TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 135/2019-RA

Sucre, 12 de marzo de 2019



Expediente                : Santa Cruz 3/2019

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : José Alberto Ortiz Tomasi

Delitos                : Amenazas y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 10 y 12 de diciembre de 2018 respectivamente, José Alberto Ortiz Tomasi, de fs. 2239 a 2246; y, Luís Alberto Ruiz Guerrero, de fs. 2130 a 2133,  interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 37/2018 de 24 de julio, de fs. 2123 a 2127 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público e interpartes, por la presunta comisión de los delitos de Amenazas y Avasallamiento en grado de Tentativa, previstos y sancionados por los arts. 293 y 351 bis con relación al art. 8 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 90/2017 de 30 de noviembre (fs. 1937 a 1946 vta.), el Tribunal de Sentencia de la Provincia Obispo Santiestevan del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al acusado Jorge Alberto Ortiz Tomasi autor y culpable de los delitos de Amenazas con su agravante por uso de arma de fuego y tentativa de Avasallamiento previstos y sancionados por los arts. 293 y 8 con relación al art. 351 bis del CP, condenándolo a cumplir una pena de 5 años y 4 meses de privación de libertad en el Centro de Rehabilitación de Montero.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Luís Alberto Ruiz Guerrero (fs. 1952 a 1955) y el imputado José Alberto Ortiz Tomasi (fs. 2005 a 2016 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 37/2018 de 24 de julio, que declaró admisibles e improcedentes ambas apelaciones. Seguidamente José Alberto Ortiz Tomasi por memorial de 7 de noviembre de 2018 formuló solicitud de explicación, complementación y enmienda, resuelta por Auto Complementario de 12 de noviembre de 2018.


  1. Notificadas las partes recurrentes con el referido Auto de Vista y su Complementario el 12 de octubre y 3 de diciembre de 2018 (fs. 2128 y 2163), interpusieron los respectivos recursos de casación.



II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.


II.1. Del Recurso de Casación de Luís Alberto Ruiz Guerrero.


El recurrente amparado en los arts. 416 al 420 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y previo énfasis en el delito de Avasallamiento, interpone recurso de casación, señalando los términos de la relación de hechos explicados por el Tribunal de alzada, así como los hechos probados mediante la prueba testifical y documental, aduciendo que de la prueba testifical no existió una valoración adecuada respecto a lo estipulado en el art. 173 del CPP, pues al ser prueba idónea, recabada y producida en juicio o “recnada” impide que sea tasada con la sana crítica. Refiere que cuando el Tribunal en Sentencia condenó a la pena privativa de libertad de 5 años y 4 meses, al haberse demostrado la existencia de los delitos y la participación del acusado, reconociéndose el concurso de delitos, el Tribunal de apelación estableció también la comisión del delito de Amenazas, así como el hecho de que José Alberto Ortiz, invadió y ocupó la propiedad transitoriamente, amenazando a los vivientes en la urbanización; existiendo por ello, falencias en la correcta aplicación de la norma sustantiva en la Sentencia, no por carecer del principio de idoneidad y valoración integral, sino porque existe una incorrecta calificación del tipo penal, por lo que al existir tales agravios, deben ser revisados por el Tribunal de casación con objetividad el delito de Avasallamiento en grado de autoría, ya que respecto a dicho delito se entiende que es instantáneo, conforme las Sentencias Constitucionales 1478/2012 de 24 de septiembre y 0272/2014 de 20 de febrero, debiendo por ello el Tribunal de casación conceder y declarar admisible el recurso para casar el Auto de Vista, reparando directamente la inobservancia de la Ley sustantiva.


II.2. Del Recurso de Casación de José Alberto Ortiz Tomasi.


El recurrente interpuso su recurso de casación en base a los siguientes argumentos:


  1. Citando un extracto del Auto de Vista impugnado, señala que se pueden observar los argumentos incongruentes e ilegales del Tribunal de Alzada para llegar a su resolución, por lo que solicitó la correspondiente explicación, complementación y enmienda, invocando en ese sentido la contradicción con los Autos Supremos 207/2007 de 28 de marzo, 132/2015-RRCL de 27 de marzo, 741/2015-RRCL de 12 de octubre, 067/2013-RRC de 11 de marzo, 230/2014-RRC de 9 de junio, 206/2014-RRC de 22 de mayo, 372/2014-RRC de 8 de agosto, 87/2013 de 26 de marzo, 319/2012-RRC de 4 de diciembre, 044/2014-RRC de 20 de febrero, 176/2013-RRC de 24 de junio, 034/2013-RRC de 14 de febrero, 438/2005 de 15 de octubre, 700/2016-RRC de 16 de septiembre, 152/2012 de 20 junio, 369/2012 de 5 de diciembre y 064/2013-RRC de 11 de marzo.


Asimismo, refiere que, el Auto de Vista con relación al primer defecto de Sentencia apelado de acuerdo al art. 370 num. 1 del CPP, ingresó en un erróneo juicio fáctico con fundamentos totalmente subjetivos, llegando incluso a revalorizar pruebas testificales, como la declaración de Ronald Ortiz Tomasi, realizando afirmaciones subjetivas, cuando nunca se cometieron tales acciones encaminadas a la supuesta Amenaza. Y, con relación al Avasallamiento, la resolución recurrida, también habría emitido criterios subjetivos, cuando en realidad no se estuvo en el lugar del hecho, siendo contrario al art. 13 del CP.


  1. Respecto al defecto del num. 4 del art. 370 del CPP, señala que dicho precepto se encuentra vinculado al art. 115 de la CPE, relacionado al debido proceso y el derecho a la defensa, siendo que en Sentencia se valoró un extremo jamás probado, como es el arma de fuego, por lo que el Tribunal basó su Sentencia en la portación de arma; sin embargo, el Tribunal de alzada alejado del principio de legalidad, respecto a la verdad material no refiere nada al respecto, cuando era obligación advertir que la Sentencia se pronunció sobre un elemento que nunca fue incorporado legalmente a juicio, por lo que incurrió en la falta de motivación y fundamentación, aludiendo a la doctrina legal y la Sentencia Constitucional 0316/2010-R de 15 de junio, a tiempo de relievar que tales componentes circundan al debido proceso, vinculado a los arts. 1, 7, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como a los arts. 7 nums. 1 y 2, 8 num. 1, 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y lo que dispone el art. 9 num. 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Así se sustenta el hecho de que la Sentencia incurrió en el defecto por haber incluido elementos inexistentes, ya que la supuesta arma nunca fue incorporada como elemento de prueba, lo que no se advirtió en apelación, vulnerando la doctrina legal aplicable.


  1. Alega que el Tribunal de alzada no cumplió con su deber de motivación y fundamentación a momento de resolver el agravio del art. 370 num. 5 del CPP, constituyendo defecto conforme los nums. 1 y 3 del art. 169 del CPP, siendo que lo expresado en el Auto de Vista impugnado, no tiene ninguna relación con lo observado, no pudiendo reemplazar un pronunciamiento formal, material, legal, señalando que ya se habría pronunciado respondiendo a los argumentos del querellante, totalmente contrario a la doctrina legal.


  1. También denuncia que reclamó que la Sentencia se basó en hechos inexistentes y no acreditados; sin embargo, el Tribunal de apelación, revalorizando prueba testifical, señaló que los testigos de cargo y sus declaraciones eran esenciales para que el Tribunal emitiera Sentencia, porque sus declaraciones serían veraces, fluidas, firmes y contestes, lo que vulnera lo previsto por el art. 398 del CPP, totalmente contrario a la doctrina legal aplicable expresada en la doctrina legal de los Autos Supremos sin motivar porqué el Tribunal de Sentencia fundamentó y sustentó que dichas declaraciones no tenían sustento.


  1. Reclama que el acusador público interpuso acusación por los delitos de Avasallamiento y Amenazas de muerte y la acusación particular por Avasallamiento, Amenazas, Estafa y Allanamiento de Domicilio, y el Tribunal de Sentencia dictó Sentencia sólo por los delitos de Avasallamiento en tentativa y Amenazas con arma de fuego, lo que se habría denunciado como incongruencia y falta de coherencia.


  1. Por último, denuncia que conforme al art. 345 del CPP, en el momento procesal oportuno formuló incidentes y excepciones así como exclusiones probatorias, que fueron rechazadas, habiendo hecho la reserva de apelación, que fue formulada conforme al memorial de 29 de marzo de 2018; sin embargo, el Tribunal de alzada no se pronunció sobre la apelación incidental, extremo reclamado mediante memorial de 9 de noviembre de 2018, por lo que solicitó complementación y enmienda, totalmente contrario a lo expresado en el Auto Supremo 044/2014 de 20 de febrero, ya que toda persona sometida a proceso tiene derecho a un pronunciamiento fundamentado y motivado, lo contrario implica una vulneración al debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El derecho de Impugnación encuentra su fundamento en el art. 180 par. II de la Constitución Política del Estado, el cual establece el derecho a recurrir toda decisión judicial dentro un determinado proceso sometido a juzgamiento por la justicia ordinaria. En el mismo sentido el art. 394 del Código de Procedimiento Penal ha establecido el derecho a recurrir los fallos judiciales por quien le corresponda y esté permitido por Ley.


En este contexto, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, también asumido en el Auto Supremo Nº 118/2015-RRC de 24 de febrero, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que los recurrentes, han sido notificados con el Auto de Vista y su Complementario el 12 de octubre y 3 de diciembre de 2018, interponiendo los recursos de casación el 12 de octubre y el 10 de diciembre del mismo año; es decir, dentro el plazo de los cinco días, teniéndose por cumplida la formalidad temporal exigida por el art. 417 del CPP; por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Del Recurso de Casación de Luís Alberto Ruiz Guerrero.


El recurrente señala que el Tribunal de apelación estableció la comisión del delito de Amenazas, así como el hecho de que José Alberto Ortiz Tomasi, invadió y ocupó la propiedad transitoriamente, amenazando a los vivientes en la urbanización y a pesar de las falencias en la correcta aplicación de la norma sustantiva en la Sentencia, no por carecer del principio de idoneidad y valoración integral, sino porque existe una incorrecta calificación del tipo penal, solicita que el Tribunal de casación dicte un nuevo fallo donde establezca con objetividad el delito de Avasallamiento en grado autoría, ya que respecto al citado tipo penal se entiende que es un delito instantáneo, conforme establecen las Sentencias Constitucionales 1478/2012 de 24 de septiembre y 0272/2014 de 20 de febrero, debiendo por ello el Tribunal de casación casar el Auto de Vista, reparando directamente la inobservancia de la Ley sustantiva.


Del análisis de los fundamentos expuestos por el recurrente, se puede establecer que si bien alega una incorrecta calificación del tipo penal tanto en Sentencia como en el Auto de Vista, no se observa a lo largo del recurso que haya establecido contradicción con algún precedente considerado contradictorio con el Auto de Vista impugnado para que este Tribunal de casación pueda a considerar el fondo y a detalle los argumentos planteados por la parte, quién ha soslayado la observancia a los arts. 416 y 417 del CPP, incumpliendo de esa manera los requisitos formales del recurso de casación, siendo inadmisible resolver la cuestión expuesta, debiendo dejarse constancia que conforme a determinado esta Sala de manera reiterada y uniforme las Sentencias Constitucionales a los fines de la formulación y observancia de los requisitos del recurso de casación, no constituyen precedentes contradictorios.


Asimismo, el recurrente a pesar de no haber expuesto precedente alguno, tampoco ha fundado o señalado la existencia de defectos procesales absolutos, que impliquen vulneración a derechos fundamentales y/o garantías jurisdiccionales, por lo que tampoco hace viable considerar el recurso ante la falta de cumplimiento a los requisitos de flexibilización.


IV.2. Del Recurso de Casación de José Alberto Ortiz Tomasi.


Respecto al primer motivo identificado en el recurso de casación, por el cual el recurrente, aduce que el Auto de Vista impugnado y que con relación al primer defecto de Sentencia apelado de acuerdo al art. 370 num. 1 del CPP ingresó en un erróneo juicio fáctico con fundamentos totalmente subjetivos, llegando incluso a revalorizar pruebas testificales y a realizar afirmaciones subjetivas, se advierte que el recurrente invoca una serie de precedentes considerados contradictorios con el Auto de Vista, en lo particular, relacionado a la resolución emitida sobre el defecto apelado del art. 370 num. 1 del CP; y así, de la revisión de dicho motivo, no se observa que el recurrente haya señalado de manera clara y precisa la contradicción entre lo resuelto por el Auto de Vista, el agravio denunciado y cuál o cuáles de los precedentes serían aplicables en contraposición a la cuestión particular expuesta, incumpliendo de esa manera la previsión del art. 417 segunda parte del CPP, aclarándose que uno de los requisitos de admisibilidad está referido a “exponer en términos claros y precisos la contradicción”, no siendo suficiente la simple invocación del precedente, conforme se ha entendido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto, por lo que el motivo resulta inadmisible.


El segundo motivo recursivo está vinculado al defecto del num. 4 del art. 370 del CPP, toda vez que el recurrente sostiene que en Sentencia se valoró un extremo jamás probado, pero el Tribunal de alzada, alejado del principio de legalidad y a verdad material, no refiere nada al respecto, cuando era su obligación advertir que la Sentencia se refirió a un elemento que nunca fue incorporado legalmente a juicio, existiendo la falta de motivación y fundamentación, a cuyo fin invoca como precedentes los Autos Supremos 067/2013-RRC de 11 de marzo, 230/2014-RRC de 9 de junio, 206/2014-RRC de 2 de mayo y 372/2014-RRC de 8 de agosto, pero más allá de citarlos meramente, no hace alusión a la existencia de contradicción del Auto de Vista respecto a cada precedente, incurriendo en el mismo error recursivo establecido en el primer motivo, incumpliendo lo previsto por el art. 417 del CPP.


Sin embargo, en el motivo se llega a establecer que el recurrente denuncia la existencia de defectos procesales por una supuesta vulneración del derecho al debido proceso, derecho a la defensa, principio de legalidad, respecto a la verdad material, falta de motivación y fundamentación, al no haberse considerado en Sentencia ni valorado en el Auto de Vista un extremo jamás probado como la cuestión del arma de fuego, por lo que al haber cumplido, aún de manera escueta los presupuestos de flexibilización desarrollados en la última parte del acápite anterior de este fallo, corresponde el análisis de fondo para verificar la existencia o no de los defectos denunciados, resultando en admisible el motivo.


En el tercer motivo, alega que el Tribunal de alzada no cumplió con su deber de motivación y fundamentación a momento de resolver el agravio del art. 370 num. 5 del CPP, constituyendo defecto de acuerdo a los nums. 1 y 3 del art. 169 del CPP, siendo que lo expresado por aquel Tribunal, no tiene ninguna relación con lo observado, no pudiendo reemplazar un pronunciamiento formal, material, legal, señalando solamente que ya se habría pronunciado respondiendo a los argumentos del querellante, totalmente contrario a la doctrina legal.


En estos argumentos, la parte invoca cinco Autos Supremos incurriendo nuevamente en una falta de técnica recursiva al no haber expuesto la contradicción pretendida con el Auto de Vista impugnado de manera clara y precisa, inobservando el requisito previsto en el art. 417 segunda parte del CPP; advirtiéndose además que el recurrente no precisa el tipo de defecto procesal generado por el Tribunal de alzada sobre la cuestión particular que lo motivó y siendo además los argumentos expuestos inconsistentes para ingresar al análisis de fondo vía flexibilización, no es posible considerar el motivo por excepción, siendo inadmisible.


En relación al cuarto motivo, se tiene que el recurrente refiere que habiendo formulado en apelación que la Sentencia se basa en hechos inexistentes y no acreditados, el Tribunal de apelación, revalorizando prueba testifical, señaló que los testigos de cargo y sus declaraciones eran principales para que el Tribunal emitiera Sentencia, porque sus declaraciones serían veraces, fluidas, firmes y contestes, lo que vulnera lo previsto por el art. 398 del CPP, siendo totalmente contrario a la doctrina legal aplicable expresada en la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos, que por negligencia no son debidamente identificados, al consignarse de manera ligera “Autos Supremos ojojojo” (sic), lo que no condice con la función ética y leal dentro la tramitación procesal ante este alto Tribunal de Justicia, denotando una actitud limitada en responsabilidad al exponer los argumentos que hacen a un recurso de casación, propio de un Estado de derecho, lo que extraña a este Tribunal de casación.


Posteriormente, el recurrente invoca como precedente el Auto Supremo 372/2014 de 8 de agosto, sobre el cual no se hace alusión a ningún aspecto agraviante y contradictorio de la doctrina legal que establece con el Auto de Vista impugnado, incumpliendo los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, llevando tal circunstancia a determinar la inadmisibilidad del planteamiento recursivo.


Como quinto motivo se reclama que el acusador público interpuso acusación por los delitos de Avasallamiento y Amenazas de muerte, en cambio la acusación particular acusó por Avasallamiento, Amenazas, Estafa y Allanamiento de Domicilio, pero el Tribunal de instancia dictó Sentencia sólo por los delitos de Avasallamiento en Tentativa y Amenazas con arma de fuego, lo que se habría denunciado como incongruencia y falta de coherencia.


El recurrente incidiendo nuevamente en la falta de invocación de precedente contradictorio para fundar el motivo casacional, incumple su deber recursivo impuesto por los arts. 416 y 417 del CPP, situación que limita a este Tribunal analizar en el recurso este planteamiento por la impericia del recurrente ante su falta de técnica recursiva, siendo inadmisible el motivo sujeto a análisis, más cuando resulta inviable la admisión del motivo vía flexibilización, al no haberse dado cumplimiento a los requisitos establecidos conforme al apartado III parte final de la presente resolución.


Finalmente, en el sexto motivo, el recurrente refiere que conforme al art. 345 del CPP, en el momento procesal oportuno formuló incidentes y excepciones así como exclusiones probatorias, que fueron rechazadas, habiendo hecho la reserva de apelación, siendo formulada conforme al memorial de 29 de marzo de 2018; sin embargo las autoridades en apelación no se pronunciaron sobre la apelación incidental, extremo reclamado mediante memorial de 9 de noviembre de 2018, por lo que solicitó complementación y enmienda.


Al respecto, el recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 044/2014 de 20 de febrero, cuya resolución no ingresa en la esfera prevista por el art. 416 del CPP, siendo que no emitió doctrina legal aplicable conforme a los alcances del art. 419 del CPP, por haber declarado infundado el recurso que resolvió; en tal circunstancia, no cumple con la calidad de precedente contradictorio para realizar la labor de contrastación.


Ahora bien, con relación a los precedentes invocados en los Autos Supremos 700/2016-RRC de 16 de septiembre y 152/2012 de 20 de junio, al no haber expuesto la contradicción que se pretende resolver en contraste con el Auto de Vista impugnado, ésta Sala por mandato del art. 417 del CPP, se ve imposibilitada de ingresar al fondo de los argumentos alegados por el recurrente.


No obstante lo expresado, se constata que la parte recurrente ha sustentado suficientemente la exposición del agravio sufrido en afectación a los derechos al debido proceso, a la defensa, la fundamentación y la motivación de los fallos, así como a la seguridad jurídica al denunciar la falta de pronunciamiento del Tribunal de alzada respecto a la apelación incidental planteada conjuntamente la apelación restringida, de cuyos argumentos, resulta viable el análisis de fondo de la cuestión denunciada para verificar la existencia de tales defectos vulneratorios, admitiendo el motivo para su análisis vía flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Luís Alberto Ruiz Guerrero, cursante de fs. 2130 a 2133; y, ADMISIBLE en parte el recurso de casación interpuesto por José Alberto Ortiz Tomasi, cursante de fs. 2239 a 2246, únicamente para el análisis de fondo de los motivos segundo y sexto por flexibilización, de acuerdo a los alcances establecidos en la presente resolución. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela