TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 195/2019-RRC

Sucre, 29 de marzo de 2019


Expediente                        : Santa Cruz 109/2018

Parte acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte imputada                : Alejandro Martín Guillen Castro

Delito                        : Violación de Niño, Niña o Adolescente

Magistrado Relator        : Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de junio del 2018, cursante de fs. 381 a 390, Alejandro Martín Guillen Castro, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 78 de 4 de diciembre del 2017, de fs. 360 a 363 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, María del Carmen Céspedes Roca y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis con las agravantes previstas en los incs. 3) y 4) del art. 310 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 34 de 2 de agosto del 2017 (fs. 329 a 335 vta.), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Alejandro Martín Guillen Castro, autor y culpable de la comisión del delito de Violación con Agravante, previsto y sancionado por el art. 308 con relación a los incs. 3) y 4) del art. 310 del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio sin derecho a indulto, con costas y doscientos días multa a razón de Bs. 1.- por día, estando habilitado el procedimiento para la reclamación de daños y perjuicios.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Alejandro Martín Guillen Castro, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 344 a 351), resuelto por Auto de Vista 78 de 4 de diciembre del 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 721/2018-RA de 17 de agosto, se admitieron los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Falta de resolución del agravio fundado en la errónea aplicación de la norma sustantiva, respecto a la pena impuesta; toda vez que: a) El quantum de la pena, hubiera sido fijado tomando en cuenta las agravantes previstas por los incs. 3) y 4) del art. 310 del CP, cuando la acusación pública, no hubiese sido sustentada en las mismas, b) El Tribunal de origen aplicó retroactivamente la Ley 348 de 9 de marzo del 2013, al hecho acusado que sería del 16 de diciembre del 2012; sin considerar que la misma no le favorecía. Al respecto, pese a la explicación que habría realizado en su recurso de alzada, el Tribunal de apelación a fin de no resolver la circunstancia planteada, argumentaría que el apelante no fue claro ni preciso.


  1. A tiempo de resolver la denuncia sustentada en que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, el Tribunal alzada reconoció que el hecho no fue demostrado; empero, debía aplicarse la verdad material, y que no sería necesaria la determinación del tiempo y lugar de la comisión del ilícito y que el defecto planteado debió ser reclamado ante el Juez cautelar. Argumento que le denota un desconocimiento del principio de favorabilidad y retroactividad de la ley, además de ser incongruente con los antecedentes del proceso, al manifestar que: i) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, acusó; cuando la misma no existía; y, ii) El Tribunal de Sentencia aplicó el iura novit curia; siendo un principio que a decir del recurrente no puede ser utilizado para agravar los derechos del imputado, aspectos contrarios a los arts. 29 núm. 6 y 12 de la LOJ y 419 del CPP; finalmente manifiesta que “…Consecuentemente, de la valoración de las pruebas de cargo examinadas, se infiere que la acusación del acusado en la comisión del delito de violación…” (sic); valoración y examinación de la prueba que estaría prohibida a los Tribunales de Sentencia. Defecto del Auto de Vista que viola el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), al dejarlo en incertidumbre sobre la resolución del defecto denunciado, “al tenor del artículo 370-1) del C.P.P., vinculante al Art. 169-3) de la misma norma adjetiva…” (sic), no explicando el Auto de Vista, porque sería correcto que la Sentencia se haya fundado en una ley posterior al hecho acusado. Agrega que el Tribunal de alzada tampoco explicó por qué razón la Sentencia sería correcta si la misma no es congruente con la acusación; refiere que al no existir informe psicológico pericial, y que al no haber asistido la víctima y denunciante a prestar su declaración, peor aún que el investigador en pleno juicio manifestó que no investigó nada, existiría duda razonable, por lo que denuncia que el Tribunal de apelación, no hizo una correcta aplicación del art. 124 del CPP, al contener una fundamentación insuficiente, restringiendo sus derechos al igual que el Tribunal de mérito, y al no observar ni resolver la denuncia fundada en falta de valoración de cada elemento de prueba.

  1. En cuanto a la denuncia que la Sentencia se basó en errónea apreciación de la prueba, también sería genérica y que no guardaría relación con los antecedentes del proceso; toda vez, que en el segundo y tercer considerando del Auto de Vista impugnado, de manera genérica habría referido que la Sentencia se basó en hechos ciertos, lo cual sería falso, ya que los testigos habrían referido lo que describió en antecedentes de su recurso. Asimismo, el Tribunal de alzada afirmaría que la valoración de la prueba, fue realizada tomando en cuenta las exigencias de los arts. 171 y 173 del CPP, aspecto que considera falaz, por cuanto la única prueba base para condenarlo, referida tanto en el fallo de mérito como de alzada, sería el informe psicológico preliminar, en el que el propio psicólogo determinó la falsedad del testimonio de ambas menores de edad; no siendo evidente que exista informe pericial como afirmó el Tribunal de apelación y menos la aplicación del art. 171 del CPP. De la misma manera refiere el recurrente que no se habría aplicado el art. 173 del CPP, pues en el juicio no se demostró dónde y cuándo sucedió el ilícito acusado, siendo falso lo argumentado por el Tribunal de apelación en sentido de que sí se hubiera aplicado la referida norma adjetiva penal.


  1. Finalmente refiere que ante su denuncia concerniente a que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP con relación al art. 169 inc. 3) de la referida norma procesal penal; puesto que el Tribunal de mérito no efectuó una fundamentación suficiente; el Tribunal de alzada no se pronunció, limitándose a hacer referencia a los fundamentos vertidos por el inferior, en cuyo efecto afirma, que tiene derecho a solicitar la revisión del fallo dictado, por imperio de los arts. 24, 115.II, 116, 119.II y 120.I de la CPE, vinculados por los arts. 8.2 inc. h) de la Ley 1430 de 11 de febrero del 1993 y 4.5 de la Ley 2119 de 11 de septiembre del 2000.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se disponga la emisión de una nueva Resolución acorde a la jurisprudencia establecida a efectos de la reposición del juicio oral.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 721/2018-RA de 17 de agosto, cursante de fs. 402 a 404 vta., este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió el recurso de casación formulado por el imputado Alejandro Martín Guillen Castro, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.

Por Sentencia 34 de 2 de agosto del 2017, el Tribunal Sexto de Sentencia de la capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Alejandro Martín Guillen Castro, autor y culpable de la comisión del delito de Violación con Agravante, previsto y sancionado por el art. 308 con relación a los incs. 3) y 4) del art. 310 del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio sin derecho a indulto, con costas y doscientos días multa a razón de Bs. 1.- por día, estando habilitado el procedimiento para la reclamación de daños y perjuicios, al haberse acreditado que las menores de 13 y 11 años de edad, fueron víctimas de Violación por parte del imputado Alejandro Guillen Castro, que sería el cuñado, hechos ocurridos en diferentes circunstancias, de acuerdo a los siguientes aspectos:


  1. De las pruebas de cargo testifical, consistentes en la declaración del asignado al caso Segundino Rodríguez Chiri, la Médico Forense Verónica Justiniano Gally, perito dependiente del IDIF, declaración que fue corroborada por la pericia presentada por el Ministerio Público signada como P.P.1, que fue introducida y judicializada en juicio oral, evidencian que ambas menores habían sido objeto del delito de Violación, tomando en cuenta su corta edad de 13 y 11 años respectivamente, situación que las ponía en estado de vulnerabilidad, además de haber admitido la menor AA durante su revisión médica ser corteja del denunciado, llegando a tener relaciones sexuales con el mismo desde septiembre de 2012.


  1. De la declaración de Boris Urdininea Vaca Psicólogo y perito dependiente de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, corrobora la vivencia de cada una de las menores como víctimas del delito de Violación, no sólo por lo plasmado en la entrevista preliminar donde cada una contó su vivencia, observando además que la forma de actuar del imputado no era utilizando la fuerza, sino más bien se encargaba de seducir y enamorar a sus víctimas tal como lo refirió BB, que el acusado además de darle dinero siempre le decía que la quería, pero que ella no lo quería porque parecía su abuelo; y, por su parte AA afirmó haber tenido relaciones sexuales con el imputado por que él era su cortejo, hecho que permite ver el dolo con el que actuó el imputado.


  1. De las pruebas documentales signadas como prueba 1 formulario de denuncia, prueba 4 informe de acción directa, prueba 5 declaración informativa en calidad de denunciante de María del Carmen Céspedes Roca se evidencia la forma de actuar del imputado, quien estaría acostumbrado a enamorar a menores de 14 años para tener relaciones sexuales, que ésta no sería la primera vez que violara a una menor, ya que su actual concubina que es la hermana de las víctimas también habría sido violada por el imputado a los 14 años, llevándosela a vivir con él, teniendo actualmente dos hijos.


  1. La defensa presentó pruebas documentales relacionadas con los antecedentes penales, policiales o judiciales del imputado, que si bien evidencian que sería su primer delito, no desvirtúan los hechos ni su participación.


En el acápite destinado a los Fundamentos de Derecho, afirma que el accionar del imputado se subsume al delito previsto por el art. 308 Bis con la agravante establecida en los núm. 3) y 4) del art. 310 del CP, por cuanto, observa que el actuar del imputado fue mediante engaño y artificio ejercido sobre la menor AA a quien previamente enamoró y sedujo para obtener su consentimiento (viciado) al momento de mantener relaciones sexuales con ella. En cambio con la menor BB, el imputado le provocó un cargo de culpa y al mismo tiempo del perdón al autor del delito, adecuándose al abuso como alegó el psicólogo que realizó la entrevista psicológica de las menores, habiéndose aprovechado en ambos casos del estado de vulnerabilidad en el que ellas se encontraban.


Añade que el delito se agrava ya que en el presente caso el imputado es marido de la hermana (cuñado de las víctimas), quienes por la propia declaración del imputado, se tiene conocimiento que habrían estado bajo su custodia y dependencia durante un tiempo, en el que se hubiese llegado a violar a ambas víctimas.


II.2.        Del recurso de apelación restringida del imputado.


       Notificado con la Sentencia, Alejandro Martín Guillen Castro, formuló recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


       Previa exposición de antecedentes fácticos y procesales que habían concluido con la emisión de la Sentencia condenatoria a 20 años de presidio sin derecho a indulto, no habiéndose determinado cuando ocurrió el hecho, dónde ocurrió, a qué hora ocurrió, puesto que, no se realizó la inspección a los lugares donde supuestamente ocurrieron los hechos, reclama:


  1. Que la Sentencia vulneró el art. 370 inc. 1) del CPP “por cuanto en esta sentencia hay una errónea aplicación del Código de Procedimiento Penal, por haber sustentado su sentencia en el Art. 365”, “ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY”.


  1. Art. 370 inc. 5) del CPP puesto que a fs.1 vta., de la Sentencia, evidencia en los hechos ilícitos fundamentados en la acusación fiscal, que el 14 de diciembre de 2012 la menor AA había desaparecido y que su persona la había llevado al alojamiento por lo que se acusó de Violación y Estupro, no demostrando el Fiscal dónde pasó el hecho; no obstante, se emitió sentencia condenatoria, estableciendo como hecho probado que AA y BB fueron víctimas de violación, limitándose a señalar que hubiere sido en diferentes circunstancias, cuando el fiscal no demostró cuándo ocurrió el presunto hecho de Violación, no identificó el lugar de los hechos, ni siquiera demostró con documentación la edad correcta de las menores, siendo sentenciado de manera incorrecta por el delito de Violación Agravada, cuando debió de haberse tomado la norma más favorable, en el peor de los casos ya que la denuncia data de diciembre de 2012 y que los hechos ocurrieron presuntamente hace dos años atrás, antes del 2010 debió de haberse aplicado la norma penal anterior a la modificación de la Ley 348, no obstante, fue sentenciado con la aplicación de la Ley actual desconociendo el principio de retroactividad; y, llegando erróneamente a la conclusión de que se debe agravar su situación, puesto que estaría a cargo de sus cuñadas, extremo que no fue demostrado con prueba fehaciente cuando las menores manifestaron que viven con su madre, situación que fue agravada de manera incorrecta cuando la acusación no tenía como fundamento las agravantes establecidas por el Tribunal de sentencia; sin embargo, sin ninguna fundamentación fue sentenciado a 20 años de presidio sin derecho a indulto. Añade, que el Tribunal de mérito dictó sentencia sin fundamentar por qué llegó a la conclusión de que su persona fue el autor del delito, limitándose a manifestar que las menores fueron víctimas de Violación, sin determinar cuándo ocurrió el hecho, transgrediéndose el debido proceso y el principio de actividad procesal defectuosa “(VALORACIÓN DE LA PRUEBA), (PRUEBA TESTIFICAL)”.


  1. Art. 370 inc. 6) del CPP toda vez que el Tribunal generó convicción de que los hechos hubiesen ocurrido; empero, no sabe en qué año pasó el supuesto hecho, ya que el fiscal jamás demostró dónde ocurrió, peor aún la fecha o el año; además, que el testigo de cargo Srgto. Segundo Rodríguez investigador del caso, alegó que la denunciante después de la cautelar desapareció, por lo que no investigó nada, así también alegó que no se determinó cuándo ocurrió el hecho, puesto que la víctima ni la denunciante colaboraron con la investigación, extremo corroborado por el perito psicólogo que señaló que a las menores no se realizó el estudio pericial porque no retornaron, que en el informe pericial se determinó el grado de credibilidad, aspectos que evidencian que el hecho jamás fue demostrado, no pudiéndose sustentar la sentencia en lo que no fue demostrado, contraviniendo a la garantía del debido proceso y el principio de actividad procesal defectuosa; además, del art. 173 del CPP (VALORACIÓN DE LA PRUEBA), (PRUEBA TESTIFICAL).


  1. Art. 370 inc. 8) del CPP puesto que la sentencia asume que el fiscal lo acusó por el delito previsto por el art. 308 bis del CP, por un hecho que supuestamente hubiese ocurrido antes del 2012, entonces no podía haber agravado la tipificación a las agravantes de los incs. 3) y 4) del art. 310 del CP, puesto que no fue reclamado por el Fiscal ni por la Defensoría; y aún lo hubieren solicitado, considera que el Tribunal no podía haber modificado; empero, lo hizo agravando de oficio su condena.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a través del Auto de Vista impugnado, declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos, vinculados a los motivos de casación:


  1. En cuanto al primer defecto, el recurrente se limitó a señalar que se incurrió en errónea aplicación del Código de Procedimiento Penal; sin embargo, no fue claro ni preciso en desarrollar ese defecto, no dice por qué le causa agravio y de qué manera debería de ser aplicado o considerado por el Tribunal de origen, a tiempo de emitir la sentencia.


  1. Respecto a la supuesta falta de fundamentación de la Sentencia, no le resulta evidente, ya que, considera que la Sentencia cumple con lo normado por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP; puesto que, contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, además que contiene una relación del hecho histórico; es decir, que se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre la cual se emitió el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica. Añade, que la Sentencia se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral y que fueron corroborados por las declaraciones testificales y los informes de los peritos que se hicieron presentes ante el Tribunal para ratificar sus informes periciales de la médico forense Dra. Verónica Justiniano Gally, Segundino Rodríguez Chiri, Boris Urdininea Vaca y de las víctimas ante el psicólogo, donde de manera precisa señalaron que su cuñado -el imputado- fue la persona que las abusó sexualmente, asimismo, la médico forense ratificó su informe indicando que ambas menores presentaban himen con desgarro como consecuencia de haber tenido relaciones sexuales con su cuñado, por lo que no se incurre en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que el Tribunal al valorar la prueba de cargo y descargo desarrolló una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, poseían la entidad y cualidad suficiente requerida para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de la libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica , la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia; no basándose la Sentencia simplemente en el informe psicológico como pretende argumentar el recurrente, sino que también se demostró la consumación del delito a través de las pruebas documentales, testificales, el informe médico legal que fueron introducidas a juicio oral por su lectura conforme las exigencias del art. 333 del CPP.


Que si bien es cierto que no se demostró en qué lugar sucedió o consumó el hecho; sin embargo, el acusado en su apelación admite la comisión del delito indicando que ha mantenido relaciones sentimentales con una de las menores, por lo que en este caso más importante para el Derecho es demostrar la comisión del delito, sin importar el lugar donde se consumó y las pruebas de cargo evidencian que el imputado abusó sexualmente de ambas menores de edad, por lo que es viable aplicar el principio de verdad material, puesto que en el caso la finalidad jurídica era demostrar si el imputado cometió o no el delito, sin importar los tecnicismos jurídicos a los que se aferra el recurrente para deslindar responsabilidades penales.


Respecto a que el hecho hubiere ocurrido en fecha anterior a la modificación de la Ley 348 donde se establecía una pena menor; afirma el Tribunal de alzada, que dicho aspecto debió ser reclamado ante el Juez de control jurisdiccional en las etapas preliminares y preparatoria, pues presentada la acusación formal, el Tribunal de mérito sólo se limitó a conocer las pruebas ofrecidas por la Fiscalía que fueron saneadas.


  1. Respecto al defecto de supuesta valoración defectuosa de la prueba, precisa que importa que el Juzgador o Tribunal no habría realizado una correcta aplicación de las reglas de la sana crítica; que en ese antecedente es obligación del impugnante precisar el medio probatorio que considera no fue debidamente valorado, seguidamente debe identificar en la Sentencia la fundamentación probatoria intelectiva, pues en base a ellos el recurrente debe cuestionar la correcta o incorrecta aplicación de las reglas de la lógica, la ciencia, experiencia y poder en definitiva cuestionar el proceso de valoración de la prueba desarrollado por el Tribunal de mérito. Que en el caso evidencia que el apelante invoca el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; en ese entendido, los datos del proceso informan que el recurrente se limitó a citar al testigo Segundo Rodríguez y al perito Psicólogo, sin señalar por qué esas pruebas  testificales le causan agravio y de qué forma se incurre en valoración defectuosa de dichas pruebas. Añade que el Tribunal de sentencia observó correctamente los alcances de los arts. 308 Bis y 310 incs. 3) y 4) del CP a tiempo de dictar la sentencia condenatoria; es decir, que luego del análisis y valoración de las pruebas tanto de cargo como de descargo, documentales, literales, testificales y periciales, llegó a la conclusión de que el imputado es el responsable del delito de Violación Agravada de Niño, Niña o Adolescente, por cuya razón adecuó el accionar del imputado dentro de los alcances del art. 308 bis y 310 incs. 3) y 4) del CP, teniendo en cuenta que era el cuñado de las víctimas. El imputado tenía pleno conocimiento de dichas pruebas testificales y periciales desde la etapa preliminar, pero provocó su propia indefensión al no impugnar ese aspecto ante el Juez de Instrucción, en esos informes psicológicos la menores detallan la forma en que fueron abusadas sexualmente por el acusado, por lo tanto dicha prueba pericial fue obtenida e introducida a juicio conforme a procedimiento.


  1. En cuanto a que se le agravó la pena por un hecho que ocurrió el 2012, tomando en cuenta el Tribunal las agravantes del art. 310 inc. 3) y 4) del CP, cuando dicho extremo jamás fue reclamado por el fiscal ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; el Tribunal de apelación expresó que si bien era cierto que tanto el Ministerio Público como la Defensoría formalizaron acusación en contra del imputado por la comisión del delito previsto por el art. 308 Bis del CP; sin embargo, en aplicación del principio iura novit curia, el Tribunal de juicio, tiene la facultad de aplicar el derecho que corresponda al hecho sometido a juzgamiento, sin modificar los hechos contenidos en la acusación, respetando el principio de congruencia; consecuentemente, de la valoración de las pruebas de cargo, infiere que la actuación del imputado en la comisión del ilícito de Violación agravada fue con conocimiento pleno en forma libre, voluntaria; así también, está demostrada la existencia de una relación y coincidencia en tiempo, lugar, hechos y personas, elementos armonizantes y componentes del mencionado tipo penal, que hacen firme la decisión unánime del Tribunal para condenar al imputado, no incurriendo en el defecto del art. 370 inc. 8) del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE

VULNERACIÓN A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el presente caso, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista impugnado incurrió en: a) Falta de resolución en relación a la denuncia de errónea aplicación de la norma sustantiva y el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP; y, b) Insuficiente fundamentación en relación a su reclamo concerniente al defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; y, que la Sentencia se basó en errónea aplicación de la prueba; en cuyo efecto, corresponde resolver las problemáticas planteadas, previas consideraciones de orden doctrinal, para posteriormente ingresar al análisis de los motivos en concreto.


III.1. La incongruencia omisiva.

De conformidad con el desarrollo jurisprudencial de este Tribunal, se tiene que una autoridad jurisdiccional incurre en el defecto de incongruencia omisiva (citrapetita o ex silentio), cuando no se pronuncia sobre las denuncias planteadas, hecho que incumple lo previsto por el art. 398 del CPP que refiere: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.


Ahora bien, ante la alegación de la concurrencia de un fallo que incurrió en el defecto de incongruencia omisiva, debe exigirse el cumplimiento de ciertos requisitos, temática que fue desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, que en su apartado III.1 estableció que “…debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita”, sentando como doctrina legal aplicable que: “(…) En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva(citrapetita o ex silentio),es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”.  (Las negrillas y el subrayado nos corresponden).


Entendiéndose al respecto, que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente que su función de controlador debe abocarse a responder a todos los puntos denunciados por los recurrentes, no siendo necesaria una respuesta extensa, sino concreta al punto planteado, lo contrario implicaría incurrir en incongruencia omisiva, incumpliendo la exigencia del art. 398 del CPP.


III.2. El debido proceso en su elemento fundamentación de las resoluciones.

Entre los componentes que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a las personas, se encuentra la fundamentación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia ha sido ampliamente desarrollada, así el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Constitucional (SC) 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso 'exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.

También, este Tribunal en forma continua y coherente, ha manifestado que las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales para ser válidas deben estar debidamente fundamentadas, así el Auto Supremo 357/2013-RRC de 27 de diciembre, respecto a esta temática estableció: “La Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación.


Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados”. (Las negrillas nos corresponden).


De donde se establece, que la fundamentación de las Resoluciones implica el deber de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida, ello en apego al principio de congruencia que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; lo que implica, que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus Resoluciones, deben abocarse a responder a todos los puntos denunciados, en concordancia o coherencia a lo solicitado, (principio tantum devolutum quantum apellatum), respuesta que no requiere ser extensa o ampulosa; sino, que debe ser concisa y clara que permita comprender el porqué de la decisión asumida, lo contrario implicaría incurrir en insuficiente fundamentación, que vulneraría el debido proceso e incumpliría las exigencias de lo previsto por el art. 124 del CPP.

III.3. Sobre la carga procesal que tiene la parte apelante ante la denuncia de defectuosa valoración probatoria.

Los Tribunales de justicia penal competentes para conocer del acto de juicio, son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con su producción, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes, encontrándose el Tribunal de apelación impedido de revalorizar la prueba, lo que no implica que no pueda ejercer el control de logicidad respecto a la valoración probatoria realizada por el Tribunal de juicio, ante la denuncia concerniente al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, debiendo controlar que la valoración efectuada por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica; lo que implica, que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar la información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente; únicamente  planteado en esos términos el recurso, le será posible al Tribunal de alzada ejercer el control sobre la valoración de la prueba, que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como demarcación lo argumentado en el recurso.

Al respecto el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 estableció que: “El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.

(…).

Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.

(…).

El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.

Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.

El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.

Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.

Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural”  (las negrillas son propias).

En cuyo efecto, es obligación de quien interpone un recurso con base a la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes de la Sentencia donde constarían los errores lógico-jurídicos, proporcionando además, la solución que pretende en mérito al análisis lógico explícito a fin de que el Tribunal de alzada, pueda verificar y efectuar un análisis respecto a la valoración de la prueba.


III.4. Análisis del caso concreto.


III.4.1. Respecto a la falta de resolución del motivo de errónea aplicación de la normativa sustantiva.


Alega el recurrente, falta de resolución del agravio fundado en la errónea aplicación de la norma sustantiva, respecto a la pena impuesta; toda vez que: a) El quantum de la pena, hubiera sido fijado tomando en cuenta las agravantes previstas por los incs. 3) y 4) del art. 310 del CP, cuando la acusación pública, no hubiese sido sustentada en las mismas, b) El Tribunal de origen aplicó retroactivamente la Ley 348 de 9 de marzo del 2013, al hecho acusado que sería del 16 de diciembre del 2012; es decir, sin considerar que la misma no le favorecía; sin embargo, el Tribunal de apelación a fin de no resolver la circunstancia planteada, argumentó que el apelante no fue claro ni preciso.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, el recurrente formuló recurso de apelación restringida en el que conforme se extrajo en el acápite II.2 de este Auto Supremo, arguyó que la Sentencia vulneró el art. 370 inc. 1) del CPP; “por cuanto en esta sentencia hay una errónea aplicación del Código de Procedimiento Penal, por haber sustentado su sentencia en el Art. 365”, “ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY”; respecto a lo cual el Auto de Vista recurrido aperturó su competencia señalando, que el recurrente se limitó a señalar que incurrió en errónea aplicación del Código de Procedimiento Penal; sin embargo, no era claro ni preciso en desarrollar el defecto, ya que, no decía por qué le causó agravio y de qué manera debería de ser aplicado o considerado por el Tribunal de origen, a tiempo de emitir la sentencia; argumento que evidencia, que el Auto de Vista impugnado sí resolvió el reclamo, que resulta coherente, puesto que, conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.2 de este fallo, el recurrente se limitó a señalar que la Sentencia vulneró el art. 370 inc. 1) del CPP, “errónea aplicación de la Ley”, sin especificar, por qué consideró que la Sentencia incidió en dicho defecto conforme alegó el Tribunal de alzada.


Por lo expuesto, se tiene que el Auto de Vista recurrido respecto al defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, emitió pronunciamiento conforme se anotó y se tiene de lo resumido en el acápite II.3 de esta Resolución, exponiendo de forma expresa y clara las razones por las que desestimó el defecto; en consecuencia, no se advierte vulneración a los derechos al debido proceso, presunción de inocencia, defensa, a ser oído y a la favorabilidad como asevera la parte recurrente; toda vez, que el Auto de Vista recurrido resolvió el punto extrañado ajustando su actividad jurisdiccional a lo previsto por el art. 398 del CPP, puesto que, en el agravio concerniente a que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, se advierte que el recurrente no cuestionó el quantum de la pena ni que el Tribunal de origen hubiere aplicado retroactivamente la Ley 348, lo que evidencia que el Tribunal de alzada no incurrió en falta de resolución o incongruencia omisiva, criterio que fue explicado en el acápite III.1 de este fallo, situación por el que, el presente punto del motivo deviene en infundado.


Ahora bien, del recurso de apelación restringida que fue extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, se tiene que en el agravio concerniente a que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, el recurrente alegó que fue sentenciado de manera incorrecta por el delito de Violación Agravada, cuando la denuncia data de diciembre de 2012, puesto que, los hechos ocurrieron presuntamente antes del 2010, por lo que considera, que debió de haberse aplicado la norma penal anterior a la modificación de la Ley 348; no obstante, fue sentenciado con la aplicación de la Ley “actual” desconociendo el principio de retroactividad, agravándose su situación, por cuanto, estaría a cargo de sus cuñadas, extremo que no fue demostrado; además, que la acusación no tenía como fundamento las agravantes establecidas por el Tribunal de sentencia; respecto a lo cual el Auto de Vista recurrido conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.3 de este Auto Supremo señaló que dicho aspecto debió ser reclamado ante el Juez de control jurisdiccional en las etapas preliminares y preparatoria, ya que, presentada la acusación formal, el Tribunal se limitó a conocer las pruebas ofrecidas por la fiscalía, que fueron remitidas al Tribunal saneadas; añadiendo a tiempo de resolver el agravio concerniente al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, que el Tribunal de sentencia había observado correctamente los alcances de los arts. 308 Bis y 310 inc. 3) y 4) del CP; es decir, que luego del análisis y valoración de las pruebas de cargo como de descargo, documentales, literales, testificales y periciales llegó a la conclusión precisa de que el imputado era el responsable del delito, por cuya razón adecuó el accionar del imputado dentro de los alcances del art. 308 bis y 310 incs. 3) y 4) del CP, teniendo en cuenta que era el cuñado de las víctimas.


Añadiendo el Tribunal de alzada, respecto a que se hubiere agravado la pena por un hecho que habría ocurrido el 2012 y que el Tribunal tomó en cuenta las agravantes del art. 310 inc. 3) y 4) del CP, que no fueron reclamados por el fiscal ni la Defensoría; que si bien era cierto, ya que, el Ministerio Público como la Defensoría sólo habían acusado por la comisión del delito previsto por el art. 308 Bis del CP; sin embargo, en aplicación del principio iura novit curia, el Tribunal de juicio, de la valoración de las pruebas de cargo, infirió que la actuación del imputado se adecuó a la comisión del ilícito de Violación Agravada.


De esa relación de antecedentes se evidencia que el Tribunal de alzada no incurrió en falta de resolución de los puntos que extraña el recurrente; puesto que, de un análisis que efectuó de la Sentencia emitió pronunciamiento conforme se tiene de lo ya expuesto y resumido en el acápite II.3 de esta Resolución, exponiendo de forma expresa y clara las razones por las que desestimó el defecto; en consecuencia, no se advierte vulneración a los derechos al debido proceso, presunción de inocencia, defensa, a ser oído y a la favorabilidad como afirma el recurrente; toda vez, que el Auto de Vista recurrido resolvió los reclamos ajustando su actividad jurisdiccional a lo previsto por el art. 398 del CPP, sin incurrir en incongruencia omisiva, criterio que fue explicado en el acápite III.1 de este fallo, siendo el presente punto también infundado.


III.4.2. En cuanto a la denuncia de fundamentación insuficiente y contradictoria.


El recurrente alega, que a tiempo de resolver su denuncia sustentada en que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, el Tribunal alzada reconoció que el hecho no fue demostrado, pero que debía aplicarse la verdad material, y que no sería necesaria la determinación del tiempo y lugar de la comisión del ilícito y que el defecto planteado debió ser reclamado ante el Juez cautelar. Argumento que denotaría un desconocimiento del principio de favorabilidad y retroactividad de la ley, además de ser incongruente con los antecedentes del proceso, al manifestar que: i) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, acusó cuando la misma no existía, ii) El Tribunal de Sentencia aplicó el iura novit curia; siendo un principio que a decir del recurrente no puede ser utilizado para agravar los derechos del imputado. Defecto del Auto de Vista que viola el art. 122 de la CPE, al dejarlo en incertidumbre sobre la resolución del defecto denunciado, “al tenor del artículo 370-1) del C.P.P., vinculante al Art. 169-3) de la misma norma adjetiva…” (sic), no explicando el Auto de Vista, porque sería correcto que la Sentencia se haya fundado en una ley posterior al hecho acusado. Agrega, que el Tribunal de alzada tampoco explicó por qué razón la Sentencia sería correcta si no es congruente con la acusación; refiere, que al no existir informe psicológico pericial, y que al no haber asistido la víctima y denunciante a prestar su declaración, peor aún que el investigador en pleno juicio manifestó que no investigó nada, existiría duda razonable; no obstante, el Tribunal de apelación, no hizo una correcta aplicación del art. 124 del CPP, al contener una fundamentación insuficiente al no observar ni resolver la denuncia fundada en falta de valoración de cada elemento de prueba.


Al respecto, se tiene que el recurrente cuestiona diferentes temáticas; en cuyo efecto, a los fines de una mejor comprensión serán analizadas de manera separada:


Respecto a la denuncia de que a tiempo de resolver el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, el Tribunal alzada reconoció que el hecho no fue demostrado, pero que debía aplicarse la verdad material, no siendo necesaria la determinación del tiempo y lugar de la comisión del ilícito y que el defecto planteado debió ser reclamado ante el Juez cautelar; argumento, que denotaría un desconocimiento del principio de favorabilidad y retroactividad de la ley, además de ser incongruente con los antecedentes del proceso, al manifestar que: i) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, acusó cuando la misma no existía, ii) El Tribunal de Sentencia aplicó el iura novit curia; siendo un principio que no puede ser utilizado para agravar los derechos del imputado.


Ingresando al análisis del presente punto del motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, el recurrente formuló recurso de apelación restringida en el que cuestionó que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP puesto que establecía los hechos ilícitos fundamentados en la acusación fiscal que el 14 de diciembre de 2012, la menor AA había desaparecido y que su persona la había llevado al alojamiento por lo que fue acusado de Violación y Estupro, no demostrando el Fiscal el lugar, dónde o cuándo ocurrió el hecho; no obstante, se emitió sentencia condenatoria, de manera incorrecta por el delito de Violación Agravada, cuando debió haber tomado la norma más favorable, ya que la denuncia data de diciembre de 2012 y que los hechos ocurrieron presuntamente antes del 2010, por lo que considera que debió de haberse aplicado la norma penal anterior a la modificación de la Ley 348, no obstante, fue sentenciado con la aplicación de la Ley “actual” desconociendo el principio de retroactividad; y, erróneamente se agravó su situación, puesto que, su persona estaría a cargo de sus cuñadas, extremo que no fue demostrado.


Al respecto, el Auto de Vista recurrido, abrió su competencia y desestimó el reclamo señalando que la Sentencia cumplió con lo normado por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP; ya que, contenía los motivos de hecho y de derecho en que basaba sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, conteniendo el fallo una relación del hecho histórico; es decir, que se fijó de manera clara y precisa la especie que se estima acreditada y sobre el cual se emitió el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica. Además, que se sustentó en hechos existentes y debidamente acreditados que habían sido corroborados por las declaraciones testificales y los informes de los peritos que se hicieron presentes ante el Tribunal de sentencia para ratificar sus informes periciales del médico forense Dra. Verónica Justiniano Gally, Segundino Rodríguez Chiri, Boris Urdininea Vaca y de las víctimas ante el psicólogo, donde de manera precisa señalaron que su cuñado el imputado, fue la persona que las abusó sexualmente, desarrollando el Tribunal de mérito al valorar las pruebas una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, añadiendo, que si bien era cierto, que no se había demostrado en qué lugar sucedió o consumó el hecho; sin embargo, explicó que para el Derecho era demostrar la comisión del delito, sin importar el lugar donde se consumó el mismo, y las pruebas de cargo habían probado que el imputado abusó sexualmente de las menores de edad, por lo que, le era viable aplicar el principio de verdad material, puesto que, en el caso la finalidad jurídica era demostrar si el imputado cometió o no el delito. Respecto a que el hecho ocurrió en fecha anterior a la modificación de la Ley 348 donde se establecía una pena menor; el Tribunal de apelación señaló, que dicho aspecto debió ser reclamado ante el Juez de control jurisdiccional en las etapas preliminares y preparatoria, ya que, presentada la acusación formal, el Tribunal sólo se limitó a conocer las pruebas ofrecidas por la Fiscalía que fueron remitidas saneadas.


Continuando con los fundamentos del Auto de Vista recurrido, a tiempo de resolver el agravio concerniente a que la Sentencia incurrió en el defecto de al art. 370 inc. 8) del CPP, respecto a que se habría agravado la pena por un hecho que habría ocurrido el 2012 y que el Tribunal tomó en cuenta las agravantes del art. 310 incs. 3) y 4) del CP, que no fueron reclamados por el fiscal ni la Defensoría; señaló que era cierto que el Ministerio Público como la Defensoría habían formalizado acusación en contra del imputado por la comisión del delito previsto por el art. 308 Bis del CP; sin embargo, en aplicación del principio iura novit curia, el Tribunal de origen, tiene la facultad de aplicar el derecho que corresponda al hecho sometido a juzgamiento, sin modificar los hechos contenidos en la acusación, respetando el principio de congruencia, por lo que, de la valoración de las pruebas de cargo, infiere que la actuación del imputado en la comisión del ilícito de Violación Agravada fue con conocimiento pleno, encontrando demostrada la existencia de una relación y coincidencia en tiempo, lugar, hechos y personas.


De esa relación necesaria de antecedentes, se evidencia que el Auto de Vista recurrido respecto a este punto del motivo no incurrió en desconocimiento del principio de favorabilidad, ni en fundamentación incongruente como afirma el recurrente; sino que por el contrario, la conclusión asumida por el Tribunal de alzada corresponde a los datos del proceso, ya que de la acusación formal (fs. 138 a 141), se observa que el ministerio público acusó al imputado por la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente previsto por el art. 308 Bis del CP, a la que se adhirió la Defensoría de la Niñez y Adolescencia conforme se observa del memorial de fs. 162, aspecto que fue plasmado en la fundamentación de la Sentencia, bajo el título hechos ilícitos fundamentados en la acusación, donde tiene que el Ministerio Público acusó al imputado por la comisión de los ilícitos de Violación y Estupro; y, bajo el título fundamentación de derecho de la acusación por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, señala que se adhirió a la acusación del Ministerio Público; lo que denota que la Defensoría se unió a la acusación presentada por el representante del Ministerio Público, ratificándose en el tipo penal previsto por el art. 308 Bis del CP; aspecto que fue considerado por el Tribunal de alzada, por lo que, concluyó que el Ministerio Público y la Defensoría habían acusado por del delito de Violación Niño, Niña o Adolescente, lo que de ninguna manera resulta incongruente a los datos del proceso; sino que por el contrario fue basada en ellos, en consecuencia, no se advierte vulneración de los derechos al debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa, a ser oído y a la favorabilidad, por lo que, este punto del reclamo deviene en infundado.


En cuanto, a la denuncia de que el Tribunal de alzada alegó que el Tribunal de sentencia aplicó el principio iura novit curia, que a decir del recurrente no puede ser utilizado para agravar sus derechos; de la revisión del Auto de Vista impugnado ciertamente ante el reclamo concerniente a la aplicación de las agravantes prevista en el art. 310 incs. 3) y 4) del CPP, señaló que en aplicación del principio iura novit curia, el Tribunal de juicio, tiene la facultad de aplicar el derecho que corresponda al hecho sometido a juzgamiento, sin modificar los hechos contenidos en la acusación, respetando el principio de congruencia, en cuyo efecto, concluyó que de la valoración de las pruebas de cargo, la actuación del imputado se adecuó en la comisión del ilícito de Violación Agravada, argumento que de ninguna manera agrava los derechos del imputado; puesto que, conforme lo desarrollado en el Auto Supremo 239/2012-RRC de 3 de octubre, que sentó que: “Los jueces y tribunales deben considerar que el papel de la acusación en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación.” (El resaltado nos corresponde); lo que implica, que la facultad de modificar la calificación jurídica otorgada al Juzgador, conocida como principio iura novit curia, de ninguna manera significa infracción al principio de congruencia, por cuanto, el primero únicamente tiene como límite el hecho acusado y el segundo a partir de la comprobación del hecho acusado y la convicción adquirida de la existencia del hecho, la participación del imputado y su culpabilidad, permite al Tribunal de mérito subsumir la conducta del imputado del tipo penal correcto, con la debida observancia de que la Sentencia deberá ser emitida sobre la base fáctica acusada y comprobada y que la nueva tipificación tenga el mismo bien jurídico protegido que el delito acusado; aspecto que fue corroborado por el Tribunal de alzada, puesto que concluyó que de la valoración de las pruebas, el Tribunal de mérito de manera unánime estableció que la actuación del imputado se adecuó en la comisión del ilícito de Violación Agravada, ello en relación a los hechos contenidos en la acusación, lo que evidencia que la Resolución recurrida no vulneró los derechos al debido proceso, presunción de inocencia, defensa, a ser oído y favorabilidad, como asevera la parte recurrente; toda vez, que resolvió el reclamo en observancia a lo previsto por el art. 124 del CPP, no incurriendo en fundamentación incongruente, sino por el contrario cumplió con los parámetros de una debida fundamentación, criterio que fue explicado en el acápite III.2 de este Auto Supremo, situación por la que el presente punto del motivo deviene en infundado.


Con relación a que el Auto de Vista violó el art. 122 de la CPE, al dejarlo en incertidumbre sobre la resolución del defecto denunciado, “al tenor del artículo 370-1) del C.P.P., vinculante al Art. 169-3) de la misma norma adjetiva…” (sic).


Al respecto, conforme ya se explicó a tiempo de resolver el primer motivo del recurso, expuesto en el acápite III.4.1 de este fallo, en el que se detalló, que ante la denuncia concerniente a la “errónea aplicación de la norma sustantiva”; el Auto de Vista impugnado advirtió que la fundamentación del apelante no resultaba clara ni precisa, ya que, no había señalado por qué le causaba agravio y de qué manera debía de ser aplicado por el Tribunal de mérito; fundamento, que evidencia que la Resolución recurrida resolvió el agravio y resulta coherente, puesto que, del memorial de apelación restringida que fue extractado en el acápite II.2 de este fallo, el recurrente se limitó a señalar que la Sentencia vulneró el art. 370 inc. 1) del CPP, errónea aplicación de la Ley, sin especificar por qué consideró que la Sentencia incidió en el defecto conforme concluyó el Tribunal de alzada, lo que evidencia que emitió pronunciamiento conforme se anotó y se tiene de lo resumido en el acápite II.3 de esta Resolución, exponiendo de forma expresa y clara las razones por las que desestimó el defecto; en consecuencia, no se advierte vulneración a los derechos al debido proceso, presunción de inocencia y defensa como asevera la parte recurrente; toda vez, que el Auto de Vista recurrido resolvió el reclamo ajustando su actividad jurisdiccional a lo previsto por el art. 398 del CPP, por el que, el presente punto del motivo deviene en infundado.


Respecto a la denuncia de violación al art. 122 de la CPE, que prevé “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”; el recurrente no refiere de qué manera el Tribunal de alzada hubiere vulnerado la misma; además, se advierte que la norma citada, de su contenido no tiene coherencia alguna con los reclamos alegados, por lo que el punto en cuestión no tiene mérito, deviniendo en infundado.


En cuanto, a la denuncia de que el Auto de Vista no explicó porque sería correcto que la Sentencia se haya fundado en una ley posterior al hecho acusado; corresponde señalar, que el Tribunal de apelación señaló que dicho aspecto debió reclamarlo ante el Juez de control jurisdiccional en las etapas preliminar y preparatoria; añadiendo a tiempo de resolver el agravio concerniente al defecto del art. 370 inc. 8) del CPP, que el Tribunal de origen, observó correctamente los alcances del art. 308 Bis y 310 incs. 3) y 4) del CP; de lo que se asume, que el Tribunal de mérito no se fundó en una ley posterior como la Ley 348 como sostiene el recurrente; puesto que, conforme se tiene de la Sentencia en su acápite XI titulado Fundamentos de derecho, subsumió la conducta del imputado a lo previsto por el art. 308 Bis del CP que refiere que la sanción será de 15 a 20 años, sin derecho a indulto; y, las agravantes contenidas en el art. 310 del CP, comprendidas en los numerales 1) hasta la 7), que prevé que la pena será agravada con cinco años más. En el presente impuso, los numerales: “3) Si el autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad”; y, “4) Si el autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o si ésta se encontrara en situación de dependencia o autoridad”. Ahora bien, con la modificación de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, el art. 308 Bis (Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente) sanciona el delito con la privación de libertad de 20 a 25 años, señalando expresamente que: “En caso que se evidenciare alguna de las agravantes dispuestas en el Art. 310 del Código Penal, la pena alcanzará treinta (30) años, la pena será sin derecho a indulto”; y, las agravantes previstas en el art. 310 del CP, refiere que la pena será agravada con cinco años, en los casos que se encuentran previstos en los incisos a) hasta la k); de donde se observa que no se vulneró el principio de irretroactividad de la Ley; puesto que, el imputado fue procesado y sentenciado con las normas vigentes al momento de la comisión del hecho delictivo; es decir, sin las modificaciones incorporadas por la Ley 348, lo que fue advertido por el Tribunal de alzada cuando expresó que el Tribunal de juicio, observó correctamente los alcances del art. 308 Bis y 310 inc. 3) y 4) del CP, que evidencia, que no se vulneró los derechos al debido proceso, presunción de inocencia, defensa, a ser oído y a la favorabilidad como asevera la parte recurrente; sino, por el contrario se advierte que el Auto de Vista recurrido ajustó su actividad jurisdiccional a lo previsto por los arts. 398 y 124 del CPP, resultando infundado el motivo sujeto a análisis.


Respecto a que el Tribunal de alzada no explicó por qué razón la Sentencia sería correcta si no es congruente con la acusación; se tiene que la denuncia no resulta evidente; puesto que, conforme lo extractado en el acápite II.3 de esta Resolución, el Tribunal de alzada a tiempo de desestimar el reclamo concerniente a que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 8) del CPP, de manera puntual señaló, que si bien era cierto que el Ministerio Público como la Defensoría acusaron por la comisión del ilícito previsto por el art. 308 Bis del CP; sin embargo, explicó que en aplicación del principio iura novit curia, de la valoración de las pruebas de cargo el Tribunal de mérito infirió que la actuación del imputado se había adecuado a la comisión del ilícito de Violación Agravada; facultad que conforme se señaló párrafos arriba, de ninguna manera significa infracción al principio de congruencia, por cuanto la Sentencia fue emitida sobre la base fáctica acusada y comprobada; aspecto que fue corroborado por el Tribunal de alzada, que concluyó que de la valoración de las pruebas, el Tribunal de mérito de manera unánime estableció que la actuación del imputado se adecuó en la comisión del ilícito de Violación Agravada; conclusión que no vulnera los derechos al debido proceso, presunción de inocencia, defensa, a ser oído y  la favorabilidad como asevera el recurrente; puesto que, explicó de manera suficiente y coherente, porqué desestimó el reclamo, situación por la que el presente punto del motivo deviene en infundado.


En cuanto, al reclamo en sentido de que al no existir informe psicológico pericial, y que al no haber asistido la víctima y denunciante a prestar su declaración, peor aún que el investigador en pleno juicio manifestó que no investigó nada, existiría duda razonable; no obstante, el Tribunal de apelación, no hizo una correcta aplicación del art. 124 del CPP, al contener una fundamentación insuficiente, restringiendo sus derechos al igual que el Tribunal de mérito, al no observar ni resolver la denuncia fundada en falta de valoración de cada elemento de prueba.


Ingresando al análisis del presente punto del motivo, se tiene que emitida la Sentencia condenatoria, el recurrente formuló recurso de apelación restringida en el que acusó que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP respecto a lo cual el Auto de Vista recurrido aperturó su competencia alegando que la Sentencia contenía los motivos de hecho y de derecho en que basó sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, además que se sustentaba en hechos existentes y debidamente acreditados en audiencia de juicio oral y que fueron corroborados por las declaraciones testificales y los informes de los peritos que se hicieron presentes ante el Tribunal de sentencia para ratificar sus informes periciales de la médico forense Dra. Verónica Justiniano Gally, Segundino Rodríguez Chiri, Boris Urdininea Vaca y de las víctimas ante el psicólogo, donde de manera precisa señalaron que su cuñado el imputado fue la persona que las abusó sexualmente, asimismo, que la médico forense ratificó su informe indicando que ambas menores presentan himen con desgarro como consecuencia de haber tenido relaciones sexuales con su cuñado, concluyendo que la Sentencia no se basó simplemente en el informe psicológico como argumentaba el recurrente, sino que también se había llegado a demostrar la consumación del delito a través de las pruebas documentales, testificales e informe médico legal que fueron introducidas a juicio oral.


De los argumentos expuestos por el Auto de Vista recurrido, se tiene que no incurrió en falta de resolución ni en insuficiente fundamentación como asevera el recurrente; por cuanto, de una comprensión integral de los argumentos expuestos en el motivo de apelación, que fue extractado en el acápite II.2 de este fallo, desestimó el reclamo concluyendo que la Sentencia contenía el valor otorgado a los medios de prueba, lo que evidencia, que adecuó su acto a lo previsto por el art. 398 del CPP; toda vez, que resolvió el reclamo, cumpliendo con los parámetros de una debida fundamentación, lo que denota que tampoco incurrió en insuficiente fundamentación, puesto que, evidenció que la Sentencia contenía los motivos de hecho y de derecho en que basó sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, además que se sustentaba en hechos existentes y debidamente acreditados en audiencia de juicio oral, aclarando que no se había basado simplemente en el informe psicológico, sino que se había llegado a demostrar la consumación del delito a través de las pruebas documentales, testificales e informe médico legal que fueron introducidas a juicio oral por lo que desestimó el reclamo; conclusión que resulta clara y suficiente, en apego a la pretensión del recurrente, sin vulnerar los derechos del recurrente; toda vez, que el Tribunal de alzada respondió al punto denunciado cumpliendo con los parámetros de una debida fundamentación, deviniendo en infundado el reclamo.


III.4.3. Con relación a la denuncia de fundamentación genérica y falsa de parte del Tribunal de apelación.


El recurrente alega que en cuanto a su denuncia concerniente a que la Sentencia se basó en errónea apreciación de la prueba, el Auto de Vista recurrido de forma genérica y no guardando relación con los antecedentes del proceso, refirió que la Sentencia se basó en hechos ciertos, lo cual sería falso, ya que los testigos habrían referido lo que describió en antecedentes de su recurso. Asimismo, el Tribunal de alzada afirmaría que la valoración de la prueba, fue realizada tomando en cuenta las exigencias de los arts. 171 y 173 del CPP, aspecto que considera falaz, por cuanto la única prueba base para condenarlo, sería el informe psicológico preliminar, en el que el propio psicólogo determinó la falsedad del testimonio de ambas menores de edad; no siendo evidente que exista informe pericial como afirmó el Tribunal de apelación y menos la aplicación del art. 171 del CPP, como tampoco se aplicó el art. 173 del CPP, pues en el juicio no se demostró dónde y cuándo sucedió el ilícito acusado, siendo falso lo argumentado por el Tribunal de apelación.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme los antecedentes procesales, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, el recurrente formuló recurso de apelación restringida en el que cuestionó que el Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; puesto que,  el Tribunal de sentencia estableció que el hecho fue probado sin señalar cuándo y dónde; que el testigo de cargo Srgto. Segundo Rodríguez investigador del caso había alegado que la denunciante después de la cautelar desapareció por lo tanto no investigó nada, que no se determinó cuándo ocurrió el hecho que la víctima ni la denunciante colaboraron con la investigación, extremo corroborado por el perito psicólogo que señaló que a las menores no se realizó el estudio pericial, no pudiéndose sustentar la sentencia en lo que no fue demostrado.


Al respecto, el Auto de Vista recurrido aperturó su competencia y desestimó el reclamo, precisando que cuando se alegaba valoración defectuosa de la prueba, importaba que el Juzgador o Tribunal no habría realizado una correcta aplicación de las reglas de la sana crítica; que en ese antecedente era obligación del impugnante precisar el medio probatorio que considera no fue debidamente valorado, seguidamente debía identificar en la Sentencia la fundamentación probatoria intelectiva y que en base a ello debía cuestionarse la correcta o incorrecta aplicación de las reglas de la lógica, la ciencia, experiencia. Que en el caso evidenció que el recurrente se limitó a citar al testigo Segundo Rodríguez y al perito Psicólogo, sin señalar por qué esas pruebas testificales le causaban agravio y de qué forma se incurriría en valoración defectuosa de dichas pruebas; no obstante, constató que el Tribunal de sentencia observó correctamente los alcances del art. 308 Bis y 310 inc. 3) y 4) del CP; es decir, que luego del análisis y valoración de las pruebas tanto de cargo como de descargo, documentales, literales, testificales y periciales llegó a la conclusión precisa de que el imputado era responsable del delito de Violación Agravada de Niño, Niña o Adolescente, teniendo en cuenta que era el cuñado de las víctimas; aclarando, que el imputado ya tenía pleno conocimiento de dichas pruebas testificales y periciales desde la etapa preliminar, pero provocó su propia indefensión al no impugnar ese aspecto ante el Juez de Instrucción, en esos informes psicológicos la menores detallan la forma en que fueron abusadas sexualmente por el acusado, por lo tanto dicha prueba pericial fue obtenida e introducida a juicio conforme a procedimiento.


De esa relación necesaria de antecedentes, se evidencia que la respuesta del Tribunal de Alzada al emitir el Auto de Vista respecto a este motivo no resulta genérica ni falsa como asevera el recurrente; por cuanto, de una comprensión integral del agravio concerniente al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, explicó primeramente que el apelante no observó que cuando se alega el referido defecto, el recurrente tiene la obligación de precisar el medio probatorio que no fue debidamente valorado e identificar en la Sentencia la fundamentación probatoria intelectiva en la que debe cuestionar la correcta o incorrecta aplicación de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, aspecto que advirtió no había cumplido el recurrente; lo que resulta coherente puesto que de la revisión del contenido del recurso de apelación restringida respecto al motivo sujeto a análisis, que fue extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, el recurrente se limitó a relatar en tercera persona el contenido de las declaraciones testificales de Sgto. Segundo Rodríguez y el perito psicólogo alegando que el hecho jamás se demostró; omitiendo señalar de manera clara y precisa de qué manera el Tribunal de juicio hubiere inobservado las reglas de la sana crítica respecto a esas declaraciones testificales; aspecto que fue correctamente advertido por el Tribunal de alzada, ajustando su acto al entendimiento que fue asumido en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 que fue extractado en el acápite III.3 de este fallo, donde se destacó los criterios respecto a la carga procesal que posee la parte recurrente para la interposición de un recurso de apelación restringida en los casos donde se denuncie defectuosa valoración probatoria.


Sin perjuicio de lo anterior, el Auto de Vista recurrido constató que el Tribunal de sentencia observó correctamente los alcances del art. 308 Bis y 310 inc. 3) y 4) del CP; puesto que, del análisis y valoración de las pruebas tanto de cargo como de descargo, documentales, literales, testificales y periciales llegó a la conclusión precisa de que el imputado era responsable del delito de Violación Agravada de Niño, Niña o Adolescente, teniendo en cuenta que era el cuñado de las víctimas; aclarando, que el imputado ya tenía pleno conocimiento de dichas pruebas testificales y periciales desde la etapa preliminar, pero provocó su propia indefensión al no impugnar ese aspecto ante el Juez de Instrucción, que en esos informes psicológicos las menores detallaron la forma en que fueron abusadas sexualmente por el acusado, por lo tanto dicha prueba pericial fue obtenida e introducida a juicio conforme a procedimiento; argumento que no resulta falsa ni falaz como arguye la parte recurrente porque corresponde a los datos expuestos en la Sentencia, que en su acápite VI denominado debates y pruebas de las partes, punto VI.1.2 prueba pericial, refiere que se presentaron como prueba pericial la declaración o ratificación de dictamen pericial de Verónica Justiniano Gally; y, de Boris Urdininea Vaca, respecto al último en relación al informe psicológico preliminar, aspectos que fueron correctamente observados por el Tribunal de alzada, consecuentemente no se advierte vulneración a los derechos al debido proceso, presunción de inocencia, defensa, a ser oído y favorabilidad como alega el recurrente; toda vez, que el Auto de Vista recurrido resolvió de manera clara el punto concerniente a la defectuosa valoración de la prueba en correlación a los datos del proceso, por lo que el presente punto, deviene en infundado.


III.4.4. Sobre la denuncia de falta de pronunciamiento.


Refiere el recurrente que ante su denuncia concerniente a que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, con relación al art. 169 inc. 3) de la referida norma procesal penal con el argumento de que el Tribunal de mérito no efectuó una fundamentación suficiente; el Tribunal de alzada no se pronunció, limitándose a hacer referencia a los fundamentos vertidos por el inferior.

Al respecto, conforme se precisó en el análisis del acápite III.4.2 de este Auto Supremo, el recurrente en apelación restringida cuestionó que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; respecto al cual, el Auto de Vista recurrido conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.3 de esta Resolución, abrió su competencia y desestimó el reclamo al constatar que la Sentencia cumplió con lo normado por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP; ya que, contenía los motivos de hecho y de derecho en que basaba sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, además, que el fallo contenía una relación del hecho histórico; es decir, que se fijó clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estimó acreditada y sobre la cual se emitió el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica, sustentándose en hechos existentes y debidamente acreditados que habían sido corroborados por las declaraciones testificales y los informe de los peritos que se hicieron presentes ante el Tribunal de sentencia para ratificar sus informes periciales de la médico forense Dra. Verónica Justiniano Gally, Segundino Rodríguez Chiri, Boris Urdininea Vaca y de las víctimas ante el psicólogo, donde de manera precisa señalaron que su cuñado el imputado fue quien las abusó sexualmente, desarrollando el Tribunal de mérito al valorar las pruebas una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, añadiendo que si bien era cierto, que no se había demostrado en qué lugar sucedió o consumó el hecho; sin embargo, para el Derecho era demostrar la comisión del delito, sin importar el lugar donde se consumó el mismo, que las pruebas de cargo probaron claramente que el imputado abusó sexualmente de las menores de edad, por lo que era viable aplicar el principio de verdad material, puesto que en el caso la finalidad jurídica era demostrar si el imputado cometió o no el delito.


De los argumentos expuestos, se evidencia que el Tribunal de alzada resolvió el agravio extrañado por el recurrente en relación a los datos del proceso, lo que de ninguna manera significa que se hubiere limitado a hacer referencia a los fundamentos vertidos por el inferior; sino, que de un análisis de la Sentencia constató que se encontraba fundamentada, al advertir que contenía los motivos de hecho y de derecho en que basaba sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, aspecto por el que desestimó el reclamo; en consecuencia, no se advierte vulneración a los derechos al debido proceso, presunción de inocencia, defensa, a ser oído y a la favorabilidad como asevera la parte recurrente; toda vez, que el Auto de Vista recurrido resolvió el punto extrañado ajustando su actividad jurisdiccional a lo previsto por los arts. 124 y 398 del CPP, lo que evidencia que no incurrió en falta de pronunciamiento o incongruencia omisiva, criterio que fue explicado en el acápite III.1 de este fallo, resultando infundado el motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alejandro Martín Guillen Castro.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela