TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 126/2019-RA

Sucre, 12 de marzo de 2019


Expediente                : La Paz 4/2011

Parte Acusadora       : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Verónica Virginia Catacora Quispe y otros

Delito                : Falsedad Ideológica y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2010, cursante de fs. 572 a 575 vta., Verónica Virginia Catacora Quispe, Esperanza Catacora de Martínez y Ciriaco Martínez Alegre, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 96/2010 de 7 de diciembre, de fs. 544 a 546, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Javier Arturo Sejas Revollo, en contra de los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estelionato (extinguido por prescripción), previstos y sancionados por los arts. 199, 203 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 9/2010 de 26 de abril (fs. 388 a 395), el Tribunal de Sentencia Tercero de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Verónica Virginia Catacora Quispe, autora de la comisión de los delitos de Uso de Instrumento Falsificado y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 203 y 337 del CP, imponiendo la pena de 4 años de reclusión, más el pago de quinientos días multa a razón de Bs. 1 por día, más costas a calificarse en ejecución de Sentencia; asimismo, la absolvió de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica, tipificados por los arts. 198 y 199 del CP. En cuanto, a los imputados Ciriaco Martínez Alegre y Esperanza Catacora de Martínez los declaró autores del delito de Estelionato en grado de Complicidad, previsto por el art. 337 en relación al art. 23 del CP, fijando una pena privativa de libertad de 3 años; no obstante, en aplicación del art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), les concedió la suspensión condicional de la pena.

  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Verónica Virginia Catacora Quispe (fs. 403 a 416), Esperanza Catacora de Martínez y Ciriaco Martínez Alegre (fs. 418 a 423 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 96/2010 de 7 de diciembre, emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 17 de diciembre de 2010 (fs. 547), fueron notificados los recurrentes con el Auto de Vista recurrido; y, el 22 del mismo mes y año, interpusieron el recurso de casación objeto del presente análisis de admisibilidad.


  1. Por Resolución 19/2016 de 3 de junio (fs. 1962 a 1966), el Tribunal de Sentencia Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción del proceso respecto al delito de Estelionato a favor de Verónica Virginia Catacora Quispe, Esperanza Catacora de Martínez y Ciriaco Martínez Alegre; e, infundada la misma excepción respecto al delito de Uso de Instrumento Falsificado; siendo confirmada por Resolución 136/2017 de 23 de mayo (fs. 2041 a 2048), emitida por la Sala Penal Tercera del mismo Tribunal Departamental de Justicia, que a solicitud de ejecutoria por la parte imputada, el Tribunal de Sentencia Tercero por decreto de 3 de agosto de 2017 (fs. 2061 vta.), señaló que “Las resoluciones por imperio de la Ley quedan ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna cuando las mismas no admiten recurso ulterior en consecuencia la parte impetrante estese al Art. 126 del CPP”. En cuyo efecto, no se analizará el recurso de casación interpuesto en relación a los imputados Ciriaco Martínez Alegre y Esperanza Catacora de Martínez; toda vez, que por el delito por el que fueron condenados en grado de Complicidad fue declarado extinguido; en consecuencia, en el presente fallo se considerará únicamente el recurso de casación respecto a Verónica Virginia Catacora Quispe, por cuanto, si bien en su favor se extinguió el delito de Estelionato; no obstante, persiste el otro delito por el que fue condenada (Uso de Instrumento Falsificado).


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Reclama que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto a su denuncia de que el Tribunal de sentencia resolvió la excepción de falta de acción, más no así el incidente de actividad procesal defectuosa, aspecto que vulnera el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), además de su derecho a una respuesta razonada y fundamentada, pues le extraña “la realización del derecho a la defensa la notificación con la querella”, vulnerando los principios de publicidad e igualdad tal como lo fundamentó en su recurso de apelación incidental; limitándose el Tribunal de alzada a señalar lacónicamente que su derecho fundamental a la defensa precluyó, por no haber reclamado oportunamente, que no se había vulnerado ningún derecho fundamental, fundamento que le resulta contradictorio que “perfora” el principio de congruencia y el derecho que tienen a obtener una resolución fundamentada como prevé el Auto Supremo 25 de 3 de febrero de 2010.


  1. Denuncia que el Auto de Vista recurrido no se pronunció positiva ni negativamente respecto a la suscripción del contrato de donación con carga, que generó una diversidad de obligaciones de carácter eminentemente civil, no obstante tuvo acogida por el Tribunal de mérito que violó lo dispuesto por el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, pues su persona pretendía contextualizar la naturaleza de la causa penal que fue injustamente instalada en su contra, toda vez, que se trata de un contrato de donación con carga regulado por los arts. 655 y siguientes del Código Civil (CC); al respecto, invoca los Autos Supremos 316/2006 de 28 de agosto, 221/2006 de 7 de junio y 67/2006 de 27 de enero.


  1. Por otra parte, refiere que el Auto de Vista alegó que no tiene facultades para revalorizar la prueba, sin considerar que tiene facultades para apreciar el procedimiento de judicialización de la prueba, conforme los arts. 173, 370 y 407 del CPP, puesto que en su caso se judicializó de manera ilegal una prueba pericial sin cumplir los principios de inmediación, oralidad, contradicción e igualdad jurídica de las partes; a cuyo efecto, cita el Auto Supremo 25 de 3 de febrero de 2010.


  1. Manifiesta que el Auto de Vista recurrido en su punto 4 del último considerando ambiguamente detectó una severa contradicción entre las dos acusaciones, lo que le deriva en una violación al derecho a la defensa, ya que no sabe cuál en realidad es la acusación que motivó el juicio oral, pues en la Sentencia fue resuelta de maneta confusa por los tipos penales acusados, que no fueron uniformados por el auto de apertura de juicio habiéndose violado su derecho a la defensa.


  1. Denuncia que el Auto de Vista recurrido no se pronunció ni aplicó el Auto Supremo 25 de 3 de febrero de 2010, puesto que en Sentencia no se consideró o se consideró defectuosamente el hecho de existir un proceso civil de nulidad de contrato de donación con carga; sin embargo, no se pronunció al respecto positiva ni negativamente, en cuyo efecto invocó en apelación el Auto Supremo 144/2006 de 22 de abril pretendiendo contextualizar la naturaleza jurídica de su causa y recién asumir la persecución penal no a la inversa, como insólitamente fue resuelto sin mayor fundamentación.


  1. Manifiesta que el Auto de Vista no consideró la defectuosa valoración de la prueba defecto de sentencia previsto por el art. 370 incs. 4) y 6) del CPP, toda vez, que su persona pretendía que se analice si el Tribunal de mérito incorporó y valoró todos los elementos de prueba, puesto que se violaron los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción, ya que no se valoró correctamente que a su persona se le imputó la adulteración de providencias judiciales, cuando ellas son de dominio del órgano jurisdiccional, no existiendo en la Sentencia una correcta y adecuada valoración probatoria incumpliendo el Auto Supremo 25 de 4 de febrero de 2010; no obstante, no existe respuesta cierta, razonada y fundamentada de parte del Tribunal de alzada, puesto que, no consideró que el Tribunal de sentencia no aplicó las reglas de la sana crítica cuando se objetó la producción y judicialización del testimonio de poder que supuestamente realizó el perito y que su persona habría adulterado, habiendo demostrado que ese documento no existía en original y extrañamente el perito realizó su labor en una fotocopia vulnerándose los principios de oralidad e inmediación, por cuanto, se prefabricó esa prueba con el fin de someterlos a un proceso penal incumpliendo el Auto de Vista su actividad jurisdiccional dentro de los parámetros de los arts. 124 y 413 del CPP, quebrantando el Auto Supremo “25/2010”; puesto que, tampoco consideró que invocó en apelación las Sentencias Constitucionales 0240/2003-R y 1312/2003-R y los Autos Supremos 241/2006 de 6 de julio, 444/2005 de 16 de octubre y 307/2003 de 11 de junio.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


De la revisión de antecedentes, se tiene que la parte recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 17 de diciembre de 2010, presentando el recurso de casación el 22 del mismo mes y año, conforme consta del cargo de recepción de fs. 572, cumpliendo de esta manera, con el primer párrafo del art. 417 del CPP. 


En cuanto al primer motivo, se tiene que la recurrente reclama que el Auto de Vista no se pronunció respecto a que el Tribunal de sentencia resolvió la excepción de falta de acción, más no el incidente de actividad procesal defectuosa, aspecto que vulneró el art. 24 de la CPE, además de su derecho a una respuesta razonada y fundamentada, pues le extraña -la realización del derecho a la defensa la notificación con la querella- que fundamentó en su recurso de apelación incidental; no obstante, el Tribunal de alzada se limitó a señalar que su derecho fundamental a la defensa precluyó, por no haber reclamado oportunamente, que no se había vulnerado ningún derecho fundamental, fundamento que le resulta contradictorio que “perfora” el principio de congruencia y el derecho que tienen a obtener una resolución fundamentada.


De los argumentos expuestos, se infiere que la denuncia deviene de una cuestión incidental, que conforme afirma la recurrente el Auto de Vista incurrió en una respuesta lacónica y contradictoria, lo que implica que la problemática incidental fue resuelta por el Tribunal de alzada, lo que no es recurrible vía casación; por cuanto, los reclamos sobre cuestiones incidentales dilucidadas en el transcurso de la tramitación del proceso penal, conforme prevé el art. 403 inc. 2) del CPP, tienen como medio impugnatorio el recurso de apelación incidental, del que surge una decisión definitiva, cuando menos en la vía ordinaria, sin que resulte viable el recurso de casación como medio idóneo para revisar lo resuelto por el Tribunal de alzada; habida cuenta, que la apertura de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, está delimitada para conocer los reclamos contra Autos de Vista que resuelven apelaciones restringidas contra Sentencias y no contra Resoluciones que resuelven apelaciones sobre cuestiones incidentales; en consecuencia, no se apertura la competencia de este Tribunal, situación por la que el motivo en cuestión deviene en inadmisible.


Respecto al segundo motivo, en el que la recurrente cuestiona que el Auto de Vista recurrido no se pronunció positiva ni negativamente respecto a la suscripción del contrato de donación con carga, que generó una diversidad de obligaciones de carácter eminentemente civil, no obstante tuvo acogida por el Tribunal de mérito que violó lo dispuesto por el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, pues su persona pretendía contextualizar la naturaleza de la causa penal que fue injustamente instalada en su contra, ya que, se trata de un contrato de donación con carga regulado por los arts. 655 y siguientes del CC, se evidencia que invocó los Autos Supremos 316/2006 de 28 de agosto, 221/2006 de 7 de junio y 67/2006 de 27 de enero; no obstante, se limitó a mencionarlos sin precisar la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado, en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta al recurrente, no basta con citar los Autos Supremos, sino que corresponde a la parte recurrente explicar por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo.


Por los fundamentos expuestos, se establece que el motivo sujeto a examen, no cumplió con los requisitos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; toda vez que la recurrente, no precisó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados con la emisión del Auto de Vista que constituye la resolución judicial que se recurre de casación, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos explicó el resultado dañoso emergente del defecto, situación por la que deviene en inadmisible.


En cuanto al tercer motivo, la recurrente reclama que el Auto de Vista alegó que no tiene facultades para revalorizar la prueba, sin tener en cuenta que tiene facultades para apreciar el procedimiento de judicialización de la prueba, conforme los arts. 173, 370 y 407 del CPP, puesto que en su caso se judicializó de manera ilegal una prueba pericial sin cumplir los principios de inmediación, oralidad, contradicción e igualdad jurídica de las partes; a cuyo efecto, cita el Auto Supremo 25 de 3 de febrero de 2010, sin brindar una explicación precisa de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, incumpliendo la exigencia impuesta por la citada disposición procesal.


Por otra parte, se evidencia que tampoco concurren los presupuestos de flexibilización, que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; toda vez, que la recurrente, no precisó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados con la emisión del Auto de Vista impugnado, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos explicó el resultado dañoso emergente del defecto, deviniendo en inadmisible el presente motivo.


En relación al cuarto motivo, referido a que el Auto de Vista en su punto 4 del último considerando ambiguamente detectó una severa contradicción entre las dos acusaciones, lo que le deriva en una violación al derecho a la defensa, puesto que, no sabe cuál fue la acusación que motivó el juicio oral, pues en la Sentencia fue resuelta de manera confusa por los tipos penales acusados, que no fueron uniformados por el auto de apertura de juicio habiéndose violado su derecho a la defensa, se constata que la recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; consecuentemente, no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrió la recurrente pueda ser suplida de oficio.


Por otra parte, si bien la recurrente refiere violación a su derecho a la defensa; no obstante, omite exponer en qué consistiría la disminución o restricción del referido derecho; ello es, explicar cómo entiende que se materializó el agravio alegado y cuál el resultado dañoso que constituyere defecto absoluto, con lo que se tiene que tampoco cumplió con los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto, aspecto por el que el presente motivo deviene en inadmisible.


Con relación al quinto motivo, relativo a que el Auto de Vista no se pronunció positiva ni negativamente, ni aplicó el Auto Supremo 25 de 3 de febrero de 2010, puesto que en Sentencia no se consideró o se consideró defectuosamente el hecho de existir un proceso civil de nulidad de contrato de donación con carga, en cuyo efecto invocó en apelación el Auto Supremo 144/2006 de 22 de abril pretendiendo contextualizar la naturaleza jurídica de su causa y recién asumir la persecución penal no a la inversa como insólitamente fue resuelto sin mayor fundamentación; se establece que si bien la recurrente invoca los Autos Supremos que afirma invocó en la formulación de su recurso de apelación restringida; sin embargo, en esta etapa de casación, se limitó a citarlos sin efectuar la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar los Autos Supremos alegando que los invocó en la interposición de su recurso de apelación restringida; sino, que correspondía a la parte recurrente en esta etapa casacional explicar por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo.


Por los fundamentos expuestos, se establece que el motivo sujeto a examen, no cumplió con los requisitos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; toda vez, que la recurrente, no precisó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados con la emisión del Auto de Vista que es la que se recurre de casación, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos explicó el resultado dañoso emergente del defecto, situación por el que deviene en inadmisible.


Finalmente, en cuanto al sexto motivo, en el que reclama que el Auto de Vista no consideró la defectuosa valoración de la prueba defecto de sentencia previsto por el art. 370 incs. 4) y 6) del CPP, toda vez, que no se valoró correctamente que a su persona se le impute la adulteración de providencias judiciales, cuando ellas son de dominio del órgano jurisdiccional, no existiendo en la Sentencia una correcta y adecuada valoración probatoria incumpliendo el Auto Supremo 25 de 4 de febrero de 2010, sin que exista respuesta cierta, razonada y fundamentada de parte del Tribunal de alzada, ya que no consideró que el Tribunal de sentencia no aplicó las reglas de la sana crítica cuando objetó la producción y judicialización del testimonio de poder que supuestamente realizó el perito y que su persona habría adulterado, cuando demostró que ese documento no existía en original y extrañamente el perito realizó su labor en una fotocopia, incumpliendo el Auto de Vista su actividad jurisdiccional dentro de los parámetros de los arts. 124 y 413 del CPP; ya que, tampoco consideró que invocó las Sentencias Constitucionales 0240/2003-R y 1312/2003-R y los Autos Supremos 241/2006 de 6 de julio, 444/2005 de 16 de octubre, 307/2003 de 11 de junio, se evidencia que si bien la recurrente ratifica la invocación de los Autos Supremos mencionados; no obstante, respecto al primero se limitó a transcribir una parte, y en cuanto a los demás se limitó a citarlos, sin cumplir con el trabajo de contraste con ninguno de los precedentes invocados; es decir, la explicación precisa de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, imposibilitando a este Tribunal verificar si existe o no contradicción, incurriendo la recurrente en una omisión que no puede ser suplida de oficio.


Por otra parte, respecto a cita de las Sentencias Constitucionales 0240/2003-R y 1312/2003-R, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, cabe precisar que no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos emitidos por las Salas Penales donde se establezca o ratifique doctrina legal aplicable; no siendo válido, el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley.


Consiguientemente, se establece que el presente motivo, no cumplió con los requisitos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; toda vez, que la recurrente, no precisó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados con la emisión del Auto de Vista que es la que se recurre de casación, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos explicó el resultado dañoso emergente del defecto, situación por el que deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Verónica Virginia Catacora Quispe de fs. 572 a 575 vta.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela