TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 193/2019-RRC

Sucre, 29 de marzo de 2019


Expediente                        : Chuquisaca 34/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Moisés Flores Maldonado

Delitos                        : Asesinato en grado de Tentativa y otro

Magistrado Relator        : Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de junio de 2018, cursante de fs. 492 a 497, Moisés Flores Maldonado, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 193/2018 de 18 de junio, de fs. 478 a 482, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, José Luis Herrera Barja y Raúl Barja Salazar contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato en grado de Tentativa y Lesiones Leves, previstos y sancionados por los arts. 252 inc. 2), con relación al art. 8 y 271 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 17/2017 de 20 de noviembre (fs. 433 a 441 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia en lo Penal de Padilla del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Moisés Flores Maldonado, autor y culpable de la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 inc. 6) del CP, imponiendo la pena de seis años de reclusión, con costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Moisés Flores Maldonado, formuló recurso de apelación restringida (fs. 445 a 449), que previo memorial de subsanación (fs. 471 a 473), fue resuelto por Auto de Vista 193/2018 de 18 de junio, que declaró improcedente el recurso; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, motivando a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 711/2018-RA de 17 de agosto, se admitió el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Refiere, que en su recurso de apelación restringida denunció errónea aplicación del art. 173 del CPP, debido a que la Sentencia se sustentó en las declaraciones de Beimar Ramírez Paredes, Ariel Barja Padilla, Ever Herrera Barja, Juan Mendoza, Marina Maldonado y Oscar Samuel Ovando Cárdenas, a pesar que ninguno fue concluyente, desconociendo las reglas de la sana crítica, dejando de lado las ideas principales, y limitándose a la sola transcripción literal de dichas declaraciones; además, que no se advierte una labor probatoria correcta por el Tribunal de Sentencia, advirtiendo un vicio in procedendo. En respuesta el Tribunal de alzada exigió que se establezcan cuál de las reglas de la sana crítica fueron vulneradas, cuáles son los razonamientos contrarios a la lógica, experiencia o psicología que fueron inobservados; sin embargo, refiere que ninguna prueba testifical acredita de manera cierta, incontrastable y puntual su participación en los hechos, existiendo una ilógica apreciación de las declaraciones de los testigos de cargo que no fueron reparados por el Auto de Vista impugnado que no se encuentra debidamente fundamentado, al no considerar la doctrina legal aplicable invocada, el análisis subjetivo y la insuficiente fundamentación en la que incurrió el Tribunal de origen, constituyendo defecto absoluto, conforme al art. 169 inc. 3) del CPP, e incurriendo en vulneración de sus derechos al debido proceso y defensa.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita, se admita su recurso y corrido los trámites de Ley, devolver actuaciones al Tribunal de alzada para que emita nueva Resolución.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 711/2018-RA de 17 de agosto, de fs. 505 a 508, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió el recurso de casación formulado por el imputado Moisés Flores Maldonado, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.

Por Sentencia 17/2017 de 20 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Primero en lo Penal de Padilla del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Moisés Flores Maldonado, autor y culpable de la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 inc. 6) del CP, imponiendo la pena de seis años de reclusión, con costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia, bajo las siguientes conclusiones:    


  1. Que el 14 de febrero de 2016 las víctimas José Luís Herrera Barja y Raúl Barja Salazar y sus amigos se encontraban en una fiesta de carnavalito en la comunidad de Lagunillas Zona Lampacillos, en la que se encontraba Moisés Flores Maldonado (imputado), conjuntamente su hermano Ramiro Flores Maldonado, que por la noche José Luis Herrera Barja empezó a agredir al imputado por el hecho de que le hubiere arrojado su chamarra, de donde sale al patio y encuentra discutiendo a Raúl Barja y Ramiro Flores Maldonado con quien pelea y como consecuencia de un puñete Flores cae al suelo y desaparece del escenario, resultando que el acusador particular peleó con el imputado y su hermano y finalmente en el patio Raúl, el imputado, Ever y José  discuten y empiezan a pelear, desde ya el imputado con los tres parientes.


  1. Que si bien el imputado se encontraba en emoción violenta por cuanto estaba agrediendo físicamente y en estado de ebriedad, no era plena ni fortuita, se orientaba en tiempo y espacio, ya que después de los hechos se entró al cuarto, ocultó el arma punzo cortante; consecuentemente, en el momento de los hechos estaba en condiciones de comprender su antijuricidad.


  1. Está demostrado la participación del imputado en el ilícito de Lesiones Gravísimas y Lesiones Leves, que tuvo con los acusadores particulares la noche del 14 de febrero de 2016, en la casa de Teófilo Limón; es decir, las lesiones ocasionadas por el imputado a las víctimas, llegando a dicha conclusión por los certificados médicos extendidos por la médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses Gisela Ramírez codificados como PD-4 y PD-5, donde se diagnostica que Raúl Barja Salazar presenta heridas punzo cortantes en extremidades inferiores, tórax y herida penetrante en abdomen con compromiso visceral resuelto quirúrgicamente, con una incapacidad médico legal de 45 días. Mientras que a José Luís Herrera Barja se diagnostica que presenta heridas punzo cortantes en extremidad superior izquierda y extremidad inferior derecha e incapacidad médico legal de 11 días. Certificados médicos corroborados por las copias legalizadas del Historial Clínico signado como PD-5 y los testimonios de los testigos Jorge Luís Llanos Betanzos, Juan Mendoza Padilla y Ever Herrera Mendoza.


  1. Sobre la participación del imputado, tiene de los testimonios de: Beimar Ramírez Paredes que señaló que escuchó hablar que estaban peleando y que la ropa del imputado estaba con sangre; Ariel Barja Padilla que señaló que el imputado después de dos días de ocurridos los hechos les hizo llamar para arreglar el problema, señalando que había cometido en estado de ebriedad; Ever Herrera Barja que cuidó de que el imputado no salga del cuarto; Juan Mendoza, que indicó que cuando fue al Hospital José Luís Herrera Barja le dijo que el imputado lo había puñaleado; Marina Maldonado indicó que juntamente con su esposo Teófilo Limón fueron a hablar con Raúl y José Luís para que traten de arreglar de buena manera y escucho decir que su hermano el imputado había puñaleado; y, Oscar Samuel Ovando Cárdenas señaló que Leonardo le contó que empezaron a pelear Raúl, Moisés, Ever y José Luis.


II.2.        Del recurso de apelación restringida del imputado.


       Notificado con la Sentencia, Moisés Flores Maldonado, formuló recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos, vinculados al motivo de casación:


       Valoración defectuosa de la prueba, norma habilitante art. 370 el inc. 6) del CPP; puesto que, existió una errónea aplicación del art. 173 del CPP; toda vez, que la Sentencia advirtió como demostrado su participación en los hechos acusados en razón a las declaraciones de Beimar Ramírez Paredes, Ariel Barja Padilla, Ever Herrera Barja, Juan Mendoza, Marina Maldonado y Oscar Samuel Ovando Cárdenas; sin embargo, de las declaraciones de los mismos extrae las siguientes puntualizaciones, que Beimar Ramírez Paredes señaló que no vio porque estaba dentro de la casa de fiesta; Ariel Barja Padilla declaró que al día siguiente se enteró del problema ya que no estaba en la fiesta; Ever Herrera Barja sostuvo “Y CON ESO QUERIA DARLE A MOISES Y ESTE DE UN RINCON DE LA PUERTA LES DECIA VENGAN Y QUE LUEGO SE ENTRO AL CUARTO (…) QUE LO CERRÓ EL CUARTO PARA QUE NO SALGA (…) QUE EL ARMA NO SE VIO PORQUE ESTABA OSCURO Y QUE NO PODIA VERSE”; Juan Mendoza Padilla manifestó que sobre el hecho ocurrido el 15 de febrero de 2016, no vio nada y solo vio que estaban en el hospital; Marina Maldonado declaró que la pelea no vio ya que se encontraba estaba durmiendo; y, Oscar Samuel Ovando Cárdenas manifestó que se recogió temprano, que un amigo Leonardo le dijo que se habían peleado y se estaban puñaleando; de lo que colige que se valoró de forma defectuosa todo lo manifestado por los testigos, ya que, lo exoneraron de toda culpa y cargo en la comisión de los delitos atribuidos a su persona, pues ninguno de los testigos evidenció su presencia en el lugar de los hechos que pueda avalar sus declaraciones, menos existe un informe pericial que evidencie que el arma que se presentó como instrumento del delito contenga sus huellas dactilares o muestras de sus fluidos corporales, lo que constituye una infracción al sistema de valoración probatoria en lo que concierne a las sub reglas de la lógica y experiencia; siendo que las únicas pruebas que podrían inculparlo serían las testificales (corroborados por los informes periciales para establecer la  verdad material del hecho que se le inculpa), los que no demostrarían que su persona haya sido el autor de las lesiones que presentaban las víctimas, ya que, no se tomó en cuenta la declaración de los propios acusadores como directos interesados y partícipes al considerar que no merecen credibilidad; considera que las declaraciones de los testigos referidos no debieron ser valorados a los fines de sustentar la determinación asumida en su contra, basándose la Sentencia en meras apreciaciones subjetivas e infundadas fuera de lo que establecen los presupuestos rectores de inducción objetiva de lo declarado por los testigos para otorgarle el valor eficaz y lógico a esas deposiciones.


       Asimismo alega, que las declaraciones testificales no fueron valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, por lo que al declararle autor del delito de Lesiones Gravísimas en base a declaraciones de testigos que no estuvieron presentes en el hecho, le resulta contrario al principio de verdad material, resultándole totalmente ilegal y arbitrario que en base a dichas declaraciones hayan realizado una subsunción al tipo penal de Lesiones Gravísimas contenido en el art. 270 inc. 6) del CP, al no haberse establecido objetivamente su participación en grado de autoría de los hechos, violando el debido proceso en su vertiente a una correcta valoración probatoria en base a la sana crítica y la aplicación objetiva de la Ley, constituyendo su omisión defecto absoluto, en cuyo efecto citó los Autos Supremos 515 de 16 de noviembre de 2006, 25 de 4 de febrero de 2010 y 304/2012-RRC de 23 de noviembre.


       Transcribiendo parte de la Sentencia Constitucional 1138/2004-R, afirma que en su caso no fue observado, al haberse infringido las sub reglas de la lógica y la experiencia, no siéndole racional la conclusión a la que arribó la Sentencia que considera, debió de haber realizado bajo el principio de la sana crítica una lógica y razonable valoración de las pruebas testificales y no basar sus determinaciones en sospechas de su probable participación en el hecho suscitado el 15 de febrero de 2016, cuya exigencia lo determina el art. 173 del CPP, omisión que agrava sus derechos.


II.3.        Del decreto de 7 de febrero de 2018.


       Remitido los antecedentes a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por decreto de 7 de febrero de 2018 (fs. 469), observó el recurso de apelación interpuesto, alegando que en los dos motivos recursivo hace referencia solo a la norma habilitante y a la aplicación que pretende, empero, no refiere de manera expresa la norma violada o erróneamente aplicada.


       Que de acuerdo a lo establecido por el Auto Supremo 174/2013 de 19 de junio: “el recurrente no podrá invocar nuevas denuncias, fuera de las expuestas en el recurso de apelación”; en cuyo efecto, concede el plazo de 3 días para subsanar las omisiones detalladas, bajo apercibimiento de rechazo conforme prevé el art. 399 del CPP.

       

II.4.        Del memorial de subsanación al recurso de apelación restringida.


       Bajo el título “Cumple lo ordenado”, el imputado subsanó su recurso de apelación restringida, bajo el siguiente argumento vinculado al motivo de casación:


       Respecto a la valoración defectuosa de la prueba, por existir errónea aplicación del art. 173 del CPP; toda vez, que la Sentencia tomó en cuenta las declaraciones de Beimar Ramírez Paredes, Ariel Barja Padilla, Ever Herrera Barja, Juan Mendoza, Marina Maldonado y Oscar Samuel Ovando Cárdenas, que no fueron concluyentes en sus manifestaciones, incurriendo la Sentencia en una errónea aplicación de las reglas de la sana crítica, limitándose a realizar una transcripción literal de dichas declaraciones, omitiendo realizar una labor analítica o intelectiva que en todo caso le resultaba útil para absolverlo de los delitos atribuidos, existiendo también una errónea apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida, apartándose la juzgadora de los criterios de la lógica, psicología, experiencia, siendo además contradictoria, por lo que afirma, que se realizó una errónea aplicación del art. 173 del CPP. 


II.5.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca a través del Auto de Vista impugnado, declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos, vinculado al motivo de casación:


Respecto a la valoración defectuosa de la prueba; recuerda que cuando se acusa defectuosa valoración de la prueba hace que necesariamente deba remitirse al contenido del art. 173 del CPP, relativo a la obligación que tiene el Juez o Tribunal de asignarle determinado valor a cada uno de los elementos de prueba, aplicando para ellas las reglas de la sana crítica, fundamentando las razones en base a una apreciación armónica de toda la prueba esencial producida e introducida legalmente a juicio, sin embargo, para determinar cuál de las reglas de la sana crítica hubiere sido quebrantado por el juzgador, el Tribunal de alzada ya se había pronunciado en varios Autos de Vista y en consecuencia con la amplia doctrina y jurisprudencia, cuya tarea valorativa estaba reservada al Tribunal de juicio o mérito de los principios rectores que rigen el sistema procesal penal, con claridad, experiencia, legalidad y lógica entre ellas el Auto Supremo 455 de 11 de septiembre de 2014 en el que además de exigir la debida fundamentación en cuanto a cuál de las reglas de la sana crítica hubieren sido inobservadas “será pues obligación del recurrente al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito”, lo que le implica, la ineludible obligación que tiene el recurrente de precisar fundadamente de forma clara cuál de las reglas de la sana crítica fueron vulneradas, cuáles los razonamientos contrarios a la lógica, experiencia o psicología fueron inobservadas conforme a la línea marcada del Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007.


Que en el caso que examina, lo alegado por el recurrente le resulta inconsistente, se trata de una alegación que no contiene en absoluto cuáles de las reglas de la sana crítica fueron inobservadas u obviadas por el Tribunal de juicio al emitir la Sentencia, limitándose simplemente a enunciar que se hubieren infringido las sub reglas de la lógica y la experiencia, sin desarrollarlas cada una de ellas sin mayor fundamento o cuál la incidencia que amerita, lo que hace que el presente motivo sea declarado improcedente.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE

VULNERACIÓN A LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA


En el presente caso, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista impugnado no se encontraría debidamente fundamentado en relación a su reclamo concerniente a la errónea aplicación del art. 173 del CPP; toda vez, que la Sentencia se sustentó en declaraciones que no fueron concluyentes; en cuyo efecto, corresponde resolver la problemática planteada, previas consideraciones de orden doctrinal.


III.1.        El debido proceso en su elemento fundamentación de las resoluciones.

Entre los componentes que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a las personas, se encuentra la fundamentación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia ha sido ampliamente desarrollada; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento, es así que el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Constitucional (SC) 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso 'exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.

Así también, este Tribunal en forma continua y coherente, ha manifestado que las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales para ser válidas deben estar debidamente fundamentadas, así el Auto Supremo 357/2013-RRC de 27 de diciembre, respecto a esta temática estableció: “La Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación.


Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados”. (Las negrillas nos corresponden).


De donde se establece, que la fundamentación de las Resoluciones implica el deber de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida, ello en apego al principio de congruencia que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; lo que implica, que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus Resoluciones, deben abocarse a responder a todos los puntos denunciados por la parte recurrente, en concordancia o coherencia a lo solicitado, (principio tantum devolutum quantum apellatum), respuesta que no requiere ser extensa o ampulosa; sino, que debe ser concisa y clara que permita comprender el porqué de la decisión asumida, lo contrario implicaría incurrir en falta de fundamentación, que vulneraría el debido proceso e incumpliría las exigencias de lo previsto por el art. 124 del CPP.

III.2. Sobre la carga procesal que tiene la parte apelante ante la denuncia de defectuosa valoración probatoria.

Los Tribunales de justicia penal competentes para conocer del acto de juicio, son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes, encontrándose el Tribunal de apelación impedido de revalorizar la prueba, lo que no implica que no pueda ejercer el control de logicidad respecto a la valoración probatoria realizada por el Tribunal de juicio, ante la denuncia concerniente al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, debiendo controlar que la valoración efectuada por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica; lo que implica, que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar la información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente; únicamente  planteado en esos términos el recurso, le será posible al Tribunal de alzada ejercer el control sobre la valoración de la prueba, que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como demarcación lo argumentado en el recurso.

Al respecto el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 estableció que: “El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.

(…).

Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.

(…).

El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.

Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.

El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.

Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.

Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural”  (las negrillas son propias).

En cuyo efecto, es obligación de quien interpone un recurso en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes de la Sentencia donde constarían los errores lógico-jurídicos, proporcionando además, la solución que pretende en base a un análisis lógico explícito a fin de que el Tribunal de alzada, pueda verificar y efectuar un análisis respecto a la valoración de la prueba.


III.3. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia en la que alega que en su recurso de apelación restringida denunció errónea aplicación del art. 173 del CPP, debido a que la Sentencia se sustentó en las declaraciones de Beimar Ramírez Paredes, Ariel Barja Padilla, Ever Herrera Barja, Juan Mendoza, Marina Maldonado y Oscar Samuel Ovando Cárdenas, a pesar que ninguno de ellos fue concluyente, desconociendo las reglas de la sana crítica, dejando de lado las ideas principales y limitándose a la sola transcripción literal de dichas declaraciones; no obstante, el Tribunal de alzada exigió que se establezcan cuál de las reglas de la sana crítica fueron vulneradas, cuáles son los razonamientos contrarios a la lógica, experiencia o psicología que fueron inobservados; cuando ninguna prueba testifical acredita de manera cierta, incontrastable y puntual su participación en los hechos, existiendo una ilógica apreciación de las declaraciones de los testigos de cargo que no fueron reparados por el Auto de Vista que no se encontraría debidamente fundamentado, al no considerar la doctrina legal aplicable invocada, el análisis subjetivo y la insuficiente fundamentación en la que incurrió el Tribunal de origen, constituyendo defecto absoluto e incurriendo en vulneración de sus derechos al debido proceso y defensa.

Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión del fallo condenatorio por el delito de Lesiones Gravísimas, el recurrente formuló recurso de apelación restringida en el que reclamó: valoración defectuosa de la prueba, señalando como norma habilitante el art. 370 el inc. 6) del CPP; puesto que, existió una errónea aplicación del art. 173 del CPP; ya que, la Sentencia había tenido por demostrado su participación en razón a las declaraciones de Beimar Ramírez Paredes, Ariel Barja Padilla, Ever Herrera Barja, Juan Mendoza, Marina Maldonado y Oscar Samuel Ovando Cárdenas; de las que realizó las siguientes puntualizaciones, que Beimar Ramírez Paredes señaló que el no vio porque estaba dentro de la casa de fiesta; Ariel Barja Padilla declaró que al día siguiente se enteró del problema ya que no estaba en la fiesta; Ever Herrera Barja sostuvo “Y CON ESO QUERIA DARLE A MOISES Y ESTE DE UN RINCON DE LA PUERTA LES DECIA VENGAN Y QUE LUEGO SE ENTRO AL CUARTO (…) QUE LO CERRÓ EL CUARTO PARA QUE NO SALGA (…) QUE EL ARMA NO SE VIO PORQUE ESTABA OSCURO Y QUE NO PODIA VERSE”; Juan Mendoza Padilla manifestó que sobre el hecho ocurrido el 15 de febrero de 2016, no vio nada y solo vio que estaban en el hospital; Marina Maldonado declaró que la pelea no había visto ya que se encontraba durmiendo; y, Oscar Samuel Ovando Cárdenas manifestó que se recogió temprano, que un amigo Leonardo le dijo que se habían peleado y se estaban puñaleando; de lo que advirtió, que ninguno de los testigos evidenció su presencia en el lugar de los hechos que pueda avalar sus declaraciones, menos existe un informe pericial que evidencie que el arma que se presentó como instrumento del delito contenga sus huellas dactilares o muestras de sus fluidos corporales, constituyéndole una infracción al sistema de valoración probatoria en lo que concierne a las sub reglas de la lógica y experiencia; basándose la Sentencia en meras apreciaciones subjetivas e infundadas, no siéndole racional a la conclusión a la que arribó de su probable participación en el hecho suscitado el 15 de febrero de 2016. Recurso que fue observado por decreto de 7 de febrero de 2018; en cuyo efecto, fue subsanado por el recurrente cuyos fundamentos fueron extractados en el acápite II.4 de este fallo.


Al respecto, el Tribunal de alzada abrió su competencia y desestimó el reclamo, puntualizando que cuando se acusa defectuosa valoración de la prueba, hace que necesariamente deba remitirse al contenido del art. 173 del CPP, relativo a la obligación que tiene el Juez o Tribunal de asignarle valor a cada uno de los elementos de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, fundamentando las razones en base a una apreciación armónica de toda la prueba esencial producida e introducida legalmente a juicio; sin embargo, para determinar cuál de las reglas de la sana crítica hubiere sido quebrantado por el juzgador, ya se había pronunciado en varios Autos de Vista y en la amplia doctrina y jurisprudencia, que la tarea valorativa estaba reservada al Tribunal de juicio; que el Auto Supremo 455 de 11 de septiembre de 2014, había establecido que además de exigir la debida fundamentación en cuanto a cuál de las reglas de la sana crítica hubieren sido inobservadas “será pues obligación del recurrente al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito”, lo que implicaba, la obligación que tenía el recurrente de precisar fundadamente de forma clara cuál de las reglas de la sana crítica fueron vulneradas, cuáles los razonamientos contrarios a la lógica, experiencia o psicología fueron inobservadas, que en esa misma línea fue marcada el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007; por lo que concluyó, que lo alegado por el recurrente le resultaba inconsistente, que se trataba de una alegación que no contenía en absoluto cuáles de las reglas de la sana crítica fueron inobservadas u obviadas por el Tribunal de juicio al emitir la Sentencia, limitándose simplemente a enunciar que se hubieren infringido las sub reglas de la lógica y la experiencia, sin desarrollarlas cada una de ellas sin mayor fundamento o cuál la incidencia que ameritaba.


De esa relación necesaria de antecedentes, se evidencia, que el Tribunal de Alzada al momento de emitir el Auto de Vista respecto a este motivo se encuentra debidamente fundamentada; por cuanto, considerando todos los argumentos cuestionados por el recurrente así como la doctrina legal aplicable invocada; explicó que el motivo no precedía porque el apelante no observó que cuando se alegaba el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, implicaba que el recurrente tenía la obligación de precisar fundadamente de forma clara cuál de las reglas de la sana crítica habían sido vulneradas, cuáles los razonamientos contrarios a la lógica, experiencia o psicología fueron inobservadas, lo que no había cumplido; fundamento, que resulta coherente; puesto que, de la revisión del contenido del recurso de apelación restringida respecto al motivo sujeto a análisis, que fue extractado en el acápite II.2 y subsanado conforme lo resumido en el punto II.4 de este Auto Supremo, limitándose a relatar en tercera persona el contenido de las declaraciones testificales de Beimar Ramírez Paredes, Ariel Barja Padilla, Ever Herrera Barja, Juan Mendoza Padilla, Marina Maldonado y Oscar Samuel Ovando Cárdenas alegando que no fueron concluyentes, considerando que se infringió las sub reglas de la lógica y la experiencia; empero, omitió señalar de manera clara y precisa de qué manera el Tribunal de juicio hubiere inobservado las reglas de la sana crítica respecto a esas declaraciones testificales; entonces, mal podemos exigir al Tribunal de alzada ejerza la labor de control de logicidad fundamentado respecto a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de mérito, cuando la parte recurrente no proporcionó los insumos mínimos del porqué consideró que el Tribunal de Sentencia incurrió en una defectuosa valoración de la prueba, entendimiento que fue asumido en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 que fue extractado en el acápite III.2 de este fallo, que también fue invocado por el Tribunal de alzada, donde se destacó los criterios respecto a la carga procesal que posee la parte recurrente para la interposición de un recurso de apelación restringida en los casos donde se denuncie defectuosa valoración probatoria.


Por los argumentos expuestos, se concluye que el Auto de Vista recurrido respecto a este motivo, contiene la debida fundamentación, no incurriendo en defecto absoluto conforme prevé el art. 169 inc. 3) del CPP, ni en vulneración a los derechos al debido proceso y defensa como alega el recurrente; toda vez, que resolvió de manera clara el punto concerniente a la defectuosa valoración de la prueba, adecuando su acto a la norma y a la doctrina legal vinculante de este Tribunal Supremo de Justicia; puesto que, es obligación de quien interpone un recurso en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar qué partes de la Sentencia contendrían errores lógico-jurídicos, proporcionando la parte recurrente la solución que pretende en base a un análisis explícito, aspecto que conforme constató el Tribunal de alzada no fue cumplido por la parte recurrente, por lo que, el recurso sujeto a análisis deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Moisés Flores Maldonado.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela