TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 149/2019-RA

Sucre, 26 de marzo de 2019


Expediente                : Santa Cruz 7/2019        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Mirtha Algarañaz Salvatierra

Delito                : Incumplimiento de Deberes


RESULTANDO

Por memoriales presentados el 14 y 22 de noviembre de 2018, cursantes de fs. 572 a 573 vta. y 579 a 580, el Ministerio Público y Florencio Gómez López, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 58 de 18 de septiembre de 2018, de fs. 559 a 566 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Florencio Gómez López contra Mirtha Algarañaz Salvatierra por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

  1. Por Sentencia 20/2018 de 16 de abril (fs. 527 a 533), el Juzgado Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Mirtha Algarañaz Salvatierra absuelta de culpa y pena del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, toda vez que no se logró probar la acusación y la prueba aportada no fue suficiente para generar en el tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal de la acusada.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público y Florencio Gómez López interpusieron recursos de apelación restringida respectivamente (fs. 537 a 539 y 541 a 543 vta.), resueltos por Auto de Vista 58 de 18 de septiembre de 2018 (fs. 559 a 566 vta.), dictado la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes las apelaciones planteadas; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencias de 13 y 16 de noviembre de 2018 (fs. 568 y 575), fueron notificados los recurrentes con el Auto de Vista impugnado; y, el 14 y 22 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:



II.1 Del recurso del Ministerio Público


  1. El recurrente denuncia que la acusada no presentó pruebas de descargo; sin embargo, el Juez de Sentencia ante la sola presentación del memorial de comparecencia solicita comparendos para sus testigos que no fueron ofrecidos conforme a procedimiento, menos aún que los mismos hayan sido propuestos o hayan declarado en la etapa preparatoria, señalando que los Autos Supremos 131/2006 de 25 de agosto y 181/16 de 08 de marzo razonaron respecto a la referida temática.


  1. Señala que no se compulsó las pruebas documentales que aportó con el objeto de determinar la existencia del delito de Incumplimiento de Deberes y a quien sería atribuible la responsabilidad, dado que fue la acusada en su calidad de Fiscal de Materia quien no cumplió el procedimiento a efectos de poner a conocimiento del control jurisdiccional el inicio de la investigación.


  1. Por otro lado, el recurrente refiere que los más insólito y contradictorio tanto del Auto de Vista 58/2018 de 18 de septiembre como de la Sentencia 20/2018 de 19 de abril, es que señalan que la acusada habría realizado el informe de inicio de investigación y puesto a conocimiento del control jurisdiccional; sin embargo, no existe ni una copia de descargo de aquel informe, resultando una nueva violación de valoración de la prueba conforme a la verdad material y al principio de certeza.


  1. Finalmente, señala la parte recurrente que la jurisprudencia ordinaria (Autos Supremos 344/2013 de 03 de diciembre, 27/2013 de 08 de febrero, 26/2013 de 08 de febrero, 03/2013 de 31 de enero y 45/2014 de 05 de marzo) establece el deber de fundamentación y motivación del Tribunal de alzada, toda vez que no existe fundamentación en el Auto de Vista impugnado cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los puntos impugnados, aspecto que deriva en vicio de incongruencia omisiva que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 198 del CPP, constituyendo defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Señalando en calidad de precedentes contradictorios a los Autos Supremos 131/2006 de 25 de agosto y 181/2016-RRC de 08 de marzo.


II.2 Del recurso del Florencio Gómez López


El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada “no compulsó las pruebas” (sic.) aportadas por su persona como acusador particular y tampoco el Ministerio Público, específicamente las documentales que son relegadas por las pruebas testificales de descargo, vulnerándose el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia, desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:

i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.

IV.        ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes (el Ministerio Público y Florencio Gómez López) fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 13 y 16 de noviembre de 2018, interponiendo sus recursos de casación el 14 y 22 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1 Del recurso del Ministerio Público


En cuanto al primer y segundo motivo, la parte recurrente denuncia: i) que la acusada no presentó pruebas de descargo; sin embargo, ante la comparecencia solicita comparendos para sus testigos que no fueron ofrecidos conforme a procedimiento; y, ii) que no se compulsó las pruebas documentales que aportó con el objeto de determinar la existencia del Incumplimiento de Deberes.


Al respecto, se evidencia que el recurrente utilizó argumentos propios de un recurso de apelación restringida, donde se advierte que el contenido del recurso de casación, no está confrontando la actuación del Tribunal de apelación, sino a la del Tribunal de origen, denunciando hechos que se originan en Juicio Oral y en Sentencia y no así en el Auto de Vista. Pretendiendo que esta Sala Penal realice su función unificadora de jurisprudencia con relación a una Sentencia, buscando inducir a un nuevo control de legalidad de dicho fallo dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello. Recuérdese que según el art. 416 del CPP, la naturaleza jurídica del recurso de casación procede para impugnar exclusivamente Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (ahora Tribunales Departamentales de Justicia) que sean contrarios a otros precedentes pronunciados ya sea por otras Cortes Superiores o Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del ahora Tribunal Supremo de Justicia; y de ninguna manera procede contra una Sentencia, resolución que tiene su propio medio idóneo para ser impugnada, siendo la apelación restringida (art. 407 del CP). Por lo tanto resultan inadmisibles para su consideración de fondo.


En relación al tercer motivo, el recurrente denuncia de manera imprecisa que el Auto de Vista impugnado y la Sentencia, señala que la acusada habría realizado el informe de inicio de investigación y puesto a conocimiento del control jurisdiccional; sin embargo, no existe ni una copia de descargo de aquel informe, resultando una nueva violación de valoración de la prueba conforme a la verdad material y al principio de certeza.


A cerca de lo anterior, ésta Sala Penal advierte que la parte recurrente no invocó precedentes contradictorios a tiempo de la interposición del recurso de casación, pues debió el Ministerio Público invocar y señalar en términos claros y precisos alguna contradicción existente entre el Auto de Vista 58 de 18 de septiembre de 2018 y algún precedente, esto a efectos de admitir aquel motivo, por lo que incumple con los requisitos de admisibilidad del recurso de casación descritos en los arts. 416 y 417 del CPP y debidamente detallados en el aparatado III inc. ii) del presente fallo, por lo que el presente motivo deviene en inadmisible.


En el motivo cuarto, denuncia el recurrente de manera confusa que no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los puntos impugnados, aspecto que deriva en vicio de incongruencia omisiva que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 198 del CPP.


En cuanto al presente motivo se evidencia la invocación de los Autos Supremos 131/2006 de 25 de agosto y 181/2016-RRC de 08 de marzo en calidad de precedentes contradictorios; no obstante de ello, los mismo no fueron invocados en el recurso de apelación restringida por ende se incumple con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y desarrollados en el acápite III incs. ii) y iii) de esta resolución, limitándose a nombrar dichos precedentes, sin lograr establecer la contradicción de los hechos símiles, además de no haber sido invocados en el momento procesal correspondiente.


Se advierte que la parte recurrente en primera instancia señala la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, luego indica que no se pronunció sobre todos los puntos impugnados, aspecto que deriva en vicio de incongruencia omisiva.

Pues de la simple lectura de lo anterior, se puede establecer claramente que no existe claridad en la denuncia, debido a que de manera confusa señala que en el Auto de Vista impugnado existiría falta de fundamentación e incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), por lo que esta Sala Penal se encuentra impedida de establecer el objeto procesal o a qué problemática ha de enfocarse, por lo que se concluye que existió insuficiencia en la técnica recursiva empleada en este motivo del recurso. 


Ahora bien, se advierte que la parte recurrente reclama la vulneración al debido proceso; al estar ante un posible escenario de flexibilización, es preciso revisar si el Ministerio Público cumplió con los requisitos de admisibilidad y permisibilidad para activar el recurso de casación, ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal. Por ello se tiene en primera instancia que la parte recurrente, por aquella carencia en la técnica recursiva, es decir, la errónea denuncia de que existiría falta de fundamentación e incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado, entremezclando los dos aspectos, no ha podido proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, por lo que el recurrente incumplió con la primera exigencia de admisibilidad y permisibilidad, por lo que la Sala Penal no procederá a efectuar el análisis de los demás requisitos de admisibilidad y permisibilidad señalados en el apartado III. de la presente resolución, al no tener utilidad; de tal manera, este Tribunal Supremo se ve limitado de poder entrar al fondo del presente motivo.


IV.2 Del recurso del Florencio Gómez López


En cuanto al único motivo, el recurrente denuncia de manera contradictoria que

el Tribunal de alzada no compulsó las pruebas aportadas documentales que son relegadas por las pruebas testificales de descargo.


Al respecto, esta Sala Penal establece que la parte recurrente no invoca precedente alguno en relación al agravio denunciado al interponer el recurso de casación, omitiendo señalar una posible contradicción entre la resolución recurrida de casación y algún precedente, incurriendo; por lo tanto, en una omisión que no puede ser suplida por este Tribunal.


En éste motivo, se evidencia que el recurrente refiere que el Tribunal de alzada no compulsó las pruebas aportadas documentales que son relegadas por las pruebas testificales de descargo.

De lo anterior, a prima facie se puede concluir que no existe lógica en la denuncia, toda vez, que contradictoriamente refiere que el Tribunal de alzada no compulsó las pruebas y como se ha establecido en varios Autos Supremos, no se puede revalorizar prueba en apelación (entre ellos 09/2012 de 30 de enero (SPI), 169/2015-RRC de 12 de marzo, 058/2016-RRC de 21 de enero y 061/2016-RRC de 21 de enero), existiendo insuficiencia en la técnica recursiva por parte del recurrente. 


A pesar de aquello, se evidencia que reclamó la vulneración al debido proceso; pues al encontrarnos ante una posible flexibilización, es necesario efectuar un análisis del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad para activar el recurso de casación ante la denuncia de vulneración de derechos y garantías fundamentales. Sin embargo, atribuible a la señalada carencia en la técnica recursiva, o sea, la contradictoria denuncia que el Tribunal de alzada no valoró las pruebas, no ha logrado proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, por lo que la parte recurrente no cumple con esta exigencia de admisibilidad y permisibilidad, razón por la cual no se procederá a efectuar el análisis de los demás requisitos de admisibilidad y permisibilidad señalados en el apartado III. de la presente resolución, por falta utilidad; por lo que no se puede entrar al fondo de este único motivo.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación, interpuestos por el Ministerio Público y Florencio Gómez López cursantes de fs. 572 a 573 vta. y 579 a 580.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.



Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela