TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 216/2019-RA

Sucre, 11 de abril de 2019


Expediente                : Tarija 22/2019

Parte Acusadora       : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Alioscar Ailan Balderrama

Delitos               : Peculado y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de enero de 2019, cursante de fs. 382 a 391, Alioscar Ailan Balderrama, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 94/2018 de 20 de diciembre, de fs. 373 a 377 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes en contra del recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 142 y 154 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 014/2017 de 28 de junio (fs. 282 a 305), el Tribunal de Sentencia Único de Villa Montes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Alioscar Ailan Balderrama, culpable de la comisión de los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 142 y 154 del CP, imponiendo en aplicación del art. 44 de la referida norma penal, la pena de 10 años de reclusión, más el pago de doscientos días multa a razón de dos bolivianos por día e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por el lapso de 10 años desde la ejecutoria de la Sentencia, con costas a calificarse en ejecución de Sentencia.

  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Alioscar Ailan Balderrama interpuso recurso de apelación restringida (fs. 310 a 335 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 94/2018 de 20 de diciembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 8 de enero de 2019 (fs. 399 vta.), fue notificado el recurrente, con el Auto de Vista recurrido y el 15 del mismo mes y año interpuso recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Como primer agravio reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación en relación a su incidente de actividad procesal defectuosa respecto a la nulidad de la imputación formal, que mereció el decreto de 1 de febrero de 2016 emitido por la Juez de Instrucción y Cautelar Primero de Villa Montes que señaló traslado a las partes; sin embargo, transcurrido más de un mes desde el momento que fue planteado, la Juez emitió el Auto de 2 de marzo de 2016 por el que conminó al Ministerio Público a presentar acto conclusivo, resolución con la que no fue notificado, en cuyo mérito el Fiscal presentó acusación fiscal el 10 de marzo de 2016, disponiendo la Juez Cautelar la remisión al Tribunal de Sentencia por decreto de 14 de marzo de 2016; sin haberse resuelto su incidente, aspecto que afectó su derecho a la defensa, por lo que en juicio oral y público, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por defecto absoluto que fue desestimado, puesto que no lo hubiese interpuesto oportunamente, que su persona consintió el acto, que a esa altura no podía hacerlo porque ya existía acusación, que su persona tuvo una actitud pasiva y que la nulidad sólo procede si se hubiera imposibilitado de ejercer algún medio de defensa por lo que impugnó dicha determinación; no obstante, el Tribunal de alzada se limitó a transcribir íntegramente la Resolución del Tribunal de sentencia, para señalar con absoluta falta de fundamentación que “no es evidente que exista vulneración a los derechos invocados, por cuanto la Resolución es bastante clara y precisa al referir que el procesado no ha hecho valer su derecho en su momento debido, habiendo precluido el mismo, puesto que esperé hasta la instalación del Juicio para reclamar ese derecho, cuando debí haber efectuado el reclamo en el momento de notificación con la Acusación Fiscal”, sin ningún análisis fáctico ni probatorio y sin realizar una propia fundamentación a tiempo de resolver su incidente, extremo que constituye defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), en cuyo efecto invoca el Auto Supremo 192/2016-RRC de 14 de marzo.


  1. Reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en afirmaciones absolutamente erróneas respecto a su incidente de actividad procesal defectuosa de nulidad de imputación formal, por las siguientes razones: i) en cuanto al hecho de que no interpuso oportunamente el incidente, el Tribunal de alzada no consideró que interpuso su incidente aun estando en la etapa preparatoria, antes de que se presente la acusación formal y que en lugar de resolverlo la Juez Cautelar emitió conminatoria al Ministerio Público para que presente acusación sin que dicha determinación le fuera notificada a su persona, para luego de manera directa ordenar la remisión de la acusación al Tribunal de sentencia, sin darle la posibilidad de efectuar ningún reclamo en ese momento, por lo que en ejercicio de las prerrogativas del art. 345 del CPP modificado por el art. 8 de la Ley 586 planteó en juicio oral incidente por defecto absoluto consistente en la falta de resolución del incidente de nulidad de la imputación formal; no obstante, tanto el Tribunal de Sentencia como el de alzada alegaron que no interpuso oportunamente el incidente, lo que no resulta evidente, siendo las afirmaciones asumidas por ambos Tribunales erróneas que afectan su derecho a la defensa y al debido proceso,  establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), constituyendo defecto absoluto; y, ii) respecto a que ya no era viable porque ya existía acusación, refiere que tampoco resulta evidente, puesto que su incidente lo presentó antes de que exista la acusación, además que el art. 345 del CPP permite la presentación de todas las cuestiones incidentales sobrevinientes y en su caso ante la falta de resolución del incidente de nulidad de imputación formal, fue una cuestión sobreviniente, ya que emergió de la remisión de la acusación sin que se hubiere resuelto el incidente, incurriendo el Auto de Vista en error que vulnera su derecho a la defensa, pues no le es concebible una acusación sin la resolución de su incidente que fue planteado 40 días antes del pliego acusatorio, quedando en la incertidumbre de saber si la imputación reunía o no los requisitos exigidos en la norma, como también se le privó que producto de una eventual nulidad de la imputación formal su persona se podría haber beneficiado con alguna salida alternativa o someterse a un procedimiento abreviado o a una suspensión condicional del proceso, al respecto invoca el Auto Supremo 408/2013 de 30 de agosto.


  1. Manifiesta que el Auto de Vista recurrido convalidó la falta de fundamentación de la Sentencia en relación a la adecuación de su conducta a los tipos penales por los que fue condenado, sin considerar que: i) en cuanto a la subsunción de su conducta al delito de Peculado la Sentencia simplemente señaló “aprovechando el cargo de que desempeñaba como responsable de caja y cajero, cobró y se apropió de dineros cuya administración custodia se hallaba encargado, recursos faltantes en la sección caja por un monto total de bs. 82.128,43”, “en su condición de servidor público, tenía pleno conocimiento de que los dineros entregados a sus persona eran de carácter público, y sin embargo no los devolvió, pese al compromiso asumido”, lo que no explica en basé a qué elementos llegó a dicha conclusión, incumpliendo la fundamentación analítica o intelectiva y jurídica, ya que simplemente efectuó una repetición del tipo penal, imponiéndole una sanción drástica de 10 años de prisión; no obstante, fue confirmado por el Auto de vista recurrido que de manera ligera se limitó a señalar “tampoco que se ha demostrado que el tribunal no haya otorgado valor correspondiente a cada elemento de prueba introducido a juicio, ya que en la sentencia el tribunal efectúa una fundamentación y motivación sobre los aspectos y elementos que han dado lugar a la sentencia condenatoria”, lo que no le satisface, ya que no llena las exigencias de una verdadera fundamentación que de por ratificada la sentencia condenatoria a 10 años de prisión, puesto que no posee un análisis fáctico ni jurídico, resultándole contrario al Auto Supremo 305/2016-RRC de 21 de abril referido a la labor de fundamentación a que está obligado el Tribunal de apelación que no se limita a señalar de manera general que el Tribunal de juicio cumplió con la fundamentación ni a señalar de manera general que la conducta se adecuó a los tipos penales, como concluyó el Auto de Vista recurrido confirmando una Sentencia carente de fundamentación, que en igual sentido se había pronunciado el Auto Supremo 192/2016-RRC de 14 de marzo que estableció que la sentencia tiene relevante transcendencia o puede ser considerada como el acto más importante del proceso, por consiguiente la carencia de una adecuada fundamentación ingresa en el ámbito de las nulidades; y, respecto a la labor del Tribunal de alzada había establecido que ante la denuncia de falta de fundamentación de la sentencia  debía ser cumplida a través de una resolución fundamentada; sin embargo, afirma el recurrente que no fue considerado por el Tribunal de alzada que incurrió en conclusiones genéricas y retóricas, olvidándose de la rigurosidad en la fundamentación que se exige para toda sentencia inobservando el art. 124 del CPP, que afecta a sus derechos al debido proceso en su elemento de debida fundamentación; y, ii) la falta de una debida subsunción de su conducta respecto al tipo penal de Incumplimiento de Deberes en el que incurrió la sentencia que fue confirmada por el Auto de Vista recurrido sin precisar qué obligaciones establecerían, concluyendo que omitió el pago oportuno de los aportes a las AFPS, pago de sueldos, pago de impuestos y que se hubiera negado a realizar la rendición de cuentas, conclusión asumida en la Sentencia y confirmada por el Tribunal de alzada basada únicamente en la acusación de las labores que no hubiere realizado; empero, se pregunta, en base a qué prueba y sobre qué fundamentación analítica y jurídica llegó a dicha conclusión, sin tomar en cuenta el Tribunal de alzada que la conclusión asumida en la sentencia debió estar respaldada por prueba idónea y con la fundamentación necesaria, lo que no aconteció, puesto que no corresponde a un cajero realizar ese tipo de funciones que corresponde sean ejecutadas por otras Unidades, generándose duda sobre su responsabilidad, ya que, no existe en la Sentencia la fundamentación descriptiva, analítica y jurídica, por lo que al igual que el Auto de Vista contradicen los precedentes arriba invocados, que afirma, exigen una debida fundamentación con explicación detallada de los elementos de prueba para probar el tipo penal acusado como también exigen la fundamentación analítica y jurídica; no obstante, no fue observado por el Tribunal de alzada al convalidar la sentencia.


  1. Finalmente refiere, que respecto a los incidentes de exclusión probatoria de los medios de prueba signados como MP1 y MP2 y de la prueba pericial que no fue ofrecida con claridad en la acusación y que en la forma realizada no guarda relación con la naturaleza del delito de peculado; como también la denuncia de vulneración de los mismos derechos por la negativa de concederle un plazo prudencial en su calidad de imputado para analizar la pericia presentada y pronunciarse al respecto; el Tribunal de alzada: i) respecto a la solicitud de exclusión de la prueba pericial se limitó a señalar: “siendo que se han cumplido con las formalidades de ley exigidas al momento de introducir la prueba a juicio, tampoco se ha demostrado que el tribunal no haya otorgado valor correspondiente a cada elemento de prueba”; “asimismo, respecto a que la pericia no va relacionada con el caso concreto, y que estaba en desacuerdo con los puntos de pericia,…” ; fundamento que evidencia falta de fundamentación en relación a los tipos penales, resultándole una conclusión genérica, contrario a los Autos Supremos 192/2016-RRC de 14 de marzo y 305/2016-RRC de 21 de abril; toda vez, que el Auto de Vista recurrido no precisó cuál la prueba en que se basó para llegar a su conclusión, ingresando además en una incongruencia, ya que, se pronunció sobre aspectos que no fueron denunciados como la solicitud de exclusión del peritaje, lo que le constituye defecto absoluto que vulnera su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación congruente de toda resolución; ii) no se pronunció respecto a su denuncia de vulneración al derecho a la defensa por falta de concesión de un plazo razonable para analizar junto a su defensa el informe pericial; aspecto que constituye defecto absoluto, contrario a los Autos Supremos ya citados, que explicarían en qué consiste una debida fundamentación, resultándole el Auto de Vista contradictorio ya que, considera que debió pronunciarse de alguna manera, sea aceptando o rechazando su agravio; y, iii) respecto a la denuncia referida a la introducción ilegal de prueba consistente en la planilla de sueldos de agosto de 2014 (parte de la MP1), que no fue ofrecida por ninguna de las partes acusadoras, que fue rechazado por el Tribunal de sentencia con absoluta falta de fundamentación, ya que no consideró la previsión contenida en el art. 341.5 del CPP; no obstante, el Auto de Vista recurrido volvió a incurrir en el mismo defecto de falta de fundamentación, limitándose a señalar: “respecto a este agravio, ya nos hemos manifestado precedentemente, efectuando una transcripción del fundamento emitido por el tribunal ad quo, por medio del cual se ha explicado que la prueba consistente en la MP1 si ha sido ofrecida por la autoridad fiscal correspondiente al documento remitido a requerimiento fiscal CITE 495/2013”; fundamento que considera contrario a los dos precedentes ya citados arriba, toda vez, que un agravio no puede ser resuelto en cuatro líneas que contienen frases genéricas  transcribiendo el fundamento de otro Tribunal, al alegar que la prueba consistente en la MP1 fue ofrecida por la autoridad fiscal, cuando su persona sólo solicitó la exclusión de la planilla de sueldos correspondiente a agosto de 2014 que sólo era parte de la MP1, por lo que considera que el Tribunal de alzada debió hacer una relación propia con la cita de los antecedentes y pruebas pertinentes al incidente planteado y sobre esa base realizar una fundamentación analítica y jurídica específica al caso; sin embargo, incurrió en defecto absoluto, en cuyo efecto, al margen de los Autos Supremos ya invocados, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 417/2018 de 14 de agosto.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 8 de enero de 2019, interponiendo su recurso de casación el 15 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley; en consecuencia, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el primer párrafo del art. 417 del CPP, corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto a los motivos primero y segundo, concernientes a que el Auto de Vista recurrido en relación al incidente de actividad procesal defectuosa respecto a la nulidad de la imputación formal, incurrió en falta de fundamentación y en afirmaciones absolutamente erróneas, corresponde señalar que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; el segundo párrafo de la referida norma prevé que para la procedencia de este recurso el precedente contradictorio debe ser invocado a tiempo de plantear el recurso de apelación restringida, de lo que se establece, que el recurso de casación sólo procede contra Autos de Vista pronunciados dentro de un recurso de apelación restringida, lo que en los hechos implica la impugnación de la Sentencia, conforme dispone el último párrafo del art. 407 del CPP.


Por otra parte, el art. 403 del CPP, contiene un listado de resoluciones, que son pronunciadas durante la sustanciación del proceso como emergencia de haberse suscitado excepciones o incidentes, que son impugnables mediante el recurso de apelación incidental, las que no admiten recurso ulterior, entendimiento que tiene plena coherencia con el art. 394 del CPP, que prevé que las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por la norma penal adjetiva y cuyo derecho a recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, de ahí que el recurso de casación no procede contra los Autos de Vista que resuelven los recursos de apelación incidental, sin que este criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir, impedimento que tiene su excepción sólo en el supuesto de incongruencia omisiva; es decir, cuando se alegue que el Tribunal de alzada no se hubiere pronunciado respecto a alguna cuestión incidental, caso en el que este Tribunal Supremo puede ingresar a verificar la veracidad de la denuncia.


En ese entendido, de los argumentos expuestos por el recurrente, se tiene que los reclamos devienen de una cuestión incidental, que conforme afirma el recurrente fueron resueltos por el Tribunal de apelación, lo que no es recurrible vía casación; por cuanto, los reclamos sobre cuestiones incidentales dilucidadas en el transcurso de la tramitación del proceso penal, conforme prevé el art. 403 inc. 2) del CPP, tiene como medio impugnatorio el recurso de apelación incidental, del que surge una decisión definitiva, cuando menos en la vía ordinaria, sin que el recurso de casación sea un medio idóneo para revisar lo resuelto por el Tribunal de alzada; toda vez, que la apertura de la competencia de este Tribunal, está delimitada para conocer reclamos contra Autos de Vista que resuelven apelaciones restringidas contra Sentencias y no contra Resoluciones que resuelven apelaciones sobre cuestiones incidentales; en consecuencia, los motivos sujetos a análisis no pueden ser considerados ni por vía de flexibilización, por lo que devienen en inadmisibles.


Con relación al tercer motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido convalidó la falta de fundamentación de la Sentencia en relación a la adecuación de su conducta a los tipos penales por los que fue condenado, el recurrente invocó el Auto Supremos 305/2016-RRC de 21 de abril que establecería la labor de fundamentación a que está obligado el Tribunal de apelación que no se limitaría a señalar de manera general que el Tribunal de juicio cumplió con la fundamentación, ni a señalar de manera general que la conducta se adecuó a los tipos penales, como afirma, concluyó el Auto de Vista recurrido confirmando la Sentencia carente de fundamentación; así como el Auto Supremo 192/2016-RRC de 14 de marzo que establecería que la sentencia tiene relevante transcendencia o puede ser considerada como el acto más importante del proceso, por consiguiente la carencia de una adecuada fundamentación ingresaría en el ámbito de las nulidades; y, respecto a la labor del Tribunal de alzada había establecido que ante la denuncia de falta de fundamentación de la sentencia debía ser cumplida a través de una resolución fundamentada; sin embargo, afirma el recurrente que no fue considerado por el Tribunal de alzada que incurrió en conclusiones genéricas y retóricas, olvidándose de la rigurosidad en la fundamentación que se exige para toda sentencia, lo que inobservaría el art. 124 del CPP, que afecta a sus derechos al debido proceso en su elemento de debida fundamentación; en la argumentación de este motivo, el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación a los precedentes invocados, en tal sentido, se tiene que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que deviene en admisible.


En cuanto, al cuarto motivo, referido al incidente de exclusión probatoria de la prueba pericial a la denuncia concerniente a la introducción ilegal de prueba consistente en la planilla de sueldos de agosto de 2014 (parte de la MP1), se tiene que los reclamos devienen de una cuestión incidental, que fueron resueltos por el Tribunal de apelación, lo que conforme ya se expuso en el análisis de los motivos primero y segundo, no es recurrible vía casación; por cuanto, los reclamos sobre cuestiones incidentales dilucidadas en el transcurso de la tramitación del proceso penal, conforme prevé el art. 403 inc. 2) del CPP, tiene como medio impugnatorio el recurso de apelación incidental, del que surge una decisión definitiva, cuando menos en la vía ordinaria, sin que el recurso de casación sea un medio idóneo para revisar lo resuelto por el Tribunal de alzada; toda vez, que la apertura de la competencia de este Tribunal, está delimitada para conocer reclamos contra Autos de Vista que resuelven apelaciones restringidas contra Sentencias y no contra Resoluciones que resuelven apelaciones sobre cuestiones incidentales, situación por el que no pueden ser considerados ni por vía de flexibilización, en consecuencia, los presentes puntos del motivo devienen en inadmisibles.


Finalmente respecto al punto ii) del presente motivo, en el que alega el recurrente que respecto al incidente de exclusión probatoria el Tribunal de alzada no se pronunció respecto a su agravio de vulneración al derecho a la defensa por falta de concesión de un plazo razonable para analizar junto a su defensa el informe pericial, se advierte que el recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia omisiva en relación a su cuestión incidental; aspecto que conforme se expuso a tiempo de realizar el análisis de los motivos primero y segundo, este Tribunal Supremo puede ingresar a verificar la veracidad de la denuncia (falta de pronunciamiento), en cuyo efecto, se tiene que el recurrente invocó los Autos Supremos 192/2016-RRC de 14 de marzo y 305/2016-RRC de 21 de abril, que establecerían respecto a la debida fundamentación, explicando que le resultan contrarios al Auto de Vista recurrido, ya que, debió pronunciarse de alguna manera, sea aceptando o rechazando su agravio, lo que no habría ocurrido; resultando que         en la fundamentación de este motivo el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación a los precedentes invocados, en tal sentido, se tiene que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que deviene en admisible.


En cuanto a la invocación de la Sentencia Constitucional Plurinacional 417/2018 de 14 de agosto, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, debe tenerse en cuenta que no tiene la calidad de precedente contradictorio, ostentando dicha calidad únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos que establezcan o ratifiquen doctrina legal aplicable emitidos por las Salas Penales; no siendo válido, el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley, por lo que no será considerada en el análisis de fondo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Alioscar Ailan Balderrama, cursante de fs. 382 a 391; únicamente para el análisis de los motivos tercero; y, cuarto punto ii) identificados; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del referido artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela