TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 142/2019-RA

Sucre, 12 de marzo de 2019


Expediente                : Santa Cruz 6/2019

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Gabriela Ortiz Olmos y otra

Delitos        : Desobediencia a Resoluciones de Acciones de Defensa y 

           otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2018, cursante de fs. 867 a 893 vta., Gabriela Ortiz Olmos, Inés Ortiz Olmos y Simón Barba Cuellar, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 60/2018 de 23 de agosto, de fs. 842 a 851 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Ariel Enrique Correa Parada contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Amenaza, Coacción, Atentado Contra la Libertad de Trabajo, Asociación Delictuosa y Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad, previstos y sancionados por los arts. 293, 294, 303, 132 y 179 Bis del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 3/2018 de 16 de abril (fs. 787 a 798 vta.), el Juzgado Primero de Partido del Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal de Montero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Elba Ortiz Olmos, absuelta de la comisión de los delitos de Amenazas, Coacción, Atentado Contra la Libertad de Trabajo, Asociación Delictuosa y Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad, previstos en los arts. 293, 294, 303, 132 y 179 Bis del CP. Por otro lado, declaró a Simón Barba Cuellar, absuelto de los delitos de Amenazas, Coacción, Atentado Contra la Libertad de Trabajo y Asociación Delictuosa, previstos en los arts. 293, 294, 303, 132 del CP y culpable del delito de Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad, previsto por el art. 179 Bis del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión; por último, a las imputadas Gabriela Ortiz Olmos e Inés Ortiz Olmos, las declaró absueltas de la comisión de los delitos de Atentado Contra la Libertad de Trabajo y Asociación Delictuosa, previstos por los arts. 303 y 132 del CP, y culpables de la comisión de los delitos de Amenazas, Coacción y Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad, previstos por los arts. 293, 294 y 179 Bis del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión con costas a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Gabriela Ortiz Olmos, Inés Ortiz Olmos y Simón Barba Cuellar (fs. 802 a 816), formularon recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 60/2018 de 23 de agosto, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso, manteniendo incólume la Sentencia impugnada.


  1. Por diligencias de 26 de noviembre de 2018 (fs. 854), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista impugnado; y, el 3 de diciembre del mismo año, interpusieron el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del presente recurso de casación interpuesto, se extrae los siguientes motivos:


  1. Los recurrentes expresan aspectos relativos a los parámetros del recurso de casación, citando las Sentencias Constitucionales 1401/2003-R y 9191/2005 -R, para luego aludir que el Tribunal Primero de Sentencia de Montero habría emitido Sentencia condenatoria en su contra, ratificando la denuncia de errónea aplicación de las reglas de la sana crítica, señalando que la Sentencia condenatoria no reúne los requisitos mínimos de la sana crítica y que el acápite de la fundamentación fáctica y probatoria, no es más que una copia de las declaraciones de los imputados y testigos, donde se realizó un listado de los medios probatorios sin analizar su contenido, así como en el acápite de fundamentación probatoria intelectiva se habría limitado a dar por probado el hecho acusado con base a declaraciones de testigos como la víctima, cuestionando las declaraciones de Diego Soliz y Marlín Pedraza, manifestando  que la notificación con el Amparo Constitucional habría sido mal realizada; posteriormente, aluden diferentes aspectos dirigidos contra la Sentencia como el cuestionamiento a los testigos de cargo Luis Miguel Zabala y Gilberto Velasco Salvatierra, refiriéndose a las pruebas documentales y al delito de Desobediencia a Resoluciones de Acciones de Defensa, en sentido que no fueron debidamente notificados como imputados, aludiendo vulneraciones al debido proceso por quebrantamiento a la sana crítica, invocando el A.S. 384/2005 de 26 de septiembre, respecto a los parámetros y las exigencias de la sana crítica. Continúan expresando que la Sentencia debió contener la debida aplicación de las reglas adecuadas de la sana crítica en forma fundamentada, aludiendo argumentaciones sobre la “íntima convicción”, y la dimensión intelectual.

   

  1. Refieren que la Sentencia es contradictoria y que los delitos sentenciados de Amenazas, Coacción, Atentado Contra la Libertad de Trabajo, Asociación Delictuosa y Desobediencia a Resoluciones Judiciales, no contaron con medios de prueba testificales ni documentales, aludiendo que la Sentencia en la valoración probatoria incurrió en contradicciones de sus postulados e infracciones a la sana crítica, sosteniendo que la Sentencia debió contener la debida motivación y la descripción de las pruebas y los instrumentos probatorios, situación que a criterio de los recurrentes se encuadraría al defecto de Sentencia previsto en el inc. 6 del art. 370 del CPP, pues se condenó en mérito a prueba insuficiente y que el acápite de la fundamentación lógica y jurídica del fallo se basa en dos hechos: el primero en la fecha de denuncia y la segunda en la desobediencia a las resoluciones judiciales, en sentido que la Sentencia se basó en hechos inexistentes. Continuan refiriendo que en el presente caso no existió la acción ni la participación de los imputados en el hecho siendo los tipos penales erróneamente aplicados, señalando que al no haberse aplicado los presupuestos legales de la Sentencia y justificar la culpabilidad se omitió la obligación de motivar la referida resolución judicial, basándose la Sentencia en hechos no acreditados, invocando el A.S. 214/2007 de 28 de marzo, referente a la valoración de las reglas de la sana crítica. Asimismo, cita a los arts. 12 y 173 del CPP, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 116, 117, 118, 119 y 120 de la CPE, solicitando la nulidad de la Sentencia y se disponga el juicio de reenvío. Por otro lado, mencionan que se incurrió en el defecto de Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, al no contar con la debida motivación la Sentencia, describiendo sus componentes, respecto a que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, lógica y que el Tribunal de alzada debe cumplir los parámetros conforme los arts. 124 y 398 del CPP, a momento de resolver el recurso de apelación restringida, arguyendo consideraciones sobre los aspectos de la fundamentación en las resoluciones judiciales.


Posteriormente, conforme los puntos 2 y 3 de su recurso de casación, bajo los subtítulos de valoración defectuosa de la prueba y basamentos no acreditados, señalan la vulneración del art. 173 del CPP, en referencia a las declaraciones de cargo y de descargo, en sentido de que se habría vulnerado el principio de la sana crítica; añadiendo, que la Sentencia se basó en hechos no acreditados constituyendo en violación del debido proceso, citando los arts. 116, 117, 118, 119, 120, 109 y 23 de la CPE, además de art. 169 inc. 3) del CPP, cuestionando la inexistencia de la motivación de la Sentencia, invocando y transcribiendo parcialmente los Autos Supremos 214/2007 de 28 de marzo, 308/2006 de 25 de agosto, así como indicando los precedentes 515/2006 de 16 de noviembre, 63/2006 de 27 de enero, 478/2006 de 23 de julio, 14/2007 de 26 de enero y 242/2006 de 6 de julio. También aluden que por los hechos no acreditados se incurrió en defectos de Sentencia previstos en los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP, citando el A.S. 183/2007 de 6 de febrero, como la S.C. 1369/2001-R, respecto a la debida motivación, argumentando concepciones del debido proceso, así como los parámetros de la motivación en las resoluciones judiciales, para posteriormente sostener que la Sentencia se limitó a fundar el fallo en cuestiones de hechos, sin describir los elementos constitutivos de los tipos penales, transcribiendo parcialmente el A.S. 88/2005 de 31 de marzo, relativo a que fuera obligación del Tribunal de alzada verificar las circunstancias en que vulneren violaciones al debido proceso.


Luego, indican que en el recurso de apelación restringida, en su primer motivo señalaron la vulneración a las reglas de la sana crítica, empero la Sala de apelación, no ingresó al fondo de la problemática planteada, ni analizó las causales de la apelación, disponiendo la reposición de actuaciones procesales con la devolución de obrados, siendo que los defectos denunciados fuesen contrarios a los precedentes invocados, además que tampoco se habría disminuido la pena impuesta. Finalmente, señalan que el Auto de Vista impugnado fuese contradictorio a los precedentes 384/2005 de 26 de septiembre, y 214/2007 de 28 de marzo, relativos según los recurrentes, a que se debería imponer la pena máxima al imputado, solo cuando no existiese un arrepentimiento. A su vez invocan los precedentes 515/2006 de 16 de noviembre, 63/2006 de 27 de enero y 478/2006 de 23 de julio, referentes a la sana crítica, y el A.S. 308/2006 de 25 de agosto, respecto a la defectuosa valoración probatoria. También aluden que el Auto de Vista impugnado violó el principio de la motivación, incurriendo en el defecto descrito en el inc. 5) del art. 370 del CPP, siendo contrario al A.S. 14/2007 de 26 de enero, referente a la debida motivación.

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de los cinco días hábiles; habida cuenta que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado, el 26 de noviembre de 2018, presentando su recurso el 3 de diciembre del mismo año; cumpliendo con lo preceptuado por el art. 417 del CPP relativo al plazo, correspondiendo por lo tanto, verificar el cumplimiento de los demás requisitos.


En cuanto al primer motivo traído en casación, los recurrentes ratifican su denuncia de que el Tribunal Primero de Sentencia de Montero habría emitido Sentencia condenatoria en vulneración a las reglas de la sana crítica, cuestionando los acápites de la fundamentación fáctica probatoria y de la fundamentación probatoria intelectiva, inclusive refuta las declaraciones testificales de Diego Soliz, Marlín Pedraza, Luis Miguel Zabala y Gilberto Velasco Salvatierra, sosteniendo que la notificación con el Amparo Constitucional habría sido mal realizado, argumentando vulneraciones al debido proceso por quebrantamiento a la sana crítica, invocando el A.S. 384/2005 de 26 de septiembre, respecto a los parámetros y las exigencias de la sana crítica.


Sobre el particular, analizados los argumentos vertidos en casación, se evidencia que los recurrentes realizan una serie de argumentaciones dirigidas contra la Sentencia, pretendiendo que esta Sala Penal realice un nuevo control de legalidad sobre la misma, situación que no puede ser atendida favorablemente debido a que conforme los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, lo que se debe identificar es la contradicción del Auto de Vista con los precedentes invocados, por lo que ante el incumplimiento inclusive de identificar el agravio generado en la actuación de Tribunal de alzada, se declara este motivo en inadmisible.


Con relación al segundo motivo denunciado, sostienen que la Sentencia condenatoria incurrió en errónea valoración probatoria, en contradicciones en sus postulados e infracciones al principio de la sana crítica, también cuestionan que la Sentencia no contó con la debida fundamentación en la descripción del elemento probatorio, incurriendo en el defecto de Sentencia previsto en los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, aludiendo que se generó una condena con base a pruebas insuficientes, también que el acápite de la fundamentación lógica y jurídica de la Sentencia se habría basado en hechos inexistentes, que no existió la participación de los imputados, invocando el A.S. 214/2007 de 28 de marzo, referente a la valoración de las reglas de la sana crítica. Asimismo, aluden que la Sentencia incurrió en la valoración defectuosa de la prueba y que se habría basado en hechos no acreditados. Posteriormente, añaden que en su primer motivo de apelación restringida se habría señalado la vulneración a las reglas de la sana crítica, empero sin ingresar al fondo del agravio se dispuso la devolución de obrados, además que tampoco se disminuyó las penas impuestas a los recurrentes, argumentando finalmente que se vulneró el principio de la motivación, en infracción de los arts. 12 y 173 del CPP, al art. 8 de la CADH, y los arts. 116, 117, 118, 119 y 120 de la CPE, arts. 124 y 398 del CPP, invocando los Autos Supremos 214/2007 de 28 de marzo, 308/2006 de 25 de agosto, 515/2006 de 16 de noviembre, 63/2006 de 27 de enero, 478/2006 de 23 de julio, 14/2007 de 26 de enero y 242/2006 de 6 de julio, 183/2007 de 6 de febrero, 88/2005 de 31 de marzo, 384/2005 de 26 de septiembre, 214/2007 de 28 de marzo, 515/2006 de 16 de noviembre, 63/2006 de 27 de enero y 478/2006 de 23 de julio, 308/2006 de 25 de agosto, 14/2007 de 26 de enero, solicitando que se declare inadmisible el recurso de casación de la querellante.


Al respecto, analizados los argumentos traídos en casación, nuevamente se evidencia que los recurrentes realizan una serie de argumentaciones dirigidas contra la Sentencia, tratando de retrotraer etapas, sin tomar en cuenta que el Tribunal de alzada ya resolvió los agravios denunciados por los recurrentes y cuya actuación en todo caso debió ser impugnada conforme las previsiones del art. 416 del CPP, en consideración que son los Autos de Vista y no las Sentencias las resoluciones judiciales recurribles a través de la casación conforme las reblas de impugnabilidad objetiva; lo que a su vez genera el incumplimiento del requisito previsto en el art. 417 del CPP, en sentido que no identifican con precisión la supuesta contradicción incurrida por el Tribunal de apelación, con los precedentes invocados que además no fueron presentados en su apelación restringida, deviniendo este motivo en inadmisible.   


Finalmente, la Sala no puede dejar de mencionar las falencias notorias en la técnica recursiva al no señalarse que se está presentando recurso de casación propiamente dicho, tampoco se inserta las normas procesales que sustenten su formulación; sin embargo, contrariamente los recurrentes señalan que se estarían dando por notificados con un supuesto recurso de casación de la parte querellante, dando a entender que se trataría de una contestación y no de un recurso casacional.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Gabriela Ortiz Olmos, Inés Ortiz Olmos y Simón Barba Cuellar, de fs. 867 a 893 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela