TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 199/2019-RA

Sucre, 08 de abril de 2019


Expediente                : Santa Cruz 16/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros      

Parte Imputada          : Juan Pablo Zapata Paz   

Delito                        : Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente   


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 18 y 23 de octubre de 2017, de fs. 722 a 727 y 729 a 732, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 41 de 14 de junio de 2017 de fs. 693 a 701, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Juan Pablo Zapata Paz, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente con agravante, previsto y sancionado por el art. 308 bis con relación al art. 310 incs. 2) y 4) del Código Penal (CP) respectivamente.

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 52 de 1 de noviembre de 2016 (fs. 636 a 643), el Tribunal de Sentencia Sexto del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Juan Pablo Zapata Paz, autor y culpable de la comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente con agravante, previsto y sancionado por el art. 308 bis con relación al art. 310 incs. 2) y 4) del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio, con costas y multa de quinientos días a razón de Bs. 1, por día.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Oswald R. Rivera Estrada apoderado legal de Clara Lourdes Zapata Edgley y el imputado Juan Pablo Zapata Paz (fs. 652 a 654), (656 a 660 vta.), formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 41 de 14 de junio de 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Juan Pablo Zapata Paz; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia disponiendo el reenvío y la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia.


  1. Por diligencias de 16 de octubre de 2017 (fs. 705 y 706), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 18 y 23 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.


De los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recuso de casación del Ministerio Público.


  1. Haciendo mención al Auto Supremo 494 de 2 de noviembre de 2003, refiere que en el presente caso se infringió los arts. 11, 124 y 413 del CPP, lo cual se constituyendo un defecto absoluto que incluso sería revisable de oficio, al ser la fundamentación del Auto de Vista contradictoria e incongruente, así se observaría del considerando noveno en el que se señaló que la Sentencia cumplió con la fundamentación fáctica, probatoria descriptiva y que realizó una fundamentación probatoria intelectiva y afirmó que se procedió a fundamentar el por qué las pruebas de cargo merecieron credibilidad para demostrar la responsabilidad; sin embargo, en el considerando diez cuando se resolivó la apelación en relación al defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP, contradictoriamente sin fundamentación ni motivación, señaló que la sentencia recurrida contenía una insuficiente fundamentación; situación que haría ver la contradicción entre los argumentos del Auto de Vista y la revalorización de la prueba.

 

  1. El recurrente señala que el Tribunal de alzada incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 4) del CPP, porque se analizó la introducción del examen médico forense y del informe pericial psicológico P.P. 7 y P.P. 9 y concluyó que se violentó los arts. 333, 349, 350 y 355 del CPP, siendo que la participación de los peritos para ratificar los mismos fue forzosa y vulneró lo dispuesto por el art. 333 inc. 2) del CPP; con esta argumentación, negó el valor probatorio a los informes periciales por no haber comparecido los peritos; este accionar no solo violenta la referida norma sino lo establecido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en los Autos Supremos 461/2009 de 4 de septiembre, 450/2015-RRC de 29 de junio y 23/2015 de 23 de enero, existiendo hecho similar porque fundamentan sobre la aplicación del art. 333 del CPP, tal como se observa en la resolución impugnada y los precedentes; de la misma manera también hace la precisión sobre la contradicción que existiría entre el Auto de Vista y los precedentes en los que se hubiera observado la correcta aplicación del art. 333 del CPP, que establece la permisibilidad de los informes forenses, psicológicos y periciales, cuando no se cuenta con la presencia del perito; accionar que es procedente en mérito al art. 171 del CPP que permite la admisión de la prueba para el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos que además establece que el art. 180 del CPE señala que como un principio de la justicia ordinaria la verdad material por encima de los formalismos.


  1. Refiere que se incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP, porque el Auto de Vista se basó en el razonamiento defectuoso sobre la forma de introducción de la prueba consistente en los informes médicos forenses y psicológicos que fueron introducidos por su lectura sin la presencia del perito, razón por la cual el Tribunal de instancia realizó una valoración defectuosa de la prueba; sin embargo, al momento de emitirse el Auto de Vista, el Tribunal de alzada revalorizó estos elementos y señaló que existieron contradicciones, dudas y cuestionamientos, que debieron ser contrastados de forma más amplia en juicio oral, ingresando en el ámbito de actuación de los Tribunales de Sentencia, quienes tuvieron acceso a los informes, así como fue de conocimiento de las partes; por ello, se hubiera  cumplido con el principio de inmediación y valoración de los medios y elementos de prueba, bajo la luz de la sana crítica; empero, el Tribunal de alzada recurriendo a un tecnicismo legal sobre la forma de producción de la prueba, revalorizó ésta y ordenó que se celebre un nuevo juicio oral público, de manera contradictoria, violando el mandato de los Autos Supremos 420/2015-RRC de 29 de junio, 635 de 20 de octubre, 47/2003 de 28 de enero, 316/2003 de 13 de junio y 133 de 9 de marzo de 2004, 722 de 26 de noviembre de 2004 y el Auto de Vista 037 de 6 de octubre de 2005, los cuales señalan que los vocales no pueden revalorizar prueba, porque su obligación se limita a vigilar el cumplimiento del debido proceso precisando que en el presente caso se acusó y se condenó a Juan Pablo Zapata en primera instancia y el Tribunal de alzada ingresó a revalorizar la prueba llegando al extremo de exigir una forma de producción de prueba que no está establecida en la Ley, por lo que, se excedió en sus atribuciones de control del debido proceso pretendiendo dar una segunda instancia al presente caso; y como aspecto contradictorio, indica que los precedentes invocados establecen que al Tribunal de alzada no le está permitido revalorizar la prueba en apelación; de la misma manera, señala que los precedentes invocados contendrían el mismo entendimiento.


II.2. Recurso de casación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.


  1. La parte recurrente denuncia que el Auto de Vista incurrió en la infracción del art. 124 del CPP, por que no cuenta con la debida fundamentación y como consecuencia de ello también infringió lo previsto por el art. 413 del CPP, siendo que resulta evidente que fue incumplida esta norma por el Tribunal de alzada.


Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 494 de 2 de noviembre de 2003, que refiere que en el presente caso se infringió los arts. 11, 124 y 413 del CPP, lo cual se constituiría en defecto absoluto que incluso seria revisable de oficio, al ser la fundamentación del Auto de Vista, contradictoria e incongruente, ya que en observancia del considerando noveno en el que señala que la Sentencia cumplió con la fundamentación fáctica, probatoria descriptiva y que realizó una fundamentación probatoria intelectiva y afirma que se hubiera procedido a fundamentar el por qué las pruebas de cargo merecieron credibilidad para demostrar la responsabilidad; sin embargo, en el considerando diez cuando resolvió la apelación en relación al defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP, contradictoriamente sin fundamentación ni motivación señaló que la sentencia recurrida contiene una insuficiente fundamentación; situación que haría ver la contradicción entre los argumentos del Auto de Vista y la revalorización de la prueba.

 

  1. Denuncia el recurrente que el Tribunal de alzada incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 4) del CPP, porque el Tribunal de alzada analizó la introducción del examen médico forense y del informe pericial psicológico P.P. 7 y P.P. 9 para su lectura y concluyeron señalando que se violentó los arts. 333, 349, 350 y 355 del CPP; siendo que, que la participación de los peritos para ratificar los mismos es forzada que vulnera lo dispuesto por el art. 333 inc. 2) del CPP; con esta argumentación, desestima el valor probatorio a los informes periciales por no haber comparecido los peritos; este accionar no solo violentó la referida norma sino también lo establecido en los Autos Supremos 450/2015-RRC de 29 de junio y 23/2015 de 23 de enero, de los cuales transcribe la parte pertinente y de manera independiente refiere que existe el hecho similar porque la referida resolución se fundamenta sobre la aplicación del art. 333 del CPP, tal como se observa en la resolución impugnada y los precedentes; de la misma manera también hace la precisión sobre la contradicción que existiría entre el Auto de Vista y los precedentes en los que se hubiera observado la correcta aplicación del art. 333 del CPP, que establece la permisibilidad de los informes forenses, psicológicos y periciales por su lectura, cuando no se cuenta con la presencia del perito; accionar que es procedente en mérito al art. 171 del CPP el cual permite la admisión de la prueba para el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos que además establece que el art. 180 del CPE señala la prevalencia de la verdad material por encima de los formalismos. Invoca como precedente contradictorio el Auto de Vista 29 de 25 de noviembre de 2014. 


  1. Refiere que se incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP, porque el Auto de Vista se basó en el razonamiento defectuoso sobre la forma de introducción de la prueba que ya se describió, como los informes médicos forenses y psicológicos que fueron introducidos por su lectura sin la presencia del perito determinando que el Tribunal de alzada realizó una valoración defectuosa de la prueba; empero, al momento de emitir el Auto de Vista ingresó a revalorizar estos elementos y señaló que existen contradicciones, dudas y cuestionamientos, que debieron ser contrastados de forma más amplia en juicio oral, ingresando en el ámbito de actuación de los Tribunales de Sentencia, quienes tuvieron acceso a los informes, así como fue de conocimiento de las partes; por lo tanto, se hubiera  cumplido con el principio de inmediación y valoración de los medios y elementos de prueba, bajo la luz de la sana crítica; empero, el Tribunal de alzada recurriendo a un tecnicismo legal sobre la forma de producción de la prueba, revalorizó dicha prueba y ordenó que se celebre un nuevo juicio oral público, de manera contradictoria violando el mandato de diferentes Autos Supremos. Asimismo, menciona que el Tribunal de alzada estableció que el imputado incurrió en la comisión del delito de Violación en grado de tentativa, previsto y sancionado por el art. 308 bis. con relación al 8 ambos del CP, porque las pruebas demostrarían que hubiera sufrido un intento de agresión sexual, siendo que de los datos del proceso, los informes psicológicos y forenses valorados por el Tribunal de Sentencia, en especial lo expresado por el médico forense, no es necesario que existan otras lesiones en el cuerpo de la víctima para la adecuación típica de la conducta del imputado al delito de violación en grado de tentativa ya que sólo por el hecho de intentar relaciones sexuales con la víctima en su cuarto, no existe duda sobre la culpabilidad del imputado.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme a lo normado en el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días, verificándose en el presente caso que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado, el 16 de octubre de 2017, planteando su recurso de casación el 18 y 23 del mismo mes y año, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal; por lo tanto, corresponde verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos. 


IV.1. Recuso de casación del Ministerio Público.


Respecto del primer motivo, refiere la parte recurrente que en el presente caso se infringió los arts. 11, 124 y 413 del CPP, lo cual se constituiría en defecto absoluto que incluso sería revisable de oficio, al ser la fundamentación del Auto de Vista respecto del defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP, contradictoria e incongruente, a cuyo efecto invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 494 de 2 de noviembre de 2003, del cual omite precisar el aspecto contradictorio en el que hubiera incurrido el Auto de Vista con relación a éste, debido a que se limitó a realizar una relación del defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP; sin cumplir los aspectos formales comprendidos en el art. 417 del CP, resultando el presente motivo inadmisible.


En el segundo motivo, refiere que el Tribunal de alzada incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 4) del CPP, porque los Vocales analizaron la introducción del examen médico forense y del informe pericial psicológico P.P. 7  P.P. 9 para su lectura y concluyeron señalando que se violentó los arts. 333, 349, 350 y 355 del CPP, siendo que, la participación de los peritos para ratificar los mismos es forzosa y vulnera lo dispuesto por el art. 333 inc. 2) del CPP; con esta argumentación, niega el valor probatorio a los informes periciales por no haber comparecido los peritos; siendo este accionar contrario a los precedentes invocados.   


Al respecto, se invoca los precedentes contradictorios consistentes en los Autos Supremos 461/2009 de 4 de septiembre, 450/2015-RRC de 29 de junio, 23/2015 de 13 de enero, de los cuales se deja constancia, conforme se entiende de los arts. 416, 419 y 420 del CPP, que declaran infundada la impugnación que se analizó, no pudiendo ser considerados en el fondo del motivo recurrido a los fines de la labor de contraste que la norma asigna a ésta sala además que el recurrente no invocó precedente contradictorio válido, lo que hace ver el incumplimiento de la previsión contenida en el art. 417 del CPP, lo que deviene a este motivo en inadmisible.


En el tercer motivo, refiere que se incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP porque el Auto de Vista se basó en un razonamiento defectuoso sobre la forma de introducción de la prueba descrita, consistente en los informes médicos forenses y psicológicos e incurrió en revaloración de los mismos al señalar que en estos existieron contradicciones, dudas y cuestionamientos que debieron ser contrastados de forma amplia en juicio oral. 


Respecto de este punto también invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 635/2004 de 20 de octubre, 47/2003 de 28 de enero, 316/2003, 317/2003 de 13 de junio y 722 de 26 de noviembre de 2004, de los cuales señala que el hecho similar radica, tanto en la denuncia contra el Auto de Vista impugnado y los precedentes se argumenta sobre la revalorización de la prueba, siendo el contenido dispositivo de dichos Autos Supremos la prohibición al Tribunal de alzada de revalorizar prueba, porque su obligación se limita a vigilar el cumplimiento del debido proceso, y en este caso se excedieron en sus atribuciones de control; por otro lado, como aspecto contradictorio, establece que los precedentes invocados establecen que al Tribunal de alzada no le está permitido revalorar la prueba en apelación y en el caso de autos se advertiría que se revalorizó la prueba consistente en los informes forenses, psicológicos y periciales; haciendo ver que únicamente respecto de estos precedentes resulta admisible el motivo planteado.        


En consecuencia se deja constancia que con relación al Auto de Vista 37 de 6 de octubre de 2005 que fue invocado por el recurrente, corresponde precisar que no acredita su ejecutoria, razón por la cual resulta pasible de modificación, por lo que no se constituiría en precedente válido, tal como se estableció en el Auto Supremo 211 de 6 de abril de 2004; por tanto, el mismo no cumple con los requisitos de forma para su consideración en el fondo; y, en cuanto a los Autos Supremo 420/2015 de 29 de junio y 133 de 9 de marzo de 2004, no contienen doctrina legal aplicable susceptible de contrastación, conforme se entiende de los arts. 416, 419 y 420 del CPP, pues el primero, declaró infundada la impugnación que analizó, y el segundo, resolvió la admisibilidad de un recurso de casación; por lo que, no pueden ser motivo de análisis en el fondo de lo pretendido.


IV.2. Recuso de casación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.


En el primer motivo, refiere que el Auto de Vista incurrió en infracción del art. 124 del CPP, al no contar con la debida fundamentación y como consecuencia de ello, también infringió lo previsto por el art. 413 del CPP; sin embargo, con relación a esta denuncia, el recurrente omite invocar algún precedente contradictorio a efectos de la labor establecida en el art. 417 del CPP; por lo que, ante este incumplimiento, el presente motivo resulta inadmisible


Con relación al segundo motivo, señala que en el presente caso se infringió los arts. 11, 124 y 413 del CPP, lo cual se constituiría en defecto absoluto que incluso sería revisable de oficio, al incurrir la fundamentación del Auto de Vista en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP, siendo que dicha resolución resultó contradictoria e incongruente.


Respecto de este punto invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 494 de 2 de noviembre de 2003, omite precisar el aspecto contradictorio en el que hubiera incurrido el Auto de Vista con relación a dicho precedente, siendo que se limitó a realizar una relación del defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP; empero, sin cumplir con los presupuestos de admisibilidad establecidos en el art. 417 del CPP, resultando el presente motivo, inadmisible. 


En el tercer motivo, refiere que el Tribunal de alzada incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 4) del CPP, porque el Tribunal de alzada analizó la introducción del examen de médico forense y del informe pericial psicológico P.P. 7 y P.P. 9 y concluyó señalando que se violentó los arts. 333, 349, 350 y 355 del CPP, siendo que la participación de los peritos al ratificar los mismos es forzosa y no hacerlo vulnera lo dispuesto por el art. 333 inc. 2) del CPP; con esta argumentación negó el valor probatorio a los informe periciales al no haber comparecido los peritos; siendo este accionar contrario a los precedentes que hubiera invocado.


Con relación al Auto de Vista 29 de 25 de noviembre de 2014, corresponde precisar que del mismo no se advierte su ejecutoria, resultando pasible de modificación, lo que hace que no se pueda constituir en un precedente válido, tal como se estableció en el Auto Supremo 211 de 6 de abril de 2004; por lo que, el mismo no cumple con los requisitos de forma para su admisión.


Asimismo, invoca los precedentes contradictorios consistentes en los Autos Supremos 450/2015 de 29 de junio y 23/2015 de 13 de enero, de los cuales se deja constancia que los mismos no contienen doctrina legal aplicable susceptible de contrastación, conforme lo entiende los arts. 416, 419 y 420 del CPP, pues los mismos declaran infundada la impugnación que analizó, por lo que, no pueden ser analizados en el fondo de lo pretendido, resultando este motivo inadmisible.

   

Respecto del cuarto motivo, el recurrente denuncia que se incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP, porque el Auto de Vista se basó en un razonamiento defectuoso sobre la forma de introducción de la prueba consistente en los informes médicos forenses y psicológicos que fueron introducidos por su lectura sin la presencia del perito determinando y el Tribunal de alzada realizó una valoración defectuosa de la prueba; empero, al momento de emitir el Auto de Vista revalorizó estos elementos; también, cuestiona el análisis sobre el delito que hubiese incurrido el imputado; advirtiéndose sin embargo, de la revisión de este motivo de casación, que no invoca precedente contradictorio alguno; lo cual, hace ver que no cumple con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en que hubiera incurrido el Auto de Vista impugnado, en los términos exigidos por el art. 417 del CPP, resultando este motivo inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de fs. 729 a 732 y ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ministerio Público de fs. 722 a 727, únicamente con relación al tercer motivo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela