TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 122/2019-RRC

Sucre, 07 de marzo de 2019


Expediente                        : Santa Cruz 101/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Cinthia Rojas Torrico y otro

Delitos                        : Conducta Antieconómica y otros

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 1199 a 1202 vta., la Empresa Nacional de Telecomunicaciones “ENTEL S.A.”, representada legalmente por Sarly Albornoz Calla y Betsabe Cuiza Paco, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 34 de 4 de mayo de 2018, de fs. 1172 a 1175 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la entidad recurrente contra Cinthia Rojas Torrico e Iván Vidaurre Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y Hurto Agravado en grado de Complicidad, previstos y sancionados por los arts. 224, 154 y 326, con relación al art. 23 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 62 de 24 de octubre de 2017 (fs. 1052 a 1063), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Cinthia Rojas Torrico e Iván Vidaurre Sánchez, absueltos de los delitos de Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y Hurto Agravado en grado de Complicidad, previstos y sancionados por los arts. 224, 154 y 326, con relación al art. 23 del CP, dejando sin efecto las medidas cautelares asumidas en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los representantes de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones “ENTEL S.A.” (fs. 1109 a 1112 vta.) y el Ministerio Público (fs. 1114 a 1116), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 34 de 4 de mayo de 2018, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada, dejando sin efecto la condenación de costas, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 697/2018-RA de 17 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La parte recurrente denuncia la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista impugnado, debido a que el Tribunal de alzada no consideró los argumentos de la apelación restringida ni realizó fundamentación acorde a los agravios reproducidos, puntualizando que:


Según lo dispuesto en el considerando tercero, el Tribunal de alzada no analiza, explica ni motiva sobre la no necesidad de asignación de valor a las pruebas judicializadas 1, 15, 34, 36, 39, 40, 41, 42 y 43, debido a que en la Sentencia estas simplemente fueron enunciadas. Por otro lado, también se reclamó que el Tribunal de Sentencia únicamente realizó el enunciado de las pruebas literales 2, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 34, 40 y 45, que no merecieron ninguna ponderación y/o valoración; asimismo, no especificó si las mismas eran suficientes o insuficientes para sustentar sentencia condenatoria, en observancia del art. 370 inc. 6) del CPP. En ese sentido el Auto de Vista impugnado no realizó el más mínimo análisis de la contradicción existente ni analiza la pertinencia de los precedentes señalados, en vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación. Invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 179/2016-RRC de 8 de marzo y 86/2015-RRC de 6 de febrero y la Sentencia Constitucional 1089/2012 de 5 de septiembre


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que deliberando en el fondo, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido por ser manifiestamente infundado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 697/2018-RA de 17 de agosto, de fs. 1223 a 1226, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por la representación de ENTEL S.A., únicamente para el análisis de fondo del primer motivo, dejando además expresa constancia, que para la labor de contraste no se abordará el Auto Supremo 176/2016-RRC de 89 de marzo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 62 de 24 de octubre de 2017, el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Cinthia Rojas Torrico e Iván Vidaurre Sánchez, absueltos de la comisión de los delitos de Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y Hurto Agravado en grado de Complicidad, en base a los siguientes argumentos:


  1. De la prueba producida, se considera que los acusados Cinthia Rojas Torrico e Iván Vidaurre Sánchez, no participaron en la sustracción de las tarjetas de Entel, tampoco prestaron su ayuda o colaboración al autor de dicha sustracción, siendo que este como se ha indicado- es Guido Almanza, contra quien se dictó Sentencia condenatoria emergente de procedimiento abreviado.


  1. Cuando se hace referencia al Auto de Vista dictado por la Sala Penal Tercera, se explicó que al haberse dispuesto la libertad irrestricta de los procesados, implica que no existe elemento incriminatorio que mínimamente haga ver la existencia de probabilidad de autoría, o algún grado de participación en el ilícito endilgado.


  1. Cuando se demuestra en el transcurso de los debates, que la parte acusada no participó en el hecho acusado como el caso presente-, en aplicación del art. 363 inc. 3) del CPP, corresponde dictar Sentencia absolutoria.

II.2.  De las apelaciones restringidas.


La representación de ENTEL S.A., interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, con los siguientes argumentos:  


  1. La Resolución impugnada incurre en el defecto de Sentencia contenido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, por cuanto en su acápite “Valoración de la prueba”, solo realiza un enunciado de las literales 2, 4, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 34, 40, 45, sin realizar la debida ponderación y valoración de cada una de ellas; asimismo, tampoco se otorgó valor a las pruebas 1, 15, 27, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, siendo simplemente enunciadas en Sentencia.


  1. La Sentencia resulta incongruente al disponer la absolución con costas de los procesados, sin señalar el motivo de las mismas o el perjuicio que se hubiera ocasionado; además, el Tribunal de origen fundamenta su Resolución en la valoración de una única prueba, misma que es un Auto de Vista que no fue producto de la investigación.


Por otro lado, los representantes del Ministerio Público fundamentaron en su recurso de alzada lo siguiente:


  1. El Tribunal de Sentencia, vulnera el debido proceso, al no considerar que los acusados en su calidad de funcionarios de ENTEL DATACOM, tenían la obligación de velar por el resguardo y correcta administración de las oficinas a su cargo, como también de los activos comercializados.


  1. Se evidencia del análisis de la Sentencia impugnada, que no se realizó una completa valoración de la prueba, presentada tanto por el Ministerio Público como por la parte civil; toda vez, que la misma advierte la existencia de los delitos acusados.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró admisibles e improcedentes los recursos de apelación restringida interpuestos, confirmando la Sentencia apelada y dejando sin efecto la condenación de costas, bajo los siguientes argumentos:


II.3.1. En cuanto al recurso de apelación restringida interpuesto por ENTEL S.A.:


  1. La Sentencia absolutoria impugnada, cumple con lo normado por el art. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, puesto que contiene los motivos de hecho y de derecho en los que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Asimismo contiene la fundamentación fáctica y se sustenta en hechos existentes debidamente acreditados, sin incurrir en lo previsto por el art. 370 en su inc. 5) del CPP, habiendo desarrollado el Tribunal de origen una actividad intelectual de forma conjunta y armónica.


  1. En cuanto a la valoración defectuosa de la prueba, se advierte que las pruebas de cargo 1, 15, 27, 34, 36, 39, 40, 41, 42 y 43 fueron insertadas y judicializadas  por su lectura; sin embargo, el Tribunal de origen luego de su valoración y relación en cuanto a la conducta de los imputados, llegó a la conclusión que no fueron suficientes para demostrar su participación en el ilícito acusado, como tampoco el grado de complicidad con Guido Almanza. Por otro lado, a la prueba de descargo 10, el Tribunal de Sentencia otorgó pleno valor probatorio para fundar su Sentencia absolutoria.


II.3.2. Del recurso de apelación restringida planteado por el Ministerio Público:


  1. El Ministerio Público se limita a hacer una serie de fundamentaciones doctrinales y jurisprudenciales, sin cumplir con las condiciones exigidas por el art. 408 del CPP y el procedimiento establecido en los arts. 169, 370, 396 inc. 3) y 408 del CPP.


  1. La facultad de absolución contenida en los arts. 363 inc. 3) y 364 del CPP, es otorgada al Juez o Tribunal, cuando el imputado no ha participado en el hecho delictivo, no siendo imperativo el declarar la temeridad o malicia con la imposición de costas contra la parte denunciante.

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE CONTRADICCIÓN


Precisado el motivo, este Tribunal deberá verificar dentro de los límites establecidos en el Auto Supremo 697/2018-RA de 17 de agosto, si el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con el Auto Supremo 86/2015 de 6 de febrero invocado como precedente; a los fines de evidenciar -o no-, el incumplimiento de la doctrina referida al control de valoración de la prueba; por lo que, con carácter previo, a los efectos señalados, se establecen las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.

III.1.  La exigencia de la debida fundamentación y motivación de las Resoluciones de alzada.


Sobre la debida motivación, este Tribunal en el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, estableció que: La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos

en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


Así también, este Tribunal  a través del Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, ratificó y complementó la doctrina legal sobre la falta de fundamentación y desarrollando los fundamentos de la misma determinó que: “El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


Así, si una resolución cumple con la garantía de la debida motivación y está sustentada en argumentos claros, también cumple con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia mediante la utilización de los recursos y la de garantizar el derecho a la publicidad, pues una sentencia obscura no permite el acceso a este derecho, pero una sentencia clara la garantiza y la hace realmente efectiva, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además que cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador falló de una determinada manera y no de otra.


De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que el juzgador se limite a transcribir los antecedentes procesales, los fundamentos de las partes o hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, a efecto de arribar a determinada conclusión, para de esta manera cumplir con la previsión del art. 124 del CPP, lo contrario significaría vulneración al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, …”.

Por lo expuesto, los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente estos requisitos, pues su función de control debe abocarse a responder de manera fundamentada a todos los puntos denunciados, no siendo necesaria una respuesta extensa; puesto que, de no hacerlo incurriría en falta de fundamentación, incumpliendo lo previsto por el art. 124 del CPP.

III.2. Análisis del caso concreto.


Recapitulando lo denunciado por el recurrente resulta insuficiente fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado, ante la falta de control de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia, en relación a las pruebas de cargo 1, 15, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43; y las literales 2, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 34, 40 y 45.


Como precedente contradictorio a la Resolución de alzada, el recurrente invocó el Auto Supremo 086/2015 de 6 de febrero, pronunciado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro contra Reynerio León Torrez y otro, por los delitos de Robo Agravado y otros, en el que se constató que el Tribunal de apelación omitió su labor de ejercer control respecto a la valoración de la prueba, razón por la cual, el Auto de Vista recurrido fue dejado sin efecto, estableciendo como doctrina legal aplicable, la obligación que tiene el Tribunal de alzada, de controlar y verificar que el Tribunal de juicio -como uno de los componentes de la Sentencia- tiene el deber de realizar una descripción de toda la prueba incorporada en el juicio oral, especificando su procedencia, asignar el valor correspondiente a cada una de ellas y posteriormente valorar toda la prueba en su conjunto, de manera integral y armónica, observando las reglas de la sana crítica.


Como se puede inferir, la problemática dilucidada, mantiene relación con la problemática procesal del motivo de casación, por lo que existiendo supuestos fácticos análogos entre el precedente invocado y el citado motivo, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


Ya ingresando a la labor de contrastación, se advierte que el recurrente, tal y como se afirma, en apelación restringida, acusó el defecto de Sentencia contenido en el inc. 6) del art. 370 del CPP; es decir, la valoración defectuosa de las pruebas señaladas en el apartado de la Sentencia denominado “V Valoración de la Prueba”: literales 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 34, 40 y 45; y, 1, 15, 27, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, de las cuales -señala- el Tribunal de origen no asignó el valor correspondiente en aplicación a las reglas de la sana crítica, siendo simplemente enunciadas en Sentencia.


En atención al agravio acusado, el Tribunal de apelación señala de manera concreta, respecto a las pruebas de cargo 1, 15, 27, 34, 36, 39, 40, 41, 42 y 43 que: “el Tribunal a quo luego de la valoración respectiva y su relación con respecto a las conductas de los acusados, ha llegado a la conclusión de que no fueron suficientes para demostrar que ellos han participado en la sustracción de las tarjetas de ENTEL, así como tampoco se ha probado que ellos hayan actuado en complicidad con el autor principal del hurto Sr. GUIDO ALMANZA (...) Asimismo las recurrentes hacen referencia al Auto de Vista dictado por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, signado como la prueba de descargo 10, la misma que en su contenido se hace referencia clara que contra ambos imputados Cinthia Rojas Torrico e Iván Vidaurre Sánchez no existen los elementos indiciarios de haber participado en el hecho delictivo” (negrillas nuestras).


Estos antecedentes, permiten constatar a esta Sala Penal, que el Tribunal de apelación, a tiempo de resolver la denuncia de valoración defectuosa de la prueba incoada por los representantes de Entel S.A., se limitó a la remisión de lo escuetamente concluido por el Tribunal de origen, sin cumplir con los requisitos que la doctrina desarrolló en cuanto a la garantía de la debida motivación expuesta en el apartado III.1. de la presente Resolución; puesto que, la Resolución de alzada, no resulta lógica al no valorar el agravio acusado de un modo integral y verificando la observancia de las reglas de la sana crítica, mucho menos resulta ser completa al omitir la exposición de los razonamientos efectuados sobre la denuncia de valoración defectuosa de la prueba, debiendo haber ejercido a tal efecto, su deber de control respecto a la valoración de la prueba, verificando que el Tribunal de origen hubiere realizado en cuanto a las pruebas observadas por el apelante -pruebas de cargo 1, 15, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43; y las literales 2, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 34, 40 y 45-, su correcta descripción, el detalle de su procedencia, la asignación del valor correspondiente a cada una de ellas y posterior valoración en conjunto, de manera integral y armónica; resultando en consecuencia, el Auto de Vista recurrido, ante la omisión de control de valoración de prueba encomendada, opuesto a la doctrina del Auto Supremo 86/2015 de 6 de febrero, invocado como precedente contradictorio.


En síntesis, por los fundamentos desarrollados precedentemente, este Tribunal advierte que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la emisión del Auto de Vista recurrido, incurrió en falta de fundamentación y motivación, incumpliendo las previsiones del art. 124 del CPP, al no cumplir con su deber de control de valoración de prueba, en cuanto a los elementos observados por los representantes de Entel S.A. a tiempo de acusar el defecto de Sentencia contenido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, vulnerando en consecuencia, el derecho al debido proceso de la parte recurrente.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por los representantes de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., de fs. 1199 a 1202 vta., con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 34 de 4 de mayo de 2018, de fs. 1172 a 1175 vta., disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.