TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 123/2019-RRC        

Sucre, 07 de marzo de 2019


Expediente                        : La Paz 76/2018

Parte Acusadora                : Arturo Pedro Poma Limachi y otra

Parte Imputada                : Israel Luís Vargas Huanca y otros

Delito                : Despojo

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 16 de marzo de 2018, Israel Vargas Pérez, de fs. 339 a 348 y Policarpio Pérez Huiza, de fs. 350 a 351 vta., interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 81/2017 de 4 de diciembre, de fs. 322 a 332, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Arturo Pedro Poma Limachi y Juana Intimayta Challco de Poma contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de Perturbación de Posesión, Daño Simple y Despojo, previstos y sancionados por los arts. 353, 357 y 351 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 14/2016 de 12 de mayo (fs. 251 a 263), el Juez Primero de Partido y de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Israel Luís Vargas Huanca, autor y culpable de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión y absuelto de los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple. Además, absolvió a Policarpio Pérez Huiza, de los delitos endilgados en su contra.


  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Policarpio Pérez Huiza (fs. 276 a 278 vta.) e Israel Luís Vargas Huanca (fs. 280 a 289), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 81/2017 de 4 de diciembre, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedentes las cuestiones planteadas en los recursos y confirmó la Sentencia apelada y su Auto Complementario, motivando la formulación de los recursos de casación sujetos al presente análisis.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


De los recursos de casación y del Auto Supremo 700/2018-RA de 17 de agosto, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).



I.1.1.1. Del recurso de casación de Israel Vargas Pérez.


1)        Alega motivación enunciativa y omisión de pronunciamiento en el Auto de Vista con relación al agravio de apelación respecto a que la Sentencia introdujo hechos no contemplados en la acusación; a cuyo efecto, cita un extracto de la Resolución impugnada, para indicar que en ninguna parte se determina que haya destruido el muro y sacado la puerta metálica como se afirma en Sentencia, señalando además de manera genérica el fundamento fáctico del juicio con base en elemento probatorio alguno. El Auto de Vista no analiza los cuestionamientos planteados sobre la inexistencia de fundamento fáctico y el emergente perjuicio de ser condenado por hechos no denunciados ni discutidos en juicio, vulnerando el debido proceso [art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE)] por no ejercer la tutela judicial efectiva en el cumplimiento de los arts. 124 y 398 del CPP, en contravención al art. 342 del CPP, incurriendo en vulneración de la legalidad ordinaria e indebida motivación y en defectos absolutos, de acuerdo al art. 169 inc. 3) del CPP.


2)        Denuncia errónea motivación y fundamentación del Auto de Vista respecto al reclamo en apelación del defecto de Sentencia del art. 370 inc. 5) del CPP, introduciendo un dato falso, ya que jamás se citó que el agravio se encontraría en el punto V.3 de la Sentencia, sino en la Sección III, V y V.4; ignorándose los motivos, omitiendo considerar los agravios interpuestos, siendo erróneo el pronunciamiento en alzada. Además, no se sustenta la revalorización de la prueba cuando no había necesidad de aquello, sino sólo  verificar el fundamento lógico sobre los hechos y la posesión de agosto de 2014, por lo que denuncia la vulneración del art. 124 del CPP, incurriendo en defecto absoluto conforme al art. 169 inc. 3) del CPP.


3)        Denuncia motivación enunciativa y errónea, además de pronunciamiento en el Auto de Vista, al considerar que sólo se habría referido a los testimonios de los citados testigos, omitiendo señalar cuáles serían las reglas de la sana crítica infringidas por el Juez de origen a tiempo de valorar esos elementos de prueba que se indicaron, cuando debía determinarse si las declaraciones fueron valoradas por el Juez y no limitarse a inferir que no se hizo mención a las reglas de la sana crítica, existiendo violación al debido proceso en su vertiente sobre la exigencia de fundamentación de las resoluciones previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, como defecto insubsanable.


4)        Denuncia revalorización de la prueba en relación a los principios de la sana crítica, en particular a las normas de la lógica y el principio de no contradicción sobre las construcciones realizadas en agosto de 2014, cuando se concluye que a finales de octubre de 2014, se habría ingresado al inmueble y la posesión de los querellantes. El Tribunal de alzada únicamente resuelve respecto a la posesión de los querellantes, revalorizando la prueba. Invoca los Autos Supremos 224/2006 de 3 de julio y 525/2004 de 20 de septiembre.


5)        Habiéndose alegado la falta de fundamentación de la Sentencia, el Auto de Vista omite la consideración de este defecto y no brinda respuesta alguna, positiva o negativa, acusando el incumplimiento del art. 124 del CPP y la existencia de defectos absolutos previstos por el art. 169 inc. 3) del CPP, por vulneración al derecho al debido proceso del art. 115 de la CPE. Invoca el Auto Supremo 51/2013 de 1 de marzo.


6)        Arguye fundamentación errónea e incongruencia omisiva en relación a la inobservancia en la aplicación de la Ley sustantiva y violación al derecho de intervención mínima, siendo que el Auto de Vista únicamente hace referencia a la última ratio, que no fue resuelto acordemente. Asimismo, afirma la concurrencia de omisión por parte del Tribunal al no haberse pronunciado respecto a la inobservancia de la aplicación de la Ley sustantiva, en cuanto al delito de Despojo. Invoca como precedentes los Autos Supremos 254 de 22 de julio de 2005 y 338 de 5 de abril de 2007.


7)        Incurre en incongruencia omisiva sobre la falta de fundamentación en la fijación de la pena en cuanto a la aplicación del art. 38 del CP, relativo a la naturaleza de la acción, los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido, derivando por ello en incongruencia omisiva. Invoca el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio.


8)        El Auto de Vista adolece de incongruencia omisiva con relación al defecto del art. 370 inc. 4) del CPP y sobre la reserva de apelación ante el rechazo de la exclusión probatoria del Registro del Lugar del Hecho, prueba PD.8, vulnerándose el debido proceso en su vertiente derecho a la defensa y lo dispuesto por el art. 342 del CPP. Invoca el Auto Supremo 179 de 6 de febrero de 2007.


9)        En apelación se habría denunciado la violación del debido proceso en la vertiente de legalidad ordinaria por la inobservancia de los arts. 290 y 342 del CPP, al haberse la Sentencia fundado con base a unas supuestas llaves de una puerta metálica azul. Al respecto, el Auto de Vista se limita a indicar los alcances del art. 171 del CPP como potestad del Juez, cuando debió interpretarse de acuerdo a los arts. 13 y 172 del CPP, incurriendo en defecto absoluto de acuerdo al art. 169 inc. 3) del CPP. Invoca el Auto Supremo 179 de 6 de febrero.


I.1.1.2. Del recurso de casación de Policarpio Pérez Huiza.


El recurrente denuncia que al momento de considerar la apelación respecto al cumplimiento de los arts. 364 y 265 del CPP, el Tribunal de alzada refiere que a efectos de resolver lo planteado, es valedera la solicitud cuando se tenga por ejecutoriada la Sentencia en previsión del art. 272 del CPP, señalando que por ello no habría vulneración de derechos, siendo que el art. 365 del CPP, claramente establece que al momento de emitirse la Sentencia, se decidirá sobre las costas y quién las soportará, siendo también aplicable a los recursos de acuerdo al art. 269 del CPP (cita extracto de Sentencia). Hace referencia a la participación en el ilícito y su contradicción, sobre la que el Tribunal de alzada considera que se sustentaron los motivos de la decisión en relación a cada tipo penal, cuando más bien se habría denunciado en apelación la falta de fundamentación de la Sentencia, por lo que la motivación del Auto de Vista es insuficiente para resolver el reclamo, en desmedro de la tutela judicial efectiva prevista por el art. 115 de la CPE, al no existir pronunciamiento alguno sobre el reclamo de malicia y temeridad.


I.1.2. Petitorios.


El recurrente Israel Vargas Pérez, solicita se reparen los agravios y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, se cumpla con la línea jurisprudencial citada en los precedentes contradictorios, anulando el proceso con el respectivo juicio de reenvío; en tanto, que el recurrente Policarpio Pérez Huiza, impetra se deje sin efecto la resolución recurrida y se emita otro de acuerdo a la jurisprudencia citada.


I.2. Admisión de los recursos.


Mediante Auto Supremo 700/2018-RA de 17 de agosto, cursante de fs. 361 a 366, este Tribunal admitió los recursos de casación para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS A LOS RECURSOS


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 14/2016 de 12 de mayo, el Juez Primero de Partido y de Sentencia de El Alto, declaró al imputado Policarpio Pérez Huiza, absuelto de la comisión de los delitos de Perturbación de Posesión, Daño Simple y Despojo, al igual que a Israel Luis Vargas Huanca respecto a los dos primeros delitos, pero autor y culpable del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con los siguientes argumentos:


  1. Los querellantes Arturo Pedro Poma Limachi y Juana Intimayta Challco de Poma, fueron víctimas de despojo y al presente no están en posesión del inmueble lote de terreno asignado como Nº 15, con una superficie de 300 mts. 2, ubicado en el manzano “A-15” de la Urbanización Tilata, pues quien está en posesión del citado inmueble es el imputado Israel Luis Vargas Huanca con su familia, de lo que se infiere que los querellantes no tienen ahora la posesión del inmueble, por lo que no puede existir el delito de Perturbación de Posesión, respecto al cual se establece que la prueba aportada y producida en el juicio por la parte querellante, no probó la acusación tampoco fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad de los imputados, siendo aplicable el art. 363 incs. 1) y 2) del CPP.


  1. En cuanto al delito de Daño Simple, el comportamiento de ambos imputados no se subsume, ya que los querellantes no demostraron qué cosas ajenas y/o objetos hubieran destruido, inutilizado o hicieron desaparecer, incluso ni en la querella y acusación particular, se indica cuáles fueron los objetos o cosas destruidas pertenecientes a los querellantes, resultando también aplicable el art. 363 en los incisos citados precedentemente.


  1. Respeto al delito de Despojo en cuanto a la situación del imputado Policarpio Pérez Huiza, su conducta no se subsume a la normativa penal señalada por cuanto los querellantes en el juicio no demostraron con ninguna prueba que el imputado haya ingresado o invadido violentamente el inmueble en cuestión, tampoco demostraron que haya expulsado a la parte querellante del inmueble y mucho menos que se mantenga en él; por el contrario, se evidenció que él tiene su domicilio y/o inmueble donde habita con su familia en el inmueble colindante; es decir, el imputado detenta y se mantiene en otro inmueble muy distinto al inmueble en cuestión, de modo que siendo vecino de un inmueble aledaño no se le puede atribuir como actos de Despojo, no siendo responsable de los actos despojantes, por lo que su conducta no se adecua a los elementos constitutivos del delito de Despojo, debiendo aplicarse el art. 363 incs. 1) y 2) del CPP.


