TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 197/2019-RRC

Sucre, 29 de marzo de 2019


Expediente                        La Paz 83/2018 

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                 María Elizabeth Portugal Ibáñez

Delito                              : Estafa y otro

Magistrado relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de junio de 2018, cursante de fs. 1456 a 1464, María Elizabeth Portugal Ibáñez interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 10/2018 de 16 de febrero, de fs. 1442 a 1445 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Daniel Walter Álvarez Castro, Morayma Celeste Monasterios de Álvarez, Adriana Morayma Álvarez Castro, Daniel Windsor Álvarez Monasterios, Nicole Carola Álvarez Monasterios y Dirza Alejandra Salazar Monasterios contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACÍÓN


I.1 Antecedentes del proceso


  1. Por Sentencia 03/2016 de 3 de mayo (fs. 1129 a 1146), el Tribunal Décimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a María Elizabeth Portugal Ibáñez, autora de la comisión del delito de Estelionato previsto y sancionado por el art. 337 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, siendo absuelta del delito de Estafa.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada María Elizabeth Portugal Ibáñez (fs. 1148 a 1155), y los acusadores particulares Daniel Walter Álvarez Castro, Morayma Celeste Monasterios de Álvarez, Adriana Morayma Álvarez Castro, Daniel Windsor Álvarez Monasterios, Nicole Carola Álvarez Monasterios y Dirza Alejandra Salazar Monasterios (fs. 1163 a 1165), opusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 010/2018 de 16 de febrero, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.2 Motivos del Recurso


En conocimiento del señalado recurso la Sala pronunció, en juicio de admisibilidad, el Auto Supremo 747/2018-RA de 17 de agosto, delimitando el presente análisis bajo los siguientes criterios:

  1. Denuncia de inobservancia del art. 124 del CP, por parte del Auto de Vista recurrido; puesto que, no brindó una respuesta debidamente fundamentada sobre los cuatro agravios planteados en el recurso de apelación restringida, otorgando en sentido contrario respuestas genéricas, especialmente en lo que refiere “la omisión en la que incurrió el Tribunal Décimo de Sentencia al no otorgar el valor legal a las pruebas” (sic) así como no tomó en cuenta “que no existió la subsunción de la conducta al tipo penal…y menos haber cumplido con las pautas mínimas de la pena” (sic). Al respecto, invocó el Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, argumentando que la contradicción pretendida se basa en que el fallo impugnado no brindó una respuesta fundamentada como orientase la doctrina legal del citado precedente.


  1. Alega que el Tribunal de apelación omitió ejercer su deber de control de logicidad sobre la Sentencia en torno a la denuncia de que ésta no valoró prueba judicializada que demostrase que los acusadores a momento de la compra tenían conocimiento del proceso de anulabilidad de Escrituras Públicas, afectando lo dispuesto por los arts. 171, 173 y 359 del Código de Pr4ocedimiento Penal (CPP), constituyendo un defecto absoluto que vulneró sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Invocó el Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero, referido a que los Tribunales de apelación deben ejercer el control de la correcta aplicación de las reglas de la sana acrítica de parte de los jueces y tribunales de mérito.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1 Apelación restringida


Pronunciada la Sentencia, ambas partes promovieron recurso de apelación restringida. La parte acusadora solicitó incrementar la pena a diez años, al considerar la existencia de víctimas múltiples y concurrir las condiciones descritas en el art. 346 bis del CP. Por su parte María Elizabeth Portugal Ibáñez, por actuación de fs. 1148 a 155, interpuso apelación restringida, manifestando:


  1. Valoración defectuosa de la prueba, pues a decir de la en ese momento apelante, el Tribunal de Sentencia no consideró que por la prueba AP3, los acusadores tuvieron conocimiento de la resolución de anulabilidad de escrituras desde el 31 de octubre de 2008; tampoco se tuvo en cuenta a testimonial de la “abogada que elaboró la minuta de transferencia” (sic) ni la prueba extraordinaria “consistente en un certificado de Derechos Reales…por el cual se informa que el inmueble...tiene como copropietarios vigentes a los señores Álvarez Castro Daniel Walter y Álvarez Monasterios Morayma Celeste de y En las restricciones no señala gravamen alguno” (sic).


  1. Falta de fundamentación en la Sentencia en el marco del art. 370 inc. 5) del CPP, plateando la inexistencia de razones sobre las que “cómo…pudo haber cometido el delito de estelionato su cuando transfirió el bien estaba a [nombre suyo] y dicho bien inmueble no tenía ningún gravamen” (sic); “la conclusión de que [su] persona no era propietaria del bien inmueble si al momento de la transferencia…estaba registrado a [su] nombre”; “no fundamenta el tribunal cómo es que los acusadores…serían víctimas…si en la fecha que se dictó sentencia figuraban como únicos propietarios en el Registro de Derechos Reales” (sic). Cuestionó además que la valoración probatoria en torno a las atestaciones producidas, no superó un resumen sobre  expresado en estrados.


  1. Alegó falta de fundamentación inherente a la subsunción de la conducta al tipo penal, invocando la doctrina legal del Auto Supremo 474/2014-RRC de 17 de diciembre, manifestó que el Tribunal de juicio a fines de su cumplimiento debieron fundamentar y motivas el cómo su persona indujo en error a los compradores, ocultando alguna información o a través del silencio, teniendo en cuenta que la minuta de transferencia (codificada MP1 y AP2) en su cláusula sexta, precisa que le vendedora entrega “toda la documentación que respalda su derecho como ser  folio real” (sic), así de otras cuestiones referidas a detalles sobre la consignación de escritura y registros públicos que en perspectiva de la apelante dieran crédito a su planteamiento en sentido que las víctimas al momento de realizada la compra poseían conocimiento de las situación del bien al incluso de registrar el mismo a su nombre.


  1. En cuanto a la fijación de la pena, manifestó la apelante que no se había tomado en cuenta que ser mayor de edad no puede ser tomada en cuenta como cuestión agravante, al igual que el arrepentimiento que “no puede ser considerada como agravante que…no ha cometido ningún delito, considerando que la transferencia del bien inmueble ha sido dentro de los marcos legales y además no se demostró que hubiera perjuicio sobre los acusadores” (sic).


II.3 Auto de Vista


Activadas las acciones recursivas, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la relación de caso del Vocal Alave Laura y el voto del Vocal Arias Aguilar, pronunció el Auto de Vista 010/2018 de 16 de febrero, por el que declaró su improcedencia con los siguientes argumentos:


  1. “…luego de una revisión prolija del memorial de apelación restringida interpuesta por el ahora condenado se evidencia…que…divide y señala los agravios en 4 puntos empero dentro todos los puntos hace referencia a la ausencia o defectuosa valoración de las pruebas y que están conducirían a defectos de sentencia contemplados en el art. 370 del CPP, aspectos centrales denunciados dentro el recurso de apelación….” (sic)


  1. “en cuanto a los agravios referentes a la usencia de valoración, ausencia de fundamentación de la sentencia, falta de fundamentación en relación a la subsunción de la conducta del tipo penal de estelionato y falta de fundamentación e incumplimiento de las pautas mínimas en la fijación de la pena es menester remitirnos a…la prohibición de revalorización y o consideración de las pruebas en segunda instancia empero siendo viable una revisión pormenorizada de las pruebas con el único objeto de establecer si estas pruebas guardan logicidad cabe establecer que el juzgado a quo si ha expresados de manera correcta la sana critica establecida dentro del art. 173 del CPP, máxime si compulsada fuere la resolución…se observa la ausencia de los agravios denunciados por el ahora recurrente máxime cuando dentro el punto IV…el a quo es claro al establecer y fundamentar de manera clara y concisa la fundamentación de cada uno de los medios probatorios introducidos al juicio inclusive relatando y fundando cada uno de los medios probatorios tanto de cargo como de descargo…estando inclusive la prueba extraordinaria correctamente valorada considerando que los agravios que del ahora recurrente no se hacen evidentes, asimismo el a quo otorga valor correspondiente a la personalidad del condenado…” (sic)


III. FUNDAMENTOS DE LA SALA


III.1 Bajo el rótulo de “insuficiente fundamentación del Auto de Vista” (sic) manifiesta que en apelación restringida planteó cuatro agravios:


[i] Valoración defectuosa de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP, reclamando la no valoración de las siguientes pruebas: prueba AP3, folio real que informó sobre la anulabilidad de las Escrituras Públicas Nº 69/89 y 169/90; declaración de la abogada que elaboró la minuta de transferencia en la que dio cuenta sobre el conocimiento de los acusadores sobre el juicio civil de anulabilidad de esas Escrituras Públicas; prueba extraordinaria Auto de 15 de junio de 2015; prueba de descargo DP1 que reportó el inicio del proceso civil de nulidad de Escritura Pública; prueba extraordinaria de un Certificado de Derechos Reales de 26 de noviembre de 2015; prueba extraordinaria fotocopia legalizada del Auto Interlocutorio de 25 de septiembre de 2015, sobre resolución de contrato; “no se tomó en cuenta el art. 1538 del Código Civil” (sic); “no se consideró que el registro del bien inmueble al ser oponible frente a terceros, le permite a los acusadores, usar, gozar y disponer la cosas al tenor del art. 105 del CC” (sic).


Señala la recurrente que en este motivo señaló que correspondía al Tribunal de Sentencia valorar las pruebas sobre los lineamientos del art. 173 del CPP, además de precisar que “con solo valorar la declaración de la testigo AA y el folio real, el tribunal hubiese llegado a la conclusión de que los acusadores…conocían de la nulidad de las escrituras públicas a momento de adquirir el bien…además de al momento de la transferencia, el bien inmueble estaba registrado a [su] nombre en DDRR” (sic)


[ii] Falta de fundamentación de la Sentencia, defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, por no haberse expresado las razones por las que el Tribunal de origen asume convicción de que la imputada no era propietaria del bien inmueble, igualmente de qué manera cometió el ilícito de Estelionato del bien si al momento de la transferencia el bien estaba registrado su nombre y sin gravamen alguno; asimismo no se ofrecieron explicaciones de por qué se consideraron víctimas a quienes a tiempo de dictarse Sentencia figuraban en el folio real como únicos propietarios.


[iii] Falta de fundamentación sobre la labor de subsunción, cuestionando la fundamentación de cómo la imputada indujo en error a los compradores ocultando alguna información o guardando silencio, ello en la línea de consideraciones vertidas en los Autos Supremos 747/2014-RRC de 17 de diciembre y 303/2015-RRC-L. Así como, afirmar que por la declaración de AMAM, se supo que ella fue quien revisó el folio real y catastro, teniendo en consecuencia pleno conocimiento del juicio civil de anulabilidad de escrituras públicas.  


[iv] Falta de fundamentación e incumplimiento de pautas mínimas en la fijación de la pena, rebatiendo la no consideración de atenuantes.


La recurrente llega a la conclusión de que el Auto de Vista vulneró el debido proceso pues “no dio respuesta a los agravios planteados…[no verificando] la omisión en la que incurrió [la Sentencia] al no otorgar el valor legal a las pruebas de cargo y descargo, y aquellas presentadas de forma extraordinaria…[asimismo los de apelación confirmaron la sentencia] sin tomar en cuenta que no existió la subsunción de la conducta al tipo penal…menos haber cumplido con las pautas mínimas de la pena” (sic). A tal efecto invocó como precedentes contradictorios el Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre.


III.1.1 El Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, fue emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con motivo a resolver una denuncia de inobservancia del art. 124 del CPP, que reclamó al Tribunal de apelación no haber brindado una respuesta fundamentada a los motivos efectuados en apelación restringida. En revisión de fondo, la Sala pronunciante llegó a la conclusión que la denuncia era evidente y que “el Tribunal de alzada incurrió en la falta de fundamentación, al realizar las citas de normas jurídicas, Auto Supremo y Sentencia Constitucional sin aplicarlas al caso concreto; tampoco efectuó una debida motivación o razonamiento lógico en la respuesta a la denuncia del recurrente, ya que no precisó las razones por las cuales llegó a esa conclusión”  (sic), de manera que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“…si una resolución cumple con la garantía de la debida motivación y está sustentada en argumentos claros, también cumple con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia mediante la utilización de los recursos y la de garantizar el derecho a la publicidad, pues una Sentencia obscura no permite el acceso a este derecho, pero una Sentencia clara la garantiza y la hace realmente efectiva, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además que cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador falló de una determinada manera y no de otra.


De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que el juzgador se limite a transcribir los antecedentes procesales, los fundamentos de las partes o hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, a efecto de arribar a determinada conclusión, para de esta manera cumplir con la previsión del art. 124 del CPP, lo contrario significaría vulneración al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales…”


III.1.2 El art. 124 del CPP, a la letra ordena que las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. De igual forma taxativamente precisa que la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Del análisis del citado precepto es visible un aspecto de trascendental importancia, que es el alcance que la norma nacional brinda a la fundamentación. La doctrina sobre la forma expositiva en la que los fallos son emitidos, reconoce dos vertientes: motivación y fundamentación. Sin entrar en profundas consideraciones, motivar se vincula con las razones, determinaciones y conclusiones que la autoridad judicial extracta de los hechos y los antecedentes del proceso, y más primordialmente sobre la actividad probatoria así como los resultados desprendidos de ese ejercicio. Por otro lado fundamentar se relaciona, con la actividad eminentemente jurídica a ser realizada con el resultado de la motivación, esto es, aplicar o subsumir (en el caso de materia penal) esos hechos a la norma positiva. El citado precepto, a efectos de las consideraciones vertidas por el legislador ordinario, absorbe ambos conceptos en una sola esfera, esto es el fundamentar, aspecto a partir del cual la obligación de brindar las razones de un fallo de manera suficiente, expresa, clara, precisa y lógica, rastra tanto en las conclusiones extractadas de la actividad probatoria como a la vez a la aplicación de la norma positiva al caso concreto. (A mayor abundamiento el Auto Supremo 292/2018-RRC de 7 de mayo)


Los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, fueron concretos al afirmar que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


En síntesis, un caso de falta de fundamentación acontece, cuando se omite expresar el marco legal aplicable al caso en concreto y junto con ello las razones consideradas para estimar que el elemento fáctico puede subsumirse en la hipótesis prevista en Ley; de tal cuenta, cosa distinta es los supuestos de indebida fundamentación, pues ellos se presentan cuando en la resolución judicial, en efecto son invoca los dispositivos legales, empero, en los hechos resultan inaplicables al caso concreto, ya sea por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la norma, o bien los supuestos en los que las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, son expuestas, pero se hallan en disonancia con el contenido de la norma que se pretende aplicar, en suma por errónea fundamentación ha de entenderse las situaciones en las que un fallo contenga tanto el elemento normativo como los razonamientos de hecho, pero con un desajuste entre ambos.


Ya en materia, el Considerando II del Auto de Vista impugnado se halla dedicado a realizar una paráfrasis de los contenidos del memorial de apelación restringida, en la que el Tribunal de apelación reseñando que el marco procesal dispuesto por la imputada se circunscribió al art. 370 inc. 6) del CPP como norma habilitante y consistía básicamente en:


“denuncia que la hipótesis alcanzada por el tribunal décimo de sentencia sería falsa en razón a las pruebas debatidas durante juicio, concretamente cita el folio real, la declaración de la abogada que elaboró la minuta de transferencia, la prueba extraordinaria de fecha 15 de junio del 2015, la prueba de descargo PD1, la prueba extraordinaria consistente en certificados de derechos reales, fotocopia legalizada del auto interlocutorio 25 de septiembre de 2015 y finalmente ausencia de valoración de los arts. 105 y 1538 del código civil, denunciando falta de valoración por parte del tribunal de primera instancia” (sic)


De inicio la Sala aclara que no le corresponde formar convicción a partir del examen de unas pruebas cuya producción no presenció, por cuanto tal facultad incluso les está vedada a los tribunales de apelación, pues se tiene abundantemente señalado, que tal acto conllevaría la afectación del principio de inmediación que rige las actuaciones procesales en juicio oral, siendo éste la parte medular del sistema acusatorio adoptado por nuestro país. Lo que corresponde a este momento procesal, en primer lugar, es verificar si el Auto de Vista impugnado dio respuesta a las denuncias que la recurrente desarrolló en casación.


Así las cosas, como se tiene descrito en el apartado II.3 de este Auto Supremo, el abordaje procesal y jurídico adoptado por el Tribunal de apelación, no supera la mera afirmación. Basado en un supuesto ejercicio de revalorización de la prueba (no especificado ni clarificado), eluden brindar una respuesta sobre el mismo marco descriptivo que el propio Auto de Vista se había planteado en su Considerando II. Ciertamente una labor valorativa crítica de la prueba por el principio de inmediación se encuentra limitada en fase de recursos; empero ello no elude que la respuesta de los de apelación se ve asumida en la llana afirmación como ocurre en el caso de autos. Tampoco se exige un innecesario despliegue retórico, sino que la respuesta a dar halle correspondencia entre la propuesta fáctica contenida en el recurso, el marco procesal ordenado desde la norma e interpretado en la jurisprudencia y los antecedentes procesales de cada caso en concreto.


Si el Auto de Vista 010/2018 de 16 de febrero, consideró la existencia de una hipótesis cuya facticidad y veracidad se reclamaba, como lo asume en su Considerando II, no se comprende cuales las razones de no brindar una respuesta en coherencia a esa afirmación. Si bien a fs. 1445, se lee que es viable “una revisión pormenorizada de las pruebas con el único objeto de establecer su…guardan logicidad”, a continuación dicho ejercicio no es realizado, siendo que, una descripción del texto de la Sentencia no podría ser considerada como cumplimiento del art. 124 del CPP, que es taxativo al prohibir que la fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos.


En la contextura del Auto de Vista impugnado, se encuentra una serie de proposiciones más tendientes a resaltar una posición procesal que a la resolución del caso en concreto, la abundancia de citas jurisprudenciales y afirmaciones taxativas sobre cuestiones ampliamente genéricas son bastante reiteradas, aspectos que en suma no brindan una respuesta en correspondencia con los motivos que les fue puestos a resolución a través del recurso de apelación restringida promovido por María Elizabeth Portugal Ibáñez.


La Sala tiene presente que la resolución impugnada pretende orden y secuencia en su redacción, empero advierte que no serán necesariamente esas condiciones las que le doten de validez. El art. 398 del CPP a tiempo de pronunciarse sobre la competencia de los Tribunales de alzada, ordenando que circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, ordena una regla de doble vía pues, si bien expresamente impide el pronunciamiento de fallos ultra petita, a la par prohíbe también la emisión de fallos infra petita. Ordenando el deber de exhaustividad en la respuesta de las cuestiones puestas en su consideración.


En el caso en análisis, el Auto de  Vista en cuestión ofrece un panorama de revisión general de la Sentencia, reseñándola o bien recurriendo a su paráfrasis, empero sin haber agotado las pretensiones de la imputada en su recurso de apelación restringida y menos brindar respuesta jurídicamente razonada sobre el mérito o no de los agravios expuestos, lo que conlleva no haber ejercido el deber de control sobre el Tribunal inferior en grado, en el marco de los dos supuestos que el inc. 6) del art. 370 en el CPP, dispone.


En ese orden, teniendo presente que el precedente contradictorio invocado, propone como doctrina legal aplicable la observancia del art. 124 del CPP, por parte delos Tribunales de apelación en fase de apelación restringida, se llega concluye que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en la emisión del Auto de Vista 010/2018 de 16 de febrero, ejerció contradicción al Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre.


III.2 Denuncia defecto absoluto por vulneración al debido proceso y al principio de presunción de inocencia con base a la negativa del ejercicio de control de logicidad sobre la valoración de la prueba de parte del Tribunal de apelación, señalando que en Sentencia no se valoró prueba judicializada que demuestra que los acusadores a momento de la compra tenía conocimiento del proceso de anulabilidad de Escrituras Públicas, reiterando las pruebas expuestas en el anterior numeral. Agrega que el Tribunal de apelación únicamente se limitó a afirmar de su imposibilidad de revalorizar prueba, sin considerar que la solicitud en apelación apuntó a ejercer sobre la valoración de la prueba control de logicidad teniendo en cuenta las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología, no resultando lógico una condena sin existir dolo en la conducta. Invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero.


III.2.1 El Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero, fue emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso seguido por el delito de Violación a Niño, Niña o Adolescente, en relación a un recurso de casación en el que el Tribunal de origen, declaró al imputado autor, condenándolo a sufrir pena de presidio de veinte años sin derecho a indulto, ante el recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada al momento de emitir el Auto de Vista impugnado, realizó una mala interpretación de la Sentencia apelada en torno a la valoración de los elementos de prueba producidos en Juicio Oral, desconociendo la comunidad probatoria admitida, puesto que se demostró convencimiento suficiente en el Tribunal de instancia sobre la culpabilidad del imputado, razón por la que lo condenó; empero, el Tribunal de apelación anuló totalmente la Sentencia de primera instancia, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal, en lo pertinente a la presente problemática se tiene como doctrina legal:


“…el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber, dentro de un juicio de legalidad, de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y contenga una debida fundamentación; además, que las conclusiones contenidas en la sentencia no sean contradictorias o conducentes a un absurdo lógico en desmedro de la parte imputada, no correspondiendo la anulación de la sentencia, por ende la reposición del juicio, cuando aquella contiene la debida fundamentación fáctica, descriptiva e intelectiva, conforme las exigencias previstas en el art. 173 del CPP, por tanto expresa la razonabilidad y motivación de parte del Tribunal o Juez de Sentencia”.


II.2.2 La labor de control de logicidad reconocida a los Tribunales de apelación es en sí la función de mayor operatividad e importancia dentro la estructura orgánica de la jurisdicción ordinaria, pues son los jueces de apelación aquellos que marcarán la pauta y ejercerán el control en las manifestaciones que sobre la Ley se produzca en juzgados y tribunales y controlaran la intensidad de aplicación de los derechos y garantías constitucionales aplicadas en materia penal y principalmente. Por estas razones su labor, no se restringe a la llana función de verificación de cumplimiento de requisitos de validez, sino en reportar que el trabajo de juzgados y tribunales tanto ha sido adecuado en norma como representa la más correcta de las decisiones.


La labor de control de logicidad, estima la verificación de los razonamientos hechos en Sentencia, si las conclusiones de los de grado no revisten cuestiones ilógicas o bien conduzcan al absurdo. Labor que de ninguna manera incumbe dar valor a las pruebas, pues en apelación no se exigen conclusiones, sino aplicación del saber y el derecho. En casos como los que ocupa este apartado, al Tribunal de Sentencia por antonomasia le corresponderá evaluar la credibilidad de todas las atestaciones y medios de prueba producidas en juicio oral; mientras que al Tribunal de apelación le compete el control de esa valoración en lo que toca a su racionalidad en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia; analizando situaciones tales como el respeto al canon de legalidad constitucional exigible para la obtención de los medios probatorios; la consistencia para provocar superar la presunción de inocencia; y, el deber de motivación, vale decir si el elenco probatorio se halla dotado de los razonamientos para justificar la decisión final asumida.


La labor de logicidad, de hecho por una cuestión de lógica procesal, mal podría ser ejercida de manera oficiosa, ello generaría la lesión del principio de igualdad de las partes ante el juez, y peor aún, constituiría un desgaste de la figura de tercero imparcial; sin embargo, esa labor debe ser entendida desde los márgenes propuestos en los recursos. Bien es cierto que la práctica procesal reporta una serie de deficiencias en el señalamiento de los elementos jurídicos que a fines recursivos, son necesarios para el análisis de la autoridad de alzada, pero es también cierto que, el llamado control de logicidad, es la herramienta para la valoración del proceso de inferencia entre las pruebas introducidas y las conclusiones obtenidas por la autoridad de mérito. De tal cuenta, bastará a fines de procesales, el señalamiento de una hipótesis fáctica de parte de quien recurre, para que en correspondencia sea la autoridad de alzada quien considere (dado su conocimiento letrado) si las reglas de la sana crítica en el orden de los art. 173 y 359 del CPP, han sido cumplidas o no.


Como se concluyó en el anterior apartado, la fundamentación en el Auto de Vista 010/2018 de 16 de febrero, fue precaria, de ello también se desmonta el hecho que el control de logicidad sobre la Sentencia a partir de las cuestiones planteadas en apelación restringida, no fue realizado, ingresando de tal manera en contradicción con el Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero, que tal se anotó ordena la actuación de los Tribunales de apelación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por, María Elizabeth Portugal Ibáñez, de fs. 1456 a 1464; a cuya consecuencia, se DEJA SIN EFECTO Auto de Vista 10/2018 de 16 de febrero, de fs. 1442 a 1445 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que esta misma instancia, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de vista en conformidad a los razonamientos doctrinarios establecidos en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción, para el cumplimiento al deber contenido en el último párrafo de esa norma, bajo apercibimiento.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura, a los efectos administrativos y disciplinarios que correspondan.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela