TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 247/2019-RA

Sucre, 23 de abril de 2019


Expediente                Santa Cruz 18/2019

Parte Acusadora                Evelyn Razuk Cuellar 

Parte Imputada                 : Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk y otros

Delitos                Falsedad Material y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de febrero de 2019, cursante de fs. 637 a 640 vta., Ella Del Carmen Vda. de Razuk, Ángela Razuk Vda. de Marcos y Widen Joaquín Razuk Cuellar, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 71 de 28 de septiembre de 2018 de fs. 612 a 616 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Evelyn Razuk Cuellar contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 200 y 203, todos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 24 de 18 de noviembre de 2016 (fs. 502 a 509), el Juez de Sentencia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Ella del Carmen Vda. de Razuk, Ángela Razuk Vda. de Marcos y Widen Joaquín Razuk Cuellar, absueltos de pena y culpa de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 200 y 203, todos del Código Penal; ordenando la cesación de las medidas cautelares que se hubieren adoptado en el curso del proceso.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Evelyn Razuk de Castro, formuló recurso de apelación restringida (fs. 512 a 521 vta.), resuelto por Auto de Vista 55/2018 de 28 de septiembre, que en atención al recurso de casación de la acusadora particular Evelyn Razuk de Castro (fs. 583 a 587 vta.), fue dejado sin efecto por Auto Supremo 369/2018-RRC de 5 de junio; en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 71 de 28 de septiembre de 2018, que anuló totalmente la Sentencia apelada ordenando la reposición del juicio por otro juez de sentencia llamado por ley. 


  1. Por diligencias de 31 de enero de 2019 (fs. 634 y 636), se notifica a los imputados con el Auto de Vista ahora impugnado; y, el 7 de febrero de 2019, interponen el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del análisis del recurso formulado, se tienen los siguientes motivos.


  1. Los recurrentes refieren que el Juez de sentencia realizó una correcta valoración de la muy escasa prueba ofrecida por la querellante e individualizó la relevancia que tuvo; haciendo notar la inexistencia de prueba documental y del documento principal tildado de falso, asimismo que el presente proceso deviene de una conversión de acción, donde todos los indicios colectados por el Ministerio Público, no fueron ratificados en la sustanciación del juicio oral; concluyendo que, a pesar de tan deficiente acusación sin pruebas, con la que el querellante intentó crear un delito, el Juez hizo la valoración de la misma y motivó una sentencia proba y justa; por ello, considera que los argumentos del Auto de Vista recurrido son arbitrarios y falsos.


Citando el Auto Supremo 077/2013 de 4 de abril, analizan que si bien los Tribunales de apelación están impedidos de revalorizar la prueba se hallan compelidos a examinar si el Juez de Sentencia, en la valoración de la prueba, observó las reglas del correcto entendimiento o sana crítica, y si las conclusiones que asumió corresponden a la apreciación conjunta y armónica de la prueba; en merito este entendimiento, consideran que el Tribunal de Alzada, en su labor de control jurisdiccional sobre el juzgador inferior, no efectuó un debido control jurídico de la valoración de la prueba, en el sentido de verificar que la conclusión arribada en la sentencia haya sido correcta y corresponda con las pruebas producidas en juicio, habiendo manifestado simplemente que “el Juez a quo solamente expreso que llegó a esa conclusión haciendo uso para ello de la sana crítica y prudente arbitrio”, fundamento totalmente arbitrario que constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación, con el que se pretende que el Juez valorice indicios que no fueron ratificados, menos aún, ofrecidos por el acusador particular; al efecto, citan también la SC 797/2010-R de 2 de agosto, que ratifica la correcta valoración de la prueba realizada por el Juez de Sentencia, en observancia a las reglas del correcto entendimiento humano y sana crítica.


  1. Por otra parte, denuncian que el Auto de vista impugnado violenta normas adjetivas penales, por la insuficiente argumentación que utiliza para anular la Sentencia emitida en la causa, atentando contra su derecho al debido proceso, ya que al referirse al art. 370 inc. 6) del CPP, falta de valoración y errónea valoración de la prueba, el auto recurrido primero realiza una valoración dando la razón al juzgador de primera instancia, para luego contradictoriamente con siete líneas, concluir que “se ha evidenciado una errónea valoración de la prueba, por lo que corresponde anular el juicio”; es precisamente esta situación jurídica, la que violenta el debido proceso, en su vertiente a la debida fundamentación y motivación, constituyendo una arbitrariedad que socaba las bases del estado de derecho y el orden jurídico, ya que la argumentación hoy reclamada es un elemento imprescindible a la hora de administrar justicia y de tomar la decisión de anular una sentencia, siendo inadmisible que quienes administren justicia se aparten de su obligación de sustentar sus decisiones, aspecto que hace procedente la anulación del Auto de Vista recurrido por existir contradicción con los Autos Supremos 20/2012 de 7 de febrero, 14 de 26 de enero de 2007 y 077 de 4 de abril de 2013, de los cuales se constata que el auto impugnado es totalmente contradictorio y falto de motivación, lesionando en consecuencia el debido proceso.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


  1. Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


  1. Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


En correspondencia con la doctrina de flexibilización, coexisten los siguientes criterios que permiten de igual manera la apertura excepcional de la competencia de este Alto Tribunal de Justicia para la admisibilidad de los recursos de casación, conforme a continuación se explica.


Falta de debida fundamentación y/o incongruencia omisiva.- En los casos en los que se denuncie defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos y confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: a) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; y, b) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, por diligencias de fs. 634 y 636, se establece que el 31 de enero de 2019, los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado, interponiendo su recurso de casación el 7 de febrero del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que otorga la ley, cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 417 del CPP relativo al plazo, correspondiendo verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En el primer motivo, los recurrentes denuncian que el Tribunal de Alzada, en su labor de control jurisdiccional sobre el juzgador inferior, no ha efectuado un debido control jurídico de la valoración de la prueba, en el sentido de verificar que la conclusión arribada por el Juez de Sentencia, haya sido correcta y corresponda con las pruebas producidas en juicio, pretendiendo que el Juez valorice pruebas que no fueron ratificadas, menos aún, ofrecidas por el acusador particular; al respecto, se evidencia que si bien se alega la ausencia de control de logicidad y control intelectivo en la valoración de la prueba por parte del Tribunal de Apelación, no se precisa cuál el medio probatorio sobre el cual recae el defecto, sumado al hecho de que los recurrentes al formular el presente motivo no invoca ningún precedente contradictorio incumpliendo los requisitos de procedencia y admisión previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, lo que determina la imposibilidad de resolver en el fondo el motivo.


En el segundo motivo, los recurrentes denuncian la vulneración al debido proceso por falta de fundamentación del auto recurrido, por la insuficiente argumentación que utilizó para anular la Sentencia, ya que al referirse a la falta de valoración y errónea valoración de la prueba, sin mayor fundamentación concluyó que “se ha evidenciado una errónea valoración de la prueba, por lo que corresponde anular el juicio”; al respecto, se constata que si bien la parte recurrente se limita a la simple cita y transcripción de los Autos Supremos 20/2012 de 7 de febrero, 14 de 26 de enero de 2007 y 077 de 4 de abril de 2013, sin precisar la contradicción existente con la Resolución impugnada; no puede soslayarse conforme se ha manifestado en el acápite anterior de la presente Resolución, que el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido los parámetros requeridos para que cuando concurran fundamentos que tengan relación con la vulneración de derechos y garantías fundamentales, que estén vinculados a defectos absolutos, es posible aperturar su competencia para considerar la existencia o no de las vulneraciones que se reclaman como agravios sufridos por las partes en los tribunales de instancia; a cuyo mérito, dentro del presente caso de autos, los recurrentes alegan la vulneración del debido proceso, en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, en la que habrían incurrido los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; entonces, conforme los criterios de flexibilización, se tiene que se identifica los aspectos del auto impugnado que se consideran vulneradores de derechos y garantías constitucionales (derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la fundamentación y motivación), por lo cual es viable aperturar la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de los criterios de flexibilización para ingresar al análisis de la problemática planteada para su resolución conforme a derecho.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ella del Carmen Vda. de Razuk, Ángela Razuk Vda. de Marcos y Widen Joaquín Razuk Cuellar José Alfredo Díaz Ávila cursante de fs. 637 a 640 vta., únicamente para el análisis de su segundo motivo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela