TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 249/2019-RA

Sucre, 23 de abril de 2019


Expediente                Tarija 28/2019

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                 : Never Rolando Castañón Aramayo

Delito                 Uso de Instrumento Falsificado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de febrero de 2019, cursante de fs. 334 a 335 vta., Never Rolando Castañón Aramayo, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 53/2018 de 1 de noviembre de fs. 321 a 324, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Alberto Torres Vargas contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 21/2014 de 6 de noviembre (fs. 285 a 290 vta.), el Tribunal de Sentencia Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Never Rolando Castañon Aramayo, autor de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, imponiendo la pena privativa de libertad de un año a cumplirse en el penal de Morros Blancos de Tarija.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Never Rolando Castañon Aramayo formuló recurso de apelación restringida (fs. 295 a 300), resuelto por Auto de Vista 53/2018 de 1 de noviembre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró improcedente el recurso planteado.


  1. Por diligencia de 5 de febrero de 2019 (fs. 327 vta.), el recurrente fue notificado con el Auto de Vista ahora impugnado; y, el 11 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del análisis del recurso formulado, se tiene el siguiente motivo.


  1. El recurrente denuncia contradicciones entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal invocada en apelación, señalando respecto al primer agravio, que surge contradicción ya que sin haberse acreditado que los documentos que recibió hubieran sido declarados falsos o que hubiera tenido conocimiento de la falsedad de dichos documentos, se lo condena por la comisión del delito Uso de Instrumento Falsificado; asimismo, refiere que la sentencia argumentó que la intención dolosa de cometer este delito, se hubiese materializado puesto que con intervención notarial se le hace conocer la intención de dejar sin efecto el poder notarial, pese a ello, continuó efectuando actos de dominio, denotando que desde aquel momento, toda actuación era fraudulenta; no obstante, la misma sentencia, precisó como hechos no probados “la vinculación del imputado con los hechos de falsedad y uso de instrumento falsificado indilgado por el Ministerio Publico, que hubieran causado perjuicio al acusador particular”. Refiere que en su recurso de apelación invocó el Auto Supremo 236/2007 de 7 de marzo, que establece que “la actividad jurisdiccional debe esmerarse en brindar a los administrados la seguridad que las decisiones se enmarquen en los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado”; es decir que de acuerdo a la doctrina citada, para el citado delito, por lo menos se debe tener una falsedad objetiva, y en el presente caso, no existe ni una sola evidencia objetiva que acredite esta falsedad.


Añade que otro aspecto que genera contradicción entre los fundamentos del Auto de Vista recurrido y el Auto Supremo 236/2007 que establece también que “los delitos para ser considerados como tales, deben reunir las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probados en juicio oral, publico, contradictorio y continuo…”, está referido a que la propia sentencia estableció que no existe vinculación de su persona con los hechos de uso de instrumento falsificado; empero, a pesar de ello lo encuentran culpable por este delito, condenándolo a pena privativa de libertad, con lo que se demuestra la contradicción del injusto Auto de Vista con la doctrina legal aplicable.


También indica que en el recurso de apelación invocó el Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007, que establece “Los tribunales de sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada (…) debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa u la resolutiva…”; lo cual resulta contradictorio con el caso de autos, ya que como se tiene señalado, la propia sentencia manifiesta no haber encontrado ninguna vinculación de su persona con el hecho de uso de instrumento falsificado, habiendo sido encontrado culpable del delito acusado; por lo cual, la contradicción en el Auto recurrido con la doctrina legal aplicable resulta evidente.


  1. En lo que se refiere al segundo agravio fundamentado en el recurso de apelación, señala que fue condenado con una sentencia fundada en hechos inexistentes o no acreditados, ya que el Tribunal llegó a la convicción de su culpabilidad con base a las pruebas testificales y documentales; empero, ninguna declaración de los testigos, ni de los querellantes, lo vinculan con la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, habiendo la propia sentencia considerado que “las atestaciones ameritan valoración negativa, ya que no pueden establecer con certeza la existencia del ilícito de uso de instrumento falsificado”. Con relación a la prueba documental, señala que de acuerdo a la fecha de suscripción de la minuta de transferencia, ésta resulta anterior a la revocatoria del mandato, así como también el pago de impuestos fue realizado al mismo tiempo en que se realizó la supuesta revocatoria, de la misma manera, la escritura pública fue extendida horas después de que se revoque el mandato otorgado al imputado, con lo que se demuestra que nunca tuvo conocimiento de la revocatoria del poder que fue utilizado para realizar la venta del terreno de su acusador particular.    


  1. Por último, de acuerdo al art. 829 del Código Civil, refiere que el mandato puede ser irrevocable, si es otorgado en interés común del mandante y del mandatario, o de un tercero; en el caso de autos, el mandato fue sido cumplido en su totalidad, habiendo el mandante recibido parte del pago, por lo cual una eventual revocatoria unilateral no hacia efecto por propia disposición de la ley civil, que exige que en la revocatoria intervengan las dos partes, aspecto nunca consentido de su parte por haberse cumplido con el mandato; concluyendo de lo referido, que al igual que con la prueba testifical, la prueba documental no lo vincula de ninguna manera con el ilícito denunciado.

  

  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


  1. Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


  1. Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


+IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 5 de febrero de 2019, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, interponiendo su recurso de casación el 12 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que otorga la ley, cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 417 del CPP relativo al plazo, correspondiendo verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Ahora bien, el recurrente denuncia por un lado la existencia de contradicciones entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable, argumentando que la misma sentencia precisó que no existe vinculación del imputado con los hechos de falsedad y uso de instrumento falsificado indilgado, pese a ello es condenado por la comisión de este ilícito; y por otro que fue condenado con base en una sentencia fundada en hechos inexistentes o no acreditados.


Del análisis de los fundamentos esgrimidos por el recurrente, se advierte que el contenido del recurso de casación, no está confrontando la actuación del Tribunal de apelación, sino la del Tribunal de origen, denunciando hechos que se originan en Sentencia y no así en el Auto de Vista, basando toda su plataforma argumentativa en aspectos que destaca se incurrió en la emisión de la sentencia, omitiendo referirse a los agravios que considera le hubiese ocasionado el Auto de Vista impugnado; aspecto que se traduce en incumplimiento de lo dispuesto en el art. 416 del CPP, que establece que la naturaleza jurídica del recurso de casación procede para impugnar exclusivamente Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; y de ninguna manera procede contra una sentencia, resolución que tiene su propio medio idóneo para ser impugnada, siendo la apelación restringida (art. 407 del CPP). El recurrente a través del recurso presentado, pretende que esta Sala Penal realice su función unificadora de jurisprudencia con relación a una sentencia, buscando inducir a un nuevo control de legalidad de dicho fallo dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello, aspecto que no puede ser atendido por este Tribunal.


Por otra parte, si bien el recurrente invocó en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 236/2007 de 7 de marzo y 183 de 6 de febrero de 2007, se limitó a citarlos incumpliendo lo previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, sin que dicha exigencia quede cumplida con la simple mención de precedentes como sucede en el presente caso de autos; en consecuencia, tampoco cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en la que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto de algún precedente, impidiendo a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la Ley, sin que dicha omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio; en consecuencia, ante el evidente incumplimiento de los requisitos de admisión, el recurso en examen deviene en inadmisible.


Las falencias advertidas en el planteamiento del recurso, no pueden ser suplidas de oficio ni con la mera referencia de vulneración al debido proceso, pues a efectos de ingresar al fondo del agravio vía flexibilización, el recurrente tenía la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en la parte final del acápite anterior de esta Resolución, que fueron omitidos, al no realizar mayor argumentación y no señalar en qué consistiría la vulneración de la citada garantía, y menos explicarse el resultado dañoso, derivando en que los agravios resulten inadmisibles, aún acudiendo a los criterios de flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Never Rolando Castañon Aramayo de fs. 334 a 335 vta


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela