TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 184/2019-RA

Sucre, 29 de marzo de 2019


Expediente                : Oruro 3/2019

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Ricardo Silvio López Gutiérrez y otro 

Delitos                        : Hurto y otro    


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de enero de 2019, cursante de fs. 175 a 176 vta., Edwin Lazarte Condori en representación legal del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) Oruro, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 58/2018 de 5 de octubre, de fs. 160 a 163 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la parte recurrente contra Ricardo Silvio López Gutiérrez y Cergio Daniel Gutiérrez, por la presunta comisión de los delitos de Hurto y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 326 y 332 inc. 3) del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 37/2017 de 23 de octubre (fs. 107 a 115), el Tribunal Segundo de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró la absolución de Ricardo Silvio López Gutiérrez y Cergio Daniel López Gutiérrez, de la comisión de los delitos de Hurto y Robo Agravado, sancionados por los arts. 326 y 332 inc. 3) del CP, sin costas, además de ordenar la cesación de todas las medidas cautelares impuestas en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Rubén Jorge Barrientos Barañado en su condición de Director del SEDCAM Oruro, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 122 a 124) que previo memorial de subsanación (fs. 154 a 155), fue resuelto por el Auto de Vista 58/2018 de 5 de octubre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.

  1. Por diligencia de 14 de enero de 2019 (fs. 167), la entidad recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 21 del mismo mes y año, a través de un nuevo representante legal (Edwin Lazarte Condori) interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


El recurrente haciendo referencia a los agravios sufridos por el Auto de Vista, ampara su recurso de casación, en los siguientes aspectos:


  1. Manifiesta que en su memorial de apelación restringida invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 329/2006 de 29 de agosto, referido a la errónea aplicación que realizó el Tribunal de Sentencia del art. 331 del CP (error in iudicando), previsto por el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP) referido a la “inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva”; señalando como aplicación pretendida, que el Tribunal de mérito debió realizar una valoración de los elementos que componen el art. 331 del CP (Robo), así como del elemento rector de la agravante (Robo Agravado) y no sólo mencionar “en los hechos descrito en la acusación, en la medida de su integridad no condicen con gran medida con los elementos típicos del precepto penal”; en ese sentido acusa que el Tribunal de mérito al no haber hecho un proceso de subsunción del hecho al tipo penal, contravino lo establecido en el Auto Supremo 329/2006 de 29 de agosto, cuya doctrina legal aplicable transcribe haciendo referencia que se encuentra descrito en su recurso de apelación; sin embargo, denuncia que el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado se contradice con la doctrina legal aplicable, al no haberla considerado limitándose solamente a manifestar que no son similares y consiguientemente inaplicable.


Explica que ocurrió lo mismo con la invocación de la agravante 3) del art. 332 del CPP pues la Sala  de apelación se limitó a señalar que la invocación del recurso no es pertinente y que la doctrina legal invocada no es aplicable, acusando la vulneración de la seguridad jurídica.


  1. De la misma manera aduce que en apelación restringida, señaló que existió inobservancia del art. 20 del CP, conforme al inc. 1) del art. 370 del CPP, debido a que en la Sentencia no se tomó en cuenta el grado de autoría pese a su demostración en juicio; invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 59/2006 de 27 de enero, referido a un hecho de Asesinato y Robo Agravado, transcribiendo su doctrina legal aplicable, a tiempo de acusar que  el Tribunal que dictó el Auto de Vista confutado, no analizó en lo más mínimo el grado de autoría en la Sentencia Absolutoria, que además no se encuentra debidamente fundamentada y dejó en estado de incertidumbre a una entidad estatal como el SEDCAM Oruro.               

                   

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180-II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)         Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que, a partir de ello este Tribunal de Justicia pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la entidad recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 14 de enero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 21 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Con relación al primer motivo, la parte recurrente hace énfasis que en su memorial de apelación restringida invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 329/2006 de 29 de agosto, sobre la errónea aplicación que realizó el Tribunal de origen del art. 331 del CP, con relación al art. 370 inc. 1) del CPP, acusando, la falta de subsunción del hecho al tipo penal y la contradicción del Auto de Vista recurrido con la doctrina legal aplicable que invocó, al no haberla considerado, limitándose a manifestar que no son similares y consiguientemente inaplicable; ocurriendo en su criterio lo mismo con la invocación de la agravante del art. 332 inc. 3) del CP.


Sobre el motivo planteado como agravio, la parte recurrente sin la mínima fundamentación y claridad, indica que, existió falta de subsunción del hecho al tipo penal, en suma que existió errónea aplicación de la ley por parte del Tribunal de origen referido a los arts. 331 y 332 del CP y a la vulneración del art. 370 inc. 1) del CPP, contradiciendo así el precedente contradictorio invocado en su recurso de apelación restringida (329/2006 de 29 de agosto) y que sería obligación de este Tribunal revisar dichos fundamentos; en consecuencia, se advierte que el recurrente no explica ni fundamenta la contradicción en que habría incurrido el Auto de Vista recurrido, sólo se limitó a mencionar que sus fundamentos e invocación de precedente contradictorio ya fueron expuestos en su recurso de apelación restringida, resultando impropio afianzar la observación de su agravio en dichos fundamentos; por lo tanto, la parte recurrente inobservó su obligación de invocar precedentes contradictorios para dicha alegación, pues quien activa el recurso de casación, se encuentra normativamente en el deber de invocar precedente contradictorio en la forma señalada en el Fundamento Jurídico III de esta Resolución, en estricto cumplimiento a las exigencias contenidas en el art. 417 del CPP, concordante con el art. 416 del mismo cuerpo legal; en consonancia con ello, no existiendo explicación menos fundamentación  de la contradicción en que habría incurrido el Auto de Vista impugnado con algún precedente, teniendo en cuenta que esta formalidad de inexcusable cumplimiento, se constituye en la base del recurso a analizar en el fondo, tampoco se cumplió con los presupuestos de flexibilización, establecidos y explicados por este Tribunal en el acápite anterior de la presente Resolución al haberse el recurrente limitado en la mención de la seguridad jurídica, por lo que no resulta viable el análisis de fondo del presente motivo; correspondiendo en consecuencia declarar su inadmisibilidad.

Respecto al segundo motivo, se acusa que existió inobservancia del art. 20 del CP, con referencia al inc. 1) del art. 370 del CPP, arguyendo que en la Sentencia no se tomó en cuenta el grado de autoría pese a que en juicio lo habría demostrado y que el Tribunal de alzada a momento de la emisión del Auto de Vista recurrido, no analizó en lo más mínimo el grado de autoría en la Sentencia Absolutoria, que además no se encontraría debidamente fundamentada.

Sobre el particular, se evidencia que la entidad recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 59/2006 de 27 de enero, pero se limita a identificar el agravio presuntamente sufrido; y, a transcribir el contenido de la doctrina legal aplicable contenida en el precedente que invoca sin precisar de qué manera está relacionado con el motivo de agravio que identifica y sin observar el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta a la parte recurrente, no basta con citar y señalar a qué se refiere el Auto Supremo invocado, sino corresponde a quien recurre, explicar por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo el entendimiento del precedente invocado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo; de lo anterior, se establece que en el motivo sujeto a examen, no se cumplió con los requisitos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, al no haberse provisto los antecedentes de hecho generadores del recurso, ni precisado el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; tampoco detallado en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía y menos el resultado dañoso emergente del defecto, aspectos estos establecidos y explicados por este Tribunal en el acápite anterior de la presente Resolución; consecuentemente, deviene en inadmisible.

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el SEDCAM Oruro a través de su representante legal Edwin Lazarte Condori, de fs. 175 a 176 vta.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela