TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 200/2019

Sucre, 09 de abril de 2019


Expediente                : Cochabamba 61/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : José Aguilar Rojas

Delitos                : Prevaricato y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de febrero de 2019, cursante de fs. 733 a 736 vta., José Aguilar Rojas, opone Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de José Rolando Villarroel contra el excepcionista, por la presunta comisión de los delitos de Prevaricato y Negativa o Retardo de Justicia, previstos y sancionados por los arts. 173 y 177 del Código Penal (CP), respectivamente.


  1. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD FORMULADA


El excepcionista plantea su solicitud de extinción de la acción penal por Prescripción con los siguientes argumentos:


Al amparo de lo establecido en los arts. 27 inc. 8), 29, 30, 31 y 308 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal (CPP), alega que el 16 de abril de 2010, se inició la investigación en su contra, el 14 de mayo del mismo año, fue imputado por la presunta comisión de los delitos de Prevaricato y Negativa o Retardo de Justicia, previstos en los arts. 173 y 177  del CP, que concluyó con Sentencia de 14 de junio de 2013, que lo declaró autor de la comisión del delito de Prevaricato, imponiendo la pena de cinco años de reclusión y absuelto del delito de Negativa o Retardo de Justicia, actuado procesal en el cual se lo identificó como presunto responsable de un hecho suscitado el 3 de abril de 2010, fecha referida como acto inicial del proceso penal llevado en su contra, transcurriendo 8 (ocho) años y 10 (diez) meses sin contar con sentencia ejecutoriada; en cuyo efecto, formuló recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 1 de 8 de marzo de 2018, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, presentando recurso de casación el 23 de julio de 2018.

Señala que el delito de Prevaricato es un delito de carácter instantáneo, entendimiento que fue establecido por la doctrina nacional y por la jurisprudencia ordinaria Auto Supremo 760 de 6 de diciembre de 2004-, afirmando su argumento en la Sentencia Constitucional 1709/2004-R de 22 de octubre. Refiere que el art. 29 del CPP, establece que la acción penal prescribe en ocho años para los delitos que tengan señaladas penas privativas de libertad, cuyo máximo legal sea seis o más de seis años, resultando que conforme a la sanción impuesta por el art. 173 del CP, es de cinco a diez años.


Agrega que el término anotado no fue interrumpido por ninguna de las causales establecidas por el procedimiento penal; puesto que, a la fecha no existe declaratoria de rebeldía ni algún otro modo de suspensión; por tanto, su transcurso se inicia desde la comisión del hecho; es decir, 8 (ocho) años y 10 (diez) meses computados a razón de lo preceptuado por el art. 30 del CPP, estableciendo de la misma forma, que es un tipo penal instantáneo que ha prescrito, enfatizando que el delito de Prevaricato no ingresa dentro de lo establecido en el art. 112 de la Constitución Política del Estado (CPE), referente a la imprescriptibilidad de los delitos de servidores públicos que atenten contra el patrimonio del estado y causen daño económico, apoyando su argumento en el Auto Supremo 421/2015-RRC de 29 de junio, en razón que quien formula la denuncia es una persona particular. También señala que tiene derecho al acceso a la justicia dentro de un plazo razonable amparándose en lo previsto en los arts. 24, 115.II, 178, 180 de la CPE, 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


Finalmente, en razón a lo circunstanciado, solicita se dé curso a la excepción planteada y al archivo de obrados.

                                                      

II. RESPUESTA DEL MINISTERIO PÚBLICO


Mediante memorial presentado el 26 de febrero de 2019, el representante del Ministerio Público, responde que debe considerarse que los hechos juzgados tuvieron repercusión en la dilación del proceso que al mismo tiempo generó gasto económico al Estado al incumplir sus roles como funcionario público en servicio de la sociedad y que además percibía su sueldo mientras cometía los ilícitos, generando sobrecarga y mora procesal en los juzgados, por lo que se demuestra que incurrió en Prevaricato.


Añade que en el incidente deben ser aplicados los arts. 29 y 30 del CPP, no sólo por el hecho de mencionar que fueron cumplidos, debiéndose adjuntar la prueba necesaria que demuestre lo aseverado en su excepción y no limitarse a indicar que las pruebas se encuentran en el expediente. Pues no cursa certificación alguna del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), prueba imprescindible para demostrar que el encausado no cuenta con una sentencia ejecutoriada y declaratoria de rebeldía o suspensión condicional. En tal sentido, el excepcionista debió acreditar que no fue declarado rebelde y presentar el REJAP, prueba que debe ser presentada ante el Tribunal de mérito para que tenga certidumbre.