  1. Con relación al imputado Israel Luis Vargas Huanca, su conducta se subsume al delito de Despojo, ya que los querellantes teniendo desde el 2007 un derecho real constituido sobre el inmueble en cuestión, que estaba amurallado perimetralmente con adobe con su correspondiente puerta metálica azul de ingreso y sus seguros, salían e ingresaban realizando sembradíos y cosechas en el mismo. También realizaron adobes para las respectivas construcciones como legítimos poseedores del inmueble; sin embargo, el imputado a finales de octubre de 2014, ingresó al inmueble, desconoció el derecho real constituido y la posesión de la parte querellante y procedió a construir en el inmueble, además destruyó violentamente la pared de adobe frontal sacando su puerta de metal de color azul y parar machones de cemento, con el fin de construir una nueva pared de ladrillo, colocando una puerta de garaje de color verde con nuevas chapas y llave de ingreso, donde actualmente habita con su familia, sin tener ningún título que acredite un legítimo ingreso al inmueble y una legítima posesión, y a la fecha no deja que los querellantes ingresen al inmueble, manteniéndose ilegítimamente impidiendo que la parte querellante haga uso de su ejercicio real de su derecho constituido y la tenencia del inmueble, por lo que se demostró que el imputado destrozó la pared de adobe y la puerta que existía, hizo uso de la fuerza y violencia, para ingresar al inmueble cuya posesión detentaba la parte querellante, para luego realizar una nueva pared frontal de adobe y su puerta de garaje de ingreso, construyendo dormitorios en el interior del inmueble manteniéndose ilegítimamente con su familia, siendo actos típicos de despojo, puntualizando el Juez de Sentencia que si bien el imputado en ejercicio de su defensa material expresó que su ingreso se debió a su estado de necesidad al ser huérfano y abandonado, esos argumentos no acreditan posesión legítima, mucho menos un derecho real constituido sobre el inmueble o título posesorio a su favor, ya que al ver que el inmueble estaba amurallado y tenía puerta metálica con su correspondiente seguro, tenía la obligación de respetar el inmueble.


  1. La Sentencia añade que para la fijación de la pena se consideran los arts. 37, 38 y 40 del CP, siendo en cuanto a su personalidad que el imputado es una persona joven, tiene 35 años y es padre de un hijo y respecto a las agravantes se tiene la premeditación, ya que el hecho fue realizado en conocimiento y voluntad propia y como atenuantes su edad, calidad de padre de familia, su estudio y que es bachiller, además de no tener antecedentes penales.




II.2. De las apelaciones restringidas de los imputados y su resolución.


Contra la mencionada Sentencia, el imputado Policarpio Pérez Huiza interpone recurso de apelación restringida alegando el incumplimiento de los arts. 265 y 364 del CPP, en cuanto a la fijación de costas, incumplimiento de la debida motivación de la Sentencia sobre la no imposición de costas judiciales y declaratoria de malicia y publicación de la Resolución absolutoria; en tanto que el imputado Luís Vargas también recurre de apelación denunciando la introducción en la Sentencia de hechos no contemplados en la acusación particular, fundamentación insuficiente y contradictoria del fallo de primera instancia, que ésta se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa, vulneración de los principios de la sana crítica, aplicación al debido proceso en la dimensión del derecho a la fundamentación de la Sentencia, inobservancia en la aplicación de la ley sustantiva o violación al principio de intervención mínima del derecho penal, falta de fundamentación en cuanto a la fijación de la pena, falta de fundamentación sobre las costas y declaratoria de malicia y temeridad por el fallo absolutorio en su favor por los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple, incorporación de las llaves de la supuesta puerta metálica azul que supuestamente tenía el inmueble de los querellantes y la reserva de apelación sobre el rechazo de la petición de exclusión de la prueba PD 8. Ambos recursos fueron declarados improcedentes por el Tribunal de alzada que confirmó la Sentencia apelada y sus autos complementarios.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONTITUCIONALES Y DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente, el imputado Israel Vargas Pérez denuncia la existencia de defectos vinculados a la fundamentación de las resoluciones judiciales, revalorización probatoria e incongruencia omisiva; en tanto que el coimputado Policarpio Pérez Huiza alega la existencia de motivación insuficiente en el Auto de Vista impugnado al resolver el reclamo formulado en apelación restringida; por lo que corresponde resolver las problemáticas planteadas.


III.1. Respecto al recurso de casación de Israel Vargas Pérez.


En consideración a que el recurso de casación planteado por el recurrente plantea nueve motivos que de acuerdo al Auto de admisión emitido por esta Sala han sido delimitados en su análisis de fondo, se pasa a examinar cada uno de ellos en los siguientes términos:


III.1.1. Con relación a las denuncias referidas a la falta de fundamentación.


En los tres primeros motivos del recurso de casación planteado por el imputado Israel Vargas Pérez, cuyo análisis de fondo corresponde ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, se plantean temáticas relativas a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, razón por la cual al resultar pertinente su agrupación en el presente acápite, corresponde su resolución, a cuyo fin es necesario como punto de partida de análisis considerar los criterios jurisprudenciales asumidos con base a la disposición contenida en el art. 124 del CPP.


Por mandato del art. 124 del CPP, toda Resolución debe encontrarse debidamente fundamentada, mandato que fue reflejado en la abundante doctrina legal emitida por este Supremo Tribunal de Justicia, cuando señala: “El derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, componente del debido proceso, se plasma en la exigencia procesal y constitucional a toda autoridad que emita una resolución, de fundamentarla motivadamente en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado, sin acudir a argumentos generales que dejen sin respuesta a las partes, lo contrario ocasiona incertidumbre e indefensión; en ese entendido, se establece la falta de fundamentación en el Auto de Vista cuando de sus fundamentos se observa la falta de respuesta puntual y específica a todas y cada una de las alegaciones planteadas en el recurso de alzada y, contrariamente acude a argumentos evasivos para evitar cumplir con su obligación de pronunciarse sobre el fondo de uno o más cuestionamientos, omisión que vulnera los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal e infringe el derecho a los recursos, a la tutela judicial efectiva y la garantía al debido proceso, lo que constituye defecto absoluto inconvalidable al tenor del art. 169 inc. 3) De la norma legal precitada, ameritando en consecuencia la aplicación del art. 419 de la Ley adjetiva penal.” (A.S. 368/2012 de 5 de diciembre).


En concordancia con lo anterior, estableció: “Las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.

En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta).


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal, pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.” (A.S. 396/2014-RRC de 18 de agosto).


Debe añadirse que sobre la temática el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, estableció la siguiente doctrina legal: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia” (sic).


Identificados los criterios asumidos por este tribunal en cuanto al deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, resulta necesario identificar los tres motivos alegados por el recurrente en su apelación restringida así como la respuesta brindada por el Tribunal de alzada a cada uno de ellos con el propósito de verificar si los reclamos formulados en casación tienen o no sustento; en ese sentido, se constata de los antecedentes que el recurrente planteó como primer motivo de alzada la introducción en la Sentencia de hechos no contemplados en la acusación particular, específicamente aquel referido a que hubiese ingresado al inmueble, destruyó la muralla de adobe frontal, sacó la puerta metálica que estaba colocada en la misma, siendo éstos hechos introducidos según el reclamo por el Juez de origen, pues revisando el Auto de apertura de 24 de diciembre de 2014 transcritos en la Sentencia, en ninguno de sus argumentos se le acusó de haberlos cometido; además, que esos hechos no resultaban tampoco de las declaraciones de cargo y descargo, más cuando contrariamente los querellantes refirieron como hechos denunciados que los vecinos les informaron que su inmueble habría sido vendido por los miembros de la Junta de vecinos, lo que implicaba que se inobservó el art. 342 del CPP, generando indefensión al ser sorprendido con nuevos hechos sobre los cuales no pudo ofrecer las pruebas de descargo, afectando el debido proceso, la legalidad procesal, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, conforme lo regula el art. 169 inc. 3) del CPP.


A este planteamiento el Tribunal de alzada señaló que en relación a los hechos referidos sobre la destrucción de la muralla de adobe y de haber sacado la puerta metálica del inmueble, debía acudirse a la querella y acusación particular presentada en la causa, de la cual resaltaba y subrayó la forma precisa y clara, de cómo los querellantes hicieron mención al hecho de la destrucción de una muralla y la desaparición de la puerta, hechos que fueron recogidos y contemplados en la Sentencia apelada, que los consignó en el título referido a la enunciación del hecho y circunstancias objeto del juicio; en consecuencia, tuvo por no ciertos y evidentes los agravios señalados, siendo que los hechos denunciados signados en la querella y acusación particular que aperturaron el proceso, fueron también juzgados y signados en el fallo apelado.


De ambos antecedentes, se establece que el reclamo versa sobre la introducción de hechos no contenidos en la acusación, siendo atendido por el Tribunal de alzada previa revisión del cuadro fáctico descrito en la acusación particular, que al sentir del art. 342 del CPP, se constituye en la base del juicio, advirtiéndose que la parte querellante tal como se asumió en el Auto de Vista impugnado, a tiempo de hacer referencia a los antecedentes y relación de las circunstancias de los hechos, claramente hizo referencia a que el inmueble en cuestión se encontraba amurallado y con una puerta metálica de color azul asegurada con chapa y candado y que posteriormente al acudir en octubre de 2014, sorprendentemente verificó que su pared y puerta ya no existían, lo que denota que la motivación calificada como enunciativa por el recurrente, de ningún modo acredita una falta de fundamentación o motivación del fallo, pues expone las razones para desestimar el reclamo de una manera clara, concisa y en términos precisos, a partir del contenido de la acusación. A esta altura del análisis, se deja constancia que si bien la Sala Departamental no emite un pronunciamiento específico sobre el emergente perjuicio invocado por el recurrente en su apelación restringida, dicha falencia carece de relevancia por cuanto la existencia de dicho perjuicio, resultaría emergente de un supuesto que se reitera, dado los antecedentes del proceso, es inexistente; en cuyo mérito, el reclamo sujeto a análisis deviene en infundado.


Luego el imputado alegó en su apelación la existencia de fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, al amparo del art. 370.5) del CPP, destacando que en el apartado III se hizo mención a que hubiese comenzado las construcciones en agosto de 2014, entrándose al terreno a fines de octubre de 2014, pero en el apartado V, se indicó que a finales de octubre de 2014, ingresó al inmueble, destruyó la muralla de adobe frontal del inmueble, sacó la puerta metálica que estaba colocada en la misma, resultando una evidente contradicción, pues si ingresó en octubre de 2014 y había una muralla, cómo pudo levantar construcciones en agosto de 2014, siendo la contradicción más evidente cuando según el acta de inspección técnico ocular, el testigo apoderado de la parte querellante hizo referencia que la querellante fue al terreno en octubre para realizar el trabajo de la tierra y se sorprendió que le habían tumbado la puerta del garaje y la pared y había visto la construcción, sin explicarse el porqué de la contradicción o cuándo se había realizado la construcción de habitaciones, existiendo también contradicciones con relación al número de adobes que había en el terreno sin que exista uniformidad en las declaraciones testificales al respecto.


A este motivo, el Tribunal de apelación señaló que la Sentencia en el título III referido a la enunciación del hecho y a las circunstancias de juicio, estableció cuáles fueron los hechos estimados como probados, para posteriormente iniciar con la extracción esencial de la descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos como verdaderos y en forma clara y precisa, entabló como relación hechos referidos a la destrucción de la muralla de adobe y la desaparición de la puerta metálica de color azul atribuibles al apelante; en esa circunstancia, fue añadiendo mayores fundamentos y precisamente en el punto V.3, en el que por los fundamentos del apelante se encontraría la contradicción de la Sentencia, se podía establecer que el mismo se hallaba destinado al derecho propietario con el que cuentan los querellantes, nociones de la atestación efectuada por el testigo de descargo Fernando Jorge Poma Intimayta y aspectos sobresalientes de la inspección técnica ocular. Añadió que los agravios no contemplaban precisión referida a la ausencia de fundamentación de la Sentencia, aspecto que repercutía en forma negativa a tiempo de resolver la pretensión al no tenerse certeza de los agravios señalados por el apelante, extremos que no permiten subsumir en el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP.


Con relación a este punto, es necesario enfatizar que el art. 370 inc. 5) del CPP, prevé como defecto de la Sentencia vinculada a la fundamentación tres supuestos: a) La primera consistente en la inexistencia de fundamentación en cualquiera de sus modalidades: fáctica, descriptiva, intelectiva o jurídica; b) Fundamentación insuficiente que se presenta cuando ella no cumple los estándares o parámetros exigidos para su validez; y, la tercera, c) Fundamentación contradictoria que se concurre al contener una proposición que se opone a otra porque se afirma lo que la otra niega y viceversa, de manera que ambas no pueden ser a un mismo tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas; resultando que el reclamo central del imputado en esa parte de su apelación restringida, estaba dirigido a la contradicción existente en su planteamiento, en sentido de afirmarse que las construcciones hubiesen comenzado en agosto de 2014, para luego sostenerse que el ingreso al inmueble en cuestión se produjo en octubre de la referida gestión, verificándose que el Tribunal de alzada, se limitó a remitirse a la estructura de la Sentencia, específicamente a su apartado V.3., sin que la respuesta brindada al planteamiento resulte expresa por cuanto carece de razones que sustenten la decisión de desestimar el motivo de apelación, a partir de sus propias argumentaciones, al ser suplidas por una simple remisión a la Sentencia, determinando además que la resolución no resulte clara ni precisa, lo que genera una falta de seguridad en la respuesta brindada, siendo por lo tanto fundado este reclamo, en consideración a los parámetros que deben observarse en la emisión de una resolución fundamentada y motivada, conforme se destacara precedentemente en los glosas de la jurisprudencia emitida sobre el particular.


También el imputado denunció que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa, señalando que el Juez de origen no valoró la prueba con la logicidad debida, generando un falso juicio de identidad, sobre el hecho de que la parte querellante ingresaba y salía del inmueble con su familia, que habían hecho trabajar adobes para hacer más construcciones y que el inmueble estaba amurallado perimetralmente, porque los testigos de cargo nunca afirmaron que habían visto trabajar adobes para realizar más construcciones; es más, ni siquiera hubo acuerdo entre ellos sobre el número de adobes y los testigos de descargo jamás aseveraron y menos ratificaron los extremos asumidos, enfatizando con base a la descripción de las declaraciones de Justina Flores Machaca y Freddy Rojas Quispe, que se distorsionó el contenido de las declaraciones de la querellante y de sus hijos, cercenando las declaraciones de los testigos de descargo citados que afirmaron no conocer a los querellantes y que se trataba de un terreno vacío con un muro abandonado que estaba rajado y se estaba cayendo, generándose también un falso juicio de existencia en relación a su ingreso al inmueble, la destrucción del muro y sacado de la supuesta puerta, que nunca fueron demostrados en juicio y sin exista base fáctica que sustente la conclusión asumida en Sentencia. También hizo referencia a la falta de uniformidad de los testigos con relación a que los querellantes entraban constantemente al terreno, cuando la propia querellante en su declaración señaló que estuvo en Oruro a lado de su esposo enfermo durante tres años, preguntándose cómo era posible que hubieran entrado y salido constantemente del inmueble y hayan sembrado y cosechado, por lo que la Sentencia además de basarse en hechos no acreditados incurrió en valoración defectuosa.


Respecto a esta temática la Sala de apelación precisó en cuanto a la denuncia de distorsión a las declaraciones de los testigos, que el recurrente se limitó a remitirse a sus testimonios; sin embargo, omitió señalar específicamente las reglas de la sana crítica infringidas por el Juez a tiempo de valorar esos elementos de prueba, que la falta de agravio vinculado al sistema de la sana crítica y valoración probatoria, no hacía posible atender la postulación pretendida, mientras no se identificó de modo concreto la vulneración de las reglas de la sana crítica, determinando que el defecto denunciado resulte carente de especificidad, precisión y sustento. Además, de no haberse proporcionado insumos necesarios del porqué se consideró que el Juzgador incurrió en una errónea valoración de los elementos de prueba, añadiendo que el Tribunal de alzada no contaba con la facultad de realizar una revalorización probatoria de las pruebas testificales, pues de hacerlo se estaría transgrediendo los principios de legalidad y seguridad. 

Sobre este particular, la Sala advierte que el Tribunal de alzada al resolver el motivo de apelación restringida identificado, evadió una respuesta clara, precisa y completa, con relación al planteamiento basado en el art. 370.6) del CPP, por cuanto fundó su determinación en el argumento de que el apelante omitió señalar las reglas de la sana crítica infringidas por el Juez de mérito, cuando se constata que por el contario, el recurrente en apelación de manera específica denunció que el juzgador incurrió en falsos juicios de identidad y de existencia, como en falta de uniformidad, precisando los elementos probatorios que en su planteamiento fueron defectuosamente valorados por el Juez de origen, denotando también sobre este particular motivo, que el reclamo de casación es evidente, ante la notoria falta de fundamentación en la respuesta brindada por la Sala de apelación, en infracción del art. 124 del CPP, generando a su vez un defecto absoluto.


III.1.2. En cuanto a la denuncia de revalorización probatoria.


En este motivo, el recurrente invoca en calidad de primer precedente contradictorio el Auto Supremo 224/2006 de 3 de julio, emitido en una causa seguida por el delito de Apropiación Indebida y otro, verificándose en casación que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver la apelación restringida, revalorizó prueba sin tomar en cuenta que en los términos del art. 173 del CPP, esta actividad corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia; es decir, que esta función es privativa de estos Tribunales a mérito de los principios de concentración e inmediatez que permiten dar una vivencia real de los hechos, las reacciones psicológicas de los involucrados, su gravedad y consecuencias, así como las atenuantes y agravantes que pudieran medirse para la graduación de la sanción, por lo que se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Una forma de resolución de los Autos de Vista defectuosos se refiere a los casos de `revalorizar la prueba´ cuando el Tribunal de alzada, al resolver el recurso de apelación restringida no toma en cuenta que la `valoración probatoria´ es tarea en la que la ley guarda exclusividad en cuanto a su apreciación crítica, respecto de los medios probatorios, sólo a los Jueces o Tribunales de Sentencia, conforme disponen los artículos 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal.


Que los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva, se refieren: a) a los defectos de procedimiento en general y b) a los específicamente contenidos en los artículos 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal entre los que se incluye el inciso 1) de esta última disposición legal, interpretación que decanta esta última normativa a situaciones de inobservancia de la ley adjetiva o errónea aplicación de la misma, como los que se refieren a supuestos en que, de acuerdo a criterios valorativos, el Tribunal de alzada, bajo el concepto de `existencia de pruebas´ u `omisión´ de valoración de las mismas, se permite ingresar, indebidamente, en la revalorización de la prueba a efecto de anular la sentencia y, lo que es peor, ante la nueva `revaloración probatoria´ disponga, erróneamente, el cambio del status jurídico del imputado de `condena´ a `absolución´ o viceversa, cuando lo correcto es dar aplicación al `principio de inmediación´ y valoración correcta de la prueba disponiendo la `anulación de la sentencia´ y la reposición del juicio por otro Tribunal.

Que el Tribunal Supremo ha sentado doctrina en este tema a través del Auto Supremo Nº 317 de 13 de junio de 2003, el mismo que, al haber sido ofrecido como precedente y tener el carácter obligatorio por imperio del segundo periodo del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, no puede ser omitido y menos modificado en su contenido y alcance por digresiones interpretativas forzadas e insustentables de un Tribunal inferior sino por el Tribunal Supremo en ocasión de otro recurso de casación que se formulare”.


Como segundo precedente invoca el Auto Supremo 525/2004 de 20 de septiembre emitido en una causa seguida por el delito de Transporte de Sustancias Controladas, por el cual la sala de casación evidenció que el Auto de Vista impugnado declaró procedente la apelación restringida, valorando nuevamente la prueba y como producto de ello llegó a la conclusión de no estar probada la acusación; consecuentemente, revocó la Sentencia apelada y pronunció otra, absolviendo de culpa y pena a la imputada por el delito que fue objeto de juicio; sin tomar en cuenta que cuando se da esta figura, el Tribunal de alzada debe anular totalmente la Sentencia y ordenar la reposición del juicio, por otro Tribunal; además de que ya no le está permitido al Tribunal de apelación restringida, revisar las cuestiones de hecho que valoran los Tribunales inferiores, sino garantizar el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley, precisando la siguiente doctrina: “(…) que de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no es el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que lo hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente”

En el presente caso, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada hubiese incurrido en revalorización probatoria al resolver el motivo de apelación relativo a la vulneración de los principios de la sana crítica, siendo necesario acudir a los argumentos que fueron alegados en la apelación y los asumidos en el fallo impugnado de casación, para verificar si la denuncia tiene o no mérito. Es así, que el recurrente en apelación denunció que la motivación incurrió en vulneración de los principios de la lógica y el principio de no contradicción, al referir que la Sentencia asumió que el imputado a finales de octubre de 2014, sin respetar que el inmueble se encontraba amurallado y con una puerta de ingreso cerrado - ya que lógicamente si un inmueble se encuentra cerrado es que alguien está en posesión del mismo -, entró al inmueble para luego en el apartado III asumir que comenzaron construcciones en agosto de 2014, preguntándose el recurrente si lógicamente se encontraba cerrado el inmueble por estar supuestamente en posesión de los querellantes, lógicamente no podía haber levantado construcciones en agosto de 2014.


Sobre su supuesta participación en la destrucción del muro frontal y sacado de la puerta, destacó que la Sentencia asumió que a fines de octubre de 2014 ingresó al inmueble, destruyó la muralla de adobe frontal y sacó la puerta metálica, cuando tales hechos no pueden resultar de una simple deducción, puesto que los hechos deben ser demostrados objetivamente, más cuando la querellante y sus hijos en sus declaraciones niegan haberlo visto realizar los hechos aducidos en la Sentencia, siendo ilógico y contradictorio que sea declarado culpable por hechos que las mismas víctimas no le identifican directamente como autor.

Con relación a la supuesta posición de los querellantes y los trabajos realizados, enfatizó que la querellante declaró que estaban en Oruro y no asistieron tres años, sin que nadie pueda tener el don de ubicuidad y estar en dos lugares al mismo tiempo, pues si estaba cuidando a su esposo en Oruro, cómo iba a La Paz a ejercer actos de posesión conforme se asume en la Sentencia.


También relievó el principio inexpugnable de las ciencias con referencia a la psicología señalando que la querellante tiene interés en recuperar el terreno y sus dos hijos que declararon tienen un nexo emocional; no obstante, el Juez de origen no percibió las múltiples contradicciones en las cuales ingresó la querellante y sus testigos familiares y que no presentaron otros testigos como vecinos de la zona que puedan confirmar, ratificar, avalar las declaraciones, ni siquiera presentaron a la persona que supuestamente le dejaban sus cosas, menos al anterior propietario y con referencia a sus testigos de descargo no percibió que tengan interés alguno, pues no se fundamenta en la resolución, tampoco se advirtió que eran vecinos de la zona desde hace más de diez años, por lo que sus declaraciones de no conocer a los querellantes y que el terreno estaba abandonado, resultaban creíbles.


En cuanto a esta temática referida a la alegada vulneración de las reglas de la sana crítica, la Sala Departamental precisó que la causa no podía entenderse en el mismo tiempo, ya que se cuestionaba de que cómo sería posible que la querellante se encontraría en los departamentos de La Paz y Oruro al mismo tiempo, por lo que previa remisión al título III de la Sentencia, en la que el juez claramente señaló que las víctimas contaban con actos de posesión, estableció que orientaban a que si bien no se encontraban en una posesión real y efectiva a tiempo de la eyección del inmueble, sí cumplían con uno de los requisitos establecidos en el tipo penal de Despojo que sería la tenencia y con ello lógicamente la posesión del predio en virtud a que se realizaban sembradíos de papa y haba, que eran efectuados no precisamente en el momento de la eyección del inmueble; consiguientemente, si bien era cierto e imposible que una persona natural se encuentre en diferentes lugares en un mismo tiempo, resultaba posible que la persona se encontrare presente en un primer espacio y posteriormente en otro, por lo que la autoridad judicial a tiempo de emitir la Sentencia, no quebrantó el principio de la sana crítica ya que precisamente en aplicación de dicha regla, arribó a tal conclusión en virtud a las pruebas testificales y particularmente a la prueba literal PD8, consistente en el informe efectuado por un efectivo policial en el que se refirió la construcción de murallas de adobes en los laterales del inmueble.


Con la precisión de esos antecedentes, se evidencia que el Tribunal de alzada a partir de los cuestionamientos referidos fundados en una supuesta vulneración a las reglas de la sana crítica, otorgó respuesta al referido a la permanencia de la parte querellante en la Paz y Oruro, a través de un análisis de la observación planteada en apelación, sin que se visualice una labor de revalorización probatoria como sostiene la parte recurrente, habida cuenta que en su respuesta no se advierte la asignación de un valor distinto a las pruebas judicializadas en el acto de juicio, menos descendió al examen del cuadro fáctico, sino que ejerciendo el control de logicidad que le corresponde y en el ámbito de la denuncia, estableció que las observaciones planteadas por el recurrente carecían de sustento precisamente en aplicación de las reglas de la lógica, sin que le corresponda a esta Sala pronunciarse sobre su contenido al estar delimitado su ámbito de análisis a una revalorización probatoria inexistente; sin soslayar, que el recurrente no precisó en su planteamiento de casación qué prueba o pruebas y de qué modo hubiesen sido revalorizadas por el Tribunal de alzada, sin que dicha carga procesal quede cumplida con la simple glosa parcial del Auto de Vista impugnado como sucede en el presente caso; debiendo dejarse constancia que si bien en este motivo también se denunció la existencia de incongruencia omisiva al haber resuelto el Tribunal de alzada sólo el tema relativo a la posesión, dicho reclamo no corresponde ser abordado dado el análisis del recurso efectuado por esta Sala en el Auto Supremo de admisión 700/2018-RA de 17 de agosto, que de manera expresa señaló que la admisión del motivo simplemente era para efectuar la labor de contraste sobre la revalorización probatoria en alzada, que conforme el análisis precedente resulta inexistente determinando que el motivo devenga en infundado.   


III.1.3. Sobre la denuncia de incongruencia omisiva a la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia.


En este motivo el recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 51/2013 de 1 de marzo, que fue dictado en una causa seguida por el delito de Contrabando, verificándose en casación que  habiéndose cuestionado en la apelación restringida una condena con base a una norma legal que de acuerdo al recurrente ya no tendría efectos jurídicos, el Tribunal de apelación incurrió en omisión de otorgar respuesta, acudiendo a argumentos evasivos en dos oportunidades dentro de la misma Resolución, produciéndose en consecuencia la emisión del fallo corto o incongruencia omisiva, al no otorgar respuesta fundamentada respecto a la aplicabilidad o no de la Ley 100 a la problemática planteada, incurriendo la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en un desconocimiento de las previsiones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP y en vulneración del principio de legalidad y el derecho de acceso a la justicia, por lo que sentó la siguiente doctrina legal: “El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; derecho que, es reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citrapetita o ex silentio), es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del CPP”.


En el presente se evidencia que el imputado denunció como uno de los motivos de apelación restringida la violación del debido proceso en la dimensión del derecho a la fundamentación de la Sentencia, señalando que el Juez de origen inobservó el art. 124 del CPP al presentar fundamentación insuficiente y contradictoria, especificada en los puntos anteriores, evidenciándose además una falta de fundamentación analítica de dos testigos de descargo, reiterando que nunca fue acusado de haber destruido la pared frontal del inmueble, sacado la puerta metálica, etc., no existiendo en definitiva en la resolución la concreción de tiempo, hechos y modo de realización del ilícito, siendo la Sentencia enunciativa respecto a su responsabilidad penal pretendiendo imponer la Sentencia la construcción de juicios subjetivos para la acreditación de hechos; evidenciándose de los antecedentes que el Tribunal de alzada destinó el segundo considerando del Auto de Vista recurrido a la identificación de los motivos alegados por los imputados en sus apelaciones restringidas y de manera específica en el numeral “2.-”a los planteados por Luis Vargas, sin ninguna mención al quinto motivo de la apelación planteado bajo el epígrafe “VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN LA DIMENSIÓN DEL DERECHO A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA” (sic), lo que originó a su vez una falta de pronunciamiento, en contradicción con el precedente invocado ante la existencia de una incongruencia omisiva (citrapetita o ex silentio), por cuanto el Auto de Vista recurrido no resolvió este particular punto denunciado en el recurso de apelación restringida, determinando que el motivo devenga en fundado.


III.1.4. Sobre la denuncia vinculada a la inobservancia en la aplicación de la ley sustantiva y violación al derecho de intervención mínima.


La parte recurrente invoca el Auto Supremo 254 de 22 de julio de 2005 emitido dentro de un proceso penal seguido por el delito de Despojo y otro, constatándose en casación que el Auto de Vista impugnado anuló la Sentencia y ordenó la reposición del juicio por otro Juez, porque en su ratio decidendi sostuvo la falsedad de la escritura pública de compra venta del inmueble, por lo que señaló la siguiente doctrina legal aplicable: “En política criminal la configuración de los tipos penales responde en su construcción dogmática, a aspectos jurídicos, filosóficos y axiológicos que desde la perspectiva de la realidad social y experiencia en la práctica forense, permite al legislador precisar los elementos de cada una de las figuras punitivas que son tuteladoras de bienes jurídicos.


Que en el delito de despojo tipificado en el Art. 351 de Código Penal para su consumación se requieren los siguientes elementos: invadir el inmueble y expulsar al poseedor que puede hacerse por fuerza o por engaño.


Que de la inteligencia de esta norma se desprende que no puede exigirse, el cumplimiento de todos los elementos establecidos por el artículo 351 del Código Penal de manera conjunta, es decir que la conducta del imputado debe subsumirse en uno de los elementos ya sea al "de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre el".


Que por otra parte el Art. 407 de la Ley 1970 estatuye que el tribunal de apelación se halla facultado para conocer el recurso de apelación restringida, interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley, leyes sustantivas y adjetivas, pero no le está permitido revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, conforme a la uniforme jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 317/03 de 13 de junio de 2003 entre muchos. Que en la especie el Tribunal Ad quem ha interpretado erróneamente el Art. 351 del Código Penal y 407 del Código de Procedimiento Penal al determinar que el querellante no ha acreditado su derecho propietario para alegar que se lo ha despojado, no siendo imprescindible ostentar ese derecho propietario para reclamar como perturbado; pues basta tener la posesión o tenencia del mismo; por lo que al haber dispuesto de esa manera convierte en una indebida resolución de reposición del juicio”.


También invoca el Auto Supremo 338 de 5 de abril de 2007 pronunciado en una causa seguida por el delito de Despojo, por el cual la Sala de casación verificó que tanto el Juez de mérito como el Tribunal de Alzada incurrieron en errónea aplicación de la ley sustantiva, al interpretarla, indicando que sólo se configura el tipo penal de despojo, cuando un agresor despoja a otro de la posesión o tenencia de un bien, señalando además como fundamento del fallo Doctrina Legal contenida en el Auto Supremo 254 de 22 de julio de 2005, cuando es éste mismo Auto que señala: "...de la inteligencia de esta norma se desprende que no puede exigirse, el cumplimiento de todos los elementos establecidos por el Art. 351 del Código Penal de manera conjunta, es decir que la conducta del imputado debe subsumirse en uno de los elementos ya sea al de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre el..."; por lo que estableció la siguiente doctrina legal: “Generar una interpretación unificadora, ultima y final de la ley, que se convierta en una especie de principio rector de la obra jurisdiccional a desarrollar por los Tribunales y Jueces de la Republica, es asumir con independencia y legalidad igualitaria el norte de la decisión.


Que, el Art. 351 del Código Penal tipifica el delito de despojo señalando: `El que en beneficio propio o de un tercero, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza, o cualquier otro medio, despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes, incurrirá...´,

Que, de la norma transcrita se desprende que no necesariamente debe exigirse el cumplimiento de todos los elementos establecidos, debiendo la conducta del imputado subsumirse en uno de los elementos ya sea al `de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él´.


Que, los Tribunales del país en materia penal deben tener presente al realizar la subsunción de las conductas acusadas de ilícitas tomando en cuenta la estructura de la `teoría del delito´ y de cada uno de los elementos del delito de acuerdo a la `Escuela Moderna del delito´ basada en la Escuela `finalista del delito´ y la `Teoría del riesgo´, a fin de no caer en `errores injudicando´ tal el caso de la sentencia y de Autos en que se incurre en error de interpretación penal al exigir la concurrencia de algunos elementos del tipo objetivo y obviar otros, violando el principio rector del sistema penal como es el de `legalidad´ y del "debido proceso".


En el caso de autos, se establece que el recurrente denunció también como motivo de apelación, la inobservancia en la aplicación de la ley sustantiva o violación al principio de intervención mínima del derecho penal, señalando que la Sentencia fundamentó jurídicamente la subsunción de los hechos al ilícito de Despojo basándose en varios Autos Supremos y Sentencias Constitucionales, que previa relación por el recurrente, hace hincapié en que fueron introducidos nuevos hechos por los cuales no fue acusado tal el caso de la destrucción del muro y sacado de la supuesta puerta azul, pretendiendo con esos hechos justificar la violencia como supuesto medio idóneo para la comisión del ilícito de Despojo, resultando que el inconveniente surgió cuando esos hechos no fueron demostrados sino provenían de simples construcciones deductivas, al no existir prueba testifical, documental material o de otra índole que sustente objetivamente su participación en la referida destrucción del muro y sacado de la puerta, más cuando los propios querellantes declararon que nunca lo vieron hacerlo, lo que explicaba porque no le acusaron de esos hechos. Además, con base al contenido del principio de intervención mínima del derecho penal, expresó que el juzgador debía efectuar una interpretación legal progresiva a fin de proteger y garantizar el pleno ejercicio de derechos y garantías constitucionales y la eficacia del derecho en la solución de los conflictos, más cuando el legislador generó otros medios mucho más efectivos para restablecer la vigencia de esos derechos.


En cuanto a esta particular denuncia, el Tribunal de alzada relievó que a tiempo de sustanciarse la fase de incidentes y excepciones, bien pudo el apelante activar el mecanismo de defensa de la excepción de prejudicialidad, a efectos de que la presente acción sea sustanciada por otra vía extraprocesal para arribar y otorgar una solución, advirtiéndose que el apelante propuso excepciones de incompetencia en razón de territorio y de falta de acción, aceptando su sujeción a la vía penal y conforme así también usó de todos sus mecanismos de defensa y tuvo una participación activa en la sustanciación de la causa; lo que significa, que el Tribunal de alzada conforme sostiene el recurrente no se pronunció respecto a la denuncia de inobservancia en la aplicación de la ley sustantiva, lo que por cierto imposibilita efectuar una labor de contraste con los precedentes invocados en casación teniendo en cuenta que en la inteligencia del art. 416 se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, supuestos que no pueden ser visualizados por esta Sala ante la incongruencia  omisiva en la que incurrió el Tribunal de alzada al no abordar la temática planteada en apelación.


Con relación a este motivo, la Sala considera también necesario dejar constancia que por disposición del Auto Supremo 700/2018-RA de 17 de agosto emitido en el análisis de admisibilidad del recurso, no corresponde el análisis de fondo en cuanto a la denuncia de indebida fundamentación.


III.1.5. Respecto a la denuncia vinculada a la fijación de la pena.


También denunció el imputado en apelación la falta de fundamentación en cuanto a la fijación de la pena, con el argumento de que la Sentencia fijó una sanción de cuatro años de reclusión refiriendo como agravante la premeditación, porque realizó el hecho con conocimiento y voluntad propia, y que al respecto el art. 38 del CP, establece que para la gravedad del hecho se debe tener en cuenta la naturaleza de la acción, los medios empleados, la extensión del daño causado y el peligro corrido, debiendo tomarse en cuenta que el citado precepto tiene una conjunción copulativa que implica la observación de las cuatro condiciones y al no haber análisis alguno es obvio la no aplicación de este precepto, por lo que tampoco existe una debida fundamentación individualizada para la aplicación de la pena.


Con relación a la fijación de la pena, el Tribunal de alzada previa glosa parcial de los Autos Supremos 354/2014-RRC de 30 de julio y 125/2013-RRC de 10 de mayo, señaló que bajo los parámetros que fijó la jurisprudencia, el Juez de mérito consideró de manera elocuente las atenuantes y agravantes.   


Ahora bien, en este motivo el recurrente invoca en calidad de precedente contradictorio, el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, emitido en una causa seguida por el delito de Cheque en Descubierto por el cual la Sala de casación, luego de abordar el tema relativo a la debida fundamentación, abordó el tema relativo a la determinación de la pena y su control, desarrollando el siguiente entendimiento: “En cuanto a la determinación de la pena y su correspondiente imposición, la normativa procesal penal señala que, cuando se emita Sentencia condenatoria (art. 365 del CPP), la autoridad sentenciadora debe fijar con precisión la sanción que corresponda; lo que implica, que la misma debe encontrarse debidamente fundamentada, tomando en cuenta, no sólo las atenuantes y agravantes que pudieran concurrir, sino también la finalidad de las sanciones privativas de libertad, que se encuentra descrita en el art. 118 parágrafo III de la Constitución Política del Estado (CPE).


Sobre la temática, este Tribunal de Justicia, desarrolló entendimientos y doctrina legal que permite comprender de forma clara, la justificación a la imposición de sanciones privativas de libertad, que debe ser fruto de un estudio probo, de los hechos y las circunstancias acontecidas, enmarcadas en la norma punitiva, así el Auto Supremo 110/2013-RRC de 22 de abril, estableció: `…es necesario señalar que el art. 118.III de la CPE, establece que: El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto de sus derechos; a su vez, el párrafo segundo del mencionado artículo señala: La máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto; dichos preceptos constituyen el marco general constitucional, sobre el cual el legislador impone o define las penas mínimas y máximas para los distintos tipos penales, que a su vez se constituye en el espacio o margen que el legislador otorgó al Juez, para que éste proceda a valorar todas y cada una de las particularidades presentes en el caso a resolver, observando los arts. 37 y siguientes del CP.


La doctrina internacional con autores como Eugenio Raúl Zafaroni en su obra Manual de Derecho Penal, así como la doctrina nacional con Benjamín Miguel Harb, en su obra Derecho Penal Tomo II, distinguen tres etapas en la individualización de la pena: la legal, la judicial y la penitenciaria. En la primera, el legislador valora, desde el marco de la proporcionalidad, la gravedad del ilícito tipificado en un tipo penal y determina la pena aplicable en abstracto. En la segunda, el Juez penal, a la conclusión del proceso y establecida que sea conforme al debido proceso de ley, la responsabilidad penal del autor del hecho, fija la pena al caso concreto, tomando como base el marco punitivo determinado por el legislador. La tercera etapa, denominada ejecución penal, se halla destinada al cumplimiento de los pronunciamientos contenidos en el fallo de una sentencia penal ejecutoriada y se desarrolla por la administración penitenciaria, bajo control jurisdiccional.


Ahora bien, en lo que respecta a la primera etapa de individualización de la pena llamada legal, en el marco penal, el legislador establece los límites de la pena en el caso individual para cada delitoLas valoraciones sociales respecto de un determinado delito quedan plasmadas dentro de este marco, y en él quedan recogidas, entre otras cosas, las razones de prevención general. Las valoraciones previamente dadas por el legislador, reflejadas en el marco penal, son vinculantes para el juez, quien debe dejar de lado sus propias valoraciones y aplicar las valoraciones legales (segunda etapa) (Determinación Judicial de la Pena - Patricia Ziffer P. y otros autores)´.


Sobre la temática anterior, el Tribunal Supremo de Justicia, también  desarrolló criterios específicos para la fijación de la pena y el control que debe ejercer el Tribunal superior en grado, estableciendo, en el Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero, la siguiente doctrina legal aplicable: `La determinación judicial de la pena que comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos.


En este ámbito, el juez o tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, correspondiendo al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, considerando los siguientes criterios para la fijación de la pena:


a) La personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 (atender la personalidad del autor) no exige la realización de un diagnóstico científico de la personalidad, sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos. De tal manera que el reproche jurídico que merezca su comportamiento, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias.


La edad, es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. En cuanto a la educación, por regla general como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y, por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal. En similar sentido opera la posición económica, sobre todo en los casos vinculados a delitos económicos. La vida anterior libre de sanciones penales no se debe tomar sin más como atenuante para la determinación de la pena. Lo que sí debe considerarse como factor de atenuación, es que el autor haya desarrollado hasta la comisión del hecho punible una vida ordenada y acorde al derecho, de tal manera que el hecho delictivo signifique una notoria contracción con su conducta anterior. Respecto a la conducta posterior, debe tomarse en cuenta como factor para la fijación de la pena, el esfuerzo del autor por reparar el daño causado. También puede apreciarse como favorable la conducta del procesado en el proceso penal, cuando: i) Se haya entregado a la autoridad policial o judicial voluntariamente, pese a haber contado con la posibilidad de una fácil huida, o tener la posibilidad de no ser descubierto, y, ii) La confesión que manifieste arrepentimiento, o bien que haya ayudado significativamente al establecimiento de la verdad mediante su declaración.


Sin embargo, la sola falta de arrepentimiento o confesión no puede valorarse para hacer más rigurosa la sanción. Ahora bien, si la confesión no es tal, sino un intento de lograr la impunidad y si el arrepentimiento no es sincero, sino una manera de procurar un trato benigno de los jueces, cuando se sabe, por la prueba, que no hay forma alguna de eludir la acción de la justicia, los jueces deben examinar ese dato como parte de las manifestaciones defensivas, pero deben ignorarlo al momento de fijar la pena, pues ni las mentiras, ni las falsas actitudes del acusado constituyen un factor que deba perjudicarlo cuando se decida sobre la sanción a imponer. La reparación del daño, consiste fundamentalmente en aliviar las consecuencias materiales del hecho delictivo son también factor de atenuación; empero, también pueden tener un efecto atenuante de la pena, los actos que denoten voluntad de reparar. La extensión del daño causado debe ser delimitada sólo para aquello que tenga vinculación con el hecho típico, directamente. Además, debe tenerse en cuenta que no es necesaria la concurrencia de todas las circunstancias descritas, pues dependerá de cada caso concreto.


b) La mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con lo previsto por el art. 38 inc. 2) del CP; es decir, la naturaleza de la acción, los de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido.


c) Circunstancias y las consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto.


La fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, en este ámbito la exigencia de fundamentación que debe satisfacer la sentencia condenatoria en el proceso de individualización de la pena, obliga al juez a observar los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del juez o tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término considero las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué  atenuantes y agravantes tomo en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales”.


En cuanto al control respecto a la fijación de la pena, por mandato de la Ley, es ejercido por el Tribunal de alzada en grado de apelación restringida, que en observancia del principio de celeridad, ante la evidencia de errores de derecho en la fundamentación de la Sentencia, que no hayan influido en la parte dispositiva, no debe anular el fallo, sino al encontrarse facultado por el último párrafo del art. 413, concordante con el  art. 414 del CPP, debe corregir el yerro en una nueva Sentencia, debiendo proceder de la misma forma, cuando advierta errores u omisiones formales, así como los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas; lo que implica, que el Tribunal de alzada, se encuentra facultado para corregir directamente los errores referidos al quantum de la pena y su correspondiente justificación, debiendo en estos supuestos efectuar la debida fundamentación y motivación complementaria, con la finalidad de rectificar el yerro advertido sin necesidad de disponer la realización de un nuevo juicio oral, evitando con ello nulidades innecesarias, que restringirían el derecho de las partes a un juicio sin dilaciones, infringiendo además el principio de celeridad procesal”.


Bajo dicho entendimiento, este Tribunal dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, entre otros motivos, por cuanto concluyó que la denuncia de casación era evidente; toda vez, que las simples afirmaciones realizadas por el Auto de Vista, no demostraban de forma alguna la existencia de debida fundamentación y motivación en el fallo de alzada; contrariamente, se desprendía el incumplimiento a lo dispuesto por el art. 124 del CPP, pues omitió respaldar de forma adecuada sus conclusiones y expresar las razones por las que concluyó que la falta de fundamentación de la pena relativa a la aplicación de atenuantes y agravantes, merecía la aplicación de la primera parte del art. 413 del CPP; es decir, la anulación de la Sentencia y la reposición del juicio. Tampoco señaló los motivos por los cuales omitió aplicar lo dispuesto por el párrafo último del citado artículo y el art. 414 de la Ley adjetiva penal; toda vez, que esta disposición legal establece que los errores u omisiones formales y los relacionados a la imposición de la pena, no anulan la Sentencia, pero deben ser corregidos por el Tribunal de apelación, pues la indebida fundamentación respecto a las atenuantes y agravantes, constituye un defecto relativo que de forma inexcusable debe ser corregido en apelación.


En el caso de autos, se evidencia que el imputado denunció la aplicación de la pena y si bien incurrió en error al hacer mención a cuatro años de privación de libertad en su reclamo, cuando en la Sentencia se le impuso tres años, su reclamó se fundó en la falta de fundamentación respecto a los aspectos descritos en el art. 38.2) del CP que deben ser considerados para la apreciación de la gravedad de los hechos, sin que el Tribunal de alzada haya emitido pronunciamiento alguno sobre el particular, asumiendo la simple y lacónica posición que el Juez de mérito consideró de manera elocuente las atenuantes y agravantes, cuando en todo caso le correspondía pronunciarse sobre el planteamiento efectuado por el imputado, en atención al entendimiento glosado en el precedente que paradójicamente fue también citado y glosado por el Tribunal de alzada en la resolución recurrida, pero sin ninguna aplicación práctica al caso concreto que permita visualizar una respuesta al cuestionamiento del imputado en cuanto a la fijación de la pena, razón por la cual el presente motivo deviene en fundado.


III.1.6. En cuanto a la denuncia de incongruencia omisiva al motivo de apelación fundado en el art. 370 inc. 4) del CPP.


Conforme el análisis de admisibilidad efectuado por esta sala, los motivos octavo y noveno de casación, presentan los mismos agravios y cuestiones procesales, razón por la cual se determinó su consideración de fondo de manera conjunta, más cuando se invocó el mismo precedente consistente en el Auto Supremo 179 de 6 de febrero de 2007, que fue dictado en una causa seguida por el delito de Falsedad Ideológica y otro, advirtiéndose en casación que pese a la exclusión probatoria de una pericia, de manera inmediata el Tribunal de origen, sin que se haya formulado petición expresa de parte, designó al mismo especialista para que realice un nuevo peritaje, fijando el tema de la pericia, cual dispone el art. 212 del CPP; es decir, que el Ministerio Público propuso un perito, cuyo informe fue excluido; empero, el Tribunal de Sentencia haciendo uso del arbitrio permitido por la parte final del primer párrafo del art. 209, designó al perito para la realización de una nueva pericia, cuando ninguna de las partes propuso nuevamente el peritaje y el Tribunal de origen actuó de oficio al designar un perito, infringiendo el art. 342 del Código de Procedimiento Penal, norma legal que prohíbe al Tribunal de Sentencia producir prueba de oficio, conforme se evidenció en esa causa, no resultando tampoco aplicable el art. 349 del precitado compilado procedimental, al no constar en el acta del juicio oral que la pericia se haya realizado en audiencia, siendo un elemento insubsanable teniendo en cuenta que la base del juicio por Falsedad Ideológica resultaba siendo precisamente la pericia ordenada de oficio, elemento que en su momento fue impugnado por la defensa del imputado y no atendido como determina la Ley; en cuyo mérito, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “La competencia es la facultad de un tribunal o Juez para ejercer jurisdicción en un determinado asunto. De ahí que se constituya en una de las bases y garantías para que el administrador ocurra ante la autoridad jurisdiccional que resolverá su causa, árbitro imparcial al que no le está permitido el introducir o producir prueba de oficio dentro del proceso penal de molde acusatorio; obrar en contrario redunda en la pérdida absoluta de imparcialidad, violando la garantía del debido proceso.

De acuerdo al mandato del art. 15 de la Ley de Organización Judicial, el Tribunal de Apelación, tiene la obligación de revisar de oficio si los jueces observaron las leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes. En el caso de autos, debió observarse que el Tribunal de Sentencia excedió su competencia al introducir de oficio la prueba pericial, encontrándose tal actuación completamente prohibida por disposición del tercer párrafo del art. 342 del Código de Procedimiento Penal. Se reconoce que la prueba pericial para su validez debe seguir el procedimiento señalado por los arts. 204 y siguientes del precitado procedimiento penal, y por supuesto adecuarse al principio de legalidad de la prueba.


En consecuencia, es obligación del Tribunal de Apelación anular el proceso y ordenar juicio de reenvío”.


En el presente caso, en consideración al ámbito de análisis de fondo del recurso de casación, se tiene que el recurrente alegó en apelación que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, conforme el art. 370 inc. 4) del CPP, refiriendo en primera instancia que en la audiencia de 13 de abril de 2016, opuso exclusión probatoria de la prueba de cargo signada como PD8 consistente en el Informe Técnico de registro del lugar del hecho, debido a que fue obtenida vulnerando derechos y garantías constitucionales al debido proceso en la vertiente de la legalidad procesal y el derecho a la defensa, violando el principio de imparcialidad y el derecho a la intimidad; toda vez, que de acuerdo al art. 279 del CPP, el juzgador no investiga sino juzga y cuando un acto probatorio es considerado urgente debe recurrirse al anticipo de prueba. Señaló que su petición fue rechazada por Resolución 95/2016 con el fundamento de que el Ministerio Público no es parte en el proceso de acción privada, por lo que no se puede solicitar el anticipo de prueba y habiendo el Juzgador ordenado ese medio probatorio es legal y al ser desestimada su solicitud de complementación hizo reserva de apelación. Con esos antecedentes, reclamó que si bien no existía etapa preparatoria tampoco existía normativa que faculte al juez a diligenciar y/o producir prueba, debiendo interpretarse de manera integral el art. 279 del CPP, por lo que al haberse practicado un registro sin su consentimiento y presencia, era obvio que se vulneró el debido proceso en la vertiente de su derecho a la defensa; además, alegó que el Juez de origen interpretó erróneamente los alcances del art. 307 del CPP, que si bien reconoce una facultad judicial sólo surge en atención a la necesidad del acto que se considere como definitivo, exigiéndose que la solicitud sea fundamentada y ordenando que el juez debe notificar a las partes sin que conste en actuados que haya sido notificado para la realización del registro, más cuando la prueba PD8 constituye una de las bases de su supuesta responsabilidad penal que se considera como elemento objetivo valorado en vulneración de la normativa referida y del art. 342 del CPP, que establece que en ningún caso el juez puede producir prueba de oficio.


En el mismo motivo señaló que la Sentencia hizo referencia a unas llaves presentadas por el apoderado y testigo de cargo Jhoni Ronald Poma en la inspección ocular, enfatizando que esas supuestas llaves de la supuesta puerta metálica azul del inmueble, nunca fueron ofrecidas por la parte querellante en su memorial de acusación particular y al haberse introducida esas llaves se vulneró el debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa y el principio de igualdad de partes, porque el Juez de mérito introdujo esa prueba contraviniendo el art. 342 del CPP y generando un defecto absoluto conforme el art. 169.3) del CPP.


Respecto a esta denuncia, planteada conforme el art. 370 inc. 4) del CPP, el Tribunal de alzada previa cita del art. 171 del CPP, señaló que de la interpretación de ese precepto, claramente el ordenamiento jurídico otorgaba la facultad de recepcionar los elementos de prueba necesarios que contribuyan a la verdad histórica de los hechos; consiguientemente, el hecho de haber incorporado las llaves de la puerta metálica azul, pese a que no hubiera sido ofrecida como tal, no vulneraba el derecho a la defensa ya que la autoridad judicial como una competencia exclusiva la admitió al contribuir al esclarecimiento de los hechos.


Ahora bien, teniendo en cuenta que la denuncia del recurrente se funda en una incongruencia omisiva, es menester tener en cuenta que esta Sala ha asumido de manera reiterada y uniforme que se produce al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “(…) En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva(citrapetita o ex silentio),es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”.


Por ello del análisis de los reclamos planteados en apelación por el imputado al amparo del art. 370 inc. 4) del CPP, como norma habilitante, se establece que se sustentaban en dos vertientes, una con relación a la prueba PD.8 respecto a la cual hizo reserva de apelación y otra con relación a las llaves presentadas por un testigo sin haber sido ofrecidas por las partes, verificándose del contenido del Auto de Vista recurrido de casación, que el Tribunal de alzada sólo abordó este último reclamo sin incurrir en la incongruencia omisiva denunciada, lo que no sucedió respecto a la primera parte de la denuncia al constatarse la inexistencia de una respuesta positiva o negativa al planteamiento lo que determina que el motivo sujeto a análisis resulte fundado, sin que se posible una mayor consideración dado los límites establecidos en el Auto de Admisión de recurso emitido en la presente causa.


III.2. En cuanto al recurso de casación de Policarpio Pérez Huiza.


El presente recurso fue admitido por la concurrencia de los presupuestos de flexibilización ante la denuncia de vulneración del debido proceso en su variante de debida fundamentación, siendo menester abordar la temática particular previa referencia al deber que tienen los tribunales de fundamentar y motivar sus fallos, así como a los efectos que genera la emisión de una Sentencia absolutoria.

       

III.2.1. La necesidad de debida fundamentación y motivación del fallo de alza da.


Resulta imperioso señalar de manera inicial que por mandato del art. 124 del CPP, toda Resolución debe encontrarse debidamente fundamentada, mandato que fue reflejado en la abundante doctrina legal emitida por este Supremo Tribunal de Justicia, como los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007, 368/2012 de 5 de diciembre y 396/2014-RRC de 18 de agosto, destacados en el acápite III.1.1. del presente fallo.


De manera específica, con relación a las resoluciones emitidas por los Tribunales de apelación, previa referencia al art. 124 del CPP, el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, señaló que: "Conforme la normativa legal precitada, este Tribunal de Justicia, en la amplia doctrina legal emanada (Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007, 319 de 4 de diciembre de 2012 y 149 de 29 de mayo de 2013), concordante con la jurisprudencia constitucional, estableció que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso, toda vez que brinda seguridad jurídica a las partes en conflicto, respecto a que sus pretensiones fueron escuchadas y merecieron el debido análisis de fondo, emergiendo de él una Resolución, no sólo con base y sometimiento en la Ley, sino con explicación clara y precisa de las circunstancias y razones por las cuales las denuncias fueron acogidas de forma positiva o negativa, asegurando con ello, que el fruto de la Resolución, no es el resultado del capricho de los juzgadores, sino, de un estudio analítico y jurídico en procura de otorgar justicia.


Respecto a lo anterior, la jurisprudencia constitucional, desarrolló el alcance y finalidad del derecho a una resolución motivada, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0893/2014 de 14 de mayo, precisando: '...que  las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: I.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa, el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad... 'SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, . .5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos...' (SCP 0100/2013 de 17 de enero)' (Las negrillas son nuestras).


Lo precedentemente señalado, evidencia que el Tribunal de apelación, no se encuentra exento de fundamentar las Resoluciones que emita, contrariamente, siendo el Tribunal contralor de la legalidad ordinaria y logicidad de la Sentencia, está constreñido a emitir resoluciones, cuya estructura lógico jurídica, permita apreciar y/o entender que el Pronunciamiento emanado -que debe estar debidamente fundamentado y motivado- exprese, sobre la base del derecho objetivo, las razones por las cuales se asumió una determinación, lo contrario, infringe el art. 124 del CPP y con ello el debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y seguridad jurídica”'


De la normativa legal y la doctrina legal precitada, se establece con total claridad que, que todo fallo, sin excepción, debe ser emitido con la debida fundamentación y motivación, plasmando en la Resolución, no sólo los fundamentos que fueron objeto del recurso, sino principalmente, el razonamiento que llevó a la autoridad jurisdiccional a fallar de un modo u otro; es decir, el porqué del decisorio. Ahora bien, cuando un Tribunal de apelación emite un fallo, éste de forma inexcusable y con total responsabilidad, en razón de ser un Tribunal jerárquicamente superior, debe cumplir con su obligación de fundamentar en derecho y motivar de forma precisa, clara, lógica y coherente, las razones de sus conclusiones, así como el porqué de la normativa que respalda al fallo, es aplicable al caso en concreto; forma única de pronunciamiento que garantiza el debido proceso, precisamente en su vertiente de debida fundamentación, que hace al derecho a la defensa y al acceso a la justicia, otorgando seguridad jurídica a las partes.


En el caso presente, el recurrente denuncia que pese al incumplimiento de los arts. 364 y 265 del CPP en Sentencia, el Tribunal de alzada refirió que su pretensión de declaratoria de temeridad o malicia de la acusación y la imposición de costas, resultaba valedera cuando se tenga por ejecutoriada la Sentencia en previsión del art. 272 del CPP, incurriéndose en consecuencia en una motivación insuficiente; en cuyo mérito, resulta oportuno enfatizar que por motivación, se entiende la exigencia de explicitar en la resolución los razonamientos lógicos respecto al porqué las citadas normas o razonamientos se ajustan al caso en concreto, es decir, se deben señalar las razones, circunstancias y motivos considerados para satisfacer de manera adecuada la pretensión de las partes, pudiendo acudir a la cita de obrados a efectos de respaldar o explicar la fundamentación y motivación vertida, sin que se pretenda que dichas citas o transcripciones se constituyan en toda la fundamentación y motivación del fallo, sino debe distinguirse con claridad el trabajo racional realizado por la autoridad que emita la resolución. En ese entendido, una resolución puede encontrarse fundada o fundamentada en derecho (cita de preceptos legales sustantivos y adjetivos aplicables) y no contener motivación razonada y lógica, es decir, carecer de explicación de la conexión entre la normativa legal citada con la solución o respuesta que se da al caso en concreto motivo de la resolución; por otra parte, una resolución, puede estar motivada, sin embargo carecer de fundamento jurídico que respalde la decisión, lo que podría convertir la resolución en subjetiva e inclusive arbitraria, situación que en la compresión del recurso de casación sujeto a análisis sería concurrente.



III.2.2.  Los efectos de la Sentencia absolutoria.


Una vez concluido el debate o en su caso la fase de deliberación, el Juez o Tribunal de origen, con base a la apreciación y valoración de cada uno de los elementos de prueba producidos por las partes, emitirá la Sentencia que de acuerdo a las normas procesales contenidas en el CPP puede presentar dos modalidades, el fallo condenatorio cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado y la Sentencia absolutoria que de acuerdo a las previsiones del art. 363 del cuerpo legal citado puede presentarse en cuatro supuestos: i) No se haya probado la acusación o ésta haya sido retirada del juicio; ii) La prueba aportada no sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado; iii) Se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó en él; iv) Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal; además, el legislador de acuerdo al art. 364 del CPP, establece un conjunto de efectos que deberán ser especificados en la emisión de esta segunda clase de Sentencia, habida cuenta que la norma utiliza verbos que implican la asignación de un mandato al juzgador muy distante a la asignación de una facultad que puede o no ser cumplida y de acuerdo al siguiente detalle:


1. Ordenará la libertad del imputado en el acto, se entiende si éste se encuentre sujeto a detención preventiva o detención domiciliaria, al constituir ambas medidas restrictivas del derecho a la libertad; así como la cesación de todas las medidas cautelares personales, debiendo asumirse que son todas las demás previstas en el art. 240 del CPP.


       2. Fijará las costas.


       3. En su caso declarará la temeridad y malicia de la acusación a efectos de        la responsabilidad correspondiente.

       

       4. Dispondrá a pedido del absuelto la publicación de la parte resolutiva de        la Sentencia absolutoria en un medido escrito de circulación nacional con        cargo        al estado o al querellante particular.


Ahora bien, en esta revisión normativa no puede soslayarse la disposición contenida en el art. 265 del CPP que señala: "Toda decisión que ponga fin a la persecución penal o que resuelva algún incidente, aún durante la ejecución de la pena, determinará quién debe soportar las costas del proceso", que conforme anota la doctrina son los “Gastos que se ocasionan a las partes con motivo de un procedimiento judicial, cualquiera que sea su índole. En ese sentido, se dice que una de las partes es condenada en costas cuando tiene que pagar, por ordenarlo así la Sentencia, no solo sus gastos propios, sino también los de la contraria” (OSSORIO, Manuel; “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta, 1977 pág. 251), lo que hace necesario precisar en qué casos el pago de dichas costas corresponde a la parte acusadora, debiendo acudirse a los arts. 266, 267 y 270 del CPP, de los cuales se puede visualizar los supuestos en los cuales se debe imponer costas derivados de la absolución del imputado.


a) Cuando la absolución se base en la inocencia del imputado o se dicte sobreseimiento porque el hecho no existió, con constituye delito o el imputado no participó en él, en cuyo caso las costas serán impuestas al estado, salvo que el proceso se haya abierto exclusivamente sobre la base de la acusación del querellante.


b) Cuando el denunciante haya provocado el proceso por medio de una denuncia falsa o temeraria.


c) Cuando se declare la absolución en delitos de acción privada.


De estas normas legales, la Sala asume en principio a partir de una labor de interpretación sistemática de las normas, y como primer aspecto para establecer doctrina legal aplicable respecto a la problemática planteada, que el momento procesal establecido por el legislador para la fijación de las costas, es el pronunciamiento de la Sentencia al ser parte de las determinaciones expresamente impuestas por el legislador al Juez o Tribunal competente de sustanciar el acto de juicio y de dictar el fallo, pues si bien la norma contenida en el art. 272 del CPP establece que el Juez o Tribunal ordenará la elaboración de la planilla de costas en el plazo de veinticuatro horas de ejecutoriada la resolución y prevé un trámite incidental en el supuesto de observarse la planilla a ser elaborada, esta norma sólo operativiza una determinación que debe por imperio de la ley ser adoptada en la emisión de la Sentencia, sin que resulte razonable que dicha norma reserve la decisión de imponer costas una vez que la Sentencia haya adquirido la calidad de cosa juzgada, sea por la falta de ejercicio del derecho de impugnación o en su caso cuando todos los recursos ordinarios que se formulen en el desarrollo del proceso sean resueltos; debiendo añadirse que la decisión del Juez o Tribunal de imponer costas debe ser motivadamente conforme lo determina el art. 271 del CPP.


Sobre la temática, el Tribunal Constitucional en la SC 1839/2004-R de 30 de noviembre, estableció las siguientes sub reglas: "En lo referente al trámite para la imposición de costas, se tiene que, tal como se manifestó, de acuerdo a las normas previstas por el art 265 del CPP, concordante con los preceptos del art 271 del CPP, corresponde a la autoridad que conoce el proceso, en la resolución final del proceso, del incidente o del recurso determinar motivadamente quien debe soportar las costas, y de acuerdo con los preceptos del art 272 del CPP una vez ejecutoriada la resolución, en el plazo de veinticuatro horas el juez ordenará la elaboración de la planilla de costas. Tal actuado importa un trámite interno dentro del órgano jurisdiccional, pues de un lado, de acuerdo a la citada norma la imposición de costas no es una demanda ni precisa del impulso de una de las partes por tanto es de oficio, y por los términos utilizados, pues se determina que la autoridad judicial ordenará la elaboración de la planilla de costas',' la norma examinada deja inferir que tal imperativo debe ser dirigido al secretario del juzgado o tribunal; y de otro lado, la hermenéutica procesal arraigada en los tribunales bolivianos, por la aplicación de las normas previstas por el art. 200 del CPC, que disponen que la tasación de las costas la realiza el secretario del juzgado, permite inferir que la intención del legislador fue la de otorgar la facultad de elaborar la planilla de costas al órgano juzgador y no a una de las partes, pues ello lesiona el derecho a la igualdad de éstas en el proceso; tal conclusión emerge también del derecho posterior que surge para las partes, de observar la planilla de costas”.


El segundo aspecto que esta Sala considera necesario precisar, es aquel referido a los supuestos de pago de costas a favor del imputado, que dependen de la naturaleza del proceso en función a que el ejercicio de la acción penal sea pública o en su caso privada, conforme el art. 18 del CPP y la enumeración del art. 20 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de una eventual conversión de acciones reglada por el art. 26 del citado Código; pues tratándose del primer tipo de delitos -de acción pública- corresponderá al Estado el pago de costas a favor del imputado, únicamente cuando la absolución se base en su inocencia y como quiera que esta forma de sentencia no se halla expresamente estipulada en la código vigente a diferencia del Código abrogado de 1972, que reconocía en su art. 245, la "Sentencia declarativa de inocencia", esta Sala asume que la referida inocencia concurrirá cuando la sentencia absolutoria se base en el supuesto previsto por el art. 363 inc. 3) del CPP; es decir, cuando se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó en él; en tanto que tratándose de delitos de acción privada, el pago de costas a favor del imputado a ser impuesto al querellante, procederá cuando la Sentencia independientemente de los motivos que la sostengan y que se hallan descritas en el art. 363 del CPP, resulte absolutoria, claro está a menos que exista acuerdo de partes al respecto, quedando justificado el tratamiento disímil en función al tipo de delitos dado el bien jurídico protegido o la objetividad jurídica de unos y otros y la propia naturaleza de una y otra acción, que tratándose de los de acción privada corresponde su ejercicio de manera privativa a la víctima del delito a través de la formulación de querella, debiendo por cierto asumir las responsabilidades y consecuencias de su formulación, a diferencia de los delitos de acción pública, cuyo ejercicio bajo el principio de obligatoriedad corresponde al Ministerio Público, pues conforme ya lo anotaba Guillermo Cabanellas “Si no ha habido parte querellante, el fisco, los representantes del Ministerio Público y demás funcionarios que intervengan en el juicio no podrán en ningún caso ser condenados en costas, en razón de que han actuado por mandato de la ley y en cumplimiento de sus deberes” (CABANELLAS, Guillermo; “Enciclopedia Jurídica OMEBA”, Industria Gráfica del Libro S.R.L. Buenos Aires, 1976 pág. 1069), debiendo sin embargo enfatizarse que la legislación boliviana vigente sí prevé el supuesto de pago de parte del Estado: cuando la absolución se base en la inocencia del imputado, conforme se precisó líneas precedentes.


El tercer aspecto que asume esta Sala pertinente enfatizar como parte de la doctrina legal aplicable, dado los antecedentes del caso, es el referido a la declaratoria de temeridad o malicia de la acusación o denuncia, que si bien por el análisis precedente no tendrá incidencia alguna en las costas tratándose de delitos de acción privada, no es menos evidente que su importancia conforme la regulación del legislador, está encaminada a los efectos de la responsabilidad correspondiente entendida en armonía con el art. 166 del CP, que tipifica el delito de “Acusación y Denuncia Falsa”, debiendo precisarse que el Juez o Tribunal de Sentencia debe declarar la temeridad o malicia de la acusación a tiempo de emitir la Sentencia, porque se entiende que la ponderación y análisis de su concurrencia dependerá de todo lo sucedido en el acto de juicio. En coherencia con lo señalado, esta Sala Penal asume que la orden de publicación de la parte resolutiva de la Sentencia absolutoria, también deberá ser asumida a tiempo de ser pronunciada, en tanto que exista pedido de parte del absuelto. 


Finalmente, el cuarto aspecto que resulta necesario abordar es el escenario en el cual el Juez o Tribunal de origen, no obre con apego a los criterios precedentes y por ende, omita fijar las costas, declarar en su caso la temeridad o malicia; y, ordenar la publicación de la parte resolutiva de la Sentencia absolutoria; supuestos en los cuales corresponderá al sujeto procesal legitimado, en el caso de la absolución se entiende al imputado, hacer uso de la facultad reconocida por el art. 125 del CPP, a los fines de que el juzgador advertido de la omisión incurrida proceda a la complementación del fallo; y, si ello no sucediera, resulta válido que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida pueda efectuar la corrección debida en ejercicio de la facultad prevista por el art. 414 del CPP, al no ser conducente la anulación de la Sentencia, debiendo obrar de la misma manera cuando el inferior haya omitido un pronunciamiento expreso sobre la temeridad y malicia de la acusación o denuncia y a la publicación solicitada, con base a los elementos fácticos descritos en el contenido de la Sentencia apelada y a la petición del absuelto en el último caso.


III.2.3. Análisis del caso concreto.


En el caso presente se advierte que el imputado Policarpio Pérez Huiza denunció en su recurso de apelación restringida, que el Juez de origen pese a emitir Sentencia absolutoria, soslayó la imposición de costas judiciales a la parte querellante y acusadora particular, más aun cuando se mantuvieron en todo momento en su acusación, a cuyo efecto citó la Sentencia Constitucional 1839/2004-R, refiriendo que solicitó dentro del plazo del art. 125 del CPP, la correspondiente aclaración, complementación y enmienda, pidiendo la imposición de las costas, la declaración de malicia y temeridad y la publicación de la Resolución absolutoria, recibiendo como respuesta la Resolución 14/2016 de 12 de mayo, por la cual el juez de la causa hubiese expresado que la sentencia no adquirió la calidad de cosa juzgada, para proceder a su petición, sin enunciar fundamento jurídico alguno que sustente su determinación, pese a que el art. 364 del CPP en su primera parte, establece que de forma imperativa al dictarse Sentencia absolutoria debe fijar las costas, declarar en su caso la malicia o temeridad y la publicación de Sentencia, norma que debía interpretarse en concordancia con el art. 265 y siguientes del CPP, y al haber omitido estas disposiciones que regulan los efectos de la absolución, la resolución apelada era incompleta y contraria al art. 124 del CPP.


A este planteamiento el Tribunal de alzada sostuvo que el proceso penal de acción privada cuenta con varias instancias procesales para luego ingresarse a la fase de ejecución de fallos y paralelamente a la demanda de reparación de daños y una vez que la Sentencia pase a un estado de autoridad de cosa juzgada, cualquier sujeto procesal conforme a sus intereses puede hacer uso del precepto legal establecido por el art. 272 del CPP, por lo que el Juez de Sentencia al emitir el auto complementario de 7 de julio de 2016, aplicó ese precepto sin que concurra un defecto que afecte los derechos y garantías constitucionales, por lo que estando aún vigente la tramitación de la presente causa, el apelante una vez que asuma una determinación pasada en autoridad de cosa juzgada, podía hacer uso de la citada disposición procesal penal.


Ahora bien, en consideración a los antecedentes del proceso y atentos los criterios asumidos por esta Sala Penal en el punto anterior, se tiene que pese a la omisión del Juez de origen de imponer costas procesales emergentes de la absolución declarada a favor el imputado y que éste en ejercido de la facultad reconocida por el art. 125 del CPP, solicitó correctamente la complementación del fallo sin que su pretensión haya sido atendida favorablemente y que motivó el recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada validando el criterio del inferior declaró la improcedencia del recurso de apelación restringida con base al criterio de que la Sentencia no estaba ejecutoriada y que una vez producido este evento la parte podía hacer uso del precepto legal establecido por el art. 272 del CPP; lo que implica, que la determinación de la Sala de apelación si bien cuenta con motivación, carece de fundamento jurídico que la respalde, teniendo cuenta que la norma procesal penal imperativamente dispone que será en la Sentencia en la cual el juzgador debe imponer el pago de costas y que el art. 272 del CPP, sólo prevé la forma del pedido de pago y el trámite a ser observado, pero con base a una determinación asumida en forma antelada y en el momento procesal establecido por el legislador; razón por la cual, siguiendo los criterios asumidos por la Sala, corresponde acoger el reclamo planteado por el recurrente dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido, a los fines de que el Tribunal de alzada en ejercido de la potestad asignada por el art. 414 del CPP proceda a la corrección que corresponda.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADOS los recursos de casación formulados por Israel Vargas Pérez, de fs. 339 a 348 y Policarpio Pérez Huiza, de fs. 350 a 351 vta., por ende DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 81/2017 de 4 de diciembre, de fs. 322 a 332 y determina que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previa notificación a las partes, dicte nuevo fallo, conforme a la doctrina legal explicada en los fundamentos precedentes. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.