TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 204/2019-RA

                               Sucre, 02 de abril de 2019        


Expediente                : Pando 17/2018

Parte Acusadora        : Ministerio P úblico

Parte Imputada        : Karin Hassan Loras y otros

Delitos                : Incumplimiento de Deberes y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 15, 17 y 20 de agosto de 2018, el defensor de oficio de Enrique Yáñez Hurtado, de fs. 434 a 440, Remberto Osinaga Serrano, de fs. 437 a 440, Jussara Markie Chuta Aguada, de fs. 448 a 449 y Karin Hassan Loras, de fs. 442 a 446 vta., interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista de 14 de junio de 2018, de fs. 212 a 215 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Incumplimiento de Deberes, Peculado y Uso Indebido de Influencias, previstos y sancionados por los arts. 335, 154, 142 y 146 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 05/2017 de 25 de enero (fs. 38 a 50), el Tribunal Primero de Sentencia de Pando, declaró a: 1) Remberto Osinaga Serrano, Enrique Yáñez Hurtado y Jussara Markie Chuta Aguada, autores de los delitos de Estafa e Incumplimiento de Deberes, imponiendo a los dos primeros la pena de cinco años y a la última de cuatro años de privación de libertad, siendo absueltos de los delitos de Peculado y Uso Indebido de Influencias; y, 2) Karin Hassan Loras, autora del delito de Estafa, estableciendo la sanción de tres años y seis meses de privación de libertad, siendo absuelta por los delitos de Peculado, Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes. Además, de imponer a todos los imputados una multa de cien días multa a razón de Bs. 5.- por día, así como al pago de costas, daños y perjuicios.

  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Karim Hassan Loras (fs. 139 148 vta.), Diego Suarez Viana en su condición de defensor de oficio de Enrique Yáñez Hurtado (fs. 150 a 152), Jussara Makie Chuta Aguada (fs. 154 y vta.) y Remberto Osinaga Serrano (fs. 155 a 158), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista de 14 de junio de 2018, emitido por la Sala Única del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró improcedentes los recursos y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencias de 9, 10 y 14 de agosto de 2018 (fs. 216 a 217), fueron notificados los imputados con la referida Resolución y el 15, 17 y 20 del mismo mes y año, formularon los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recurso del defensor de oficio de Enrique Yáñez Hurtado.


Señala que en su condición de Gerente de ENTEL, ejecutó las boletas de garantía de Leydi Sinker Paraba porque incumplió con el pago de tarjetas, siendo que la empresa DATACOM es responsable de su entrega, de modo que al recibir el informe de impago de uno de sus clientes, procedió al cobro de la acreencia ejecutando las boletas de garantía, siendo esa su participación en los hechos; sin embargo, durante la investigación con base a una serie de apreciaciones especulativas se estableció que habría entregado dinero a Remberto Osinaga Serrano y que conocía del mal manejo de malas funcionarias y que no aplicó el procedimiento V1 y GD002, cuando a la noticia realizó la denuncia referente al hecho que se investiga y que ejecutó las boletas con la intención de que la institución no tenga pérdidas.


En ese sentido, se pregunta cuál el acto que omitió, rehusó hacer o retardó, resultando una falta de fundamentación evidente cuando no se cita para imputarle, siquiera una sola entrevista informativa de testigo alguno ni prueba documental en específico, aclarando que su función no era cobrar, menos entregar las tarjetas, ni pedir factura, preguntándose cómo podía ser condenado a la pena de cinco años, cuando en su calidad de gerente aplicó los procedimientos en casos de incumplimiento de pago y ejecutó las boletas de garantías dadas por el Banco FIE, por lo que denuncia que el Tribunal de alzada al confirmar el fallo condenatorio sin la existencia de prueba plena que determine su participación en el hecho, no solo violó la norma sustantiva, sino también preceptos constitucionales que garantizan los derechos de las personas; por cuanto, nunca debió abrirse causa en su contra teniendo en cuenta el art. 13 del CP. En ese ámbito, refiere que no sólo existió una incorrecta aplicación de la ley sustantiva; sino también, una incorrecta interpretación y aplicación de la ley adjetiva; toda vez, que el Tribunal de apelación al confirmar una sentencia de cinco años, infringió la norma sustantiva puesto que durante la tramitación de todo el proceso no se logró aportar prueba alguna que refuerce los inconsistentes elementos contenidos en la investigación, por lo que nunca se llegó a demostrar que su conducta esté adecuada al tipo penal descrito. 


II.2. Recurso de Remberto Osinaga Serrano.


Denuncia que el Auto de Vista impugnado sigue la estela de la Sentencia 05/2017 de 27 de enero, que adolece de una serie de vulneraciones a principios y garantías constitucionales que de ninguna manera se pueden convalidar, pues hace una descripción nominativa de las pruebas presentadas por la Fiscalía careciendo de un trabajo intelectivo con los precedentes contradictorios, pues el Auto de Vista insiste en realizar una transcripción literal in extensa de los supuestos agravios sin aportar ninguna otra consideración relevante y que esté acorde a los argumentos presentados en los recursos de apelación restringida; enfatizando que el Tribunal de alzada sólo se limitó a hacer referencia a documentos de manera general sin realizar un estudio minucioso de las pruebas generadas en el acto de juicio, pues con relación al delito de Estafa, el Auto de Vista sólo hace referencia nominativa a la prueba sin considerar todo el contexto y menos el principio de integralidad, siendo que este aspecto tiene relación directa con la valoración que la Sentencia realizó de las pruebas testificales de cargo de Freddy Antonio Frigerio Vaca y de la víctima, a través de una suerte de modulación para generar convicción de su autoría, sin considerar que las pruebas MP-2 y MP3 arrojan un alto contenido de temeridad y malicia, cuyo contenido no guarda relación con las declaraciones prestadas por la víctima y el referido testigo; a cuyo efecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 445/2015 de 29 de junio, 176/2012 de 16 de julio, 137/2015 de 27 de febrero, 183/2007, 161/2012 de 17 de julio, 214 de 28 de marzo de 2007 y  047/2012 de 23 de marzo.


II.3. Recurso de Karin Hassan Loras.


La recurrente señala que en apelación restringida al amparo del art. 407 con relación al art. 370 incs. 1), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuestionó la inobservancia de las reglas previstas para la congruencia de la Sentencia al ser resultante del juicio en el que se incurrió en la violación de normas procesales, al habérsele impuesto la sanción de tres años y seis meses de privación de libertad, en mérito a conclusiones erradas de las pruebas presentadas, sin que su recurso de apelación haya sido resuelto adecuadamente por el Tribunal de alzada, precisando que en su apelación denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley conforme establece el art. 370 inc. 1) del CPP; ratificando sin embargo el Tribunal de apelación la Sentencia, incurriendo en inobservancia de los arts. 11 inc. 2) y 15 del CP y en una errónea aplicación del art. 260 del CP, especificando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 36 de 20 de junio de “1941”, 417/03 de 19 de agosto de 2003, 329/2006 de 29 de agosto y 38/2013-RRC de 18 de febrero, además de la Sentencia Constitucional 410/2014 de 21 de agosto.


II.4. Recurso de Jussara Markie Chuta Aguada.


Refiere que en apelación restringida alegó la existencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, cuestionando en qué momento utilizó engaños y artificios, e indujo en error para que la víctima entregue irregularmente Bs.- 90.000 a Remberto Osinaga Serrano o que le haya entregado un solo boliviano por concepto de venta de tarjetas de forma clara e inequívoca, por lo que no existiría tipicidad en su conducta respecto al delito de Estafa, por lo que se incurrió en una defectuosa valoración probatoria; sin embargo, denuncia que el Tribunal de alzada no se pronunció en ninguna parte del Auto de Vista sobre uno de los puntos apelados y contenidos en la apelación restringida respecto a la comisión del tipo penal de Estafa, pues no fundamenta ni señala, menos indica en mérito a qué prueba o pruebas se demostró que haya engañado o inducido en error a la víctima y pese a esa omisión de pronunciamiento confirmó incongruentemente la totalidad de la Sentencia. En igual defecto, denuncia que incurrió respecto al delito de Incumplimiento de Deberes, al no señalar qué acto propio de sus funciones como encargada de almacenes omitió, rehusó o retardó hacer, al no precisarse en la Sentencia que tareas incumplió; empero, el Tribunal de alzada dio por bien hecho; y en consecuencia, confirmó la condena por ambos delitos sólo por haber entregado tarjetas en forma directa a una mayorista, sin que esa acción encuadre al marco descriptivo del art. 154 del CP, invocando al respecto como precedente contradictorio el Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2016


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

       

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.

Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV.        ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que los recurrentes fueron notificados el 9, 10 y 14 de agosto de 2018, formulando sus recursos de casación el 15, 17 y 20 del mismo mes y año, lo que demuestra con base al cómputo individual de cada caso, que todos los recursos fueron formulados dentro de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Recurso del defensor de oficio de Enrique Yáñez Hurtado.


Del análisis del presente recurso se advierte que el recurrente plantea varios elementos del orden fáctico, a partir de los cuales se pregunta cuál el acto que omitió, rehusó hacer o retardó, para luego denunciar que el Tribunal de alzada al confirmar la sentencia condenatoria sin la existencia de prueba plena que determine su participación en el hecho, no solo violó la norma sustantiva, sino también preceptos constitucionales que garantizan los derechos de las personas, así como la ley adjetiva, con el argumento de que en el proceso no se logró aportar prueba alguna que refuerce los inconsistentes elementos contenidos en la investigación, por lo que nunca se llegó a demostrar que su conducta se adecue al tipo penal atribuido; sin embargo, se advierte que el recurrente no invoca precedente alguno, pese a que de acuerdo a los arts. 416 y 417 del CPP, constituye una obligación inexcusable del recurrente cumplir con la invocación del precedente, pues la resolución invocada sirve para determinar la contradicción jurídica y fundamentar la impugnación, teniendo en cuenta que la precisión de la contradicción jurídica es un requisito para que este Tribunal admita el recurso de casación, para que sobre esa base emita en el caso la doctrina legal aplicable; lo que implica, que el recurrente incurrió en una omisión que no puede ser suplida de oficio y en una deficiente técnica recursiva que queda objetivizada en la afirmación general e imprecisa del recurrente, en sentido de que en el caso concurren “todas las causales de casación” (sic).


Por otra parte, considerando los presupuestos de flexibilización que se encuentran destacados en la parte final del acápite anterior del presente fallo, se advierte que el recurrente si bien precisa como hecho generador el hecho de que el Tribunal de alzada confirmó la Sentencia condenatoria y que el resultado dañoso - así infiere este Tribunal quedaría expresado en la imposición de una pena de cinco años de reclusión, se limita a referir que se hubiese vulnerado también preceptos constitucionales que garantizan los derechos de las personas, sin precisar cuáles son esos preceptos o el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido, omitiendo detallar con precisión cuál la restricción o disminución del derecho o garantía, al hacer referencia incluso de manera confusa a actuaciones que son propias de la etapa preparatoria, por lo que se concluye que tampoco corresponde la apertura extraordinaria de la competencia de la Sala para conocer el fondo del recurso que deviene en inadmisible.

  

IV.2. Recurso de casación de Remberto Osinaga Serrano.


En el caso de este segundo recurso de casación, se verifica que el recurrente sustancialmente denuncia que el Tribunal de alzada se hubiese limitado a una transcripción literal in extensa de los supuestos agravios sin aportar ninguna otra consideración relevante y acorde a los argumentos presentados en apelación restringida, enfatizando que sólo se limitó a hacer referencia a documentos de manera general sin realizar un estudio minucioso de las pruebas generadas en el acto de juicio; a cuyo efecto, hace referencia a los Autos Supremos 445/2015 de 29 de junio 176/2012 de 16 de julio, 137/2015 de 27 de febrero y 183/2007, invocados en apelación restringida conforme las previsiones del art. 416 segundo párrafo del CPP; además se verifica que en su planteamiento existiría contradicción con el primer precedente, al relievar que conforme el entendimiento de dicho fallo y su aplicación al caso concreto, las afirmaciones de la supuesta víctima y del testigo de cargo resultarían totalmente imposibles porque no se podría estar en dos lugares al mismo tiempo, al manifestar por un lado que el dinero fue entregado en su negocio y por otro de manera contradictoria manifestar que fue en su domicilio, por el que el Tribunal de alzada se limitó a realizar una tentativa de valoración y motivación, añadiendo en cuando al delito de Incumplimiento de Deberes, que como encargado del área de ventas no tenía tuición o autoridad sobre la responsable del área de almacén regional Pando ni de la Coordinadora logística de ENTEL, pues sus atribuciones eran conseguir mayor número de ventas al exterior buscando mayoristas, concluyendo su labor cuando los interesados acudían a inscribirse como comercializadores mayoristas como lo indicó la testigo Rosaura Landívar Limpias, sin que el Auto de Vista haya efectuado la más mínima consideración, omitiendo un razonamiento técnico jurídico que tenga una secuencia lógica.


Respecto al segundo Auto Supremo invocado como precedente, señala a título de contradicción que tanto el Tribunal de Sentencia como el Tribunal de alzada al haber emitido actos jurisdiccionales que no están conforme los razonamientos jurídicos expuestos, vulneraron el debido proceso y las garantías constitucionales y sobre los Autos Supremos 137/2015 de 27 de febrero y 183/2007, precisa que al haber emitido el Tribunal de origen un fallo sin la motivación necesaria y con errónea valoración de la prueba, el Tribunal convalidó la resolución, imponiendo una sanción por un delito que no cometió en absoluto; lo que significa, la observancia de parte del recurrente de la exigencia prevista en el art. 417 del CP, al precisar la contradicción entre los precedentes y el Auto de Vista impugnado, contando esta Sala Penal con los insumos necesarios para verificar si existe o no la contradicción alegada.


Se deja constancia que la labor de contraste no abarcará los Autos Supremos 161/2012 de 17 de julio, 214 de 28 de marzo de 2007 y  047/2012 de 23 de marzo, al verificarse que el recurrente se limita a citarlos en la parte final de su recurso, sin precisar fundadamente cuál la contradicción existente con el fallo impugnado de casación.


IV.3.  Recurso de casación de Karin Hassan Loras.


La imputada previa referencia a la los defectos incursos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP, funda su reclamo en el hecho de que en apelación denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley conforme establece el art. 370 inc. 1) del CPP, siendo sin embargo ratificada la Sentencia por el Tribunal de apelación; en ese ámbito, a título de contradicción refiere que denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley, pero la Sentencia fue ratificada por el Tribunal de alzada, pese a que omitió explicar en la fundamentación de la pena los aspectos, circunstancias y razonamientos que dieron lugar al quantum de la pena,  que en las pruebas presentadas por el Ministerio Público los documentos no cuentan con firma de responsabilidad lo que hace que haya una carencia de tipicidad al no existir prueba ni el nexo causal o efecto inmediato en el delito de Estafa; además de errónea aplicación de la ley respecto al art. 154 del CP, cuando no incurrió en una presunta grave violación de los deberes inherentes a su profesión; empero, sostiene que ni el Tribunal de origen menos el de alzada, efectuaron un análisis en función a la teoría del delito que permita entender que no se le puede atribuir culpabilidad de un hecho cometido por una omisión cuyo resultado acaeció después de varios meses de sucedido, relievando que en el caso no existe acción, en contradicción con el Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003, al no efectuarse la calificación de los hechos, la adecuación de su conducta, menos la descripción objetiva del delito atribuido ni los momentos en los que intervino respecto a la disposición patrimonial y porque el Tribunal de alzada al advertir que ciertamente no tiene un documento y/o certificado de antecedentes, sólo realizó una valoración de documentos, cuando con base a la última parte del art. 419 del CPP, debió emitir una nueva resolución absolviéndolo de pena y culpa, por la inexistencia de nexo causal entre el hecho atribuido y la consecuencia jurídica juzgada; también de concurrir contradicción con el Auto Supremo 410/2014 de 21 de agosto, que estableció los parámetros de errónea aplicación de la ley sustantiva.


En ese sentido, se advierte que el recurrente precisa la contradicción que existiría entre el Auto de Vista impugnado con los Autos Supremos 417 de 19 de agosto de 2003 y 410/2014 de 21 de agosto, respecto a los cuales resulta viable efectuar el análisis de fondo del recurso ante el cumplimiento de las exigencias previstas por los arts. 416 y 417 del CPP, sin que corresponda la labor de contraste con relación a los demás Autos Supremos únicamente citados sin la debida precisión de contradicción, menos con la Sentencia Constitucional citada al no constituir precedente contradictorio a los fines del recurso de casación.


IV.4.  Recurso de Jussara Markie Chuta Aguada.


En el caso del presente recurso de casación, se tiene que la denuncia se refiere a que el Tribunal de alzada no se hubiese pronunciado en ninguna parte del Auto de Vista recurrido sobre los puntos apelados y contenidos en la apelación restringida respecto a la comisión del tipo penal de Estafa, pues no fundamentó ni señaló en mérito a qué prueba o pruebas se demostró, que haya engañado o inducido en error a la víctima; así como respecto al delito de Incumplimiento de Deberes, al no señalar qué acto propio de sus funciones omitió, rehusó o retardó hacer, a cuyo fin invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 410 de “20 de octubre de 2016”, precisando que no existe una fundamentación válida por parte del Tribunal de alzada para confirmar la Sentencia recurrida, razón por la cual se hubiese obviado y desconocido la doctrina legal aplicable del precedente, por lo que se evidencia que si bien el planteamiento es escueto es suficiente para efectuar la labor de contraste, dejando constancia que en atención a la glosa parcial del precedente comparada con la base de datos con la que cuenta este Tribunal, se evidencia que el precedente fue emitido en la gestión 2006 y no a la 2016 como erróneamente cita la recurrente; empero, pese a dicha falencia, corresponde admitir el presente recurso, ante la concurrencia de las exigencias previstas en los arts. 416 y 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el defensor de oficio de Enrique Yáñez Hurtado, de fs. 434 a 440; y, ADMISIBLES los recursos formulados por los imputados Remberto Osinaga Serrano, Jussara Markie Chura Aguada y Karin Hassan Loras, de fs. 437 a 440, 448 a 449 y 442 a 446 vta. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.