  1. ANÁLISIS JURÍDICO Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL FORMULADA POR EL IMPUTADO


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por el excepcionista y la respuesta emitida por el Ministerio Público, corresponde emitir la correspondiente resolución en observancia a lo previsto por el art. 124 del CPP, conforme se tiene a continuación:


III.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


La Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC 0245/2006, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC 0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R y AC 0079/2004-ECA”.


En el caso de autos, se advierte que como emergencia de la formulación de recurso de casación por parte del propio excepcionista en contra del Auto de Vista 90/2016 de 18 de agosto, la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal, de modo que, en observancia del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, se encuentra revestida de competencia para resolver la excepción opuesta.


III.2.        En relación a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.


El Código de Procedimiento Penal, señala de forma expresa que, de conformidad a lo dispuesto por el art. 27 inc. 8), concordante con el art. 29 incs. 1) al 4) de la misma Ley, los plazos que rigen para la extinción de la acción penal son de 2, 3, 5 u 8 años de cometido el delito. La prescripción se computa desde la media noche del día en que se cometió el delito o cesó su consumación y no se interrumpe por el inicio de la acción penal, ya que esa interpretación vulneraría el principio de inocencia que favorece a todo imputado y la jurisprudencia vigente con relación a esta temática.


Sobre el cómputo de la prescripción se debe tomar en cuenta lo establecido por el art. 29 del CPP, que determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación, y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado conforme lo prevé el art. 31 del CPP y suspenderse en los siguientes casos previstos en el art. 32 de la misma norma.


  1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente.


  1. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas.


  1. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,


  1. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.


Ahora bien, de acuerdo a la norma procesal vigente, sólo esas causales suspenden la prescripción; en consecuencia, fuera de ellas, la prescripción continúa corriendo, independientemente de que se hubiera iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el art. 102 del Código Penal (CP) establecía que la prescripción se interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que ésta registrará.


Efectivamente, el anterior sistema procesal, permitía la prolongación indefinida de los procesos y el sometimiento del imputado a la exclusiva voluntad del Ministerio Público y/o del querellante, quienes, de manera arbitraria, podían hacer abandono del proceso penal y reactivarlo después de mucho tiempo, sólo con la finalidad de evitar la prescripción, lo que determinaba la constante zozobra del imputado y la vulneración de sus derechos y garantías, fundamentalmente del derecho a la seguridad jurídica.


El vigente Código de Procedimiento Penal, conforme se tiene dicho, cambió radicalmente el sistema anterior, puesto que no establece entre sus causales de interrupción o prescripción de la acción, el inicio de la acción penal; consecuentemente, es posible interponer esta excepción en cualquier momento del proceso, conforme quedó establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 1510/2002-R, de 9 de diciembre, que de manera expresa determinó que la denuncia no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción, al no estar contemplada en los arts. 29 y 31 CPP.  Entendimiento que fue reiterado en la Sentencia Constitucional 0187/2004-R, de 9 de febrero, que determinó lo siguiente: “…para la interrupción o suspensión de la prescripción, necesariamente tienen que presentarse uno de los supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la acción penal, debiendo contarse el plazo desde el día en que supuestamente se consumó el delito, sin interrupción.  En similar sentido se ha pronunciado la SC 0101/2006-R de 25 de enero”.


Debe agregarse lo previsto por el art. 314 del CPP, que dispone que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga, la obligatoriedad de ofrecer prueba idónea y pertinente; lo que implica que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulte fundada.


Sobre la carga e importancia de la prueba para sustentar una pretensión se tiene desarrollado por Carnelutti: Como aquella que no sólo sirve para el conocimiento del hecho, sino también como la certeza o convicción que aquella proporciona, siendo en sentido amplio, un equivalente sensible del hecho que habrá de valorarse, Chiovenda señaló que: “Consiste en crear el convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, suministrando los medios para tal fin”.

Ingresando al análisis del caso de autos, se evidencia que el excepcionista José Aguilar Rojas, a fin de fundamentar su pretensión de extinción de acción penal por prescripción, enfatiza que la acción penal, en su caso, prescribe en ocho años para los delitos que tengan señaladas penas privativas de libertad, cuyo máximo legal sea seis o más de seis años, que el mismo conforme a la sanción establecida en el art. 173 del CPP, es de cinco a diez años; entonces, en su planteamiento al no haber sido interrumpido el término por ninguna de las causales que el procedimiento establece, al no existir declaratoria de rebeldía o alguno de los modos de suspensión, su transcurso desde la comisión del hecho, habría sido de ocho años y diez meses, que deben ser computados a razón del art. 30 del CPP, estableciendo que se trata de un tipo penal instantáneo.


Concluyendo finalmente el excepcionista que resulta por demás evidente que en el caso, transcurrió un lapso superior a ocho años previstos para la prescripción de la acción penal por el delito de Prevaricato y con mayor razón si se toma en cuenta que no hubiera operado ninguna de las circunstancias de suspensión, concurriendo en consecuencia, todos los presupuestos que viabilizan la adopción de una declaratoria de prescripción de la acción.


Con relación a lo señalado por el peticionante, se debe tener presente que en el ordenamiento jurídico procesal penal, el instituto jurídico de la prescripción, como motivo de la extinción de la acción penal, se halla reconocida por el art. 27 inc. 8) del CPP y regulado el requisito temporal por el art. 29 de la norma Adjetiva Penal. Así, por disposición del art. 30 de la misma disposición legal, dicho plazo inicia a computarse desde: i) La media noche del día en que se cometió el delito; o, ii) Desde la media noche en que cesó su consumación, de modo tal, que corresponde para su procedencia, demostrarse; por un lado, el tiempo transcurrido conforme a lo previsto por el art. 29 del CPP, así como la falta de una resolución que ponga fin al proceso; además, de la inconcurrencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción, conforme las previsiones contenidas en los arts. 31 y 32 del CPP.


En ese ámbito, se advierte de la excepción planteada, que el excepcionista se limitó a sostener que en el caso de autos no operaría ninguna de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción, alegando al efecto, “sin que en ningún momento del proceso hubiere sido declarado rebelde”. Ahora bien, verificados los antecedentes cursantes en obrados y remitidos a esta Sala Penal se tiene que, se adjuntaron los actuados que permiten establecer la fecha del presunto acto delictivo para el inicio del cómputo de la extinción de la acción penal; empero, no cursa en antecedentes ninguna certificación de antecedentes penales emitida por el REJAP, que acredite que José Aguilar Rojas, no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso; prueba necesaria para establecer que en efecto, hasta la fecha de presentación de la presente solicitud de extinción de la acción penal, 15 de febrero de 2019, el imputado no fue declarado rebelde o haya existido alguna causal de suspensión, incumpliendo lo establecido por el art. 314.I del CPP, respecto del deber que tenía de acreditar que durante la causa desde su inicio no fue declarado rebelde; sin soslayar, que también tenía el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso.


No debe perderse de vista, que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes, pero siempre con base al planteamiento fundamentado y a las pruebas idóneas que las sustenten, no pudiendo suplir la omisión de los sujetos procesales, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia, conforme a lo preceptuado por el art. 178.I de la CPE, no correspondiendo emitir criterios sin bases probatorias que sustenten la decisión final; y en este caso, no se tiene constancia expresa de que el imputado no hubiere sido declarado rebelde durante la tramitación de “todo el proceso penal”.


Por lo expuesto, al no existir el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde la pretensión del excecpionista; y toda vez, que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrió el precitado, corresponde declarar infundada la excepción planteada, en consideración al incumplimiento de la carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento de cualquier solicitud, ante una autoridad jurisdiccional y al deber que tiene el excepcionista de ofrecer prueba idónea y pertinente, conforme al mandato establecido por el art. 314 del CPP, con los efectos previstos por el art. 315.III del CPP, al asumirse que el planteamiento de una pretensión sin ningún respaldo probatorio resulta manifiestamente dilatorio.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, constituido en Tribunal de Garantías, en aplicación del art. 44 in fine del CPP, resuelve declarar; INFUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción opuesta por José Aguilar Rojas, de fs. 733 a 736 vta., con costas y con los efectos relativos a la interrupción de los plazos de prescripción de la acción penal y de duración máxima del proceso.


En cumplimiento del art. 123 del CPP, se deja constancia, este trámite se encuentra regido a lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Plurinacional 1061/2015, no existiendo en consecuencia Tribunal competente que de acuerdo a norma legal, tenga atribución para sustanciar y resolver algún recurso ulterior respecto a la presente Resolución.


Notifíquese en forma personal a las partes con la presente resolución en observación del art. 163 inc. 2) del CPP.


Regístrese y hágase saber.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela