TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 225/2019-RRC

Sucre, 15 de abril de 2019


Expediente        : Oruro 23/2016        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Juan José Capriles Márquez y otra

Delito        : Estafa

Magistrado Relator         : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de julio de 2016, cursante de fs. 198 a 209, Juan José Capriles Márquez y Lourdes Arciénega Romay, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 36/2016 de 20 de junio de fs. 159 a 165, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, integrada por los Vocales Gregorio Orosco Itamari y José Romero Solíz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Ronnie Germán Castro Flores, Osvaldo Tito Chinche Mamani, Teodoro Genaro Chambi Juaniquina y Juan Carlos Choque Herrera contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Estafa con agravación en caso de víctimas múltiples, previsto y sancionado por los arts. 335 con relación al 346 Bis, ambos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 21/2015 de 1 de julio (fs. 103 a 123), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Juan José Capriles Márquez y Lourdes Arciénega Romay, autores de la comisión del delito de Estafa con agravación en caso de víctimas múltiples, previsto y sancionado por los arts. 335 con relación al 346 Bis del CP, imponiendo a ambos la pena de seis años de reclusión y multa de cien días a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos), más el pago de costas y responsabilidad civil a favor del Estado y acusador particular, averiguables en ejecución de Sentencia.

  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Juan José Capriles Márquez y Lourdes Arciénega Romay (fs. 130 a 144), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 36/2016 de 20 de junio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado confirmando la Sentencia apelada y en mérito al presente recurso de casación se emitió el Auto Supremo 115/2017-RRC de 20 de febrero (fs. 225 a 233), que declaró infundado dicho recurso.


  1. Impugnado el último fallo mediante Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los recurrentes y luego de la denegación de tutela dictada por la Juez de Garantías, fue resuelta en revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0756/2017-S2 de 31 de julio, que resolvió revocar en todo la Resolución 003/2017 de 12 de junio, concediendo la tutela solicitada y dejando sin efecto el Auto Supremo 115/2017-RRC de 20 de febrero, para que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia emita nueva Resolución.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 702/2016-RA de 19 de septiembre, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0756/2017-S2 de 31 de julio.


1)          Los recurrentes señalan que el Auto de Vista impugnado no cuenta con una debida fundamentación, aspecto que, provoca la inobservancia del art. 124 del CPP y constituye defecto absoluto en el art. 169 inc. 3) del CPP, siendo esta causal sobreviniente porque fue generada al momento de emitirse el Auto de Vista, todos estos aspectos debido a que la jurisprudencia señala, que no le está permitido a un Juez o Tribunal reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes, la transcripción de la resolución apelada o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho sin explicar lógica, racional y suficientemente los motivos que demuestren la corrección del fallo apelado, teniendo en cuenta que el contar con una resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso; en ese sentido, refiere que el Auto de Vista recurrido en el folio siete y medio comprende un resumen de los antecedentes y de los fundamentos de la Sentencia en lo vinculante a los resultados del juicio oral (Considerando I), sobre las cuestiones de hecho que dieron lugar al juicio (Considerando II, acápite II.1.); además, señalan que es notoria la transcripción del recurso de apelación restringida interpuesto (Considerando II); al respecto, los recurrentes afirman que resulta inexistente argumento o fundamento propio del Tribunal de alzada; posteriormente, aclara que el Auto de Vista con el folio 7 del numeral II.3. Fundamentos jurídicos de la resolución, resuelve la postulación que se impugnó, de los cuales se puede ver que de cada uno de los agravios expresados, en un primer momento se hizo un resumen de la impugnación, para después pasar a realizar una mención de los fundamentos de la Sentencia, para concluir que lo solicitado no tiene sustento legal y jurídico, sin explicar detalladamente todo el proceso de razonamiento jurídico para rechazarlos en cada caso en particular; por lo que, queda demostrado que pese a que al momento de interponer su recurso de apelación restringida expresó de manera detallada cada agravio con su fundamento acerca de la errónea aplicación de la ley sustantiva, como la falta de fundamentación y que se incurrió en el defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP y la garantía del debido proceso; el Auto de Vista, al declarar improcedente su recurso y confirmar la Sentencia incurrió en falta de fundamentación en consideración del art 398 del CPP, que previene que los Tribunales de alzada circunscribirán su resoluciones a los aspectos cuestionados de la Resolución, lo que implica al mismo tiempo que la fundamentación también exige en torno al Auto de Vista que resuelva el recurso de apelación restringida con la debida motivación de acuerdo a los agravios expresados; por lo que, la actuación del Tribunal de alzada incumplió la doctrina legal aplicable, porque ésta señala que es un defecto absoluto el que una Resolución judicial no se encuentre debidamente fundamentada en torno a los motivos planteados y el aspecto contradictorio radica en que el Auto de Vista se limitó a una remisión de antecedentes del fallo de los argumentos recursivos que no es en función a lo pretendido, porque en respuesta sólo consigna una desestimación de la pretensión de la parte recurrente basado en los antecedentes de la Sentencia sin ninguna aportación racional amparado en la norma positiva aplicable; aspecto que generó la vulneración de los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).


Con relación a la temática planteada invocan como precedentes contradictorios los Autos Supremos 207/2007 de 28 de marzo y 144/2013 de 28 de mayo.


2)    Refieren que el Auto de Vista impugnado convalida la errónea aplicación de la Ley sustantiva denunciada en su recurso de apelación restringida, defecto de la Sentencia que se encuentra previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, por aplicación errónea de los arts. 335 con relación al 346 Bis del CP (Tipicidad), porque en su primer agravio de su recurso denunció la existencia de errónea aplicación de la Ley sustantiva ya referida; al respecto, refiriéndose al contenido doctrinario de la tipicidad, señala que no se configuró específicamente su conducta, en función a los elementos constitutivos del tipo penal (engaño, perjuicio y beneficio del autor o un tercero) incurriendo la Sentencia en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 1) del CPP; en consecuencia, señala que pese a esas observaciones realizadas el Auto de Vista se limitó a las mismas conclusiones erróneas arribadas por los miembros del Tribunal de Sentencia Primero, sin mayor análisis del tipo penal sancionado, afirmando que el defecto denunciado no se encontraba concurrente en mérito a que no se señaló en su recurso, si es erróneo y en su lugar qué artículo se debió aplicar, si fue aplicable erróneamente los arts. 335 con relación al 346 del CP; posteriormente, recurre nuevamente a la Sentencia para establecer que la misma resultaría siendo correcta, sin discernir el análisis impugnatorio en función a los elementos constitutivos del tipo penal, para determinar si verdaderamente la norma punitiva anotada se adecúa al hecho demostrado en juicio; puesto que, la exigencia de taxatividad en la ley penal constituye la expresión singular más importante del principio de legalidad en materia sancionatoria, porque expresa una característica inherente al propio concepto de legalidad, la suficiente pretensión normativa de los ilícitos y sus consecuencias jurídicas, en relación con el derecho penal. Esto significa que la exigencia de suficiente determinación, tanto en el hecho incriminado cuanto de su sanción resulta imposible asegurar las garantías vinculadas al principio de legalidad, pues la indeterminación en la norma penal, supone una deslegalización material encubierta, delegando en el aplicador la tarea de definir ex, post, facto las conductas punibles. En ese sentido, a criterio de los recurrentes el agravio expresado resultaba muy claro, porque se observó que el delito de Estafa con víctimas múltiples no existió y menos en juicio se demostró el engaño o el perjuicio económico ocasionado; empero, pese a que estos eran los cuestionamientos, independientemente de no contar el Auto de Vista impugnado con la debida fundamentación; tampoco, se expuso ningún análisis de sus alegatos, limitándose a señalar que la lectura de la Sentencia la cual posteriormente transcribe en el Auto de Vista- demostraría el encuadre en la comisión del delito de Estafa con víctimas múltiples; por esos motivos, refiere que el Auto de Vista incurre en la misma observación de no establecer con precisión en qué consistía el engaño y que éste tuviese en directa relación a algún desplazamiento patrimonial con el cual se beneficie, aclarando que los aportes de las presuntas víctimas fueron invertidos por ellos mismos en la refacción y mejoramiento de un galpón y en juicio se demostró que luego de las compras que ellos mismos realizaron de diferentes bienes esas facturas fueron cambiadas por recibos provisorios para determinar las cuotas de capital aportado en la sociedad; en ese contexto, la respuesta o fundamento que dieron a este agravio no sólo es insuficiente; sino, que esencialmente no considera la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios invocados, ya que éstos señalan que cuando se establece que para emitir una Sentencia condenatoria tienen que encontrarse presente en el hecho juzgado todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal y en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecúa a tentativa u otra figura delictiva; este aspecto, contrastado con el hecho de que en la Sentencia no se probó la existencia del engaño y el perjuicio económico ocasionado; y, este aspecto al ser confirmado por el Auto de Vista se incurrió en contradicción con los precedentes consistentes en los Autos Supremos 231 de 4 de julio de 2006, 329 de 29 de agosto de 2006 y 315 de 25 de agosto de 2006.


3)          El Auto de Vista impugnado convalida una Sentencia insuficientemente fundamentada, aspecto que provoca la inobservancia del art. 124 del CPP, defecto de la Sentencia comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP y defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, esto debido a que en el segundo motivo de su recurso de apelación, observó que la Sentencia carecía de fundamentación probatoria intelectiva en torno al valor otorgado a los medios de prueba; al respecto, el Auto de Vista nuevamente realiza una transcripción del fundamento impugnatorio, para argumentar que no se infringió el art. 370 inc. 5) del CPP y que la Sentencia contenía la debida fundamentación, sin hacer un análisis de la valoración probatoria para señalar que en su recurso de apelación restringida señaló estructuralmente los fundamentos de la Sentencia demostrando la inexistencia de fundamento individualizado en torno a cada medio de prueba, afirmando que es obligación de todo juzgador desglosar en su Sentencia de manera detallada suficiente y coherente los elementos de convicción que hacen al injusto punible en todo sus componentes, debiendo establecerse con precisión y alcance indubitable (convicción) la relación entre elementos de convicción, elementos del tipo penal incriminatorio y la vinculación con la participación del imputado, para declararlo indubitablemente autor o partícipe de un hecho; por lo que, debe advertirse que ante la insuficiencia de fundamentación se afectó la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a la resolución fundamentada conculcándose los arts. 115.II, 117.II y 119 de la CPE, siendo que el Auto de Vista supliendo a plenitud esa falencia del Tribunal de Sentencia convalida el defecto absoluto de la Sentencia, alegando explícitamente una fundamentación que recién se la pretende hacer, pero de manera confusa en el Auto de Vista.


Como aspecto contradictorio señalan que los precedentes que invoca son referidos a la correcta aplicación del art. 124 del CPP, referidos a la falta de fundamentación norma que se encuentra relacionada a los arts. 360 y 370 del CPP y con relación a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, este aspecto lo contrasta con la Sentencia de la cual se advierte que es contradictorio, porque el juzgador debió otorgar todos los medios de prueba o elementos de convicción el valor necesario y adecuado a la reglas de la sana crítica y el pensamiento humano de la manera individual; aspecto que, no existe en la Sentencia, en vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica y a una Resolución debidamente fundamentada.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitan se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se disponga la emisión de uno nuevo conforme a la doctrina legal aplicable al caso de Autos.

 

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 702/2016-RA de 19 de septiembre, de fs. 218 a 222, este Tribunal admitió el recurso formulado por Juan José Capriles Márquez y Lourdes Arciénega Romay, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 21/2015 de 1 de julio, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Juan José Capriles Márquez y Lourdes Arciénega Romay, autores de la comisión del delito de Estafa con Agravación en caso de víctimas múltiples, previsto y sancionado por el art. 335 con relación al 346 Bis, ambos del CP, imponiendo a ambos la pena de seis años de reclusión y multa de cien días a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos), más el pago de costas y responsabilidad civil; al haber concluido, que los acusados fueron representantes de Agencias Generales del Altiplano AGA SRL, firmando un convenio con la Prefectura el 26 de noviembre de 2008, para instalar pabellones de ensamblaje de equipos de sanitización de aguas, ensamblaje de tractores rusos y los proyectos como la planta textil, planta de productos lácteos, licha de antigranizo y de truchicultura; además, de la formación de la Unidad de Negocios Internacionales dependiente de la Prefectura en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Productivo y Agencias Generales del Altiplano, indicando que mantienen contactos con varios países adelantados, convenio que no se concretizó, habiéndose demostrado para el Tribunal de juicio, que los acusados aprovecharon el spot publicitario de la Prefectura, convocando a los pequeños empresarios con talleres de costura para exportar; es así, que los acusados el 20 de abril de 2009, alquilaron dos galpones grandes ubicados en la zona sud este, calles Illampu esquina Colón de esa ciudad, según el contrato de locación (prueba documental MP-D8) galpones sin condiciones para la manufactura textil; no obstante, aduciendo ser representantes legales de AGA SRL, Lourdes Arcienega Romay llama de forma individual a los querellantes, a reunión donde Juan José Capriles Márquez afirma ser experto en exportaciones y tener experiencia en exportación textilera, ofreciendo conformar una sociedad para exportar ropa en grandes cantidades a los países del MERCOSUR, porque tenía contactos con varios países como Venezuela, convenciendo a sus víctimas y pidiéndoles a los interesados llevar sus máquinas y poner mano de obra para iniciar con el proyecto, inclusive realizando un acto de inauguración en 15 de mayo de 2009.


Empero, pese a que a los quince días tenía que arrancar la elaboración de los textiles para exportar, no fue cumplido, transcurriendo cuatro meses sin que se haya realizado trabajo alguno de elaboración de producto textil, conducta que el Tribunal de Sentencia considera que es un acto de engaño, ya que los acusados prometieron e hicieron creer, ilusionar, causando perjuicio a cada uno de los productores, quedando sus herramientas de trabajo máquinas en los galpones inactivos; por lo que, las víctimas son múltiples al ser más de dieciséis, quienes sólo tenían que poner mano de obra, lo cual no ocurrió, porque siendo las víctimas las que pusieron en buenas condiciones los dos galpones, pese a las promesas de que iban a confeccionar sábanas, edredones y otros, nunca se cumplió la promesa, materializándose el engaño, aplicándose en consecuencia lo previsto por los arts. 346 bis con relación al 335 del CPP, concurriendo el engaño como elemento constitutivo del delito de Estafa; por lo que, considera que la acción de los acusados se adecúa al tipo penal de Estafa al inducir en error, quienes obtuvieron dinero por diferentes conceptos y no les devolvieron; es más, con tal engaño han provocado que los acusadores particulares realicen actos de disposición patrimonial en su propio perjuicio; asimismo, concluye que se demostró la responsabilidad penal y la participación de los imputados en el delito endilgado, resultándoles imperioso aplicar la sanción del delito estipulado en el art. 335 del CP.

 

II.2.  De la apelación restringida de los imputados.


Juan José Capriles Márquez y Lourdes Arciénega Romay, interpusieron recurso de apelación restringida, señalando en síntesis que:


  1. La sentencia se basa en errónea aplicación de la ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP], por aplicación errónea de los arts. 335 en relación al 346 bis del CP, afirmando que las conclusiones 1 a 9, contienen una incongruente subsunción de los hechos acusados al tipo penal estipulado en el art. 335 del CP, al no contemplar las causas ajenas no atribuibles a sus personas  por falta de liquidez económica en la Prefectura como contraparte del acuerdo suscrito siendo esta la víctima, no así terceros particulares a raíz del convenio acuerdo entre partes en el que no intervienen las ahora víctimas, quienes visitaron los galpones previa suscripción del contrato de locación y dieron su consentimiento para crear la planta textil y llevaron material para refaccionar, sin observar en su oportunidad la falta de condiciones que alegan en Sentencia, no existiendo engaño de su parte; asimismo, señalan que dentro de la prueba documental de cargo del Ministerio Público se estableció la existencia de proformas de pedidos consolidados con empresas Venezolanas, que cuentan con el sello y firma de los responsables del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia; y, el Ministerio del Poder Popular para el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que, los acuerdos y ofrecimientos realizados por sus personas tenían vigencia y eran reales; y, en ningún momento ofrecieron dotar de materia prima, menos de insumos textiles para iniciar el proceso de producción como erróneamente sostiene el Tribunal de origen; tampoco, acordaron darles adelantos económicos para la compra de materia prima, sino plantearon el sistema warrant como una forma de dar inicio al proyecto, lo cual fue rechazado, sin que se haya demostrado que hubiesen percibido dinero de los acusadores; en consecuencia, aducen que lo señalado por el Tribunal de juicio no es suficiente y no acredita que sus personas se hayan beneficiado con el patrimonio ajeno. Advierten que se ejerció una errónea aplicación de las normas sustantivas penales, al no configurarse su conducta en función a los elementos constitutivos de los tipos penales, sin ejercer un análisis factico jurídico; puesto que, no se acreditó la comisión del delito, ni se observaron los elementos normativos, objetivos y subjetivos, previstos por el legislador en el art. 335 del CP.


  1. Indican que la sentencia incurre en la causal 5) del art. 370 del CPP, incidiendo en un defecto absoluto, previsto en el art. 169 inc. 3) de la citada norma, por vulneración al debido proceso en su componente de la debida fundamentación; por cuanto, carece de un análisis de los medios de prueba judicializados y su convicción, extrañando también la descripción de las conductas. En consecuencia, desconocen por qué se les atribuye la comisión del delito, inobservándose la fundamentación conclusiva y el contenido de la prueba documental como testifical de su parte; y,


  1. Advierten que existe insuficiente fundamentación jurídica de la Sentencia en la imposición de la pena inobservando el art. 124 del CPP, incurriendo en la causal de los arts. 370 inc. 5) y 169 inc. 3) del CPP, porque en la fijación de la pena contiene aspectos confusos apartándose de los arts. 37, 38 y 40 del CP, omitiendo la fundamentación para la imposición de la sanción como la personalidad de acuerdo a los incs. a) y b) del núm. 1) del art. 38 del CP, ya que más allá de la agravante de una presunta existencia de víctimas múltiples, afirman que no existe motivación en la imposición de la pena agravada, al carecer de la fundamentación debida ante la ausencia de la falta de precisión de las circunstancias de hecho y derecho en que se sustente la decisión, incurriendo en una insuficiente fundamentación jurídica de la pena impuesta.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro emitió el Auto de Vista impugnado, por el que declara improcedente la alzada y confirma la sentencia apelada, con los siguientes argumentos:


  1. Respecto al primer motivo, hace referencia al proceso de subsunción del hecho demostrado en juicio en relación a los elementos constitutivos del delito de Estafa, citando al efecto el Considerando IV de los Motivos de Derecho que fundamentan la Sentencia en el proceso de subsunción; advirtiendo que la denuncia sobre la existencia de errónea aplicación de la norma sustantiva se da en tres circunstancias: errónea calificación de los hechos, errónea concreción del marco penal y errónea fijación judicial de la pena; sin embargo, los apelantes aluden una errónea aplicación del art. 335 del CP; por lo que, haciendo referencia a ciertos hechos fácticos concluye que esta conducta se encuadra en el tipo penal de Estafa, razonado por el Tribunal de mérito. Citando el tipo penal señala que se hace entrever que para la configuración del delito debe concurrir el engaño o artificio que provoque un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto pasivo, que en el presente caso el hecho denunciado constituye ilícito penado por la ley penal sustantiva, habiendo adquirido convicción el Tribunal de origen sobre la existencia del hecho, a través de los medios probatorios que se produjeron en juicio. Asimismo hace referencia al Considerando II A) Voto de los Juzgadores, donde se indica la participación de los imputados y valoración de la prueba, así como en el Considerando IV de los Motivos de Hecho que fundamentan la sentencia en la subsunción, estableciéndose la participación en el hecho ilícito previsto en los arts. 335 y 346 del CP, señalando que los apelantes aprovechando el Spot Publicitario que hizo la Prefectura, convocaron a los pequeños empresarios a una reunión donde el acusado Juan José Carriles adujo ser experto en exportación y tener experiencia en exportación textilera y ofrece conformar una sociedad para exportar ropa en grandes cantidades a los países del MERCOSUR, logrando convencer a sus víctimas a quienes pide llevar sus máquinas y poner en mano de obra para iniciar el proyecto, incluso realizan un acto de inauguración el 15 de mayo de 2009, convenciendo a los querellantes que lleven sus maquinarias y conformen módulos, pidiendo aporte económico para diferentes fines; esta conducta, demuestra el ardid con el que actuaron  los apelantes, puesto que el fin era de lucrar a título de exportar prendas confeccionadas realizadas por ellos, sin que se hayan materializado las promesas hechas; aspectos que, fueron juzgados por el Tribunal de Sentencia quedando demostrado el hecho y la participación de los acusados en el delito de Estafa. Añade que en el marco del principio de verdad material  establecido en el art. 180.I) de la CPE, el Tribunal de origen llegó a la convicción plena, con prueba suficiente para condenar e imponer la sanción correspondiente, que de la lectura del Considerando VI Motivos de Derecho que fundamenta la Sentencia subsunción numeral 9, se establece el convencimiento pleno de que la conducta antijurídica de los incriminados se encuentra subsumida en el art. 335 del CP; en consecuencia, el Tribunal de apelación concluye que el Tribunal de origen ha subsumido la conducta de los acusados en el marco de las pruebas producidas en el juicio oral, público, continuo y contradictorio en aplicación objetiva de la ley sustantiva penal en vigencia; por lo que, no advierte errónea aplicación de la ley sustantiva.


  1. En relación al segundo motivo, sobre la falta de fundamentación en la Sentencia en cuanto a la valoración de la prueba [inc. 5) del art. 370 del CPP] y su incursión en el inc. 3) del art. 169 del CPP, por conculcación al debido proceso, el Tribunal de alzada indica que esa causal conlleva tres hipótesis: no exista fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, que en el caso de Autos los apelantes señalaron falta de fundamentación en la Sentencia con relación al valor otorgado a cada medio de prueba aportado, extremo que consideran incoherente, no previsto en la norma procesal penal, como defecto de la Sentencia; en consecuencia, este tópico se encontraría carente de una debida fundamentación resultando inviable el reclamo planteado. Sin embargo, señala que se ha apreciado y valorado cada una de las pruebas aportadas e incorporadas en el juicio, en el marco de las reglas de la sana crítica, de acuerdo al art. 173 del CPP, cita parte del Considerando III de la Sentencia sobre las pruebas, concluyendo que no es razonable señalar que el Tribunal de juicio, no haya valorado las pruebas, puesto que la valoración de la prueba se la realiza de manera conjunta y armónica por el Tribunal de instancia y no así por el Tribunal de alzada que no puede revalorizarlas. También hace referencia a la finalidad de la apelación restringida esencialmente de puro derecho, afirmando que en su análisis el Tribunal no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidas a control oral, público y contradictorio por el órgano  jurisdiccional de Sentencia; posteriormente, refiere que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional y doctrina legal; no existe la doble instancia, para luego concluir que la Sentencia cumple con los arts. 124 y 173 del CPP, no advirtiendo defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, careciendo el motivo impugnado de asidero legal y jurídico.


  1. En cuanto al tercer motivo, sobre la denuncia de insuficiente fundamentación jurídica de la Sentencia en la imposición de la pena, inobservando el art. 124 del CPP y el inc. 5) del art. 370, defecto previsto en el inc. 3) del art. 169 ambos del CPP, el Tribunal de alzada señala que los apelantes incurren en una fundamentación latamente confusa e incoherente, puesto que, el defecto de la Sentencia en relación a la fijación judicial de la pena se halla inmerso en el inc. 1) del art. 370 del CPP, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, aspecto que el Tribunal Constitucional señaló que puede ser erróneamente aplicada en razón a existir: errónea calificación de los hechos (tipicidad), errónea concreción del marco penal y errónea fijación judicial de la pena; empero, el Tribunal de alzada considera que en el presente caso los apelantes formulan su reclamo en base a una insuficiente fundamentación en cuanto a la fijación judicial de la pena, ya que si bien reclaman la misma, porque no se desarrolló una debida motivación en relación a los arts. 37, 38 y 40 del CP, no cuestionan la errónea fijación judicial de la pena, sólo reclaman insuficiente fundamentación jurídica de la Sentencia en lo atinente a la imposición de la pena, que implica la inobservancia del art. 124 del CPP, limitándose sus argumentos a tópicos que no encuentran consistencia, porque no se cuestiona errónea fijación judicial; evidenciando de la lectura de la Sentencia apelada que en la parte pertinente de la fijación de la pena, el Tribunal de origen realiza una suficiente fundamentación en relación al tópico planteado, es decir toma conocimiento directo del sujeto activo y pasivo; y, aplica la pena dentro del marco de los límites establecidos de la pena mínima y máxima, con agravante sobre la pena máxima, apreciando la personalidad de los autores del ilícito; en consecuencia, advierte que no es evidente el motivo impugnado al no ser no es sustentable ni suficientemente explícito; por el contrario, se advierte incoherencias. En este contexto normativo, el Tribunal de alzada considera que la Sentencia cumple con las previsiones legales de los arts. 124 y 173 del CPP, sin observar defecto absoluto.


II.4.  Del Auto Supremo 115/2017-RCC de 20 de febrero.


El Auto Supremo emitido, declara infundado el recurso de casación interpuesto por Juan José Capriles Márquez y Lourdes Arciénega Romay, en razón a los siguientes argumentos:


  1. No se evidencia que el Auto de Vista impugnado carezca de una debida fundamentación en cuanto a los puntos apelados; por el contrario, dio cumplimiento a los arts. 124 y 398 del CPP, al identificar claramente las razones para desestimar los cuestionamientos formulados en la apelación, generando seguridad sobre la decisión de declararla improcedente, con base al análisis y consideración de todas las cuestiones planteadas, sin incurrir en contradicciones u otros supuestos que contravengan la lógica, considerando los elementos que hacen a una resolución debidamente fundamentada; consecuentemente, no se detecta la existencia de defecto absoluto alguno.


  1. En cuanto a la denuncia de convalidación de la errónea aplicación de la ley sustantiva y los precedentes invocados como contradictorios, se desprende que no responden al mismo hecho fáctico motivo de casación, no siendo posible efectuar la labor de contraste jurisprudencial y verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente.


  1. Ante la denuncia de defecto de Sentencia contenido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada señala que la causal denunciada conlleva las tres hipótesis; empero, los apelantes formularon su agravio de forma incoherente y ajeno a norma procesal penal alguna y carente de fundamentación resultando inviable; no obstante, efectuando su labor de control, observa que el Tribunal de origen, apreció y valoró cada una de las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y en conformidad a las previsiones del art. 173 del CPP; y, si bien hace alusión a lo estipulado en Sentencia es precisamente a efectos de responder de forma expresa, clara, completa, legítima y lógica.



II.5.  De la Sentencia Constitucional Plurinacional 0756/2017-S2 de 31 de julio de 2017


La Acción de Amparo Constitucional interpuesta por Marcela Fernández Vargas en representación legal de Juan José Capriles Márquez y Lourdes Arciénega Romay contra las entonces Magistradas de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia Norka Natalia Mercado Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina, luego de la Resolución 003/2027 de denegación de la tutela por parte de la Jueza Pública de Familia Primera del Departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de Garantías, fue resuelta en revisión por Sentencia Constitucional Plurinacional 0756/2017-S2 de 31 de julio, que revocó en todo la citada Resolución Constitucional, concedió la tutela solicitada y dejó sin efecto el Auto Supremo 115/2017-RRC de 20 de febrero, bajo las siguientes consideraciones:





III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS Y VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO


En el caso presente, los imputados denuncian que el Tribunal de alzada emitió la Resolución recurrida de casación sin una debida fundamentación, convalidando la errónea aplicación de la ley sustantiva acusada en alzada, así como insuficiente fundamentación de la Sentencia, por lo que corresponde resolver las problemáticas planteadas.




III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.

       

               Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3 de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por uno de los Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por los otros Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


       El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


               La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores; y, solo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. Análisis del caso concreto.


Previo al análisis de fondo de los motivos expuestos en el apartado I.1.1. de la presente Resolución, es menester dejar claro que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0756/2017-S2 de 31 de julio, que deja sin efecto el Auto Supremo 115/2017-RRC de 20 de febrero, emitido con anterioridad en la presente causa, precisó que los tres agravios acusados en casación son: 1) La falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido; 2) La convalidación del defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP en relación a los arts. 335 y 346 Bis del CP; y, 3) La convalidación del defecto de Sentencia contenido en el inc. 5) del art. 370 del CPP; agravios que, resultan concordantes con los motivos extraídos mediante Auto Supremo 702/2016-RA de 19 de septiembre.


Asimismo, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional 0756/2017-S2, ya en el análisis del caso concreto de la acción de amparo constitucional interpuesta, a tiempo de conceder la tutela solicitada en relación al debido proceso e indicar que el motivo segundo traído en casación “no fue admitido” (sic), precisó que los pedidos que no encontraron respuesta por parte del Auto Supremo impugnado, son las denuncias de: a) la errónea aplicación del tipo penal de Estafa y calificación de los hechos, al no haberse acreditado el engaño o perjuicio a los acusadores particulares y demostrar el beneficio a los accionante o a terceros; b) no haberse referido en cuanto al quantum de la pena; situación que -concluye el Tribunal Constitucional- demuestra una falta de concordancia, fundamentación y motivación entre los puntos claramente impugnados en el recurso de casación y lo expresamente resuelto por el Tribunal Supremo, temáticas que se encuentran referidas al ejercicio adecuado de control de la Sentencia encomendado al Tribunal de alzada.


Ahora bien, precisado lo expuesto líneas precedentes, para un mejor entendimiento resulta pertinente desarrollar primeramente, el segundo motivo traído en casación, que contiene uno de los pedidos cuestionados como no contestados -la errónea aplicación del tipo penal de Estafa y calificación de los hechos-; para luego, resolver el tercer motivo del recurso, del cual el Tribunal Constitucional observa, no se otorgó la debida respuesta a la denuncia de fundamentación insuficiente de la Sentencia, en lo atinente a la imposición de la pena, para finalmente resolver el primer motivo de la casación, que no fue cuestionado por la citada Resolución constitucional.


A tal efecto, se advierte que en el segundo motivo de casación, los recurrentes refieren que el Auto de Vista impugnado convalida la errónea aplicación de la ley sustantiva del art. 335 con relación al 346 Bis del CP acusada en alzada, porque no se demostró a partir de los elementos constitutivos del delito de Estafa, la adecuación al hecho acusado en juicio, mucho menos se hubiere llegado a demostrar el engaño o perjuicio económico ocasionado, más aun cuando la Sentencia da a entender que el dinero fue para la instalación de la fábrica y que el ilícito no se consumó, haciendo énfasis en que la indeterminación del hecho acusado, vulnera el principio de legalidad; para tal motivo, los recurrentes invocaron los Autos Supremos 231 de 4 de julio de 2006, 329 de 29 de agosto de 2006 y 315 de 25 de agosto de 2006, como precedentes contradictorios a la problemática expuesta.


El Auto Supremo 231 de 4 de julio de 2006, fue dictado dentro un proceso seguido por el delito de Apropiación Indebida, se emitió Sentencia condenatoria, que apelada fue confirmada por Auto de Vista que siendo recurrido de casación, fue dejado sin efecto a raíz de que hubo una evidente infracción a la norma penal sustantiva respecto a la subsunción del hecho al tipo penal de Apropiación Indebida, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable:

“La doctrina legal existente establece que es imprescindible que el juzgador realice adecuadamente el trabajo de subsunción del hecho (base fáctica) con el tipo penal en el que se subsuma la conducta tachada de delictiva, lo contrario daría lugar al denominado caso de `atipicidad´ o conducta no delictiva en el Código Penal, para este efecto y de acuerdo al giro positivo sufrido por el Código Penal a partir del año 1997 es necesario establecer la conducta final del imputado siendo para este efecto preciso determinar: 1.- La creación de un riesgo jurídico-penalmente relevante o no permitido. 2.- La realización del riesgo imputable en el resultado y 3.- La concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos en la conducta del agente con el tipo de injusto imputado. En el primer aspecto deberá constatarse si la conducta del agente genera `riesgo ilegal o no permitido´. Para ello habrán de valorarse en primer lugar las normas administrativas de control de la actividad en que se desenvuelve el imputado, respecto al segundo aspecto esa conducta generadora de riesgo ilegal debe dar lugar a la vulneración de un bien jurídico, consecuentemente a la subsunción del hecho a un determinado tipo penal, de lo contrario y ante su inexistencia dará lugar a la `falta de tipicidad` en la conducta del agente y finalmente en el tercer aspecto es imprescindible la concurrencia de todos los elementos del tipo de injusto, objetivos y subjetivos, detallados en el tipo penal en el cual se pretende subsumir la conducta del imputado, su no concurrencia da a lugar a la `falta de tipicidad´, tal el caso de Autos en que no se establece en la conducta del agente ´generación de riesgo ilegal´ o relevante penalmente de acuerdo a la segunda base fáctica por la que fue juzgado, dando lugar a ausencia de `relación de causalidad` entre su conducta final y el resultado (vulneración del bien jurídico)…”


El Auto Supremo 329 de 29 de agosto de 2006, fue emitido en un proceso sobre Tráfico de Sustancias Controladas, en el cual se emitió Sentencia condenatoria, apelada que fue, por Auto de Vista se declararon improcedentes las cuestiones planteadas, determinación que recurrida de casación fue dejada sin efecto a raíz de que si bien confirmó la Sentencia condenatoria al acusado por el delito de  Tráfico de drogas, en esa causa no concurrían los elementos  constitutivos que demuestren que su conducta se hubiera adecuado a la acción de tráfico; en consecuencia, se dio una errónea aplicación de la ley sustantiva penal, por consiguiente se pronunció la siguiente doctrina legal aplicable:


“La calificación del delito en el Código de Procedimiento Penal, se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado, y, cuando no se la califica adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta.


Por otra parte, conviene recordar que el Auto Supremo Nº 417/03 de 19 de agosto de 2003, estableció que la `tipicidad, es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal, es decir que el hecho se adecua al tipo´.


Que la parte final del Art. 413 del Código de Procedimiento Penal, atribuye al Ad-quem, la facultad de que `cuando sea evidente, que para dictar una nueva sentencia, no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente´, se refiere al caso sometido a su conocimiento, con la jurisdicción y competencia que le asignan los artículos 42, 43, inc. 2, y, 51, numeral 2), del mismo Código, por lo que corresponde regularizar el procedimiento y determinar que el Tribunal de Alzada dicte una nueva sentencia conforme a la doctrina legal aplicable”.


El Auto Supremo 315 de 25 de agosto de 2006, pronunciado dentro de un proceso sobre Tráfico de Sustancias Controladas, en el que se dictó Sentencia condenatoria, apelada que fue, por Auto de Vista se declararon improcedentes las cuestiones planteadas, fallo que recurrido de casación, fue dejado sin efecto; por cuanto, el Tribunal de juicio subsumió erróneamente la conducta del imputado al tipo penal de Tráfico de Sustancias Controladas, en consecuencia hubo una errónea aplicación de la ley sustantiva por parte de los Tribunales de Sentencia y de apelación al no estar calificada  la conducta del imputado en el tipo penal de Transporte de Sustancias Controladas; consecuentemente, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


Un Estado democrático de Derecho está sostenido por el equilibrio y control riguroso que dimanan de los principios de legalidad, derecho al cumplimiento de las reglas del debido proceso penal y publicidad. Bastará que exista la ausencia de uno de ellos para demandar la corrección y, con mayor razón, si las infracciones han sido reclamadas oportunamente por el recurrente a quien le causa perjuicios la forma de resolución que incurre en `error injudicando´, tarea que la ley obliga a que los Tribunales de Justicia se sometan a la ley emitiendo sentencias que fluyan del respeto absoluto al `principio de legalidad´ realizando los juzgadores tareas objetivas de subsunción que demuestren, objetivamente, el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal, lo contrario significaría crear `inseguridad jurídica´ en perjuicio de toda la población. Que los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva se refieren: a) a los defectos de procedimiento en general y b) a los específicamente contenidos en los artículos 169 y 370 - 1) del Código de Procedimiento Penal, al haberse condenado al imputado, por un tipo penal que no le corresponde, en evidente infracción de norma penal sustantiva…”


En este punto, previo al análisis de analogía entre precedentes invocados y la problemática procesal en el caso de Autos, corresponde precisar que el Auto Supremo 115/2017-RRC de 20 de febrero, a tiempo de resolver el presente motivo de casación, no efectuó el contraste jurisprudencial encomendado, por la supuesta disimilitud de supuestos fácticos de los precedentes contradictorios y el defecto atribuido al Auto de Vista recurrido, aspecto que devino en la falta de consideración de uno de los agravios observados como no resueltos por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0756/2017-S2 de 31 de julio, y que fue el fundamento principal para dejar sin efecto el Auto Supremo citado.


Sin embargo, de la revisión exhaustiva de los precedentes invocados, se advierte que las problemáticas procesales infracción a la norma penal sustantiva respecto a la subsunción del hecho al tipo-, mantienen relación con la problemática procesal traída en el motivo de casación; es decir, el yerro incurrido por el Tribunal de alzada en la resolución del defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP, lo cual resulta una problemática procesal similar y no así una sustantiva.


Precisado el párrafo previo, ante la existencia de supuestos fácticos análogos entre los precedentes invocados; y, el citado motivo, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


A tal efecto, se tiene que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver la denuncia de defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP, luego de hacer referencia a los tres supuestos procesales en los que se incurre en errónea aplicación de la ley sustantiva y precisar que el agravio denunciado alude a la inadecuada subsunción del hecho acusado al ilícito de Estafa en su forma agravada, al no tenerse acreditado ningún engaño, artificio, o inducción en error y menos la existencia de un desplazamiento patrimonial emergente del engaño, señaló que el Tribunal de Sentencia adquirió la convicción plena del hecho endilgado, a través de los medios probatorios producidos en juicio y el valor otorgado a estos, aspectos advertidos de la revisión de los Considerando II y III de la Sentencia, del cual cita por este último sub-acápites tales como la prueba de descargo, y la declaración de testigos de descargo, explicando que el Tribunal de origen desarrolla la subsunción extrañada en el “Considerando IV” de la Sentencia, estableciendo la participación de los imputados conforme las previsiones de los arts. 335 y 346 del CP, exponiendo además que el Tribunal de Sentencia, arriba a las conclusiones fácticas que fundamentan su Resolución, precisando en cuanto los elementos del ilícito de Estafa extrañados por los apelantes, razonando en cuanto a la existencia del engaño como elemento constitutivo del delito de Estafa, que los imputados lograron convencer a los querellantes, de trasladar sus maquinarias a galpones donde funcionaría el taller artesanal Centro Piloto Textilero Jesús de Nazaret, realizando a tal efecto inclusive un acto de inauguración, logrando obtener de sus múltiples víctimas, dineros por diferentes conceptos para arreglos de construcción, instalación de electricidad, construcción de ambientes de oficina y comedor para los trabajadores entre otros, sin cumplir dichos ofrecimientos; por otro lado, en cuanto al otro elemento extrañado por los apelantes disposición patrimonial-, el Tribunal de alzada, advierte que el de Sentencia juzgó el extremo de que los imputados realizaron a las víctimas el cobro de una cuota inicial sin materializar las promesas hechas a tal efecto.


Entonces, de lo acusado y lo resuelto, este Tribunal evidencia que el Tribunal de alzada, cumplió con su labor de ejercer adecuadamente el control de la Sentencia en cuanto al trabajo de subsunción del hecho con los tipos penales acusados art. 335 con relación al 346 Bis, ambos del CP-en el que se subsumen las conductas de los recurrentes, observando que el Tribunal de Sentencia no incurrió en error en la calificación del delito, ante la concurrencia de los elementos constitutivos del ilícito de Estafa y su agravante; aspecto por el cual, no se advierte la contradicción de lo resuelto por el Tribunal de alzada con los precedentes invocados como contradictorios.


Al análisis efectuado debe agregarse, con relación a la glosa parcial de la   Sentencia, efectuada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia Constitucional Plurinacional 0756/2017-S2 de 31 de julio, que dejó sin efecto el Auto Supremo emitido por esta Sala -115/2017 de 20 de febrero- que si bien lo transcrito cursa en la Sentencia apelada: “…con engaños obtuvieron diferentes sumas de dinero y por diferentes conceptos, ya para la refacción, remodelación, construcción y pintado, instalación de fluido eléctrico, etc. En los galpones alquilados por AGA SRL;”, también se advierte que seguida a esa conclusión el Tribunal de Sentencia deja constancia que: “este comportamiento de los acusados Juan José Capriles Márquez y Lourdes Arciénega Romay ha sido falseando la verdad de lo que hacían despertándoles una creencia ilusoria diciendo que iban a exportar gran cantidad de sus productos dentro de 15 dias de inauguración, prometiéndoles que iban a conseguir enormes ganancias. Así pasaron cuatro meses, sin que se haya realizado trabajo alguno de elaboración de producto textil.(Subrayado ilustrativo); razón por la cual, el Tribunal de alzada al haber declarado improcedente el motivo expuesto, no incurrió en la convalidación del defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP acusado, teniendo en cuenta que sostener la existencia de dicho defecto con base en frases aisladas sin la adecuada comprensión de su contexto, puede generar dilaciones innecesarias en la causa cuando el sistema penal bajo los principios que rigen la jurisdicción ordinaria, debe tender a que los procesos se resuelvan con la celeridad, eficacia y eficiencia posible que permita resolver la problemática discutida en el proceso, deviniendo por ende el motivo expuesto en infundado.


En cuanto al tercer motivo admitido en casación por cumplimiento de los presupuestos de flexibilización, los recurrentes denuncian que el Auto de Vista convalida una Sentencia insuficientemente fundamentada, inobservando los arts. 124 y 169 inc. 3) del CPP, a tiempo de resolver el defecto de Sentencia contenido en el art. 370 inc. 5) en cuanto a la fundamentación probatoria intelectiva; y, lo atinente a la imposición de la pena conforme lo precisado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0756/2017-S2 de 31 de julio, afectando la garantía del debido proceso en su componente de la debida fundamentación de las resoluciones.


Es así, que en referencia al derecho acusado de vulnerado como es el debido proceso, se tiene que este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado que la Constitución Política del Estado reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución, fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico, exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP. Que, en consideración a la exigencia contenida en la Carta Magna y la norma adjetiva penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319 de 4 de diciembre de 2012, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica: i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de juicio; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida, lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales; sino, ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación, cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación.


En el caso de autos de la revisión de los argumentos esgrimidos tanto en la alzada planteada, como en el Auto de Vista impugnado que responde al segundo motivo en apelación, se establece que ante la denuncia de que la Sentencia incurre en la causal 5) del art. 370 del CPP, incidiendo en un defecto absoluto por vulneración del debido proceso en su componente de la debida fundamentación respecto a los medios de prueba y su convicción sobre ellos, el Tribunal de apelación señaló que la causal denunciada conlleva la tres hipótesis; empero, los apelantes formularon su agravio de forma incoherente y ajeno a norma procesal penal alguna y carente de fundamentación resultando inviable; no obstante, efectuando su labor de control, observó que el Tribunal de origen apreció y valoró cada una de las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y en conformidad a las previsiones del art. 173 del CPP; y, si bien hace alusión a lo estipulado en Sentencia, es precisamente a efectos de responder de forma expresa, clara, completa, legítima y lógica, por consiguiente, no se ha evidenciado que el Tribunal de alzada haya convalidado defecto absoluto alguno como aducen los recurrentes, por el contrario se observa que el Auto de Vista fue emitido en cumplimiento de los arts. 124 y 398 del CPP.


Por otro lado en cuanto a la insuficiente fundamentación jurídica de la Sentencia en lo atinente a la imposición de la pena extrañada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que los recurrentes denunciaron en su alzada que la Sentencia en su acápite fijación de la pena, se limita a establecer aspectos absolutamente confusos, sin ninguna vinculación a lo expresamente determinado por los arts. 37, 38 y 40 del CP, olvidando realizar una fundamentación en torno a los aspectos que son necesarios considerarlos a los fines de imponer una sanción legal.


En ese sentido, se constata que emitido el Auto de Vista impugnado, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, resolvió sobre la temática planteada de la siguiente manera:


“De la lectura del fallo impugnado en la parte pertinente Fijación de la Pena: el Tribunal de sentencia señala: “La pena para el delito de Estafa conforme establece el artículo 335 del Código Penal, fluctúa de 1 a 5 años de privación de libertad, empero, a los fines de la imposición de la pena, se debe tomar en cuenta lo previsto por los artículos 37 y 38 del citado cuerpo legal sustantivo penal, por lo que se debe considerar la personalidad de los acusados y las circunstancias del ilícito y los motivos que les llevaron a transgredir. En ese sentido debemos señalar que en cuanto a la personalidad. El acusado Juan José Capriles Márquez, persona que cuenta con 78 años de edad, casado, empleado (…) La acusada Lourdes Arciénega Romay, persona de 55 años de edad, casada, empleada…”. Es decir, el Tribunal realiza suficiente fundamentación, en relación al tópico planteado, es decir, toma conocimiento directo del sujeto activo y pasivo, y aplica la pena dentro del marco de los límites establecidos de la pena mínima y máxima, con agravante, sobre la pena máxima, apreciando la personalidad de los autores del ilícito.” (sic)


En este punto, corresponde precisar que este máximo Tribunal de Justicia precisó criterios específicos para la fijación de la pena y el control que debe ejercer el Tribunal superior en grado, estableciendo, en el Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero que: “La determinación judicial de la pena que comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos.


En este ámbito, el juez o tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, correspondiendo al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, considerando los siguientes criterios para la fijación de la pena:

a) La personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 (atender la personalidad del autor) no exige la realización de un diagnóstico científico de la personalidad, sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos. De tal manera que el reproche jurídico que merezca su comportamiento, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias.


La edad, es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. En cuanto a la educación, por regla general como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y, por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal. En similar sentido opera la posición económica, sobre todo en los casos vinculados a delitos económicos. La vida anterior libre de sanciones penales no se debe tomar sin más como atenuante para la determinación de la pena. Lo que sí debe considerarse como factor de atenuación, es que el autor haya desarrollado hasta la comisión del hecho punible una vida ordenada y acorde al derecho, de tal manera que el hecho delictivo signifique una notoria contracción con su conducta anterior. Respecto a la conducta posterior, debe tomarse en cuenta como factor para la fijación de la pena, el esfuerzo del autor por reparar el daño causado. También puede apreciarse como favorable la conducta del procesado en el proceso penal, cuando: i) Se haya entregado a la autoridad policial o judicial voluntariamente, pese a haber contado con la posibilidad de una fácil huida, o tener la posibilidad de no ser descubierto, y, ii) La confesión que manifieste arrepentimiento, o bien que haya ayudado significativamente al establecimiento de la verdad mediante su declaración.


Sin embargo, la sola falta de arrepentimiento o confesión no puede valorarse para hacer más rigurosa la sanción. Ahora bien, si la confesión no es tal, sino un intento de lograr la impunidad y si el arrepentimiento no es sincero, sino una manera de procurar un trato benigno de los jueces, cuando se sabe, por la prueba, que no hay forma alguna de eludir la acción de la justicia, los jueces deben examinar ese dato como parte de las manifestaciones defensivas, pero deben ignorarlo al momento de fijar la pena, pues ni las mentiras, ni las falsas actitudes del acusado constituyen un factor que deba perjudicarlo cuando se decida sobre la sanción a imponer. La reparación del daño, consiste fundamentalmente en aliviar las consecuencias materiales del hecho delictivo son también factor de atenuación; empero, también pueden tener un efecto atenuante de la pena, los actos que denoten voluntad de reparar. La extensión del daño causado debe ser delimitada sólo para aquello que tenga vinculación con el hecho típico, directamente. Además, debe tenerse en cuenta que no es necesaria la concurrencia de todas las circunstancias descritas, pues dependerá de cada caso concreto.


b) La mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con lo previsto por el art. 38 inc. 2) del CP; es decir, la naturaleza de la acción, los de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido.

c) Circunstancias y las consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto.


La fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, en este ámbito la exigencia de fundamentación que debe satisfacer la sentencia
condenatoria en el proceso de individualización de la pena, obliga al juez a observar los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del juez o tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término considero las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué  atenuantes y agravantes tomo en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales”.


De ahí que, se advierte que el Tribunal de alzada, luego de remitirse a lo resuelto por el Tribunal de mérito, constató en la Sentencia, el cumplimiento la debida fundamentación respecto al quantum de la pena observada en el recurso de apelación restringida, teniendo en cuenta que los argumentos jurídicos otorgados por el Tribunal de Sentencia, consideran un perfil de personalidad de los imputados en atención a los parámetros de personalidad en razón a la edad y educación, las circunstancias del delito acusado y sus consecuencias disminución del patrimonio de las víctimas y la privación de uso de sus herramientas- y la gravedad del hecho, en cuanto al perjuicio ocasionado a víctimas múltiples.


En ese entendido, queda claro que el Tribunal de alzada consideró que el de Sentencia, consideró las previsiones establecidas en los arts. 37 y ss. Del ordenamiento sustantivo penal, aplicando criterios específicos para la fijación de la pena a cada uno de los imputados, con base en los hechos considerados probados y las conclusiones arribadas en juicio. 


En consecuencia, no se ha demostrado la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de la debida fundamentación, resultando el presente motivo también en infundado.


Finalmente, en cuanto al primer motivo de casación, referido a que el Auto de Vista impugnado no cuenta con una debida fundamentación de acuerdo a los arts. 124 y 398 del CPP y constituye defecto absoluto en el art. 169 inc. 3) del CPP, en vulneración de los arts. 115 y 180 de la CPE; los recurrentes invocaron los siguientes Autos Supremos:


El Auto Supremo 207 de 28 de marzo de 2007, dictado dentro de un proceso sobre Estafa, Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, por el cual el Tribunal de casación dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado al constatar que el Tribunal de alzada no absolvió de manera suficiente la crítica formulada por el acusador particular; por lo que, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


“La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales. De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica. a) Expresa: Porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión. b) Clara: En la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aun por los legos. c) Completa: La exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi. La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia. El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. d) Legítima: La legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada. e) Lógica: Finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia. Cuando a tiempo de emitir un decisorio, los Tribunales no observan los presupuestos señalados supra, incurren en vicios absolutos que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones debidamente motivadas, guardando coherencia entre la parte considerativa y la dispositiva, esto es sin incurrir en contradicciones, en desorden de ideas, yuxtaposición numerativa de folios o de afirmaciones formuladas mecánicamente, o en una frondosa, enrevesada y superficial acumulación de disgresiones sin mayor relación con el caso a resolver, una resolución resulta insuficientemente motivada cuando en el caso concreto resulta superficial y/o unilateral o cuando los argumentos esgrimidos resultan contradictorios antagónicamente, o cuando se detectan vicios de razonamiento o de demostración (falacias o paralogismos), en todo caso la redacción debe guardar claridad explicativa, no siendo una exigencia que los decisorios sean extensos o ampulosos”.


El Auto Supremo 144 de 28 de mayo de 2013, dictado dentro de un proceso seguido por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, donde inicialmente se emitió Sentencia condenatoria, apelada la determinación por Auto de Vista, se declaró improcedente la alzada planteada, fallo que fue dejado sin efecto en casación porque si bien respondió a las denuncias, fue con argumentos insuficientes, como aconteció con la denuncia sobre inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; consecuentemente, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


“Es obligación del Tribunal de Apelación, realizar una adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie, debiendo todo Auto de Vista contener suficiente fundamentación, circunscribiéndose a los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, dentro lo limites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, los cuales serán absueltos uno a uno con la debida motivación y en base de argumentos jurídicos individualizados y sólidos, a fin de que se pueda inferir una respuesta con los criterios jurídicos correspondientes al caso, sin que la argumentación vertida sea evasiva o incongruente; cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad, logicidad que se encuentran determinados en el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012, dejando conocer al recurrente la respuesta a cada alegación, lo contrario constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petrita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”.


Al respecto, se advierte que las problemáticas procesales dilucidadas en los precedentes invocados, se refieren a la falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista sobre las alzadas planteadas; por lo que, existiendo una situación fáctica procesal similar entre los precedentes invocados y el motivo de casación, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


A cuyo efecto, es menester señalar que en el acápite II.3 del presente Auto Supremo, se hace hincapié a la exposición de los motivos y fundamentos que sirvieron al Tribunal de alzada para rechazar cada punto apelado, sin que se observe que cada posición asumida únicamente contenga una transcripción o remisión de antecedentes de la Sentencia, como erróneamente afirman los recurrentes, puesto que, si bien el Auto de Vista hace referencia a ciertas partes de algunos acápites de la Sentencia, es precisamente para dar respuesta a los puntos apelados, sin que se haya limitado a su mera cita, al indicar en síntesis respecto al primer motivo, previa mención del Considerando IV de los Motivos de Derecho que fundamentan la Sentencia en el proceso de subsunción, que sobre la existencia de errónea aplicación de la norma sustantiva, el Tribunal de Sentencia a través de los medios probatorios llegó a la convicción sobre el ilícito; asimismo, de acuerdo al Considerando II A) Voto de los Juzgadores, indicó la participación de los imputados y valoración de la prueba, así como en el Considerando IV de los Motivos de Hecho que fundamentan la Sentencia en la subsunción, estableciéndose la participación en el hecho,  que aludiendo a los hechos fácticos que motivan la causa, afirmó que fueron juzgados por el Tribunal de origen, quedando demostrado el hecho y la participación de los acusados en el delito de Estafa, además que al acudir al principio de verdad material advirtió la convicción asumida por el Tribunal de juicio para la decisión asumida; consecuentemente, en la alzada  no se evidenció que exista errónea aplicación de la ley sustantiva, como ya se ha explicitado a tiempo de resolver el segundo motivo traído en casación.


Asimismo, al responder al segundo motivo, sobre la falta de fundamentación en la Sentencia en cuanto a la valoración de la prueba [inc. 5) del art. 370 del CPP] y que se incursionó en el inc. 3) del art. 169 del CPP por conculcación al debido proceso, el Tribunal de alzada observó que la denuncia era incoherente y que no se hallaba prevista en la norma procesal penal, como defecto de Sentencia, por lo que el motivo carecía de una debida fundamentación siendo inviable; no obstante, ejerciendo su labor de control, la Sala del Tribunal Departamental revisó el fallo apelado y concluyó que se apreció y valoró cada prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 173 del CPP), aludiendo al Considerando III de la Sentencia sobre las pruebas, para luego concluir que la Sentencia observó los arts. 124 y 173 del CPP, sin advertir defecto absoluto.


Finalmente, respecto al tercer motivo, relativo a la denuncia  de insuficiente fundamentación jurídica de la Sentencia en la imposición de la pena omitiendo considerar los arts. 124, inc. 5) del art. 370, inc. 3) del art. 169 todos del CPP, el Tribunal de alzada si bien señaló que los apelantes incurrieron en una fundamentación confusa e incoherente, ya que el defecto de Sentencia en relación a la fijación judicial de la pena, se encuentra en el inc. 1) del art. 370 del CPP y que sólo reclamaron los imputados insuficiente fundamentación jurídica de la Sentencia en lo atinente a la imposición de la pena, que implica la inobservancia del art. 124 del CPP, limitándose sus argumentos a aspectos carentes de consistencia; empero, estableció que la fijación de la pena contiene una suficiente fundamentación y que fue interpuesta dentro de los límites de mínima y máxima con agravante, apreciando los criterios específicos para la fijación de la pena; por lo que, el punto apelado no era sustentable, razones por las que no se evidencia que el Auto de Vista impugnado carezca de una debida fundamentación en cuanto a los puntos apelados; por el contrario, dio cumplimiento a los arts. 124 y 398 del CPP, al identificarse claramente las razones para desestimar los cuestionamientos formulados en la apelación, generando seguridad sobre la decisión de declararla improcedente, en base al análisis y consideración de todos las cuestiones planteadas, sin incurrir en contradicciones u otros supuestos que contravengan la lógica, considerando los elementos que hacen a una resolución debidamente fundamentada; consecuentemente, no se ha detectado la existencia de defecto absoluto alguno, menos contradicción con los precedentes invocados al efecto, deviniendo el presente motivo en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan José Capriles Márquez y Lourdes Arciénega Romay.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela