TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 192/2019-RRC

Sucre, 08 de mayo de 2019


Expediente                        Cochabamba 50/2018

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                Juan Israel Rodríguez Ledezma y otros

Delito                        Asesinato

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 26 y 30 de abril; 7, 8, 11 y 14 de mayo; y, 18 de junio de 2018, Zenón Soria Orellana, de fs. 4431 a 4436 vta.; Juan Israel Rodríguez Ledezma, de fs. 4463 a 4471; Trifón Huayllani Pizarro, de fs. 4489 a 4496; Nicolás Rojas Calvi, de fs. 4508 a 4515; Ángel Rosendo Cossío Álvarez, de fs. 4523 a 4527; Santiago Jiménez Olmos, de fs. 4589 a 4595 vta.; Crescencio Jiménez Balderrama, de fs. 4609 a 4615 y Félix Zapata Torrico, de fs. 4635 a 4636 vta., interponen recursos de casación contra el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, de fs. 4389 a 4417 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal promovido por el Ministerio Público y Margarita Fernández Vda. de Ávila, Rosemary Ávila Fernández, Willy Álvarez Arancibia, María Nancy Herrera Cardozo, Mirna Gareca Illanes y Maruja Flores Quispe contra Guillermo Zapata Olmos, Ángel Vallejos Olmos, Roberto Carlos Villegas López, Roberto Villegas Rodríguez, Osvaldo Miranda y los recurrentes por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1 Antecedentes


  1. Por Sentencia 4/2010 de 29 de junio (fs. 2862 a 2906 vta.), el Tribunal Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró a Zenón Soria Orellana, Juan Israel Rodríguez Ledezma, Trifón Huayllani Pizarro, Crescencio Jiménez Balderrama, Santiago Jiménez Olmos, Félix Zapata Torrico, Ángel Rosendo Cossío Álvarez y Nicolás Rojas Calvi, autores y culpables de la comisión del delito de Asesinato previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto; siendo absueltos por el citado delito los imputados, Guillermo Zapata Gonzáles, Roberto Carlos Villegas López, Roberto Villegas Rodríguez, Osvaldo Miranda y Ángel Vallejos Olmos.


  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Crescencio Jiménez Balderrama (fs. 3218 a 3224 vta.), Ángel Rosendo Cossío Álvarez (fs. 3267 a 3269), Nicolás Rojas Calvi (fs. 3288 a 3294 vta.), Zenón Soria Orellana (fs. 3314 a 3318 vta.), Trifón Huayllani Pizarro (fs. 3337 a 3344), Félix Zapata Torrico (fs. 3363 a 3367 vta.), Santiago Jiménez Olmos (fs. 3407 a 3415) y Juan Israel Rodríguez Ledezma (fs. 3453 a 3458 vta.) y los acusadores particulares Willy Álvarez Arancibia y Margarita Fernández (fs. 3386 a 3387 vta.), además de Mirna Gareca Illanes (fs. 3495 a 3498), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que declaró improcedentes los recursos planteados “y dentro de ella los incidentes interpuestos” (sic) y confirmó la Sentencia apelada. Siendo resuelta la solicitud de explicación, complementación y enmienda de Crescencio Jiménez Balderrama, mediante Resolución de 2 de mayo de 2018 (fs. 4442 a 4443).


I.2 Motivos de los Recursos


Esta Sala a través de Auto Supremo 708/2018-RA de 17 de agosto, en juicio de admisibilidad, delimitó el presente análisis de fondo con los siguientes criterios:


I.2.1 Recurso de casación de Zenón Soria Orellana.


Manifiesta que el Tribunal de apelación no brindó respuesta debidamente fundamentada a los puntos apelados relativos al art. 370 incs. 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), como fuera el caso de los elementos que fundaron la condena, precisando por una parte que la introducción de documental relativa al reconocimiento de personas fue valorada pese al incumplimiento de las formas obligadas por el art. 219 del CPP, que no fueron cumplidas, por no constar la presencia de su abogado defensor a momento de la realización del acto; así como, la introducción de un video casete, en el que se muestra la participación en el hecho del coimputado OM, que fue absuelto siendo condenado su persona. Con esa base refiere que el Auto de Vista impugnado llega a concluir que los defectos relacionados con el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP no serían evidentes, sin entrar en detalle de cuáles las acciones desplegadas por su persona que sean base para imponerle una condena, como también omitió pronunciarse sobre la legalidad en la incorporación de las actas de reconocimiento de personas. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007.


I.2.2 Recurso de casación de Juan Israel Rodríguez Ledezma.


Considera que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en la emisión del Auto de Vista 20 de abril de 2018 no cumplió a cabalidad el art. 124 del CPP, dado que no otorga respuesta a los motivos que planteó en apelación restringida, a más de incurrir en iguales errores a los del Tribunal de origen, aduciéndose únicamente que por el principio de verdad material que los jueces de mérito son libres en la apreciación y valoración de la prueba. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 126/2016-RRC de 17 de febrero y 014/2013-RRC de 6 de febrero, precisando que la doctrina legal contenida obliga a los Tribunales de apelación a realizar un análisis exhaustivo para cada apelante, más no de manera conjunta, además de enfatizar, que la doctrina legal del segundo precedente, determina que los Tribunales de alzada se hallan obligados  a ejercer un control de legalidad sobre la Sentencia, siendo que en su particular caso ello no hubiera ocurrido.

I.2.3        Recurso de casación de Trifón Huayllani Pizarro.


Denuncia fundamentación insuficiente en torno a las respuestas de los planteamientos de los defectos contenidos en el art. 370 incs. 2) y 5) del CPP, cuestionando una supuesta omisión al deber de control de legalidad de parte del Tribunal de apelación, afectando el derecho a la defensa y acceso a la justicia, se invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos 423/2013 de 13 de septiembre y 414/2013 de 30 de agosto, que orientasen conforme el planteamiento del recurso- el primero a la correspondencia entre apelación y respuesta en torno al art. 398 del CPP; y el segundo, sobre la labor de los tribunales de apelación de fundamentar y motivar su decisiones.


I.2.4        Recurso de casación de Nicolás Rojas Calvi.


Acusa falta de respuesta fundamentada, por parte del Tribunal de apelación respecto a los defectos de la Sentencia contenidos en los arts. 370 incs. 2) y 5) del CPP, así como, falta de ejercicio de control de legalidad de la sentencia; se invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos 423/2013 de 13 de septiembre y 414/2013 de 30 de agosto.


I.2.5        Recurso de casación de Ángel Rosendo Cossío Álvarez


El recurrente reclama que en torno a los agravios referidos a defectos de la Sentencia, contenidos en el art. 370 incs. 2), 5) y 8) del CPP, así como, la infracción a los arts. 124, 173 y 360 inc. 3) del CPP, normas vinculadas a la falta de valoración en sentencia de la declaración de Guadalupe Rodríguez; sindica que el trato procesal brindado por parte de los de apelación transgredió los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP, al omitir pronunciarse sobre tal aspecto, realizando en su lugar una cita general para todos los apelantes, generando un defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme el art. 169 inc. 3) de la Norma Adjetiva Penal, al vulnerar el debido proceso garantizado por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).


De igual forma, son planteadas consideraciones sobre la forma de abordaje y respuesta del tribunal de apelación sobre los defectos de la sentencia previstos en el inc. 2) del art. 370 del CPP, cuestionándose que no se hubiera brindado repuesta fundada sobre la falta de individualización del imputado en el hecho, y la omisión del control de legalidad sobre la valoración de la prueba en este particular. Se invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos 423/2013 de 13 de septiembre y 414/2013 de 30 de agosto.


I.2.6        Recurso de casación de Santiago Jiménez Olmos.


El imputado, acusa la vulneración al derecho a la defensa por inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP, por falta de fundamentación y omisión en respuesta a su recurso de apelación restringida, relativos a los defectos de sentencia contenidos en los incs. 1), 4) y 6) del art. 370 del CPP, proponiendo como precedente contradictorio el Auto Supremo 423/2013 de 13 de septiembre.

De igual forma denuncia al Auto de Vista impugnado de insuficiente fundamentación, respecto a las respuestas en torno a la exposición de los incs. 2) y 5) del art. 370 del CPP, acto que sería contrario al contenido del Auto Supremo 414/2013 de 30 de agosto, del cual se señala como situación de hecho similar aspectos de abordaje de control de la valoración de la prueba en fase de apelación restringida.


I.2.7        Recurso de casación de Crescencio Jiménez Balderrama.


Denuncia defecto absoluto por una supuesta omisión de consideración de parte del Auto de Vista impugnado del contenido emitido a momento de la audiencia de fundamentación oral de recurso de apelación restringida. Conforme el memorial de recurso, la instrumentalidad de esa audiencia no fuera nominal, sino vinculada a los derechos a la defensa, a la seguridad jurídica e impugnar las resoluciones judiciales, razones por las que debieron ser considerados por los de apelación.


Por otro lado, plantea una situación de insuficiente fundamentación vinculados a la respuesta otorgada por el Tribunal de apelación a los reclamos sobre valoración de prueba efectuados en apelación restringida; en perspectiva del recurso tal omisión ser contraria a la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 654 de 25 de octubre de 2004, 42 de 21 de febrero de 2013, 136 de 20 de mayo de 2013 y 124 de 10 de mayo de 2013.


  1. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS A LOS RECURSOS


II.1.        Sentencia


Por Sentencia 4/2010 de 29 de junio, el Tribunal Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró a Zenón Soria Orellana, Juan Israel Rodríguez Ledezma, Trifón Huayllani Pizarro, Crescencio Jiménez Balderrama, Santiago Jiménez Olmos, Félix Zapata Torrico, Ángel Rosendo Cossío Álvarez y Nicolás Rojas Calvi, autores y culpables de la comisión del delito de Asesinato previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto; siendo absueltos por el citado delito los imputados Guillermo Zapata Gonzáles, Roberto Carlos Villegas López, Roberto Villegas Rodríguez, Osvaldo Miranda y Ángel Vallejos Olmos.


       La Sentencia 04/2010, consideró que:


“Zenón Soria Orellana, estando en el lugar de los acontecimientos desde el momento en que se originaron, rompiendo los vidrios de la caseta de la tranca de peaje, saco a los policías…y los llevó a Epizana, golpeándolos luego gritando y agrediendo en la posta sanitaria a los 3 policías diciendo que le habían robado su renta. Juan Israel Rodríguez Ledezma determinar en otros la comisión del ilícito de Asesinato y de manera conjunta con los pobladores e imputados estuvieron en el lugar de los hechos, con un actuar agresivo, indicando que no eran policías que eran maleantes del auto blanco, manteniéndose a momentos detrás del grupo de comunarios, sindicando a los refuerzos que llegaron con el policía Pacheco que eran cómplices y posteriormente decir que la gente debía dar una sola versión de los hechos ejerciendo una influencia negativa en los pobladores por ser persona muy conocida en el lugar no solo por su función del Pdte. De OTB, sino también contar con un restautante…Trifón Huayllani Pizarro, desarrollando una conducta agresiva desde el origen de los acontecimientos, no solo con los 3 policías sino también con el policía que resguardaba la tranca de Epizana, actuación tal que logró hacerse de dos bulltos que contenían armas y ropas de los policías muertos. Cresencio Jiménez Valderrama, que en el video es visto pateando a un policía, ingresó a la posta sanitaria para golpear a los policías Santiago Jiménez Olmos, estado en el lugar de los hechos con una conducta agresiva contra los policías, contribuyendo con su vehículo celeste que acercó al inmueble donde estaban los policías y las otras personas suban, trasladando gente de otros lugares, así como ocultar la cámara del camarógrafo del canal televisivo. Félix zapata Torrico, presente en el lugar de los hechos, golpea con patadas y puñetes, a los policías, Nicolás Rojas Calvi, presente en el lugar de los hechos con una conducta agresiva golpeaba policías, siendo la persona que logra romper con el codo el vidrio de la ventana del edificio donde estaban los policías retenidos. Conductas estas que de manera clara, e incuestionable contribuyeron a provocar policontusión y traumatismo encéfalo craneal, en la humanidad de los tres policías, concluyendo la misión con el ahorcamiento de las víctimas. Hecho en la que cada uno de los imputados con su actuar doloso contribuyeron a la realización de un fin previsto que es la muerte de los tres policías, empleando patadas, puñetes, gritos, usando palos, piedras, cuchillos y hasta agua hervida, durante varias horas trasladando desde la tranca de Epizana a pueblo, llevarlos a la posta sanitaria, exhibirlos por el balcón, obligarles a que bajen por un tubo, agrediéndolos de manera permanente causándoles policontusión y traumatismo encéfalo craneal, para terminar poniéndoles una soga en el cuello y ahorcarlos, arrastrándolos la carretera dejándolos sobre la misma, haciendo oídos sordos a sus ruegos y aseveraciones de que eran policías no obstante de estar vestidos con el uniforme y haber verificado este extremo los comunarios, que se encontraban enardecidos por la presencia policial en la zona argumentando que creyeron que eran delincuentes y no policías como si tal argumento justificara una reacción violenta, con desprecio total a la vida del otro, frente a 3 policías que se encontraban desarmados, vencidos sicológicamente por los agresores, incapaces de defenderse que rogaban por sus vidas, sintiendo el dolor físico que les causaba las lesiones que provocaba sonrisas en los imputados, conjunto de hechos en la que cada uno de los imputados tuvo su rol de manera individual con un dominio total de los hechos que por el tiempo transcurrido…tuvieron la posibilidad de dimensionar los hechos y por lo mismo abstenerse a realizar” (sic).


II.2        Recurso de Apelación Restringida.


El citado Fallo fue recurrido en apelación restringida por todos los imputados declarados culpables, así como por los acusadores particulares, bajo argumentos a ser desarrollados individualmente más adelante en este Auto Supremo.


II.3        Auto de Vista.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de Auto de Vista 20 de abril de 2018, con la relación de caso del Vocal Pereira Antezana y el voto de la Vocal Torres Poquechoque, declaró la improcedencia de todas las acciones, confirmando en consecuencia la Sentencia 04/2010 de 29 de junio.


  1. FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL


Llega a casación el cuestionamiento al Auto de Vista de 20 de abril de 2018, por parte de siete de los ocho imputados que merecieron condena, acciones que a pesar de corresponder a una pretensión individual, vistas en conjunto tienen a la vez cuestiones comunes, sea en el marco procesal escogido para sus reclamos, incluso tópicos que poseen identidad fáctica. De tal modo, la Sala de manera previa de ingresar al análisis de fondo, considera contextualizar su decisión a través del estudio de aspectos transversales a los recursos.  


III.1        Cuestiones comunes.


III.1.1 Doctrina legal en el marco del Código de Procedimiento Penal y el sistema judicial boliviano.

       

El mandato legal para el Tribunal Supremo de Justicia es sentar y uniformar jurisprudencia, y a más de converger en una tarea eminentemente jurídica trae consigo la delicada función de resguardar el principio de igualdad en la aplicación de la Ley, esta atribución se halla inscrita en los arts. 38 núm. 9) y 42 parág. I núm. 3) ambos de la Ley del Órgano Judicial y en lo que toca a materia penal dicho mandato legal se induce del contenido de los arts. 416 y ss. del CPP; de hecho el art. 420 expresa que los fallos que unifiquen criterios contradictorios constituirán doctrina legal aplicable.


De hecho el término doctrina legal inmerso en el art. 420 del CPP concierne la “…jurisprudencia, pero circunscrita a la del más alto Tribunal del país, el que unifica la interpretación de las leyes por medio de la casación” (OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 359; I.S.B.N. 950-885-005-1), concepto ampliamente compatible con el sistema de recursos del procedimiento penal boliviano y la conformación orgánica de los tribunales en la jurisdicción ordinaria.


Un precedente contradictorio es una herramienta con la cual este Tribunal ejerce su función de unificar la jurisprudencia. Se traduce como una decisión judicial previa que funciona como modelo para determinar un grado de contradicción con los Autos de Vista recurridos en casación. Viene a constituir un criterio interpretativo utilizado en la resolución de casos iguales a los que se procura en casación. Debiendo quedar esclarecido que no es que la resolución de un caso sea efectuada con un determinado prejuicio, sino que se aplica a un supuesto fáctico la misma respuesta y tratamiento jurídico dado en una situación análoga anterior. En sentido estricto, se trata de las razones de la decisión de un fallo, cuya aplicación se pretenda contraria al fallo que se recurre, por ello la norma exige que en el caso en el que el precedente sea invocado invoca sea análogo a éste en relación con los hechos relevantes sobre los que se aplicó un determinado una norma; de ahí que la comprensión del art. 416 del CPP en calificar a la contradicción partiendo desde la identificación de una situación de hecho similar.


Entonces, un precedente contradictorio tanto en un sentido práctico (la forma en la que es invocado) como su esencia utilitaria al fin de uniformar jurisprudencia en torno a los aspectos con relevancia jurídica, requiere para su planteamiento recursivo, no una invocación mecánica o automática, desprovista de la necesaria consideración de los fundamentos que condujeron a su resultado; sino que estos fundamentos deben interactuar con las peculiaridades del caso concreto que se recurre. El Código de Procedimiento Penal, determina que debe entenderse por contradicción a una situación de hecho similar divergente, ya sea por haberse aplicado dos normas distintas o una misma con distinto alcance.


Sobre el particular, la jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha estimado cuál el ámbito procesal del término “situación de hecho similar”, así el Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó  “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”; entendimiento complementado por en el Auto Supremo 130/2014-RRC de 22 de abril, que  expresó “el requisito de invocar un precedente contradictorio…atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”. De lo expresado se extrae que cuando la norma exige a la parte que recurre el señalamiento de una situación de hecho similar, tiene que ver con la finalidad del recurso de casación, en cuanto es la uniformización y unificación de jurisprudencia y la aplicación de la Ley en forma homogénea; de ahí en más, la carga recursiva se orienta a señalar supuestos (fácticos o procesales) sobre los que una determinada Norma se haya aplicado de forma específica.


III.1.2 Estructura del sistema de recursos

 

El concepto correcto de sometimiento de los jueces a la ley incumbe tomar en cuenta la autonomía que estos tienen para interpretar el ordenamiento jurídico, bajo la única premisa de que esa labor se legitima constitucionalmente en tanto sean tendientes a garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 Constitucional).  De hecho, de un sistema jurídico, cuya existencia se justifique en el fin de generar paz social, se espera procure y genere condiciones de equidad e igualdad entre los justiciables, previendo y dando observancia a los criterios dispuestos por la Norma Suprema, siempre desde una perspectiva integral a las partes en conflicto.


El sistema procesal boliviano posee una separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento; el ejercicio de la acción penal pública está a cargo del Ministerio Público; y, las funciones jurisdiccionales asumen dos vertientes; por un lado, la del control de garantías, y por otro la de conocimiento: el primero, para la protección y control de no vulneración de derechos y garantías reconocidos en la Constitución y las leyes en la etapa preparatoria; y, la segunda, llevar adelante el juicio oral, público, continuo y contradictorio con todas las garantías propias del debido proceso.

 

La emisión de una Sentencia, es el hito que inicia la fase de recursos que de ordinario- culminan en casación. Ciertamente, el recurso de casación opera dentro de una naturaleza definida por Ley; posee en esencia un fin nomofiláctico, esto es, unificador y uniformador de la jurisprudencia en la jurisdicción ordinaria. Casación tiene para sí la resolución de las acciones recursivas contra Autos de Vista emitidos por las Salas Penales en los Tribunales Departamentales de Justicia, es decir, su lecho se encuentra sobre las cuestiones expresadas en un momento procesal distinto a la emisión de una Sentencia. Esta cadena procesal no admite por ejemplo que en casación se censure cuestiones emergentes de una Sentencia, si es que antes no se ha agotado el estadio procesal de apelación restringida, y claro, previo cumplimiento y adecuación de los requisitos contenidos en los arts. 416 y ss. del CPP.

 

De tales consideraciones, es claro que el recurso de casación y por ende la competencia que la Ley delega a este Tribunal de manera específica no se halla dejada al libre criterio, sino obedece a la configuración de un sistema procesal pre definido y cuya extensión de pronunciamiento se determina dentro de los alcances del art. 419 del CPP, que a la letra precisa que: “si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivo el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”. No pudiendo suponerse que el tribunal de casación se halle facultado para pronunciar un tipo de decisión que vaya más allá de las resoluciones que lo anteceden, esto es un Auto de Vista.  

 

En esa dirección, por la integración piramidal y jerárquica que el diseño constitucional y el desarrollo normativo confiere al Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de casación integra, no solo limita el análisis de la actividad de los jueces y tribunales inferiores como administradores de justicia sobre el rigor del cumplimiento de la legalidad en cada sentencia o auto de vista emitido, pues no se trata de hacer escrutinio sobre la validez fáctica de los mismos, sino más bien en la razonabilidad de sus argumentos y la observancia del cumplimiento de la Ley desde y conforme la Constitución.

  

III.1.3 Defecto procesal absoluto.

 

La Ley 1970, dentro de la corriente reformista en América Latina, generó el viraje de un sistema de tinte inquisitivo a uno acusatorio, en el caso boliviano especialmente incidencia en la protección y tutela de los Derechos Humanos y postulando una cerrada protección del derecho a la defensa y el derecho de presunción de inocencia. El art. 1 del CPP, es en suma un manifiesto de intenciones sobre la dirección y lineamientos por los que el proceso penal debe ser encaminado, tanto por los entes de investigación como también por el órgano jurisdiccional, siendo taxativo en señalar: “(Ninguna condena sin juicio previo y proceso legal). Nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución, las Convenciones y Tratado internacionales vigentes y este Código.

 

Anunciado como está el respeto y total observancia a las formas procesales contenidas en la Ley 1970. Su Libro Tercero, referido a la Actividad Procesal, dedica su Título VIII a la Actividad Procesal Defectuosa, detallando como principio de ella en el art. 167 que: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado”, sobre esta norma, se reitera la taxatividad en la observancia de las formas procesales previstas tanto en el propio Código de Procedimiento Penal, como en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; asimismo, se prevé la salvedad sobre la consideración de un eventual defecto procesal, determinando que una eventual convalidación, pueda hacer valedero un acto a pesar de incurrir en quebrantamiento de la norma procesal. De igual forma la misma norma en su segundo párrafo, prevé una barrera de contención sobre posibles ejercicios procesales que las partes puedan ejercer y que puedan generar dilación en el proceso al precisar que: “En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causaran agravio”; siendo claro que las partes, bien pueden alegar actividad procesal defectuosa, empero otorgándoseles legitimidad procesal sobre la base de la existencia de un acto que les produzca agravio.

 

El art. 169 del CPP, intitulado “defectos absolutos”, distingue un catálogo de cuatro posibilidades en las que los defectos no podrán ser susceptibles de convalidación, a saber: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece; 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad”. El caso del numeral 1, obliga la presencia e intervención de los actos en los que el Ministerio Público como ente de investigación y el Juez como instancia de control y juzgamiento; el numeral 2, declara como nulos, aquellos actos en los que la intervención del imputado y su asistencia, ambos entendidos también dentro de la esfera del derecho a la defensa, ya sea material o técnica; el numeral 3, estima un especial resguardo sobre derechos y garantías constitucionales contenidos en norma nacional e internacional en los que Bolivia forme parte; y, el numeral 4 entendido desde la esfera de la teoría de las nulidades procesales, conduce a reprochar con nulidad los actos que específicamente se hallen inscritos en norma.

 

Dentro del contexto normativo, esto es, la consideración de la ubicación de los defectos procesales en el texto de la Ley 1970, emerge como lógico suponer que un defecto emana de los actos realizados o bien llevando a cabo el procedimiento o bien las decisiones que sean basadas en actos que transgredan las cuatro causales de defecto absoluto. La Sala dirá, que un defecto absoluto es una actuación procesal que se configura cuando no se aplique la norma procesal acorde con lo normado por Ley, siempre y cuando el acto no sea susceptible de convalidación, y cuando el acto degenere en la vulneración de un derecho o garantía constitucional. En este punto es necesario apuntar que aquellas vulneraciones, no son enunciativas, por cuanto la cautela del procedimiento no procura la aplicación rigurosa de la forma procesal, sino recuerda que su estructuración al contrario busca preservar y proteger aquellos derechos, de modo que necesariamente a fines de determinar la existencia de un defecto absoluto, la presencia de una vulneración, negación o restricción a un derecho debe ser ostensiblemente cualificable.

 

En consideración de la Sala, la orientación de los defectos procesales absolutos dentro del Código de Procedimiento Penal, no solo protege el derecho a la defensa como componente del debido proceso, sino, comprendiendo que el Órgano Judicial es por naturaleza el tercero imparcial dentro de un conflicto polarizado, también precautela la materialización del derecho a la tutela judicial efectiva tanto del imputado como de la víctima. Recuérdese que la aplicación del Derecho Penal tiene un cariz de alta sensibilidad, al afectar potencialmente derechos básicos, como el de la libertad, y en el caso de la víctima de ver resarcido el daño emergente de la comisión de un delito.

 

En los casos en que el defecto procesal absoluto sea presente, ocurrirá que los procedimientos hubieran sido aplicados como un obstáculo para la eficacia del derecho causante de una denegación de justicia, causada ya sea por la aplicación de disposiciones procesales alejadas de la observancia de derechos fundamentales reconocidos en normas supraconstitucionales vigentes y en las que el Estado Boliviano sea signatario, por la exigencia irreflexiva del cumplimiento la forma procesal o los requisitos que la conforman, bien por un trato a una situación jurídica con rigorismo procedimental en la apreciación de las circunstancias propias que la rodeasen. En estas situaciones se presenta una violación de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

 

La actividad procesal de los juzgados y tribunales en la jurisdicción ordinaria tiene un orden preestablecido desde la Constitución Política del Estado. El art. 115.II Constitucional, manifiesta que el Estado garantiza “el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, a lo que la propia Constitución en su art. 180.I postula que “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. El precepto constitucional anotado es desarrollado por el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y marca el punto de partida para la aplicación de la norma en la jurisdicción ordinaria; recuérdese que “Los principios procesales son aquellos criterios o ideas fundamentales, contenidos en forma explícita o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las características principales del derecho procesal y sus diversos sectores, y que orientan el desarrollo de la actividad procesal” (Ovalle Favela, José, Teoría general del proceso, 2ª ed., México, Harla, 1994, p. 187.).

 

En relación al derecho al debido proceso, su lesión emergente de un defecto procesal se manifiesta cuando el órgano jurisdiccional se aparta del proceso establecido en norma, al seguir un procedimiento o formulismo distinto al aplicable o porqué omite una etapa sustancial de éste, ya sea por malas prácticas forenses o bien por una lectura de la norma descontextualizada del marco jurídico dispuesto por el art. 180 Constitucional. En lo que refiere una lesión al derecho a la tutela judicial efectiva por causa de un defecto procesal, éste se produce cuando el cumplimiento y materialización del efectivo acceso a la justicia se ve trabado por la aplicación errónea (insustancial y formulista) o inobservancia (omisión) de un acto regido por una norma procesal.

 

Ciertamente la razón de ser del Órgano Judicial no radica en el cumplimiento formal de la Ley, sino en hacer de su cumplimiento el medio idóneo para la materialización del derecho sustancial, tal situación conducirá a ponderar los derechos de las partes en el proceso desde una perspectiva integral, conducente a satisfacer la salvaguarda de los derechos de víctima y la del imputado. La jurisprudencia nacional ya en el 2002, tomó esta postura, así la Sentencia Constitucional 1036/2002-R de 28 de agosto, precisó: “…un modelo procesal penal que persiga la eficacia de la aplicación efectiva de la coerción penal en sacrificio de los derechos y garantías que resguardan la libertad y dignidad humana, sólo es concebible en un Estado autoritario. Del mismo modo, un modelo procesal de puras garantías convertiría a los preceptos penales en meras conminaciones abstractas sin posibilidad real de aplicación concreta, dado que la hipertrofia de las garantías neutralizaría la eficacia razonable que todo modelo procesal debe tener. De ahí que la tesis que propugna el equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia y la salvaguarda de los derechos y garantías, se constituye en la síntesis que busca cumplir eficazmente las tareas de defensa social, sin abdicar del resguardo de los derechos y garantías del imputado” (sic).

 

III.2 Cuestiones de fondo


III.2.1 Del recurso de casación de Zenón Soria Orellana.


Considera que el Auto de Vista impugnado, en relación a los defectos de sentencia apelados en el orden del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, limitó su motivación a aspectos genéricos y la afirmación que el delito fue cometido; postura con la que la Sentencia Constitucional “0012/2.00-R de 09 de enero” hubiera sido incumplida, así como los Autos Supremos 444 de 15 de octubre de 2005 y 437 de 24 de agosto de 2007.


Manifiesta que la labor de subsunción se fundó en hechos inexistentes y no acreditados, así como valoración defectuosa de la prueba, precisando por una parte que la introducción de documental relativa al “reconocimiento de personas” fue valorada pese a que las formas previstas por el art. 219 de la Norma Penal Adjetiva no fueron cumplidas, por no constar la presencia de su abogado defensor a momento de la realización del acto; asimismo, reclama que pese a la introducción de un video casete, en el que se muestra la participación en el hecho del coimputado OM, se absuelve a éste y se condena a su persona. Con esa base refiere que el Auto de Vista impugnado llega a la conclusión de la inexistencia de los defectos relacionados con el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, sin entrar en detalle de cuáles las acciones desplegadas por su persona que sean base para imponerle una condena, como también omitió pronunciarse sobre la legalidad en la incorporación de las actas de reconocimiento de personas. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007.

III.2.1.1 Doctrina legal contenida en el precedente invocado


El Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007, fue pronunciado ante la denuncia de transgresión del art. 124 del CPP, siendo que el análisis de fondo desprendió que ello era evidente, por lo que el Auto de Vista impugnado fue dejado sin efecto, y se sentó la siguiente doctrina legal aplicable:


Al no haberse pronunciado el Tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.


Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra el derecho a la defensa, al debido proceso, y al recurso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación



III.2.1.2 Actuaciones procesales vinculadas al recurso.


Por memorial de fs. 3314 a 3318 vta., Zenón Soria Orellana opuso apelación restringida planteando en lo relativo al recurso de casación:


Con base al art. 370 inc. 5) del CPP, afirmó que el Fallo apelado carecía de motivación suficiente pues “…de manera genérica…pronuncia sentencia condenatoria…sin haber cumplido con el requisito sine qua non…esto es la motivación o fundamentación…ya que solamente se limita a enunciar que hubiese existido la comisión del delito de asesinato, sin referir fundadamente, cuáles fueron las acciones que realizó…para que se pueda considerarse la comisión del delito” (sic).


De igual forma en el marco del art. 370 inc. 6) del CPP, señaló que la sentencia se fundaba en hechos inexistentes y no acreditados en cuya consecuencia en valoración defectuosa de la prueba, pues, “se judicializa documentación consistente en reconocimiento de personas…sin cumplir las disposiciones establecidas por el art. 219 del Código de Procedimiento Penal” (sic), señaló que tal acto se “realizó a través de fotografías” (sic), sin la presencia de su abogado defensor.


Reclamó también que la producción de “un video casete, el cual contienen imágenes de personas que agraden a los fallecidos…en las que solo se advierte…la participación del coimputado OM, quien se encuentra sosteniendo el cintillo de uno de los policías” (sic), demostrando la existencia de una defectuosa valoración de la prueba.


II.2.1.3 Contraste de situación de hecho similar


Recordar que la principal impronta del procedimiento penal vigente es constituida por los principios de inmediación, contradicción y continuidad, son ellos los que distinguen el sistema acusatorio y delimitan por ende sus demás componentes. Una característica de este tipo de sistemas, trasunta en la no existencia de una segunda instancia propiamente dicha (entendiendo instancia como el escenario de  debate sobre el mérito de pruebas) sino una etapa de control de legalidad y racionalidad, abierta a partir del recurso de apelación restringida y reatada a los principios de intangibilidad de los hechos e intangibilidad de las pruebas. Asimismo es propio a este tipo de sistemas el juicio de reenvío como fórmula de resolución; lo que significa que en grado de apelación y subsiguientes fases procesales, no es posible la emisión de un fallo sobre el fondo u objeto del proceso, dicho de otro modo no es posible dictar una nueva sentencia sobre aspectos de hecho. 

Es lógico entonces que la actividad recursiva a oponer contra la Sentencia, por un lado no se halle abierta a la discrecionalidad (o la sola argumentación de un agravio) sino tasada en Ley a ciertas condiciones y situaciones (de ahí la propia nomenclatura de restringida) exigiendo a quien recurre no solo la justificación de sus motivos, el señalamiento de la norma, sino que ambos asuman un cauce no contradictorio y sean congruentes el uno del otro, aspecto que no ocurrió en los actos que anteceden al presente motivo y que fueron de modo debido identificados por el Tribunal de apelación.


Cual se adelantó, el cimiento argumentativo en la mayoría de los recursos acudió a elementos similares. Son presentes incluso en casación- estrategias recursivas análogas, e incluso réplicas de texto adaptadas para cada caso en individual, modificando situaciones mínimas. Es así, que el abordaje del Auto de Vista impugnado, decidió por asociar temáticas conforme dos grandes esferas, la primera dedicada a la resolución de cuestiones incidentales y la segunda dedicada a los defectos de la sentencia, sección última que posee un esquema equivalente a las causas habilitantes previstas en el art. 370 del CPP.


En tal antecedente, el imputado, considera que el Auto de Vista recurrido contradijo la doctrina legal del Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007, al omitir pronunciarse en el fondo de los aspectos denunciados. Como se tiene sintetizado, la argumentación expresada en apelación restringida se centró en calificar a la Sentencia como carente de fundamentación necesaria para establecer su responsabilidad penal, empero sin generar otro tipo de elemento que conduzca a un análisis más profundo. Tal fue así, que la Sala Penal Tercera, consideró que dicha calificación no era evidente, pasando después a realizar una suerte de catalogación del contenido de la Sentencia, para luego concluir con la deducción que tal fallo en efecto se encuentra fundamentado, por ende sin incursión en la previsión del art. 370 inc. 5) del CPP.


En el caso del defecto de sentencia catalogado en el art. 370 inc. 6) del CPP, se tiene que se planteó que la condena se había basado en hechos inexistentes y no acreditados cuya consecuencia fuera la valoración defectuosa de la prueba, a continuación se adujo que ello tendría que ver con la prueba A-30, reclamándose de ella un aspecto procedimental además de señalar que por el contenido de un video casete se desprendiese la participación de OM. La respuesta del Tribunal de apelación declaró sin lugar al reclamo en la consideración que el recurrente no había formulado su reclamo a tono con la línea jurisprudencial adoptada en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007; es decir, superando la imposibilidad de ingresar a un espacio de análisis más señero ante la inconcurrencia de algún elemento de la sana crítica que haya sido transgredido.


En autos, el Tribunal de apelación declaró la improcedencia de los defectos de sentencia descritos en los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, de apelación restringida en correspondencia a la forma en la que fue expuesto, por una parte, consideró que no era evidente la alegación de inexistencia de fundamentación en la sentencia (recuérdese que el reclamo sólo vertió un adjetivo calificativo) pues las posibilidades escogidas por el recurrente no calzaban a un reclamo en específico que cuestione el razonamiento lógico del Tribunal de juicio; es decir, no se alegó que el decisorio haya sido basado en aspectos inexistentes, no acreditados o bien a través de una operación lógica errada; siendo que si bien se plantearon aspectos sobre dos pruebas, empero, únicamente sobre cuestiones formales no atinentes a las posibilidades que como norma habilitante poseen los numerales señalados al iniciar este párrafo.


En tal sentido, la contradicción pretendida por el recurrente carece de asidero, por cuanto la Sala Penal Tercera en el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, en efecto brindó respuesta a las temáticas planteadas Soria Orellana en la correspondencia en las que fueron planteadas. Dejando sentado que si bien existe el deber de control de legalidad y logicidad sobre la Sentencia, tal deber no opera de oficio (como pretende exigir el recurrente), sino se basa en dos cuestiones medulares, a saber, la petición de la parte que recurre y la permisión de la norma, aspectos que como se tiene ampliamente expuesto no sucedió en este motivo.


III.2.2 Del recurso casación de Juan Israel Rodríguez Ledezma.

 

El recurrente manifiesta que el 70% del Auto de Vista impugnado es un resumen de los recursos opuestos, y que en su caso no brinda una respuesta fundamentada sobre los agravios que planteó en apelación restringida; aduciéndose únicamente por el principio de verdad material que los jueces de mérito son libres en la apreciación y valoración de la prueba. Plantea la existencia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los Autos Supremos 126/2016-RRC de 17 de febrero y 014/2013-RRC de 6 de febrero, precisando que la doctrina legal contenida obliga a los Tribunales de apelación, se ciñe a la obligación del Tribunal de apelación de realizar un análisis exhaustivo para cada apelante, más no de manera conjunta, además de enfatizar, que la doctrina legal del segundo precedente, determina que los Tribunales de alzada se hallan obligados  a ejercer un control de legalidad sobre la sentencia, siendo que en su particular caso ello no hubiera ocurrido.


III.2.2.1 Doctrina legal contenida en los precedentes invocados


El Auto Supremo 126/2016-RRC de 17 de febrero, fue pronunciado ante la denuncia de inobservancia del art. 124 del CPP por parte del Auto de Vista impugnado, planteando la contradicción con el Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006, situación ante la que la Sala Penal del Tribunal Suprema de Justicia declaró infundado el recurso, teniendo presente que la contradicción no era evidente.


En cuanto al Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero, fue emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso seguido por el delito de Violación a Niño, Niña o Adolescente, en relación a un recurso de casación en el que el Tribunal de origen, declaró al imputado autor, condenándolo a sufrir pena de presidio de veinte años sin derecho a indulto, ante el recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado, realizó una mala interpretación de la sentencia recurrida en torno a la valoración de los elementos de prueba producidos en Juicio Oral, desconociendo la comunidad probatoria admitida, puesto que se demostró convencimiento suficiente en el Tribunal de instancia sobre la culpabilidad del imputado, razón por la que lo condenó; empero, el Tribunal de apelación anuló totalmente la Sentencia de primera instancia, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal, en lo pertinente a la presente problemática se tiene como doctrina legal:


“…el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber, dentro de un juicio de legalidad, de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y contenga una debida fundamentación; además, que las conclusiones contenidas en la sentencia no sean contradictorias o conducentes a un absurdo lógico en desmedro de la parte imputada, no correspondiendo la anulación de la sentencia, por ende la reposición del juicio, cuando aquella contiene la debida fundamentación fáctica, descriptiva e intelectiva, conforme las exigencias previstas en el art. 173 del CPP, por tanto expresa la razonabilidad y motivación de parte del Tribunal o Juez de Sentencia”.


III.2.2.2 Relación de antecedentes procesales.


Por memorial de fs. 3453 a 3958 vta., Rodríguez Ledezma presentó apelación restringida planteando: 


Inobservancia o errónea aplicación de la Ley, por cuanto la acusación fiscal calificó su actuación como cómplice por lo que “mal podía cambiarse a grado de autor ya que la prueba producida en juicio no fue suficiente para generar esa convicción” (sic), agregando que la Sentencia simplemente enuncia lo que considerase pertinente para dictar condena, cuestionando que su persona no podría ser “autor en conjunto debido a que no entra dentro de los elementos constitutivos del tipo penal en sus agravantes…solo se demostró el estar en el lugar como otras personas que fueron absueltas” (sic).


Asimismo en el marco del art. 370 inc. 4) del CPP, e incumplimiento a los arts. 171, 172 y 173 de la misma norma, expresó que entre las declaraciones de EMM, WB, EP, SC, GR y las documentales A-28, A-29, A-33 y A-34, el contenido de una de ellas fue anulado sin fundamento en derecho, y cuya valoración implicaría desestimar su participación en el hecho. De igual forma, las fotografías en las que se reconocería a su persona “fueron extraídas del video que fue objeto de exclusión probatoria” (sic).


Por otro lado desarrolló la existencia de los defectos de sentencia descritos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, al manifestar que las declaraciones valoradas en los Considerandos VII al X del fallo de mérito, contendrían datos contradictorios y parciales sobre lo testimoniado en juicio oral (enfatizando las conclusiones extractadas de lo declarado por FBP), que condujeran a una decisión no fundamentada.


En cuanto al art. 370 inc. 8) del CPP, señaló que la Sentencia únicamente realiza una relación de eventos “sin fundamentación concreta en lo que respecta a la individualización en el grado de participación de cada uno de los imputados” (sic).

Finalmente en cuanto al reclamo de incongruencia entre acusación y sentencia, reiteró que el hecho de habérsele acusado en el grado de cómplice impedía una condena como autor, situación que habiéndose presentado constituye un defecto no convalidable.


III.2.2.2 Contraste de situación de hecho similar.


El recurrente por una parte expresa su disconformidad con la forma en la que el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, brindó respuesta a su recurso de apelación restringida, considerando que debió darse una respuesta individualizada en cada caso, más no una conjunta para todos los recurrentes; señala también que el deber de controlar la Sentencia de grado fue incumplido por el Tribunal de apelación.


El recurso de apelación restringida es regulado por los arts. 407 y ss. del CPP. En el orden de la norma boliviana es el instrumento para el control de legalidad y racionalidad de una Sentencia, fallo que se forja a través del debate oral y bajo los principios de inmediación, continuidad y contradicción. El art. 329 del CPP, es taxativo al indicar que la etapa esencial del proceso es el juicio oral, de manera que si la Sentencia es el producto final, cualesquier actuar oficioso de parte de la autoridad jerárquica es de por sí limitado por la propia composición del sistema, a los aspectos de control de legalidad y racionalidad; es decir, si la Ley fue correctamente aplicada, y si el razonamiento o las inferencias realizadas siguieron un razonamiento crítico correcto. Las causales que habilitan apelación restringida en contra de la Sentencia se encuentran catalogadas en el art. 370 del CPP y si bien constituyen un indicador de actuación recursiva, no inhibe de modo alguno que su invocación se halle abierta a la discreción, por cuanto sobre ellas, deberá sostenerse con solvencia las razones por las que se considere una Sentencia posee uno u otro defecto.


En autos, el recurso de apelación restringida opuesto por Rodríguez Ledezma, fue abordado por el Tribunal de apelación en los puntos IV.3, IV.5, IV.6, IV.7 y IV.9. Si bien en algunos casos las respuestas fueron, de algún modo, fusionadas, ello obedeció a la similitud de cuestiones planteadas por la mayor parte de los apelantes en ese momento. En el presente caso el reclamo de errónea aplicación de la Ley sustantiva, alegando falta de fundamentación en la Sentencia sobre el proceso de subsunción, fue descartado bajo el argumento que la lectura de ese Fallo brindaba las razones suficientes sobre lo que el Tribunal de origen había considerado probado y el proceso subsiguiente de adecuación al tipo penal, describiendo que aquella operación se hallase en los varios acápites. Esta situación de cierto resulta evidente, por cuanto la fundamentación reclamada se halla descrita en aquella porción, incluso abundantemente en torno a la participación de cada uno de los acusados y otros pormenores que explican la calificación de los incs. 2) y 3) del art. 252 del CP, dado que las conclusiones sobre los tiempos transcurridos en la comisión del hecho, la participación individual de cada uno de los acusados, y condiciones de tratos deshumanizados contra las víctimas, son por demás evidentes en el texto de la Sentencia, y cuya observancia aunque de modo sintético- son presentes en el Auto de Vista impugnado.

Sobre el reclamo vinculado al art. 370 inc. 4) del CPP, formulado bajo una alternativa especulativa sobre la valoración de algunos medios de prueba, asentados más en una opinión sobre sus procedimientos de introducción, el Tribunal de apelación comprendió que el contexto de la exposición debía adscribirse también a los principios rectores que regulan las actuaciones de la jurisdicción ordinaria. En ese sentido el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, expresó:


“…revisada el acta de juicio oral se advierte que los Autos que resuelven los incidentes de exclusión de las pruebas, en particular de la codificada como A-16, se encuentran debidamente motivados…El hecho de que el imputado alegue vulneración al procedimiento en la obtención de las pruebas no implica per se- la ilicitud de dichas pruebas, por cuanto se debe tener presente el art. 13 del CPP…correspondiendo reflexionar que si el apelante considera que si las referidas pruebas fueron incorporadas al proceso sin observar las formalidades previstas en la Ley 1970, u obtenidas en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito, debe necesariamente especificar por qué carecen de eficacia probatoria y citar qué disposición legal fue inobservada en la obtención de los referidos elementos de convicción lo que no sucede en el caso presente” (sic)


La queja llegada a casación refuta lo expresado en el párrafo precedente, aduciendo que el Tribunal de apelación incumplió el control de legalidad sobre la Sentencia, aspecto que se halla demostrado como ausente de asidero. La respuesta en el Auto de Vista recurrido no solo tiene equivalencia a la forma en que el recurso de fs. 3453 a 3458 vta., fue presentado, sino también en los límites del art. 398 del CPP; de hecho, no es como dice el recurrente que un medio probatorio o una prueba carezca de eficacia ante la sola denuncia de ilegal o ilegítima, puesto que la declaratoria de nulidad deberá fundarse en una trascendencia ostensible, situación que no ocurrió en el presente caso, pues a partir de la sola denuncia se pretende desmontar un proceso de razonamiento lógico complejo. El diseño procesal emanado de la Ley 1970, hace que el no sea un trámite de sorpresas, sino uno regido por reglas claras, con igualdad de oportunidades, transparente, en el que cada una de las partes conozca las pruebas que se practicarán en el juicio y prepararse para su contradicción. El momento procesal oportuno y pertinente para el ofrecimiento de los medios de prueba es para el Ministerio Público la acusación, y para la defensa el tiempo posterior a su notificación con este actuado, cuya activación se materializa a tiempo de la realización de los actos preparatorios del acto de juicio, salvo prueba extraordinaria sobreviniente.

   

En lo demás la contradicción pretendida no es evidente por cuanto, el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, alineó sus argumentos tanto al deber de control de la sentencia, entendido dentro de los marcos procesales que la Ley permite, así como brindó respuesta equivalente a las problemáticas puestas a su consideración, lo que hace que el recurso promovido por Israel Rodríguez Ledezma sea infundado.  



III.2.3 Del Recurso de casación de Trifón Huayllani Pizarro.


El recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado no se refirió puntualmente a los agravios planteados en su recurso de apelación restringida sino “de manera general procede a resolver los puntos apelados por todos los apelantes…cuyos fundamentos y agravios de cada uno de los recurrentes son distintos” (sic). Considera que el Tribunal de alzada no brindó una respuesta fundamentada respecto a los defectos de la Sentencia contenidos en los arts. 370 incs. 2) y 5) del CPP, pues sobre su denuncia de no haberse individualizado su participación en el hecho, simplemente se dieron referencias enunciativas sobre el contenido de la Sentencia, sin ejercer el control de legalidad en torno a la declaración de la testigo GR; asimismo, sobre la insuficiente fundamentación de la Sentencia, el Tribunal de apelación realizó una apreciación subjetiva del fallo apelado, ya que el reclamo sobre este particular se refirió a la ausencia de valoración de cada uno de los elementos de prueba que no mereció el tratamiento debido a través de una fundamentación suficiente lo que degeneró en vulneración a su derecho a la defensa y acceso a la justicia. Invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 423/2013 de 13 de septiembre, 414/2013 de 30 de agosto y 321/2013-RRC de 6 de diciembre.


III.2.3.1 Relación de antecedentes procesales


Por memorial de fs. 3337 a 3344, Trifón Huayllani Pizarro, activó recurso de apelación restringida, manifestando la existencia de defectos de la sentencia conforme el art. 370 del CPP,  alegando:


La aplicación del art. 20 del CP en la Sentencia se fundamenta en una participación conjunta de todos los imputados incluso “todos los que hubieran participado aun sin golpear a las víctimas son considerados autores” (sic), ello constituiría errónea aplicación de la ley sustantiva, por cuanto señalaba el apelante- “en ningún momento fui parte del tumulto y jamás agredí físicamente a los tres policías muertos” (sic). Añadió que al momento de sucedidos los hechos su persona trató de persuadir a los presentes de no golpear a las víctimas, y que ello es corroborable con la versión de la testigo GR. En ese mismo tópico precisó que los requisitos configurativos de coautoría reconocidos por la doctrina, exigen la comisión conjunta y la existencia de un acuerdo previo, situaciones que dijo, en su caso particular, no concurrieron. 


En el caso del art. 370 inc. 2) del CPP, señaló que en el juicio oral no se había demostrado probatoriamente su participación en el hecho, siendo insuficiente la sola declaración del testigo REP.


Sobre el art. 370 inc. 5) del CPP, expresó que la sentencia de grado sólo realizó una relación descriptiva de los medios de prueba (incluso de manera parcial) sin llegar a una valoración íntegra y completa. De igual modo, consideró que la motivación probatoria sobre las testimoniales y documentales, solamente fue genérica descriptiva y enunciativa, sin que se les haya asignado valor alguno.


Finalmente que el no haberse permitido la declaración de testigos propuestos por su parte, argumentando no haber estado presentes en juicio o no haber depuesto entrevista en etapa preparatoria, vulneró su derecho a la defensa garantizado por el art. 115 de la CPE.


III.2.3.2. Doctrina legal contenida en los precedentes invocados.


El Auto Supremo 423/2013 de 13 de septiembre, fue pronunciado por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, ante la denuncia de violación al art. 398 del CPP, en el entendido que el Auto de Vista impugnado no emitió pronunciamiento sobre todas las temáticas planteadas; que verificando lo cierto de tal alegación dejó sin efecto el fallo del Tribunal de apelación, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“I Conforme previene el art. 398 (Competencia) del Código de Procedimiento Penal: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, de donde se tiene que debe existir una correlación entre lo apelado y lo resuelto por el Tribunal de Apelación, de modo que los aspectos recurridos, que llegan a conformar el tema decidendum, fijan el límite máximo del pronunciamiento del Tribunal, al cual debe atenerse el Tribunal de alzada, por cuanto el principio del debido proceso exige que el Tribunal a quem solo conozca y resuelva los aspectos impugnados de la resolución del Juez a quo.


II. Toda Resolución judicial, especialmente la Resolución pronunciada en grado de Apelación, debe estar debidamente fundamentada y motivada, lo que obliga al juez o Tribunal exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica que haga comprensible las razones de la decisión, por cuanto, esta exigencia responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales a objeto de verificarse que la decisión jurisdiccional no obedece a la arbitrariedad del juez, sino a la aplicación objetiva de la Ley.


III. Dentro de los poderes de valoración jurídica del hecho, competen al Juez o Tribunal de la instancia ciertas facultades para cuyo ejercicio tiene una suerte de poder dispositivo sobre el contenido de la norma; estas facultades discrecionales que le son acordadas no se ejercen a través de una declaración valorativa que pueda ser generalizada, sino individualizando concretamente una consecuencia particular derivada del encuadramiento jurídico del hecho comprobado. El ejercicio de ese poder depende de la apreciación de circunstancias de hecho que solo el Juez o Tribunal de mérito puede apreciar en el debate.


IV. El control que ejercen los Tribunales de Apelación con relación a las sentencias pronunciadas por los jueces y Tribunales de Sentencia no comprende la aplicación de las consecuencias que derivan de los hechos demostrados en juicio que es ejercida por estos últimos, si se encuentra dentro de los límites legales, procediendo el control sobre el ejercicio de esos poderes discrecionales de los jueces y Tribunales de mérito únicamente cuando han sido ejercidos sin que la norma le concediera la posibilidad del ejercicio de ese poder discrecional o cuando estando conferido, lo ejerció fuera del marco discrecional que se le otorga”


Por su parte el Auto Supremo 414/2013 de 30 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, brindó mérito a denuncias sobre la presencia de ausencia de fundamentación en las afirmaciones sobre presencia de defectos absolutos sostenida por el Tribunal de apelación, infringiendo el art. 124 del CPP. La Magda. Bustamante Ramírez, -relatora en el precedente- consideró que “En efecto, se tiene que el tribunal de alzada al ejercer el control sobre la valoración de la prueba se limitó a efectuar tales conclusiones, empero sin justificar o demostrar el modo en el que se habría suscitado la errónea valoración de la prueba…no señaló qué razonamientos aseverativos se habrían encontrado fuera de la lógica o con apreciación arbitraria de la prueba, omitiendo al respecto demostrar qué apreciaciones y conclusiones obtenidas de las pruebas por parte del Tribunal de Sentencia no respondieron a un procedimiento lógico, razonable, valorativo ni teleológico” (sic) así también se consideró que “el tribunal de alzada procedió a absolver a la procesada, incurriendo en la afirmación de la existencia e inexistencia de hechos, alejándose de los establecidos por el tribunal de la causa, efectuando deducciones fácticas propias sin respetar los hechos fijados por el tribunal de sentencia y de manera infundada” (sic), la resulta de tales consideraciones determinó dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“I. Toda Resolución dictada en Apelación y en lo que concierne también al fondo de la causa, debe estar debidamente fundamentada y motivada, lo que obliga al juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica que haga comprensible las razones de la decisión, por cuanto, responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales.


II. La segunda instancia, como una “revisio prioris instantiae”, no se encuentra habilitada en el caso de nuestro sistema procesal penal vigente, debiendo los Tribunales de Apelación Penal sujetar su competencia a las denuncias de violación que importan la inobservancia o incorrecta aplicación de la Ley sea sustantiva o adjetiva, conforme así lo prevé el art. 407 del Código de Procedimiento Penal, estando vedado a efectuar un nuevo examen crítico de los hechos, por no constituir precisamente un Tribunal de segunda instancia, siendo únicamente factible en el ámbito de la prueba, efectuar un control jurídico sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la Sentencia, verificando si en la construcción de la convicción del juzgador se observaron los principios lógicos de identidad, de contradicción, del tercero excluido y de razón suficiente; así, en el caso de que la revisión jurídica efectuada por el Tribunal de Apelación verse sobre el cumplimiento de estos principios, deberá en todo caso señalar con precisión cuál de ellos y en qué medida habrían sido inobservados por el Tribunal de juicio de manera fundada a través de una Resolución debidamente motivada.


III. Si bien la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia quedan fuera de la competencia de los tribunales de apelación, está sin embargo sujeto a impugnación y control judicial en vía de apelación el proceso lógico seguido por el juez de la causa en su razonamiento, siendo posible al tribunal de apelación realizar bajo este aspecto un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por la Ley procesal penal, a fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la motivación de la sentencia, verificando si se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.


En ese marco de control el tribunal de apelación debe circunscribir su análisis y control a si la valoración, apreciación y conclusiones obtenidas de las pruebas por parte del Juez o Tribunal de Sentencia, responden a un procedimiento lógico, razonable, valorativo o teleológico; en caso de establecer que la valoración o apreciación de la prueba fue efectuada con infracción de las reglas jurídicas que regulan la forma y contenido de la motivación o que los juicio vertidos sobre las pruebas no responden al procedimiento descrito precedentemente, deberá cumplir con la obligación de explicar y exponer los motivos o razones jurídicas que justifiquen la infracción de las reglas de apreciación que se deduzcan. Al respecto, también corresponde precisar que, naturalmente, el control jurídico que debe desarrollar el Tribunal de Apelación sobre la valoración y apreciación de las prueba, así como la motivación de las razones que llevan a la conclusión de dicho control en alzada, deberá ser efectuado de manera legítima, es decir, deberá realizarse y fundarse respectivamente, en elementos de prueba que sean objetivamente verificables en los antecedentes del proceso y no fundarse en presunciones subjetivas del Tribunal”


III.2.3.3. Contraste de situación de hecho similar.


Trifón Huayllani Pizarro, acude a casación planteando la contradicción del Auto de Vista de 20 de abril de 2018, con la doctrina legal de los Autos Supremos 423/2013 de 13 de septiembre, en relación al principio de congruencia contenida en el art. 398 del CPP y el Auto Supremo 414/2013 de 30 de agosto cuya jurisprudencia orienta a los tribunales a ceñir sus actuaciones fundamentadamente.


El recurrente considera que en la respuesta concerniente a los defectos de sentencia de los incs. 2) y 5) del art. 370 en el CPP, el Auto de Vista impugnado, en relación a que el imputado no se encuentre suficientemente individualizado, expresó que lo alegado “carece de mérito, ya que en la sentencia se llegó a individualizar suficientemente a los imputados…asimismo fueron plenamente identificados en los diferentes considerandos, así como en la parte resolutiva,  habiéndose establecidos su participación en el hecho, razón por la cual fueron condenados por la comisión del delito de asesinato…debiendo tenerse presente en este acápite que la individualización del imputado a la que hace referencia el art. 370 inc. 2) del CPP, corresponde al contenido formal de la sentencia y no al contenidos sustancial de la misma” (sic).


En cuanto al defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, la Sala Penal Tercera, consideró que la lectura de la Sentencia apelada arrojaba suficiente convicción argumentativa sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados en él. Sobre este motivo la Sala manifiesta que la comprobación de la ausencia de motivación de las decisiones judiciales está estrechamente ligada a la complejidad del asunto, las materias alegadas y los hechos del caso. De esa forma, mientras que en algunos casos unas breves consideraciones bastarán para dirimir el caso; en otros es indispensable que el juez argumente de manera exhaustiva la decisión que va a adoptar. En todo caso, siempre habrá de emitirse pronunciamiento sobre los asuntos entorno de los cuales gira la controversia y si es del caso, aducir la razón jurídica por la cual la autoridad jurisdiccional se abstendrá de tratar alguno de los puntos sometidos a su consideración, razones por las que se hace plausible concluir que la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Sin embargo, no toda falta de pronunciamiento expreso sobre una pretensión, hace por sí misma incongruente una resolución. En todo caso por motivación deberá entenderse como “la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión” (caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Sentencia de 21 de noviembre de 2007).


En el caso de autos, las refutaciones vertidas contra la Sentencia, si bien coincidieron en acusarla de ausente de fundamentación, no fue menos cierto que ese fallo, en contrario, posee requisitos mínimos en su contenido, es decir, la historia del juzgamiento y las consideraciones de los juzgadores sobre las pruebas introducidas al debate, para finalmente conducir a la decisión final (extractada en el apartado II.1 de este Auto Supremo) son perceptibles mas no deducibles; de manera que el planteamiento sobre contradicción en el Auto de Vista de 20 de abril de 2018 con el Auto Supremo 423/2013 de 13 de septiembre, no es evidente pues los reclamos expuestos en apelación restringida fueron abordados y respondidos en correspondencia a la forma de su planteamiento. Situación similar es la que ocurre con la contradicción pretendida con el Auto Supremo 414/2013 de 30 de agosto, cuya doctrina legal no fue contradicha por cuanto la Sala Penal Tercera expuso las razones de su decisión de manera suficiente y comprensible.


III.2.4 Recurso de casación de Nicolás Rojas Calvi.


El recurrente aduce que el Auto de Vista impugnado no brindó tratamiento conforme a derecho a sus reclamos de apelación restringida, alegando que “no se refiere puntualmente sobre los puntos apelados de mi parte, sino que de manera general procede a resolver para todos los apelantes, sin discriminar los fundamentos de cada uno de ellos, en cada uno de los numerales del artículo 370” (sic). Ello fuera evidente en torno a los defectos de sentencia contenidos en los arts. 370 incs. 2) y 5) del CPP, referidos a no haberse individualizado su participación en el hecho, reclamo sobre el que el Tribunal de apelación simplemente brindó referencias enunciativas sobre el contenido de la Sentencia, sin ejercer el control de legalidad en torno lo depuesto por los testigos FBP y SCT. En igual sentido, reclama que el Tribunal de alzada no emitió pronunciamiento puntual en torno a la ausencia de valoración de cada uno de los elementos de prueba y la ausencia de justificación sobre las razones de asignación de un determinado valor. Como precedentes contradictorios invocó los Autos Supremos 423/2013 de 13 de septiembre y 414/2013 de 30 de agosto.


III.2.4.1 Relación de antecedentes procesales.


En actuación saliente de fs. 3288 a 3294 vta., Nicolás Rojas Calvi, expuso que:


El alcance brindado al art. 20 del CP, por la Sentencia, constituyó errónea aplicación de la ley sustantiva, asegurando que su persona no fue parte del tumulto ni agredió físicamente a las víctimas, y que ello fuera demostrado por la atestación de WFBP. Al contrario, precisó que su actuación procuró persuadir a los comunarios en deponer actitudes; enfatizó que mal podría aplicársele extensivamente una participación sin mediar los elementos que lo vinculen a los hechos.


Expresó que los arts. 13 y 172 del CPP, fueron inobservados, pues se introdujo y valoró prueba obtenida violando derechos y garantías constitucionales, indicando que la producción de la signada A-30, en la que se utilizaron imágenes de video congeladas, fue llevada a cabo sin cumplir con las previsiones del art. 219 del CPP en lo que respecta a la participación de su abogado defensor; agregando que el video del cual se obtuvieron las imágenes fue excluido en el proceso.


Afirmó que en el desarrollo del juicio oral no se evidenció probatoriamente su participación en el hecho, sin que la sola atestación de SCT fuera suficiente para individualizar su participación, por cuanto se tratase de una declaración de referencia o indirecta. Se reclamó también que de las testificales de EMMQ, FBP, SCT, GR, EJS, RPS e IH, a las que el Tribunal de juicio consideró testigos directos, las únicas personas que lo vincularon al hecho fueron FBP y SCT; empero, el segundo se tratase de un testigo indirecto y sobre lo dicho por el primero, se consignaron datos tergiversados pues lo depuesto “no supone participación ni autoría” (sic). De igual forma la atestación de SC, fue calificada de interesada por ser policía, así como no haber estado presente en el lugar del hecho cuando se produjo.


Sobre el defecto de sentencia contenido en el art. 370 inc. 5) del CPP, declaró que la Sentencia de mérito sólo describió los medios de prueba, sin realizar una valoración íntegra y completa. Expresó que el Tribunal de origen no había indicado cuál fue su participación concreta en el hecho, sino de “forma subjetiva menciona que habría subido por el camión de Santiago Jiménez para después romper el vidrio de la habitación donde se encontraban los policías…aspecto no demostrado durante el juicio oral” (sic).

III.2.4.2 Doctrina legal contenida en los precedentes invocados.


La Sala remite el presente contenido a lo expresado en el apartado III.2.3.2. de este Auto Supremo.


III.2.4.3 Análisis del caso concreto.


En el marco ya referido, el recurrente Rojas Calvi, considera que el Tribunal de apelación transgredió los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP, al no emitir pronunciamiento sobre sus reclamos referidos a la aplicación de la Ley sustantiva y la valoración de la prueba A-30. En el primer caso, vale decir, los argumentos esbozados en apelación restringida, son basados más en la afirmación de inocencia la negación y el señalamiento del testigo WFBP; sin embargo, dichos argumentos reiterados en casación- son insuficientes para motivar un análisis de mayor profundidad, más cuando los propios límites del art. 398 del CPP, imponen la correspondencia entre reclamo y respuesta.


La Sala Penal Tercera, expuso sus razonamientos sobre la participación de los imputados desde el art. 13 del CP, es decir, que las condiciones de aplicación de la Ley sustantiva debían antes cumplir condiciones de culpabilidad en relación al fin último de la acción (así sale a fs. 4413), para más adelante, en la retrospectiva al fallo de mérito, asumir que en evidencia se tenían cumplidas las condiciones exigidas por la norma para su aplicación y la consecuente imposición de una pena. Ciertamente el sólo afirmar algo o bien mostrar un frontal desarreglo con los resultados del proceso, obliga una respuesta en tal equivalencia, situación que es vista en el presente caso.


Las valoraciones exigidas por Rojas Calvi, sobre la prueba A-30 y la relación de lo declarado por WFBP como condición exculpante, no podrían ser pasibles a consideración procesal jurídica en la forma en la que fueron expuestas. En el caso de la prueba A-30, se trata pues de una cuestión incidental sobre su exclusión o introducción, dicho de otra manera se reclama su presencia por su sola presencia y no sobre su representación como prueba, constituyendo ello un tema incidental cuyo trato no ataca el fondo de la sentencia. Para el caso de la atestación de WFBP, más allá de sostenerse que poseyera información liberatoria de responsabilidad, no sobrepasa la sola mención.


Por el recurso de apelación restringida, la Ley 1970 procura la revisión integral de derecho de una Sentencia. Los límites sobre inmediación, contradicción y continuidad que rigen el juicio oral, han sido abundantemente abordados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de este Tribunal, aspectos a los que esta Sala manifiesta su amplio consenso. Mal podría suponerse que un acto realizado de forma oral, con presencia de las partes y de manera pública (cuestión vital para la transparencia de un juicio), pueda ser trastabillado por meras cuestiones formales en una decisión de gabinete, como lo es apelación restringida, pues de así suceder, no sólo la labor de los jueces de origen quedaría mermada, sino la propia credibilidad del aparato de justicia. Ello obliga a que el recurso de apelación restringida, no sea un juicio de hechos, sino de derecho, en el que las partes expondrán sus reclamos sobre la aplicación de la Ley o bien, en el caso de la prueba, las inferencias o razonamientos que consideran como ilógicos, irracionales, absurdos o sencillamente incorrectos, más no, una nueva versión sobre el caudal probatorio e incluso el simple desarreglo. El recurrente, expuso en apelación restringida una seguidilla de insinuaciones y disconformidades con la condena que le fue impuesta, por su parte el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, dado el llamativo parecido en el texto de varios de los recursos, manifestó una respuesta conjunta, que vista en casación cumple con los márgenes de los arts. 398 y 124 del CPP, por las razones ya anotadas.

III.2.5. Recurso de casación de Ángel Rosendo Cossío Álvarez.


Señala que el Tribunal de alzada no dio respuesta fundamentada a los agravios referidos a defectos de la Sentencia del art. 370 incs. 5) y 8) del CPP y la infracción a los arts. 124, 173 y 360 inc. 3) de la misma norma procesal, vinculada a la falta de valoración en sentencia de la declaración de GR (quien referiría que su persona no agredió a las víctimas), mereció una respuesta vaga e imprecisa basada en la cita del Auto Supremo 84 de 1 de marzo de 2006 y del “SS N° 231 de 4 de julio de 2006” (sic). El Auto de Vista impugnado manifiesta el recurrente- transgredió los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP, pues omite pronunciarse sobre lo apelado por su parte, realizando en su lugar una cita general para todos los apelantes, generando un defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme lo descrito por el art. 169 inc. 3) de la Norma Adjetiva Penal al vulnerar el debido proceso garantizado por el art. 115.II de la CPE.


Iguales consideraciones son expuestas en torno a los reclamos de apelación restringida vinculados a defectos de la sentencia previstos en el inc. 2) del art. 370 del CPP, ya que en perspectiva del recurrente- no se brindó repuesta fundada sobre la falta de individualización del imputado en el hecho, ni se realizó el control de legalidad sobre la valoración de la prueba en este particular. Así también el Auto de Vista enunciando los Considerandos II, III y VII de la Sentencia, concluyó que el Tribunal de origen no incurrió en el defecto de insuficiencia de fundamentación, sin haber considerado que en apelación restringida se desarrolló el reclamo de falta de asignación de valoración individual de la prueba conforme las reglas de la sana crítica, estos hechos en perspectiva del recurso- son contrarios a la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 423/2013 de 13 de septiembre y 414/2013 de 30 de agosto.

III.2.5.1 Relación de antecedentes procesales.


Por memorial de fs. 3267 a 3269, Ángel Rosendo Cossio Álvarez, promovió apelación restringida alegando que la fundamentación respecto a su situación fue reemplazada por la relación de testificales y la mención del requerimiento de las partes sin mencionarse las razones de suficiencia sobre la prueba, cuestionando las conclusiones extractadas sobre lo atestado por FB y GR, en sentido que el primero si bien reconoció a alguien de carpa camuflada no precisó las acciones efectuadas, y la segunda no otorgó detalles sobre su participación en los hechos luctuosos, y en el segundo caso la testimonial no afirmó haberlo visto.


Expresó también inconformidad con las conclusiones de la sentencia sobre la fe probatoria conferida a las declaraciones testificales atribuyendo coincidencia de lugar, hechos, personas y tiempos, calificándolas de incoherentes, pues “el sr. B [lo] confunde con Cresencio Jiménez y…GR aparentemente conoce el nombre de Rosendo Cossio, pero nunca [lo] ha reconocido” (sic).

III.2.5.2 Doctrina legal contenida en los precedentes invocados


La Sala se remite al apartado III.2.3.2. de este Auto Supremo.


III.2.5.3 Del caso concreto


Sobre la denuncia de vulneración al art. 115.II de la CPE, por infracción a los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP.


El motivo de casación aquí planteado transmite un hecho básico a ser verificado en el análisis; expresa el recurrente que el Tribunal de apelación en la emisión del Auto de Vista de 20 de abril de 2018, no dio respuesta fundamentada a los agravios referidos a defectos de la Sentencia del art. 370 incs. 5) y 8) del CPP, infringiendo los arts. 124, 173 y 360 inc. 3) de la misma norma procesal, generando un defecto absoluto no susceptible de convalidación al vulnerar el debido proceso garantizado por el art. 115.II de la CPE.


En rigor la problemática planteada denota una supuesta falta formal a la norma. Una situación de fallo infra petita incumbe la vulneración de un principio del derecho procesal básico como es el principio de congruencia, tal condición no deja de constituir una postura superficial a los fines que el instituto jurídico pretende y que en materia procesal penal torna de sensible trascendencia. La premisa básica en la actividad recursiva se asienta en el Principio Tantum Apellatum Quantum Devolutum (tanto lo deferido como lo reclamado), por el cual la autoridad jurisdiccional que conoce la acción impugnaticia sólo debe avocarse sobre aquello que le es sometido en virtud del recurso respondiendo de manera exhaustiva. El art. 398 del CPP, establece que “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, esta norma complementa el ámbito competencial de los tribunales de alzada (cuya conformación comprende el tipo de resolución recurrible y la fase procesal de su actuación) e inhibe todo tipo de pronunciamientos oficiosos, ya sea en la incorporación de motivos o fundamentos, extendiendo la eventual interpretación de los agravios que les fueran propuestos.


Alrededor de aquellos criterios el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, de manera específica señaló que “la autoridad jurisdiccional al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas por el denunciante incurre en una incongruencia omisiva o fallo corto (citra petita o ex silentio); sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita


Ahora bien, verificado el Auto de Vista recurrido no se advierte la falta de pronunciamiento alegado por el recurrente, pues no cualquier omisión puede ser pasible a ser considerada como lesión a un derecho constitucionalmente tutelado, ello convendría vulnerar los principios que regulan las nulidades procesales, como también desnaturalizar los medios recursivos como mecanismos idóneos a reparación de yerros graves del proceso. En el presente caso, en la orientación vertida en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, un yerro sobre incongruencia omisiva no es advertible; al contrario, los argumentos expuestos en el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, denotan que se dio respuesta a los agravios formulados en apelación restringida por el recurrente, al señalar que no habían sido argumentadas cuestiones de vulneración a la sana crítica, además que valoraciones en torno a la prueba constituirían acciones no permitidas a los Tribunales de apelación. Por otra parte, se constata que la Sala Penal Tercera atendió los aspectos referidos a la falta de individualización en la acusación, y para el caso de la falta de fundamentación y justificación de la prueba, fueron absueltos en sintonía a la forma en la que fueron planteados, pues cuando el imputado, cuestionó la supuesta falta de individualización sobre la comisión del hecho, lo hizo pretendiendo un nuevo debate sobre lo comprendido en la deposición de GR, cuando -como se dijo antes- de apelación restringida no es un espacio de discusión de hechos ni valoración de pruebas.  


Sobre el reclamo de ausencia de respuesta individual a los recursos opuestos, la Sala considera que dadas las visibles similitudes de argumentos y cuestiones que son comunes en los recursos, no solamente en la norma procesal habilitante, sino en la propia base fáctica de los reclamos, que en algunos casos llegan a la misma reproducción y copia de texto, no constituye óbice menos yerro, la otorgación de una respuesta conjunta cuando las condiciones así lo ameriten, algo que en este caso ocurrió.


Precisar, que la jurisprudencia emitida por este Tribunal, así como la jurisprudencia pronunciada en la jurisdicción constitucional, han establecido que las resoluciones no necesariamente deben contener una fundamentación ampulosa, estableciendo como parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo, que toda resolución debe ser clara, precisa, congruente y fundamentada. Clara, para la fácil comprensión literal de la escritura a través de un lenguaje fluido y nítido, y para evitar incertidumbre o confusión; precisa porqué la autoridad judicial debe de abocarse a satisfacer los requerimientos propios de la contienda, sin entrar en desviaciones; congruente, que significa guardar la debida correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, sea que se acoja o se rechace, con el respectivo fundamento en uno u otro caso; fundamentada, debiendo darse las razones precisas que llevan al juzgador a tomar la decisión, con mención y análisis de todos los elementos de prueba que respaldan los hechos tenidos por probados; por lo que, en el caso particular no sería evidente que el Tribunal de apelación, hubiere incurrido en defectos absolutos descritos en el art. 169 inc. 3) del CPP.


Sobre la contradicción con los Autos Supremos 423/2013 de 13 de septiembre y 414/2013 de 30 de agosto.


La doctrina legal sentada en los citados precedentes, son consonantes en dos cuestiones medulares, por un lado en la medida de exigir a los Tribunales de apelación emitir fundamentación completa y acorde con el art. 398 del CPP, y por otro lado, orientar que tal pronunciamiento debe circunscribirse, no a la valoración de pruebas, sino a las inferencias lógicas por las que los jueces de origen tomaron una u otra decisión; dicho ello, pese a que el recurrente cuestiona supuestas omisiones relativas a tópicos eminentemente probatorios, no precisa cuál el acto en específico que  le cause agravio; entendiendo acto como la conjunción de marco jurídico específico y cuestión de hecho reclamada (con lo cual se descarta simples cuestionamientos u observancias). Se evidencia de la revisión del Auto de Vista impugnado, que en su contenido desarrolla de manera sucinta los argumentos fácticos y de derecho respecto a los puntos invocados en las apelaciones restringidas de la parte querellante como por los imputados, que se encuentran descritos de fs. 4411 a 4417 vta.; que en el caso de Cossio Álvarez, se trataron de cuestiones genéricas (violación al art. 124 del CPP) y aspectos de índole probatorio. En ese contexto, se evidencia que el Tribunal de apelación respondió y fundamentó aquellos agravios, desglosando sus limitaciones sobre valoración de la prueba y la ausencia de un desarrollo argumentativo en el caso del reclamo de falta de fundamentación; asimismo, desarrolló doctrinariamente cuál el marco de punibilidad y subsunción de la conducta reprochable, concluyendo que el Tribunal de Sentencia habría evidenciado que no concurrirían los elementos objetivos ni subjetivos para exculpar a los imputados.


Así, lejos de demostrar el recurrente la ausencia de fundamentos que sustenten la Resolución impugnada, se evidencia una mera disconformidad con los argumentos esbozados por el Tribunal de alzada, restando manifestar que el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, posee los elementos esenciales de una debida fundamentación, aun cuando éste no sea extensivo o ampuloso, es concreto y lógico, conteniendo las razones de hecho y derecho; además de no ser evidente la existencia de contradicción con la doctrina legal sentada en los Autos Supremos 423/2013 de 13 de septiembre y 414/2013 de 30 de agosto, deviniendo el recurso de casación en infundado.

III.2.6 Recurso de casación de Santiago Jiménez Olmos.


Previa reseña de antecedentes procesales, referidos a los agravios planteados en su recurso de apelación restringida, afirma que no fueron resueltos de manera individual, haciendo que el tribunal de apelación a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado viole los arts. 124 y 398 del CPP, por falta de fundamentación y no haber dado respuesta a los agravios planteados, asumiendo una dirección contraria a la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 423/2013 de 13 de septiembre. Las omisiones denunciadas son relativas a:


    1. Errónea aplicación del art. 20 del CP, reclamando no haberse establecido de manera indubitable el grado de participación y autoría en la Sentencia. Señala que en ningún momento hubiera sido parte “del tumulto” o de la muerte de las víctimas; añade que conforme la doctrina del Derecho Penal, la coautoría exige ciertos requisitos, que en su caso no fueron existentes (comisión conjunta de los hechos, plan o acuerdo previo, que el aporte individual sea determinante en el hecho). Sobre este particular, refirió que lo aseverado por la Sentencia, sobre su presencia y actuación registrada en video el día de los hechos “resulta una valoración subjetiva, especulativa” (sic), ya que se tratase de un hecho inexistente y adecuado por ende al defecto de sentencia descrito en el art. 370 inc. 6) del CPP.


    1. Defecto de la sentencia del art. 370 inc. 4) del CPP y vulneración a los arts. 13 y 172 del CPP, al haberse permitido la introducción de prueba obtenida, violando derechos y garantías constitucionales sobre la cual se fundó la sentencia. Describió que se tratase del Acta de Entrega de Video, que incumpliría formas legales al carecer de la firma del recurrente, siendo inválida por efecto del art. 120 inc. 4) del CPP. Cuestionó también el Acta de Cadena de Custodia pues la firma de Pedro Luís del Castillo inscrita en ella, no guardaría relación a las que el mismo imprimió en las pruebas A-11 y A-19. Agregó, que las formas respecto a la cadena de custodia no fueron respetadas, dado que al momento de la intervención de un perito, éste devolvió solamente la videocámara empero no el cassette. En igual sentido, relata que la prueba codificada A-58, fuera también ilícita dado que por la declaración de Guadalupe Rodríguez se reconocería un vehículo con placa de control 169KYP que fuera propiedad del recurrente, empero, en estrados la citada afirmó que no lo conocía bien.


    1. Afirmó también que “el tribunal refiere en su fundamentación hechos falsos e inexistentes” (sic), concurriendo el defecto de sentencia contenido en el art. 370 inc. 6) del CPP, pues se afirma que el recurrente quedó registrado en el video dirigiéndose a la gente en quechua “de la forma como lo había hecho en juicio oral” (sic), lo que no fuera cierto pues asegura que su persona no quedó registrado en el video.

       

El Tribunal de apelación incurrió en insuficiente fundamentación, lo que fuera contrario al contenido del Auto Supremo 414/2013 de 30 de agosto, que orienta aspectos de abordaje de control de la valoración de la prueba en fase de apelación restringida. A efectos de este planteamiento Jiménez Olmos, describe los siguientes aspectos:


  1. Sobre su reclamo de falta de individualización en la Sentencia apoyado en el art. 370 inc. 2) del CPP, los de apelación brindaron una respuesta que no cumpliría con la formalidad de fundamentación y motivación, sin establecer porqué consideraron que la sentencia tenía plenamente identificada a su persona; añadiendo que el Auto de Vista impugnado incumplió su deber de control sobre la valoración de la prueba efectuada por el inferior, en lo que toca a las testimoniales de EP y GR.


  1. Sobre la denuncia vinculada al art. 370 inc. 5) del CPP, apuntando expresamente los Considerandos II, III y VII en la Sentencia, manifiesta que el Tribunal de apelación realizó una apreciación subjetiva al calificar de adecuada la fundamentación efectuada por la Sentencia, sin pronunciarse sobre los agravios planteados en apelación referidos a la ausencia de valoración individual de las pruebas.


III.2.6.1 Relación de antecedentes procesales.


Santiago Jiménez Olmos, activó recurso de apelación restringida a través de memorial de fs. 3407 a 3415, planteando:


Errónea aplicación de la Ley sustantiva en relación a las consideraciones adoptadas por el Tribunal de juicio en torno al art. 20 del CP, cuestionando que su persona en ningún momento hubiera sido parte del tumulto como tampoco agredió físicamente a las tres víctimas, ello se corrobora por su no aparición en el video; razones por las que consideró que su condena se basaba en hechos inexistentes.


Asimismo expresó que los requisitos exigidos por la doctrina para aplicar una teoría de coautoría no fueron cumplidos en su caso particular, por cuanto el Tribunal de origen no sustentó, la participación conjunta como el acuerdo previo para delinquir.


Aseguró que los arts. 13 y 172 del CPP, habían sido violados, pues se introdujeron pruebas no producidas conforme las reglas procesales; así la signada A-14, incumplió el art. 120 inc. 4) de la Ley adjetiva penal. Así también, las firmas en la prueba A-16, no guardaban relación con las estampadas en la A-11 y A-19, además “no se respetó la cadena de custodia, porque el perito…entregó solo la cámara sin el casette” (sic). La prueba A-58, resultase también ilícita dado que la testigo GR reconoció el vehículo placa 169KYP como de su propiedad, cuando en juicio tal testigo manifestó que no lo conocía bien.


Adujo, falta de individualización del imputado, pues “del juicio oral, no se ha demostrado…que [haya] participado en el hecho y de qué manera…la mera declaración del testigo SCT que dio saber por referencias que fue la persona que retrocedió la camioneta azul…es totalmente para individualizar [su] participación” (sic).

Inexistencia y/o insuficiencia de fundamentación, afirmando que la Sentencia fuera sólo una relación descriptiva de los medios y órganos probatorios desfilados en juicio oral, sin efectuar una valoración íntegra y completa de la prueba.


III.2.6.2 Del caso en concreto.


El recurrente considera que el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, viola los arts. 124 y 398 del CPP, por falta de fundamentación y no haber dado respuesta a los agravios planteados, asumiendo una dirección contraria a la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 423/2013 de 13 de septiembre.


Como se tiene señalado Jiménez Olmos, planteó en apelación restringida su disconformidad con la Sentencia de grado, acusándola de basarse en hechos inexistentes alrededor de la aplicación del art. 20 del CP, alegando que no se habría demostrado su participación en el crimen, así como, cuestionó la introducción de la prueba A-14, A-16, A-58, tachándolas con distintos argumentos de ilícitas. El Tribunal de apelación, comprendió que estos reclamos no poseían mérito alguno, habida cuenta que se trataban más de una cuestión en la que se orillaba a brindar una nueva opinión sobre la prueba, es decir, revalorizarla; así, dicho tribunal manifestó “al Tribunal de alzada le está prohibido realizar una tarea intelectiva de revalorización de la prueba producida en juicio oral. Al margen de ello, en las apelaciones restringidas formuladas por los imputados, no existe una exposición concreta sobre cuales principios de la lógica, e la experiencia y de la sicología se hubieren vulnerado” (sic).


Dentro de los reclamos identificados por el recurrente como defectos de la Sentencia conforme el art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, fueron basados en la sola afirmación enfática de no haber participado en el hecho y negando veracidad de su presencia en el hecho, de hecho los argumentos fueron abiertamente insuficientes a efectos de revisión en apelación restringida, si bien formalmente se presentaron las normas que se consideraron violadas, debe entenderse que el catálogo del art. 370 del CPP, describe cuestiones habilitantes al recurso; empero, no excluye que en su planteamiento se libere a quien recurre de fundamentar su reclamo tanto fáctica como jurídicamente. El abordaje brindado por el Tribunal de apelación, desnuda aquellas deficiencias, describiéndolas y sentando su decisión sobre argumentos limitados en sí mismos; aunque, no obstante a todo ello, la Sala Penal Tercera, cumplió con su deber de verificar si la Sentencia poseía condiciones mínimas de fundamentación, a saber claridad, logicidad y completitud.


El precedente contradictorio invocado, Auto Supremo 423/2013 de 13 de septiembre, orienta que las decisiones adoptadas por los Tribunales de apelación deben regirse por el cumplimiento al art. 398 del CPP, esto es respuesta equivalente a reclamo formulado, así como distingue que solo a los jueces y tribunales de sentencia les está facultado la aplicación de “ciertas facultades…que…depende de la apreciación de circunstancias de hecho”, situaciones ambas en las que el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, gravitó, pues no puede reclamarse falta de fundamentación o yerros de omisión, cuando la premisa que antecede un juicio o bien no se acomoda a norma o bien carece de solidez expositiva para generar una respuesta no oficiosa.


Por otro lado, lo que toca a la supuesta contradicción con el Auto Supremo 414/2013 de 30 de agosto, en relación a la respuesta sobre los reclamos de falta de individualización del imputado en la sentencia y fundamentación inexistente, insuficiente o contradictoria, manifestar que esas insuficiencias no son evidentes, por cuanto se reitera que la respuesta adoptada por los de apelación converge a las limitaciones con las que Jiménez Olmos expuso sus razones. Suponer, como induce el recurso de casación que por falta de fundamentación debería entenderse la inexistencia de un actuar oficioso de parte de los tribunales de apelación, no sólo es inadmisible por la languidez de argumento, sino conllevaría la peligrosa desfiguración de un aparato procesal de justicia, de por sí endeble. Recalcar, que si bien el debate contradictorio finaliza con la emisión de una Sentencia, no es menos cierto, que la naturaleza polarizada y confrontacional del proceso penal persiste en fase de recursos, constituyendo el escenario donde el órgano jurisdiccional persiste también como tercero imparcial, debiendo someter sus actos y decisiones a los principios de imparcialidad e igualdad de partes ante el juez (arts. 3.3 y 30.13 de la Ley 025), de ahí que, las formas dispuestas en norma como criterios predeterminados de actuación procesal, no son un formulismo como tampoco un fin en sí mismas, ellas deben ser entendidas como mecanismos que resguardan derechos a las dos partes en contienda; el diseño emanado de la Ley 1970, hace que el proceso no sea uno de sorpresas, sino uno regido por reglas claras, en igualdad de armas, transparente y sumido en un ambiente de imparcialidad.


III.2.7 Recurso de casación de Crescencio Jiménez Balderrama.




       Proyecta también contradicción con el Auto Supremo 136 de 20 de mayo de 2013, que determinaría que una valoración probatoria que involucre prueba ilícitamente obtenida constituye vulneración al debido proceso, con ello alega que el Tribunal de apelación “acepta tácitamente como legal prueba ilícita de las filmaciones que ya fueron editadas [que] no cumplieron con la modulación del art. 184, 190 y 191 del pp” (sic).


       En una misma dirección, señala que la supuesta falta incurrida por el Tribunal de apelación constituye un vicio de incongruencia omisiva, resultando contrario a la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, de la cual extracta una porción para manifestar que los tribunales de alzada tienen la obligación de pronunciarse sobre todos los puntos que les son puestos a resolución, generando en contrario una violación de los derechos derecho al debido proceso, acceso a la justicia y la defensa. Señala que tales vicios deben ser corregidos “aun de oficio por el Supremo Tribunal conforme los… AS N°s. 411 de 20 de octubre de 2006 entre otros” (sic)


III.2.7.1 Relación de antecedentes procesales.


En memorial de fs. 3218 a 3224 vta., el recurrente Jiménez Balderrama, expresó:





Más adelante, el 2 de marzo de 2018, fue llevada a cabo la audiencia de fundamentación oral complementaria (fs. 4317 a 4319 vta.), acto en el cual sobre la intervención de la defensa de Jiménez Balderrama, se expresó que la Sentencia de grado había incumplido el art. 124 con relación al art. 173 del CPP. También se vertieron críticas genéricas sobre la forma de valoración individual e integral de la prueba; se enfatizó “en relación a la declaración de GR…resultaría contradictoria a lo que fue a decir en audiencia no repite lo mismo que indico en su declaración que fue judicializada, enfatizando que ninguno de los testigos fueron presenciales” (sic).


Asimismo en dicha audiencia se manifestó que “por el principio de verdad material…así como el principio de legalidad un aspecto importante que el Ministerio Público no analizó conforme enseña la doctrina…los delitos colectivos y sus correspondientes características, concluyendo que en el caso presente no se determinó quien fue la persona que dio el golpe que causo la muerte a las víctimas, eso no pudo se individualizado por el Ministerio Público, señalando que su defendido no tuvo participación en el hecho que lo acusan…al haberse condenado a 20 años de presidio….por Asesinato es un defecto absoluto puesto que para que se configure el delito …tiene que haber un iter criminis no así en este tipo de situaciones donde estaba toda una muchedumbre implicada o súcubos o íncubos y demás situaciones, concluyendo que los hechos como ocurrieron no se acomodarían al delito de Asesinato, reitera no es este tipo de delitos colectivos correspondiendo consecuentemente anular la sentencia apelada y se ordene reenvío” (sic)


III.2.7.2 Doctrina legal aplicable contenida en los precedentes invocados


El Auto Supremo 654 de 25 de octubre de 2004, fue pronunciado ante cuestionamientos al Tribunal de apelación, atribuyéndole valoración de pruebas y un consiguiente cambio en la situación procesal de absuelta a culpable. La Sala Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia, considerando la veracidad de lo denunciando, dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado sentando doctrina legal aplicable en los términos que siguen:


“El recurso de apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la emisión de sentencia, y no para revalorizar pruebas o revisar cuestiones de hecho, razón por la cual, en resguardo de los principios del debido proceso, si un Tribunal de Alzada constata que en el caso que pasó a su conocimiento hubo incorrecta valoración de pruebas, debe anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal en aplicación de lo determinado por el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal”


El Auto Supremo 42 de 21 de febrero de 2013, fue motivado ante la denuncia contra el Tribunal de apelación de insuficiente fundamentación en la modificación del quantum de la pena, en el marco de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, infringiendo así el art. 124 del CPP. La situación descrita propició que el Auto de Vista impugnado fuera dejado sin efecto y se exprese el siguiente razonamiento jurisprudencial:


Constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso la correspondiente fundamentación de las resoluciones, las mismas que deben ser motivadas, individualizando la responsabilidad penal del imputado, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que establece la Ley Penal sustantiva, a objeto de imponer la sanción.


El Tribunal de Alzada ante la evidencia de que concurren en la Sentencia impugnada errores u omisiones formales que se refieran a la imposición de penas, cuenta con la facultad para modificar directamente el quantum observando los principios constitucionales y procesales conforme lo prescrito en la primera parte del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo ésta corrección debe realizarse observando los principios constitucionales, procesales y los aspectos contemplados en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, debiendo contener suficiente fundamentación, emitiendo criterios jurídicos relativos al tipo penal y a la valoración de los hechos, las acciones y del imputado mismo, su personalidad, la motivación y otras circunstancias concomitantes que corresponden al caso concreto, en el que se explique de manera clara y expresa cuáles son los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena, sin perjuicio de destacar que las citadas reglas de fijación de la pena inclusive se aplican aún en el caso de advertirse el concurso ideal o el concurso real de delitos en los cuales se aplica la sanción con la pena del delito más grave, siendo facultad privativa del juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte o hasta la mitad, conforme determinan los artículos 44 y 45 del citado adjetivo penal, respectivamente, sin que los argumentos vertidos importen modificación de los hechos probados en juicio que se hallan sujetos al principio de intangibilidad, siendo que el recurso de apelación restringida no es un medio legítimo para la revalorización de la prueba”.


El Auto Supremo 136/2013-RRC de 20 de mayo, fue dictado a partir de un recurso de casación que denunció que el Tribunal de sentencia valoró elementos no producidos en juicio oral para declarar una absolución, situación que fuera ratificada por el Tribunal de apelación. La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en el análisis de fondo, concluyó que “si bien el Tribunal de Sentencia, del conjunto de los elementos de prueba y con base a…siete fundamentos …asumió que probablemente podía haber existido el hecho de Abuso Deshonesto; empero, también concluyó que no existió prueba suficiente e idónea que vincule al imputado como autor del hecho, ni prueba suficiente sobre la convicción de la acusación, generando consecuentemente duda razonable sobre la participación del acusado en el hecho ilícito; por lo que resulta la innegable que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado, no incurrió en vulneración del debido proceso ni en el defecto absoluto previsto por el art. 169 numeral 3 del CPP” (sic); argumentos con los que declaró infundado el recurso de casación pretendido.


En el Auto Supremo 124/2013-RRC de 10 de mayo, fueron atendidos cuestionamientos sobre infracción al art. 398 del CPP; falta de fundamentación en contradicción a la doctrina legal de los Autos Supremos 448 de 12 de septiembre de 2007 y 431 de 15 de octubre de 2005, entre otros; incongruencia entre la acusación y la Sentencia. En el análisis de fondo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia consideró y verificó que las denuncias por un lado no eran ciertas como también ultimó que el Auto de Vista recurrido no había incurrido en contradicción a los precedentes invocados. El recurso de casación pretendido fue declarado infundado.


II.2.7.3 Análisis del caso concreto.


En cuanto a la denuncia de vulneración al debido proceso en torno a la vinculación entre audiencia de fundamentación complementaria y resolución de recurso de apelación restringida 


Crecencio Jiménez Balderrama, pretende la nulidad del Auto de Vista de 20 de abril de 2018, alegando que éste generó un defecto absoluto por no contener pronunciamiento sobre aspectos vertidos en audiencia de fundamentación complementaria. Considera que dentro de una mirada integral al recurso de apelación restringida, modulado por los arts. 407 y ss. del CPP, la audiencia de fundamentación oral posee una instrumentalidad trascendente para la consecución de los fines de esa etapa procesal, y por ende, no considerarla constituye una afectación al debido proceso.


A fines de contextualizar las razones de la decisión a tomar, la Sala considera necesario precisar de manera previa el marco normativo que ciñe a la audiencia descrita en el art. 412 del CPP. De esa manera emitida la Sentencia, se entiende luego de realizado el juicio oral (fase esencial del proceso), las partes que crean el resultado les fuera gravoso, pueden inquirirla para su revisión por la autoridad procesalmente superior. La Ley 1970, destina a esa acción el recurso de apelación restringida, ordenado desde los arts. 407 y ss. del CPP, y cuya promoción obliga a fundamentar inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva, su interposición conforme el art. 408 de la misma norma procesal deberá ser efectuado en condiciones de tiempo y forma inscritas de manera taxativa en esa porción normativa.


Las reglas procesales atinentes al recurso de apelación restringida, determina que su interposición sea efectuada de manera escrita sin ninguna otra condición previa o habilitante (salvando los casos de normas acusadas de aplicación defectuosa) dentro de los quince días siguientes a notificada la sentencia. La nomenclatura asumida por la Ley 1970, en este instituto, es decir, la nómina “restringida” al recurso dedicado a la revisión de una sentencia, obedece a la propia configuración del sistema procesal, por cuanto un sistema basado en la oralidad, la inmediación y la contradicción, mal podría ser susceptible a una revisión total del fallo de mérito en un momento posterior al juicio oral. De ahí que el término restringida alude a la delimitación de razones o motivos que habilitan el propio recurso, no siendo suficiente sostener la sola enunciación de un agravio genérico tendiente a una revisión oficiosa, ni mucho menos un nuevo examen sobre la percepción y valoración de las pruebas, sobre este particular la jurisprudencia posee consenso unánime.


De modo estimativo y sugerido, la composición de un motivo recursivo, se compone de tres elementos: 1) Los requisitos procesales, que son las condiciones que exige la norma procesal para habilitar el recurso ya sean cuestiones básicas como plazo o los llamados requisitos de fondo, entendidos como la forma exigida de realizar el planteamiento, presentes en lo que a apelación restringida toca en los arts. 407 y 408 del CPP; 2) Los agravios, entendidos como los reclamos o reproches que la parte considere afecte sus intereses; y, 3) La fundamentación de cada motivo que es la conjunción argumentativa entre las dos primeras, donde se funden cuestiones de orden fáctico y aspectos de soporte doctrinario y jurisprudencial.


Según el art. 412 del CPP, son dos las razones que motivan u originan la realización de una audiencia en fase de apelación restringida; por un lado el ofrecimiento de prueba, si el motivo en el recurso fue fundamentado en torno a un defecto procesal; y, de fundamentación complementaria propiamente dicha, en tanto quien recurre solicite expresamente su realización. Conforme las reglas dispuestas en el tercer párrafo del citado articulado, en la audiencia de fundamentación complementaria, los miembros del tribunal podrán interrogar libremente a los recurrentes sobre los aspectos insuficientes de la fundamentación o de la solución propuesta, la doctrina que sustenta sus pretensiones o la jurisprudencia que se utilizó, sin que implique prejuzgamiento.        


Resulta de interés que las formas de realización de la audiencia, a más de brindar remisión a las reglas del juicio oral en lo que fuera pertinente, adopten armonía con los propios requisitos que hacen al recurso de apelación restringida; pues se faculta a los miembros del Tribunal de apelación solicitar aclaraciones sobre aspectos de fundamentación del memorial de recurso, la solución propuesta (exigida en el art. 408 del CPP), y aspectos de doctrina y jurisprudencia que sean complementarios a los motivos planteados. De todo ello, no queda duda que la instrumentalidad de la audiencia descrita en el art. 412 del CPP, posee fines aclaratorios y complementarios para el mejor resolver de parte del Tribunal de apelación, más no extensivos o bien ser fuente de derivaciones de argumentos y posiciones no contenidas en el memorial que activa el recurso. La significancia de la audiencia de fundamentación complementaria no debe ser entendida como una suerte de sub fase del recurso de apelación restringida, sino como un complemento que apuntala un argumento, no pudiendo generarse en ella nuevos cauces o motivos que no hayan sido previstos en el memorial del recurso, habida cuenta que -en el orden del art. 407 del CPP- la fase de recursos, por su especial naturaleza de puro derecho, se encuentra regida bajo formas de tramitación escrituradas. 


No cabe duda que la audiencia de fundamentación complementaria, debe ser ataviada por el total respeto a los derechos a la defensa y la tutela judicial efectiva, cuya observancia le es exigible a la autoridad jurisdiccional, debiendo ésta generar condiciones que garanticen el cumplimiento de los derechos y garantías que tutelan a las partes, empero, en algunos casos los mecanismos procesales deben ser activados por las partes y regirse a procedimiento; justamente, ese criterio fue abordado de manera coherente y sostenida por la jurisprudencia tanto de la extinta Corte Suprema de Justicia como este propio Tribunal: así el Auto Supremo 372 de 22 de junio de 2004, precisa que “Las normas procesales que efectivizan derechos fundamentales que hacen al debido proceso, como el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, son de orden público y de cumplimiento obligatorio; por lo que por una parte, si se ha solicitado expresamente audiencia de fundamentación del recurso, el Tribunal no puede omitir fijar día y hora de la audiencia para tal fin”; en el mismo sentido el Auto Supremo 169 de 15 de mayo de 2006, reitera que la solicitud expresa de audiencia para la fundamentación complementaria es un derecho de las partes que interponen recursos de apelación restringida. Más adelante en Autos Supremos 424 de 20 de octubre de 2006, 671/2010 de 16 de diciembre, 82 de 26 de marzo de 2013, 061/2013-RRC de 8 de marzo, el criterio antes expresado se ha mantenido incólume.


Como se dijo antes, a más de la supletoriedad de las reglas del juicio oral, en la audiencia de fundamentación complementaria se permite a la autoridad jurisdiccional pedir aclaraciones sobre el contenido del memorial de apelación restringida, coligiéndose que la finalidad de tal acto apunta a una comprensión de mayor potabilidad sobre los argumentos de apelación restringida destinada a la autoridad jurisdiccional para mejor resolver.


Ya en materia. En torno a la consideración de nulidad del Auto de Vista de 20 de abril de 2018, por no haber tomado en cuenta la exposición realizada en audiencia complementaria al recurso de apelación restringida, cabe referir que tal pedido es infundado. No solamente se propuso una lectura parcializada de la línea jurisprudencial sentada por el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, pues no cabe duda que el no señalamiento de dicha audiencia cuando ésta ha sido expresamente solicitada constituiría un defecto de imprevisible desenlace; sino que su realización no constituye un espacio de ampliación irrestricta de motivos, más bien se trata de un espacio de apuntalamiento argumentativo complementario.


A tiempo de oponer recurso de apelación restringida, los motivos alegados por Crecencio Jiménez Balderrama, no contuvieron aseveraciones tendientes a la censura de la aplicación sustantiva de la norma, la constante en dicha actuación se orientó a negar la participación en los hechos a partir de una reinterpretación de la prueba testimonial y la descalificación de prueba documental, siendo estos los argumentos centrales de su reclamo, que a fines procesales optó por la invocación del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, como norma habilitante. Ciertamente el ejercicio de la defensa técnica, en la audiencia de fundamentación complementaria, como se desprende de fs. 4317 vta. y 4318, aborda una relectura de las conclusiones a partir de sucintas consideraciones en torno a la fenomenología de los delitos colectivos, para encausar una supuesta ausencia de individualización en quien dio muerte a los efectivos policiales; empero, de igual forma se aleja tanto de la norma optada por el en ese momento apelante para activar su recurso, como a la par de los mismos argumentos fácticos que sostuvieron su pretensión de censura a la Sentencia.


Aquella disimilitud, no solamente se trata de una peculiaridad en el proceso presente en las formas en las que Jiménez Balderrama efectuó su estrategia defensiva, sino que a fines de correspondencia y aplicación de la norma procesal, se torna en una cuestión de exclusión necesaria, dado que como se tiene dicho, el sistema procesal, no puede ser entendido como un trámite de sorpresas o servir de espacio para sobreponer el argumento por el artificio; todo lo contrario, corresponde a la autoridad jurisdiccional transparentar sus actuaciones a partir del cumplimiento de la norma procesal. La competencia de pronunciamiento en apelación restringida, prevista por los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP, debe ser vista también en simetría con los arts. 407 y 408 del CPP, que a partir de la exigencia de requisitos de admisibilidad, forman el canal por el cual se asegura que los tribunales de apelación no emitan resoluciones basadas en su propia opinión, o en una interpretación discrecional de lo que quiso decir el apelante. Por los arts. 407 y 408 del CPP, se obtendrá certeza claridad sobre la problemática específica sometida al análisis y por el art. 398 se esperará una respuesta en correspondencia y simetría. El cúmulo de normas procesales antes referidas, a las que se suma el art. 412 de la misma norma adjetiva, en consideración de la Sala, en el terreno de los hechos, cerciora la observancia del principio de igualdad de partes ante el juez, haciendo que ellas tengan certeza plena sobre su calidad de tercero imparcial.


En cuanto a la contradicción pretendida en torno a los AASS 654 de 25 de octubre de 2004, 42 de 21 de febrero de 2013, 136 de 20 de mayo de 2013 y 124 de 10 de mayo de 2013


Destacar que una de las constantes en la acción recursiva promovida por Jiménez Balderrama, se asienta en inducir la revisión oficiosa de parte del Tribunal de apelación, situación que si bien es reconocida por la jurisprudencia, no se halla reatada a la mera solicitud sino se apega a condiciones procesales propuestas por las partes. Un actuar oficioso sobre el mérito de la prueba o inducciones que determinen su revalorización es justamente un aspecto cuestionado y tachado por la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 654 de 25 de octubre de 2004, que si bien obliga a los Tribunales de alzada la anulación de sentencias que incursionen en errónea valoración probatoria inhibe a la autoridad jurisdiccional de revalorizar la prueba en fase de apelación restringida. En autos es claramente perceptible que una de la razones en las que la Sala Penal Tercera basó su decisión fue justamente en la imposibilidad de dar un nuevo valor al acerbo probatorio, situación que en la línea de argumentos del recurso de apelación restringida era evidente.


Para el caso del Auto Supremo 42 de 21 de febrero de 2013, se trata pues de una situación de hecho no similar al caso de autos, pues en aquel fallo se refutó la aplicación de las normas que regulan la fijación y aplicación de penas, situación que conforme el sistema de precedentes dispuesto por el art. 420 del CPP, converge en la cuestión vinculante, y que como se dijo es disímil a la contradicción pretendida.


Respecto a los Autos Supremos 136 de 20 de mayo de 2013 y 124/2013-RRC de 10 de mayo, que determinarían que una valoración probatoria que involucre prueba ilícitamente obtenida constituye vulneración al debido proceso, corresponde precisar que dicho fallo fue declarado infundado, correspondiendo señalar que si bien fue invocado, no contienen doctrina legal aplicable, aspecto que impide a este Tribunal efectuar su labor encomendada por ley; puesto que, no es posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida. Esta orientación es sostenida con base a reiterados Autos Supremos emitidos por este Tribunal, entre ellos el Auto Supremo 119/2015-RA de 24 de febrero que estableció: “Sobre este agravio, si bien el recurrente invocó el Auto Supremo 210 de 28 de marzo de 2007; empero, corresponde a una Resolución que fue declarada infundada; por consiguiente, la misma no contiene doctrina legal aplicable, impidiendo a este Tribunal Supremo de Justicia realizar la labor de contraste que le encomienda la ley. En consecuencia, al no ser posible la verificación de la probable aplicación diferenciada de doctrina legal contenida en precedentes contradictorios, en los términos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, el recurso en examen deviene en inadmisible por incumplimiento de los requisitos ordinarios de admisión”.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Zenón Soria Orellana, Juan Israel Rodríguez Ledezma, Trifón Huayllani Pizarro, Nicolás Rojas Calvi, Ángel Rosendo Cossío Álvarez, Santiago Jiménez Olmos y Crescencio Jiménez Balderrama.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela