previsto por el art. 308 Bis del CP.


Como una consideración previa antes de ingresar a resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre el precedente citado con el Auto de Vista recurrido, corresponde señalar que el recurso de casación es un mecanismo de impugnación que se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado y regulado por la Ley, así, la norma Suprema Constitucional, en el marco de las garantías recogidas, establece el principio de impugnación en su art. 180.II, como un medio eficaz para buscar el control de la actividad de los administradores de justicia, precautelando la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, esto es, la aplicación correcta de la norma sustantiva como adjetiva. En ese contexto normativo, este Tribunal, ha reiterado constantemente en sus exámenes de admisibilidad que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción, cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y sustantiva será efectivamente aplicada por igual.


       De tal manera que, en la labor de verificación o contraste entre lo resuelto en un caso concreto, con lo resuelto en los precedentes invocados, primero se identifiquen plenamente la similitud de los supuestos de hecho, para que en segundo término, se analice si el fundamento jurídico que da origen a la doctrina legal, es aplicable al caso examinado, correspondiendo hacer hincapié en que el precedente establecido por el Tribunal Supremo o los Tribunales Departamentales de Justicia, es de estricta observancia conforme impone el art. 420 del CPP, en los casos en que se presente una situación de hecho similar, en coherencia con los principios de seguridad jurídica e igualdad.


       En esa línea esta Sala Penal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha precisado que: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


Ahora bien, se tiene que el recurrente invocó el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, que fue dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Suministro de Sustancias Controladas donde constató que el Auto de Vista confirmó la Sentencia inobservando que “mientras no se consuma la provisión de sustancias controladas del proveedor a la persona que requiere las sustancias controladas el hecho constituye tentativa de suministro de sustancias controladas, cuando la sustancia controlada haya pasado de manos del proveedor a la persona o personas requirentes, entonces el hecho se subsume al delito de suministro de sustancias controladas”, aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista impugnado, sentando la siguiente doctrina legal aplicable: “que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva”.


Del precedente invocado corresponde señalar, que la posibilidad o no del delito de Suministro en grado de tentativa, fue superada por este Tribunal Supremo de Justicia; toda vez, que se asumió coherentemente que todos los ilícitos enmarcados en la Ley 1008, entre ellos el SUMINISTRO, son de carácter formal y no de resultado, lo que implica el reconocimiento pleno y completo de que en todas las figuras penales insertas en la citada ley no se puede aplicar la figura de la TENTATIVA, criterio que fue previsto en el Auto Supremo 417/2003 de 19 de agosto, y asumió en varias Resoluciones emitidas por este Tribunal, estableciéndose que en todo el conglomerado de ilícitos vinculados a las actividades de narcotráfico, -entre ellos el Suministro- no corresponde la aplicación del art. 8 del CP, por el carácter formal y no de resultado que reviste esta clase de delitos.


Efectuada esa precisión, a los fines de resolver la problemática planteada necesariamente se debe acudir al Auto Supremo invocado, a objeto de verificar si fue o no contradicho, teniendo en cuenta los criterios desarrollados en relación a la labor de contraste que esta Sala debe realizar a tiempo de resolver un recurso en el fondo, siendo necesario que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en el caso de autos se observa, que no se está ante una situación similar; toda vez, que la doctrina contenida en el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, si bien se refiere a una problemática de índole sustantiva; no obstante, fue desarrollada respecto al delito de Suministro de Sustancias Controladas en grado de Tentativa, que conforme se señaló en el párrafo anterior, fue superada; en cambio, en el presente caso, se sigue la causa sustantiva por el delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, donde el recurrente alega, que el Auto de Vista recurrido convalidó la errónea aplicación de la Ley sustantiva, no observando que fue condenado sin que se hubiere demostrado el acceso carnal que hubiere tenido su persona con la supuesta víctima como lo requiere el art. 308 Bis del CP; denuncia, que no guarda relación alguna con los fundamentos del precedente invocado.


Por los fundamentos expuestos y por la naturaleza del recurso de casación, queda establecido que el precedente invocado respecto a este motivo no resulta aplicable al Auto de Vista recurrido; toda vez, que no contiene una problemática similar; en consecuencia, deviene en infundado.


III.2. Sobre la denuncia de falta de fundamentación.


El recurrente reclama, que el Auto de Vista impugnado incurrió en falta de fundamentación al convalidar la Sentencia insuficientemente fundamentada en relación a la fundamentación probatoria intelectiva, provocando la inobservancia del art. 124 del CP, defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, que constituye defecto absoluto; asevera que reclamó que la Sentencia carecía de fundamentación probatoria intelectiva, ya que no contempló los elementos de prueba que indujeron a dar por acreditada su culpabilidad, pues de ninguna manera se habría determinado cuál el nexo causal, cuáles las pruebas que habrían determinado que su conducta se adecuó al delito por el que fue condenado o cómo “hubiese causado un daño económico en la presunta víctima”, aspectos fundamentales para determinar su responsabilidad, constituyendo defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación; al limitarse a señalar que no se cumplió con la fundamentación entorno al agravio apelado, no explicando los motivos por los cuáles dio por válida la sentencia carente de las exigencias que debe contener.


Al respecto, invocó el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, que fue dictado por la Sala Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Estafa y Estelionato, en el que constató que el Auto de Vista no se pronunció sobre todos los puntos apelados, incurriendo en un defecto insubsanable, por lo que fue dejado sin efecto, con la siguiente doctrina legal aplicable: “Que el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a las reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del artículo 370 inciso 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal, por lo que en esos casos corresponde aplicar el primer parágrafo del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal”.


Del precedente expuesto, se tiene que resolvió una cuestión procesal que resulta similar a la denuncia planteada por el recurrente; consiguientemente, corresponde ingresar a la labor de contraste, siendo necesario destacar conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, que ante la emisión de la Sentencia condenatoria, el imputado conforme lo extractado en el acápite II.2 de este fallo, formuló recurso de apelación restringida en el que señaló que no existe fundamentación en la Sentencia por ser insuficiente al no haber valorado las atestiguaciones de la menor víctima en calidad de presunta víctima y de su padre que señaló que en ningún momento su hija habría sufrido abuso sexual, demostrándose a su criterio, que el hecho fue inexistente y no fue debidamente acreditado; recurso, que fue observado por decreto de 22 de julio de 2016; en cuyo efecto, el imputado presentó memorial de subsanación, alegando: que en relación al inc. 5) del art. 370 del CPP, la fundamentación de la Sentencia es insuficiente; toda vez, que a decir de los testigos como la supuesta víctima y su padre no efectuaron ninguna aportación, al contrario señalaría que se pretendió cubrir la verdad de los hechos por lo que no tienen relevancia, no fundamentando cada una de ellas; respecto a lo cual, el Auto de Vista recurrido aperturó su competencia y desestimó el reclamo alegando que el impugnante incurrió en error; toda vez, que confundió con el defecto de defectuosa valoración de la prueba; aclarando, que la falta de fundamentación conlleva tres hipótesis: la falta de fundamentación de la Sentencia; que la motivación sea insuficiente; o, que la fundamentación sea contradictoria, concretando el apelante la primera y segunda hipótesis; entonces la falta de fundamentación de la Sentencia consiste en que dicha resolución no cuenta en absoluto con la debida motivación de las razones o los motivos de hecho y de derecho por la que se resuelve de una u otra manera; en cambio una resolución es insuficiente cuando no cuenta con la debida motivación de la razones por la que se resuelve de una u otra manera. Que el recurrente denuncia falta de fundamentación en la sentencia a continuación entremezcla y lo hace de manera entreverada porque se refiere a los elementos constitutivos del delito, luego a la valoración de la prueba, y es en este tópico refirió a la “falta de fundamentación por ser insuficiente”, no pueden concurrir ambos a la vez.


Continuando con los fundamentos de la Resolución recurrida, añade que analizados los fundamentos de la Sentencia, cuenta con la debida motivación al tenor del art. 124 del CPP, al tener la motivación fáctica probatoria y descriptiva, la intelectiva y jurídica, refiriéndose en forma específica a todos y cada uno de los medios de prueba incorporados a juicio oral tanto de cargo como de descargo, mencionando en el Considerando VI denominado motivos de derecho que fundamentan la Sentencia, que la Violación se produce el daño en el cuerpo que se consumó en el momento en que se produjeron las agresiones causando hematomas antes de la Violación; además, se tiene el certificado médico forense en el cual se establece la existencia de la agresión en el cuerpo de la víctima, por otra parte la Sentencia establece en el mismo considerando, que existió una agresión causada por el imputado al haber perseguido a la víctima para consumar la Violación, cumpliendo la Sentencia con la debida fundamentación.


De esa relación necesaria de antecedentes, se evidencia que el Auto de Vista recurrido respecto a este motivo, no incurrió en falta de fundamentación como refiere el recurrente; por cuanto, de una comprensión integral del motivo apelado, explicó que el imputado incurrió en error, ya que denunció falta de fundamentación en la sentencia, que a continuación entremezcló y lo hizo de manera entreverada al referirse a los elementos constitutivos del delito, luego a la valoración de la prueba, y en ese tópico refería la “falta de fundamentación por ser insuficiente”, siendo que no podía concurrir ambos supuestos; argumento que resulta coherente puesto que de la revisión del contenido del recurso de apelación restringida respecto al motivo sujeto a análisis, que fue extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, el recurrente a tiempo de concluir su recurso de apelación restringida en el último párrafo se limitó a señalar que “no existe fundamentación en la sentencia por ser insuficiente”, al no haber sido valorados las atestaciones de la menor y su padre; omitiendo señalar, de manera clara y precisa de qué manera el Tribunal de juicio hubiere incurrido en falta de fundamentación o insuficiente fundamentación.


No obstante de lo anterior, el Auto de Vista recurrido constató que la Sentencia, cuenta con la debida motivación al tenor del art. 124 del CPP, que cuenta con la motivación fáctica probatoria y descriptiva, la intelectiva y jurídica, refiriéndose en forma específica a todos y cada uno de los medios de prueba incorporados a juicio oral tanto de cargo como de descargo, añadiendo a tiempo de resolver el defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP que si bien la testigo víctima declaró incluso negando fue tomada en cuenta y que con relación a la declaración de Luciano Huallata Limachi en su declaración conforme al interrogatorio fue relatando y descubriendo la verdad al afirmar que habían llegado a un arreglo a insistencia de la familia del acusado, a lo que se debía las declaraciones de la víctima; empero, el Tribunal de mérito había asumido de una valoración integral de todas las pruebas documentales y testificales de cargo y descargo; conclusiones que resultan claras y suficientes que permiten comprender el porqué de la decisión asumida, en apego a la pretensión del recurrente; puesto que, a tiempo de reclamar que “no existe fundamentación en la sentencia por ser insuficiente”, del recurso de apelación restringida y del memorial de subsanación al recurso, se advierte que jamás fundamentó, que la Sentencia no contempló los elementos de prueba que indujeron a dar por acreditada su culpabilidad, o que de ninguna manera se habría determinado cuál el nexo causal, o cuáles las pruebas que habrían determinado que su conducta se adecuó al delito por el que fue condenado, o cómo “hubiese causado un daño económico en la presunta víctima”, cuestionamientos que no fueron puestos a conocimiento del Tribunal de alzada a tiempo de fundamentar y subsanar el motivo, sino que recién los trae a casación, cuando dichos argumentos debió formularlos en la interposición de su recurso de apelación restringida, empero no lo hizo.


Por los argumentos expuestos, se concluye que el Auto de Vista recurrido, no incurrió en contradicción con el precedente invocado ni incidió en defecto absoluto como afirma el recurrente; toda vez, que no se limitó a señalar que el apelante no hubiere cumplido con la fundamentación sino que respondió al punto denunciado, en concordancia y coherencia a lo solicitado, con argumentos precisos y debidamente fundamentados que sustentan la razón de su decisión, ajustando su actividad jurisdiccional a lo previsto por los arts. 124 y 398 del CPP, situación por la que el presente motivo deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Franz Iván Juaniquina Cáceres, de fs. 83 a 89 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela