TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 211/2019-RA

Sucre, 11 de abril de 2019


Expediente                : La Paz 14/2019

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Yhorss Christian Rivadeneyra Mogro  

Delito        : Estafa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2018, cursante de fs. 1213 a 1219, Yhorss Christian Rivadeneyra Mogro, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 53/2018 de 17 de julio, de fs. 1203 a 1208, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Yerson Deheza Paye en representación legal de Gerardo Gnarra Barbato contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 88/2016 de 12 de julio (fs. 1101 a 1116), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Yhorss Christian Rivadeneyra Mogro, autor y culpable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP), imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Yhorss Christian Rivadeneyra Mogro (fs. 1132 a 1143), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 53/2018 de 17 de julio, que declaró improcedente el recurso interpuesto, manteniendo incólume la Sentencia impugnada.


  1. Por diligencia de 26 de noviembre de 2018 (fs. 1211), el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado; y, el 3 de diciembre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del presente recurso de casación interpuesto, se evidencia que el recurrente transcribe textualmente lo resuelto por el Tribunal de alzada conforme los siguientes puntos:


  1. El recurrente señala que el Tribunal de alzada realizó una argumentación ampulosa sobre la admisibilidad del recurso de apelación restringida.


  1. El Tribunal de apelación hizo alusión a la prohibición de revalorizar pruebas, sin considerar la obligatoriedad que en alzada se debe verificar el contenido de la Sentencia, así como la revisión de oficio y de controlar los elementos probatorios de la Sentencia, a cuyo efecto transcribe parcialmente la respuesta del Tribunal de apelación sobre la denuncia descrita precedentemente, advirtiendo el rechazo de su agravio por no identificar los elementos probatorios erróneamente valorados ni señalar la solución pretendida; posteriormente, señala de falsos los argumentos vertidos en alzada sobre los puntos 3 y 3.1, porque a criterio del recurrente su recurso se encontraba fundamentado de forma clara y precisa, expresando que no hubo la mínima intención de realizar un análisis de sus fundamentos plasmados en apelación restringida.


  1. Previa transcripción parcial el Auto de Vista impugnado, relativo al análisis realizado sobre el segundo agravio denunciado (art. 370 núm. 8) relacionado a la supuesta contradicción entre la parte dispositiva y considerativa de la Sentencia, refiere que se le observó la pretensión genérica de su motivo, en forma posterior arguye el hecho de haber denunciado el defecto previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP, realizando a su vez argumentaciones sobre si debe o no presentar nueva prueba en alzada; y, también sostener que no tendría responsabilidad penal, atribuyendo el hecho a María Cecilia Asturizaga, como también la situación que el Tribunal de apelación reclamó que no se aportó la prueba correspondiente, obviando que se apeló la deficiente valoración de las pruebas no pudiendo aportarse nueva prueba, situación que constituiría el incumplimiento de sus obligaciones debido a que no se revisó la Sentencia de oficio, omitiendo considerar que la carga de la prueba corresponde al actor y no al demandado, finalmente alude que se debió dictar Sentencia absolutoria al no existir suficientes elementos de convicción.


  1. Con la transcripción del tercer agravio denunciado en apelación restringida, relativo a la valoración defectuosa de la prueba de los cheques como a la ausencia de prueba de entrega de dinero de la víctima hacia el imputado, así como de la repuesta otorgada por el Tribunal de alzada donde sustentó el rechazo de su agravio en el análisis de los hechos probados en Sentencia, haciendo énfasis en la prueba MP-1, el recurrente refiere que en alzada cuestionó la inexistencia de algún elemento probatorio sobre el particular y en forma posterior argumentó que en alzada no se observó correctamente el endoso del cheque, pues de haberlo hecho se hubiera evidenciado los aspectos denunciados, así también alegó que no se realizó la revisión de oficio.


  1. En este punto, el recurrente transcribe la respuesta otorgada por el Tribunal de alzada respecto al cuarto agravio denunciado en apelación restringida, relativo a la violación de derechos constitucionales, señalando el rechazo del agravio por haberse realizado en forma genérica sin especificar las vulneraciones de las garantías, en forma posterior sostiene que se violentaron derechos fundamentales, situación que se evidenciaría de la lectura íntegra de la Sentencia impugnada.


  1. Finalmente, en este apartado el recurrente transcribe parcialmente el fundamento expuesto en alzada con relación al agravio de violación de la presunción de inocencia, en forma posterior alude que se lo declaró culpable en el Juicio Oral, pese a no existir prueba que lo incrimine, que inclusive fue tratado hostilmente por el Presidente del Tribunal de juicio, no requiriendo mayor prueba que el cuaderno de juicio oral.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 26 de noviembre de 2018, interponiendo su recurso de casación el 3 de diciembre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Con relación a los agravios traídos en casación, el recurrente previa referencia al contenido del Auto de Vista impugnado, cuestiona diferentes aspectos como el hecho de que existió una argumentación ampulosa, que existiese la obligatoriedad de la revisión de oficio por parte del Tribunal de alzada, que su recurso de apelación restringida hubiese sido interpuesto en forma clara y que no existió la intención de realizar un análisis de sus fundamentos; asimismo, observa si se debe o no presentar nueva prueba en alzada, que no debió ser condenado aludiendo que quien cobró los cheques hubiese sido otra persona; que, no se tomó en cuenta que quien cobra un cheque es el que recibe el endoso, que sostuvo la violación de derechos constitucionales en todo el recurso interpuesto; y, que finalmente se habría vulnerado la presunción de inocencia porque se lo trató en juicio como culpable, además de ser tratado hostilmente.


Sobre el particular, analizados los argumentos vertidos en casación, se advierte que el recurrente no invoca precedente alguno en total incumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, pues si bien refirió que habría presentado precedentes en apelación restringida, dicho extremo resulta insuficiente para el cumplimiento de una carga impuesta a quien recurre en casación, de modo que correspondía al recurrente señalar y explicar qué Autos Supremos fuesen los que habría invocado en apelación y precisar de qué modo resultarían contradictorios con la decisión emitida por el Tribunal de alzada, por lo que deviene el recurso en inadmisible.


Al margen de aquello, el recurrente con una total carencia de técnica argumentativa y recursiva no logra identificar el supuesto agravio incurrido por el Tribunal de alzada, porque no denuncia en forma clara y concreta qué derechos se hubiesen violentados; en vez de ello, se limita a efectuar comentarios y plantear  cuestionamientos e interrogaciones que no pueden ser considerados como agravios al carecer de total fundamentación, omisión que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal, en virtud al art. 17 II de la Ley 025, motivo por lo que tampoco puede ingresarse al fondo de los cuestionamientos del recurrente vía flexibilización. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CCP, declara  INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Yhorss Christian Rivadeneyra Mogro, cursante de fs. 1213 a 1219.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela