TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 091/2019-RA

Sucre, 20 de febrero de 2019


Expediente                : Oruro 47/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Par te Imputada        : Deisy Lucha Ayma Andrade

Delitos        : Estelionato y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2018, cursante de fs. 507 a 514 vta., Deisy Lucha Ayma Andrade, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 148/2018 de 31 de octubre, de fs. 475 a 482 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rubén Elio Calisaya Choque, Hilaria Vacaflor Taraña Choque, Rafael Rogelio Villca Flores y otros contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, Estelionato y Agravación en caso de víctimas múltiples, previstos y sancionados por los arts. 335, 337 y 346 Bis del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 04/2017 de 22 de febrero (fs. 214 a 230), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Deisy Lucha Ayma Andrade, autora y culpable de la comisión del delito de Estelionato con Agravación de Víctimas Múltiples, previstos y sancionados por los arts. 337 y 346 Bis del CP, imponiendo la pena de siete años y cuatro meses de presidio, con costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia. Siendo absuelta del delito de Estafa.

  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Deisy Lucha Ayma Andrade, formuló recurso de apelación restringida (fs. 238 a 247 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 148/2018 de 31 de octubre, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia confirmó la Sentencia apelada. 


  1. Por diligencia de 27 de noviembre de 2018 (fs. 483), la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado; y, el 4 de diciembre del mismo año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


  1. La recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado contiene defecto absoluto de incongruencia omisiva, alegando que en el recurso de apelación restringida como primer agravio refirió la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva vinculada con el art. 337 del CP, donde alegó que en el numeral 2.3 de la Sentencia no se precisó el elemento subjetivo que caracteriza al tipo penal de Estelionato, es decir vender, gravar o arrendar, etc., situación que bajo el principio de legalidad se debió precisar en forma concreta dichos elementos; sin embargo, la Sala penal recogió dicha protesta en el punto II del Auto de Vista impugnado; y, en el punto III bajo el tópico de Fundamentos de la Resolución disgregó diferentes aspectos del recurso, pero omitió  pronunciarse expresamente sobre el reclamo de la recurrente, invocando los Autos Supremos 189/2012 de 8 de agosto, 164/2012 de 4 de julio y 360/2012 de 28 de noviembre, relativos a la doctrina legal de Alán Alejandro Sillerico, segunda edición, La Paz, p. 491 y sgts., constituyendo según la recurrente en  defecto absoluto cuando en el Auto de Vista se constata no haberse pronunciado sobre el fondo de todos los puntos cuestionados.


  1. Expresa que en Sentencia se le condenó por dos tipos penales, primero por el delito de Estelionato y luego por la Agravación de Víctimas Múltiples, cuestionando dicha situación en su recurso de apelación restringida, al sostener que no fuese posible sancionar a una persona por estos dos tipos penales, pues el Estelionato es un tipo penal concreto que no tendría relación en cuanto al tratamiento de las víctimas múltiples, pues constituirían en una condición agravada de otros tipos penales. En cuanto al Auto de Vista impugnado, le daría la razón en cuanto señaló que efectivamente el art. 346 bis del CP, no constituye un delito independiente sino una agravante para varios delitos, pero concluyó que si bien en Sentencia se adecúa como tipo penal de Víctimas Múltiples, no afecta la validez de la Sentencia ni al desarrollo del juicio porque los hechos juzgados y acreditados afectan a más de un centenar de personas, advirtiendo por ello que el Tribunal de alzada se limitó a realizar una consideración genérica, sin explicar de qué manera es que no se afectaría a la Sentencia ni al desarrollo del juicio oral, considerándola omisiva, en sentido de que no motivó adecuadamente a qué se refiere con el hecho que no se afectó al resultado final de la Sentencia, cuestionando que en Sentencia se la absolvió del delito de Estafa pero se le condenó por Estelionato y Agravación en caso de víctimas múltiples, como si se tratara de un delito independiente; por ello, considera la vulneración del principio de tipicidad al persistir en Sentencia que fuesen dos delitos diferentes, pues en el folio 27 se señaló “la concurrencia del elemento subjetivo de los tipos penales en los que incurrió la acusada de forma plena y absoluta” añadiendo que no se trataría de un simple error o que no afectaría a la Sentencia, por concluir en la existencia de la comisión de dos tipos penales y no de uno. Asimismo considera que el Tribunal de apelación trató de minimizar este aspecto sin otorgarle la debida motivación, aludiendo además que sobre el mismo tópico en los considerandos IV, V y VI del Auto de Vista impugnado, indicó que la Sentencia condenatoria, no advierte vulneración del principio de congruencia establecido en el art. 362 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al existir concordancia entre lo acusado y lo resuelto cuando estableció “la agravación de víctimas múltiples no afecta la validez del juicio ni de la Sentencia, durante el desarrollo del proceso y del juicio oral, la imputada participó asistido de su abogado defensor ejerciendo su derecho a la legítima defensa, no resultando aceptable su afirmación de que se le condenó por un supuesto hecho de víctimas múltiples por el cual no ha sido investigada y menos acusada cuando la misma reconoce que simplemente es una agravante”; sobre dicho aspecto, alega que el Tribunal de apelación insiste en que durante el desarrollo del juicio oral se ejercitó el derecho a la defensa asistido por su abogado defensor, cuestionando a su vez la labor de verificar todo el proceso, así como persistir en la tipificación de víctimas múltiples, agregando que no se reclamó ni se pidió que se examine todo el juicio oral y si lo hizo debería dar una explicación de la razón, expresando que el tema de la tipificación de víctimas múltiples surge a partir de la Sentencia y no del juicio, añadiendo que se la condenó como si fuese un tipo penal independiente sin explicación racional; de ahí, que acusa defecto absoluto conforme al art. 169 inc. 3) del CPP, ya que se consintió un tipo penal inexistente, también el hecho que en la emisión del Auto de Vista impugnado no se motivó ni fundamentó como era su deber de acuerdo a los aspectos reclamados en apelación restringida, afectando el debido proceso y el derecho a su defensa conforme los arts. 115 II y 119 II de la Constitución Política del Estado (CPE), indicando que no precisa señalar precedentes.

  1. Señala que expuso en apelación restringida la falta de análisis de documentos privados, citando al autor nacional de derecho penal Jorge Valda, sosteniendo que todo fraude tiene que estar dirigido a inducir en error al sujeto pasivo sobre la condición del bien que se contrata, añadiendo que por el acta de inspección se constató que las supuestas víctimas estarían ocupando físicamente los terrenos transferidos y tuvieron pleno conocimiento de la calidad de los mismos en cuanto tenían que realizar sus respectivas regularizaciones, alegando que el Tribunal de origen debió expresar de qué modo se produjo el engaño para configurar el tipo penal; en cambio, el Auto de Vista concentró su atención en la naturaleza de la cosa, o sea en la titularidad del Rancho Quitaya (lugar de los terrenos), realizando la interpretación de los contratos conforme el art. 510 del Código Civil (CC), donde concluyó que la Sentencia impugnada, describió y valoró los documentos privados de compra venta de terrenos, transcribiendo parcialmente “en consecuencia, la apreciación de aquellos documentos realizados en Sentencia, conducen al tipo penal de Estelionato en su componente de vender como bien propio bienes ajenos, y cuando se asume que vendió  a más de 300 personas sonsacando dinero a las víctimas en una suma cerca de Bs. 2.000.000, importa la agravante del delito de Estelionato, la agravante de víctimas múltiples”; expresando posteriormente, que no habría absuelto en nada el agravio de inexistencia de fraude por conocimiento previo de las condiciones y naturaleza de los bienes comprometidos en venta,  sino que introdujo un concepto ajeno al recurso, referente a que el delito de Estelionato fuese agravante, añadiendo que si el Auto de Vista impugnado acudió al sentido literal de las palabras, entonces nada le quitaría el derecho de interpretar respecto al delito de Estelionato como agravante, por otro lado refiere pero si lo que se quiso decir es que la venta a 300 personas fuera agravante entonces tenía la obligación de explicar conforme el contexto del art. 514 del CC, “las cláusulas se interpretan unas por medio de otras, atribuyendo el sentido que resulta del conjunto del acto”, aludiendo que como los compradores conocían de la situación de cada predio, no habría engaño o fraude, excluyendo la ilegalidad del acto por consiguiente de la comisión del delito. Expresa que en Sentencia se manifestó la imposibilidad de perfeccionar sus documentos, inscribiendo en DDRR, de ahí que cuestionó en su recurso que la eventualidad de no poder inscribir nada tendría que ver con el delito de Estelionato, menos formaría parte de sus elementos o implicaría transferencia de cosa ajena sino una formalidad legal de perfeccionamiento de un compromiso de venta; sin embargo, el Tribunal de alzada señaló lo siguiente “las afirmaciones de que las víctimas inscriban su propiedad en derechos reales de Oruro, no resulta relevante para el tipo penal atribuido, en razón de que la Sentencia concluyó que la imputada no es propietaria de dichos terrenos, en consecuencia esos documentos no eran inscribibles en la oficina de registro público de la propiedad”; acoplando, que el Auto de Vista también señaló que los compradores también sabían a tiempo de adquirir los terrenos sobre los tramites de documentación, por lo que no habría manera de justificar el engaño, siendo que es un elemento del tipo penal, lo cual no se explica ni en el fallo de instancia y menos en el Auto de Vista; en suma, el Tribunal de apelación no absolvería su planteamiento concreto sobre la naturaleza y condiciones de la cosa objeto de transferencia, aun en el supuesto de que fuesen ajenos, pues a criterio de la recurrente destruiría el fraude y el delito, sosteniendo por ello la incongruencia omisiva, ya que debió exponer motivadamente si el criterio señalado en el recurso mereciera algún tratamiento o cual fuese el entendimiento de la Sala respecto al conocimiento previo de una situación que descartaría el fraude, antes que simplemente referir “que la Sentencia concluyó que no sería propietaria”, advirtiendo que si el adquiriente sabía que la cosa fuera ajena no existiría fraude, aludiendo la vulneración al debido proceso en su componente ejercicio de su defensa, por su silencio evasivo y que por lo expuesto no requeriría invocación de precedentes contradictorios.


  1. Refiere con relación al agravio denunciado en apelación restringida, sobre la  defectuosa valoración probatoria, de acuerdo a su recurso, se cuestionó que se limitaría a una relación de antecedentes, a expresar la versión de los testigos de cargo, y en el tópico V.A.1.2. (Existencia, Momento, Lugar y Participación en el hecho) tomaría como prueba fundamental los actos de iniciación de la acción penal, como la querella, requerimiento de tareas investigativas, informe policial y otros actuados. Que el Auto de Vista señaló, posteriormente el Tribunal de juicio refirió a la querella para considerar la existencia, momento, lugar y participación en el hecho, habría considerado a todo el elenco probatorio consistentes en pruebas documentales, testificales, prueba extraordinaria de inspección judicial, valoración que se realizó conforme la sana crítica, no encontrándose contradicción con el Auto Supremo 41/2012 de 16 de marzo. Sobre este tópico, según la recurrente, el Auto de Vista se equivocaría y no analizaría lo que ocurre en la Sentencia, pues en el punto V.A.1.2. lo que habría realizado fue una relación de los elementos de cargo, de declaraciones, de prueba extraordinaria e inspección judicial, y en el tópico V.B. la Sentencia acudiría a una simple cita de prueba documental y relatos de testimonios para luego concluir “5. Aplicando las reglas de la experiencia resulta inconcebible que la imputada actuara de manera contraria a la normativa penal, creyendo tener suficientes derechos” “Por cuanto conforme la prueba valorada, la imputada con su forma de actuar adecuó su conducta a los tipos penales de Estelionato y Agravación de Víctimas Múltiples, previstos en los arts. 337 y 346 del CP.”  Por lo que asevera la recurrente, que en ninguna parte de la Sentencia existiría una valoración probatoria, sino el recuento de antecedentes documentales, peor con la aplicación de las reglas de la sana crítica; es así, que el Tribunal de alzada, al asumir que dicho acopio constituiría la sana crítica y asumiendo que el razonamiento de la querella fuesen pruebas, contradiría la doctrina legal establecida por los Autos Supremos invocados (no señala ninguno), señalando que las actuaciones de investigación no fuesen pruebas, al no sujetarse al contradictorio. Argumenta nuevamente con relación a la Sentencia, que en ninguna parte se indicaría el proceso de regularización a que estaban sujetos los compradores; y, que el Tribunal de alzada debió advertir en cuanto a los documentos señalados en Sentencia, como las pruebas MPD-6, MPD-7, MPD-8, y la cláusula tercera que dice “la minuta de transferencia se entregara una vez que la propietaria sanee su documentación por medio de las autoridades de Quitaya”, concluye que las conclusiones del Auto de Vista impugnado desconoce los alcances de la doctrina legal invocada sin inferir una conclusión clara de cómo contribuye al hecho, el delito de Estelionato con el otro delito de victimas múltiples que se repite en el fallo pero al Tribunal de apelación le significaría intrascendente. En cuanto a su prueba (folio 22 y sgts.) protestó que no se valoró en su contexto e incluso respecto al convenio de 5 de julio de 2008 consignadas en las pruebas AAD-1 a la AAD-7, donde la Sentencia las enuncia pero no las examina, así como la prueba MPD-7. El Auto de Vista impugnado indica que los cuestionamientos de la recurrente no tienen precisión, que no se explicaría las conclusiones que debieran emerger, por lo que considera que lo argumentado constituye en una situación parcializada al no referir lo mismo de las pruebas de cargo, cuando no se explicó de qué modo se actuó con fraude o engaño para cometer el delito condenado, señalando que era deber del Tribunal de alzada examinar el proceso valorativo de todas las pruebas de cargo y de descargo, reiterando su posición que en Sentencia se omitió valorar explicar las razones por las que se otorgó determinado valor a cada elemento probatorio o al conjunto, no analizando dicho extremo por parte del Tribunal de apelación resultando una instancia omisiva vulnerando la doctrina legal invocada (sin señalar a qué doctrina se refiere).


  1. Con relación a la inobservancia de las reglas relativas a la deliberación y redacción de la Sentencia, expresó que en su recurso de apelación restringida extrañó la forma en que se consignó dos tipos de delitos, entre ellos el de Víctimas Múltiples, aludiendo también que cuestionó respecto al convenio, por no ser incorporado como elemento de prueba; sin embargo, el Auto de Vista impugnado, refirió sobre la reserva que debe actuar el Tribunal de origen a tiempo de emitir el fallo conforme al art. 358 del CPP, que no habría disidencia consignada, por consiguiente el Tribunal de juicio habría asumido los razonamientos y la decisión adoptada; por ello, cuestiona la recurrente que no absolvió nada de lo denunciado, expresamente sobre cómo se deliberó por un delito inexistente o que siendo agravante deba entenderse así y no como aparece en la Sentencia. De la misma forma referente al convenio, el Tribunal de apelación dudó de su incorporación y supuso que el Tribunal de juicio deliberó, sin explicar cómo se omitió su valoración, por lo que considera que también se incurrió en el vicio citra petita por no absolver todos los puntos de su apelación, lo que a criterio de la recurrente afectaría al debido proceso en su componente fallo debidamente fundamentado y motivado, constituyendo vulneración a su derecho a la defensa y de impugnación, incurriendo en el art. 169 inc. 3) del CPP.


  1. Bajo el subtítulo “respecto a la pena” señala que en su recurso de apelación restringida protestó que se le condenaba a una pena de siete años y cuatro meses sin fundamento alguno, cuestionando el cálculo de la misma, así como tampoco se habría considerado el conocimiento de las víctimas sobre la realidad de los predios conforme las cláusulas de los documentos; sin embargo, el Auto de Vista impugnado cita parcialmente la Sentencia donde se mencionaron los arts. 37 y 39 del CP, sin tomar en cuenta que el agravio fue de la fijación de la pena al no existir ponderación alguna, sino una suerte de sumatoria, asumiendo una tesis de concurso al calcular dos tipos de penalidades; en suma, el Tribunal de apelación no dice nada respecto a fijar la pena corroborando las vulneraciones, en sentido que habría sido supuestamente condenada por dos tipos penales, cuando no habría sido acusada menos investigada por el delito de Víctimas Múltiples, afectando al debido proceso en su vertiente debida fundamentación conforme al art. 115 II de la CPE, y al derecho a su defensa.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los fallos invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 27 de noviembre de 2018, interponiendo su recurso de casación el 4 de diciembre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Como primer motivo denuncia que el Auto de Vista impugnado incurrió en el vicio de incongruencia omisiva, alegando que en el recurso de apelación restringida como primer agravio refirió la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva vinculada al delito de Estelionato, sosteniendo que en el numeral 2.3 de la Sentencia no se precisó el elemento subjetivo que caracteriza a dicho tipo penal; sin embargo, la Sala penal recogió dicha protesta en el punto II del Auto de Vista impugnado; empero, en el punto III bajo el tópico de Fundamentos de la Resolución disgregó diferentes aspectos del recurso, pero habría omitido pronunciarse sobre el reclamo de la recurrente, constituyendo dicha situación en defecto absoluto, invocando los Autos Supremos 189/2012 de 8 de agosto, 164/2012 de 4 de julio y 360/2012 de 28 de noviembre, relativos a una doctrina legal de Alán Alejandro Sillerico, segunda edición, La Paz, p. 491 y sgts., constituyendo según la recurrente en  defecto absoluto por constatarse que el Auto de Vista no se pronunció sobre el fondo de lo cuestionado. 


Sobre el particular, analizados los argumentos vertidos en casación, si bien se evidencia que la recurrente identifica el supuesto agravio incurrido por el Tribunal de alzada, la misma no fundamenta la contradicción con los fallos invocados; pues, se limita a citar los precedentes sin ni siquiera transcribirlos, aludiendo en forma confusa que se trataría de la doctrina legal de un autor de derecho penal, incumpliendo los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; empero, acudiendo a los criterios de flexibilización, la recurrente identifica en forma concreta que el Tribunal de alzada incurrió en el vicio de la incongruencia omisiva al no resolverle la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva vinculada al delito de Estelionato, identificando la vulneración del debido proceso en su componente derecho a la defensa y debida motivación, por lo que habiendo señalado el hecho generador, la supuesta vulneración de garantías constitucionales y el posible resultado dañoso, este motivo deviene en admisible.


Con relación al segundo motivo traído en casación, indica que en Sentencia se le condenó por el delito de Estelionato y por la Agravación de Víctimas Múltiples, aludiendo que no fuese posible que se la sancione por el último tipo penal, por ser ésta considerada una agravante; sin embargo, el Tribunal de alzada le dio la razón en cuanto señaló que el art. 346 bis del CP, no constituye un delito independiente sino una agravante para varios delitos, pero que si bien en Sentencia se adecúa como tipo penal de Víctimas Múltiples, no afecta la validez de la Sentencia ni al desarrollo del juicio porque los hechos juzgados y acreditados afectan a más de un centenar de personas, situación por la que la recurrente argumenta que el Tribunal de apelación se limitó a realizar una consideración genérica, sin explicar de qué manera es que no se afectaría a la Sentencia ni al desarrollo del juicio oral, considerándola omisiva y vulneratoria al principio de tipicidad por cuanto persistió que en Sentencia fuesen dos delitos diferentes, sin otorgarle la debida motivación. Por otro lado, aludió que en los considerandos IV, V y VI del Auto de Vista impugnado, se habría concluido que no se advertía vulneración al principio de congruencia en la Sentencia condenatoria,  al existir concordancia entre lo acusado y lo resuelto, alegando por ello que el Tribunal de alzada insistió que durante el desarrollo del juicio oral se ejercitó el derecho a la defensa de la imputada mediante su abogado defensor, persistiendo también la tipificación de víctimas múltiples, acusando defecto absoluto conforme al art. 169 inc. 3) del CPP, ya que se consintió un tipo penal inexistente, así como el hecho que no se motivó ni fundamentó adecuadamente conforme los aspectos reclamados en apelación restringida, afectando el debido proceso y el derecho a su defensa conforme los arts. 115 II y 119 II de la CPE.


Al respecto, analizados los argumentos vertidos en casación, si bien se evidencia que la recurrente identifica el supuesto agravio incurrido por el Tribunal de alzada, la misma no invoca precedentes contradictorios, incumpliendo los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; empero, acudiendo a los criterios de flexibilización, la recurrente identifica en forma concreta que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación y motivación al resolver el agravio denunciado, de que habría sido condenada por Agravación de Víctimas Múltiples como si se tratase de un delito independiente y no de una agravante, identificando la vulneración del debido proceso en su componente derecho a la defensa, cuyas normas constitucionales supuestamente vulneradas se encuentran previstas en los arts. 115 II y 119 II de la CPE, por lo que habiendo señalado el hecho generador, la supuesta vulneración de garantías constitucionales y el posible resultado dañoso, deviniendo este motivo en admisible.


En cuanto al tercer motivo traído en casación, expresa que en apelación restringida denunció la falta de análisis de documentos privados, aludiendo que todo fraude tiene que estar dirigido a inducir en error al sujeto pasivo, situación que no habría ocurrido en el presente caso, pues las supuestas víctimas estarían ocupando físicamente los terrenos transferidos, así como tuvieron pleno conocimiento de la calidad de los mismos; sin embargo, el Auto de Vista realizó la interpretación de los contratos conforme el art. 510 del CC, donde concluyó que la Sentencia impugnada, describió y valoró los documentos privados de compra venta de terrenos, conduciendo al tipo penal de Estelionato en su componente vender como bien propio bienes ajenos importando la agravante de víctimas múltiples, situación por la que considera la recurrente que no habría resuelto su agravio de inexistencia de fraude, más bien habría introducido un concepto ajeno al recurso, referente a que el delito de Estelionato fuese agravante, añadiendo que debió explicar conforme el contexto del art. 514 del CC, expresando además que en Sentencia se manifestó la imposibilidad de perfeccionar los documentos de compromiso de venta; empero, el Tribunal de alzada habría referido que los compradores sabían a tiempo de adquirir los terrenos sobre la condición de los mismos, por ello alude que no habría forma de justificar el engaño, siendo que tampoco se explicó en el Auto de Vista impugnado, por lo que sostiene que no se absolvió su planteamiento concreto sobre la naturaleza y condiciones de la cosa objeto de transferencia, aludiendo el vicio de la incongruencia omisiva, ya que debió exponer motivadamente si el criterio señalado en el recurso mereciera algún tratamiento o cual fuese el entendimiento del Tribunal de apelación al conocimiento previo de una situación que descartaría el fraude, antes que simplemente referir “que la Sentencia concluyó que no sería propietaria”, invocando la vulneración al debido proceso en su componente ejercicio de su defensa, por su silencio evasivo.


Al respecto, analizados los argumentos vertidos en casación, se puede advertir que la recurrente no invoca precedentes contradictorios, incumpliendo los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP; por otro lado, si bien identifica el supuesto agravio consistente en la incongruencia omisiva; empero, no explica en forma clara y concreta en qué consistiría la misma, pues en forma confusa y ampulosa refiere que en apelación restringida denunció la falta de análisis de documentos privados, luego afirma que su agravio fuese la inexistencia de fraude y posteriormente indica que su planteamiento concreto era sobre la naturaleza y condiciones de la cosa objeto de transferencia, realizando argumentaciones desordenadas que no permiten identificar en forma clara su problemática planteada; además, sostiene en la parte inicial de su exposición con relación al agravio de falta de análisis de documentos privados, que el Tribunal de alzada habría descrito y valorado los documentos privados de compra venta de terrenos, para posteriormente aludir la incongruencia omisiva, situación que denota la realización de argumentos embrollados advirtiendo una carencia de técnica recursiva; finalmente, tampoco fundamenta en forma concreta y ordenada la vulneración de derechos fundamentales, limitándose a señalar que no precisaría de precedentes contradictorios, razón por la cual el motivo en análisis deviene en inadmisible.


Respecto al cuarto motivo de casación, expresa que en apelación restringida denunció la defectuosa valoración probatoria, cuestionando que el Tribunal de origen se limitaría a una relación de antecedentes, a la versión de los testigos de cargos, tomando como pruebas fundamentales los actos de iniciación de la acción penal, la querella, requerimientos de tareas investigativas, informe policial y otros actuados; empero, el Auto de Vista impugnado, concluyó que luego que el Tribunal de mérito refirió a la querella para considerar la existencia, momento, lugar y participación en el hecho, consideró todo el elenco probatorio consistentes en pruebas documentales, testificales, prueba extraordinaria de inspección judicial, valoración realizada conforme la sana crítica, situación que a criterio de la recurrente el Tribunal de alzada no habría analizado lo que ocurrió en Sentencia, realizando argumentaciones reiteradas de su apelación restringida al señalar que en el punto V.A.1.2. de la Sentencia, se habría realizado una relación de los elementos de cargo y en el tópico V.B. de la Sentencia, se realizó una simple cita de las pruebas documentales y relatos de testimonios para concluir “que la imputada actuó de manera contraria a la normativa penal, pues conforme las pruebas valoradas, adecuó su conducta a los tipos penales de Estelionato y Agravación de Víctimas Múltiples, previstos en los arts. 337 y 346 del CP.”, aseverando en consecuencia la inexistencia de valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica, sosteniendo además que el Tribunal de apelación contradijo la doctrina legal invocada en apelación restringida (no señala ninguna), advirtiendo que el Tribunal de alzada no concluyó en forma clara, de cómo contribuye al hecho, el delito de Estelionato con el otro delito de víctimas múltiples, protestando que no se valoró en su contexto las pruebas AAD-1 a la AAD-7, donde la Sentencia las enuncia pero no las examina, así como la prueba MPD-7; por otro lado, cuestiona que el Auto de Vista impugnado no explicó de qué modo se actuó con fraude o engaño para cometer el delito condenado, señalando posteriormente que era deber del Tribunal de alzada examinar el proceso valorativo de todas las pruebas de cargo y de descargo, considerándolo una instancia omisiva.


Sobre el particular, analizados los argumentos vertidos en casación, se evidencia nuevamente que la recurrente no invoca precedentes contradictorios, limitándose a referir que lo resuelto por el Tribunal de apelación contradeciría la doctrina invocada en apelación restringida, pero no explica a qué doctrina se refiere ni fundamenta en forma clara la supuesta contradicción, incumpliendo los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP; asimismo, se advierte que tampoco identifica en forma precisa el supuesto agravio incurrido por el Tribunal de alzada, al limitarse a señalar que no se habría analizado lo que ocurrió en Sentencia, realizando cuestionamientos sobre la errónea valoración probatoria ya expresados en apelación restringida y analizados por parte del Tribunal de alzada; asimismo, con relación a que el Auto de Vista impugnado, no habría concluido en forma clara de cómo contribuiría al hecho, el delito de Estelionato con el de Víctimas Múltiples, así como tampoco se habría explicado de qué modo se actuó con engaño para cometer el delito sentenciado, dichos argumentos no se encuentran plasmados en forma precisa a efectos de identificar el supuesto agravio, pues se lo plantea en forma confusa tomando en cuenta que de acuerdo a lo relatado por la recurrente, lo que se habría denunciado en apelación restringida fuese la errónea valoración probatoria, y no aspectos relativos a los tipos penales, ni respecto al elemento subjetivo del engaño, en consecuencia resulta incomprensible si lo que se trata de plantear es una falta de fundamentación o una incongruencia omisiva, razones por las cuales este motivo deviene en inadmisible.


Sobre el quinto motivo se aduce que en apelación restringida denunció la inobservancia de las reglas relativas a la deliberación y redacción de la Sentencia, extrañando la forma en que se consignó dos tipos de delitos entre ellos el de Víctimas Múltiples, cuestionando también que no se incorporó como prueba el convenio; sin embargo, el Auto de Vista impugnado, refirió sobre la reserva que debe actuar el Tribunal de origen a tiempo de emitir el fallo conforme al art. 358 del CPP, que no habría disidencia consignada, por consiguiente convalidó los razonamientos y la decisión adoptada por el Tribunal de mérito, situación por la que denuncia la incongruencia omisiva, concretamente sobre cómo se deliberó por un delito inexistente o que siendo agravante deba entenderse así y no como aparece en Sentencia. De la misma forma aludió el vicio de la incongruencia omisiva referente al convenio, pues el Tribunal de apelación habría dudado de su incorporación y supuso su deliberación, sin explicar cómo se omitió su valoración, vulnerándose el debido proceso en su componente fallo debidamente fundamentado y motivado, constituyendo vulneración a su derecho a la defensa y de impugnación, incurriendo en el art. 169 inc. 3) del CPP.


Analizados los argumentos vertidos en casación, se evidencia que la recurrente incumple los requisitos de la admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, al no invocar precedente alguno; de la misma forma, se advierte que si bien se identifica el supuesto agravio consistente en la incongruencia omisiva; empero, no se explica en forma clara la problemática planteada, pues alega en primera instancia que su denuncia llevada ante el Tribunal de apelación fuese la inobservancia de las reglas de la deliberación y redacción de la Sentencia, posteriormente alega que el Tribunal de alzada respecto a su denuncia concluyó de que no existiría disidencia consignada y que se resolvió conforme al art. 358 del CPP, convalidando los razonamientos del inferior, considerándolo por ello una incongruencia omisiva, lo mismo ocurre respecto al convenio, donde dudo de su incorporación y supuso su deliberación; como se puede observar, las argumentaciones resultan ser confusas al reconocer que sí existió un pronunciamiento sobre sus agravios pero contrariamente denunciando una incongruencia omisiva por considerarlo indebidamente fundamentado; es decir, que la recurrente en una forma entremezclada no permite advertir el planteamiento de su agravio traído en casación, razón por la que deviene este motivo en inadmisible, al margen de que tampoco alega la vulneración en forma motivada de derechos fundamentales o de defectos absolutos.   


Finalmente, en el sexto motivo se denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación con relación al agravio denunciado en apelación restringida con relación a la pena impuesta de siete años y cuatro meses sin fundamento alguno, así como tampoco se habría considerado el conocimiento de las víctimas sobre la realidad de los predios conforme las cláusulas de los documentos, sosteniendo que el Tribunal de apelación se limitó a citar parcialmente la Sentencia, señalando los arts. 37 y 39 del CP, asumiendo una tesis de concurso al calcular dos tipos de penalidades, corroborando las vulneraciones, cuando no habría sido acusada menos investigada por el delito de Víctimas Múltiples, afectando al debido proceso en su vertiente debida fundamentación conforme el art. 115 II de la CPE, y al derecho a su defensa.

Sobre el particular, analizados los argumentos vertidos en casación, se evidencia que la recurrente no invoca precedentes contradictorios incumpliendo los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP; empero, acudiendo a los criterios de flexibilización se advierte que se precisa el supuesto agravio incurrido por el Tribunal de alzada consistente en la falta de fundamentación al resolver la denuncia de carente motivación de la pena impuesta, aludiendo la vulneración del debido proceso en su vertiente debida fundamentación de resoluciones judiciales previsto en el art. 115 II de la CPE, y al derecho a su defensa; es decir, identificando plenamente el hecho generador, la vulneración de derechos fundamentales y el posible resultado dañoso, por cuanto el presente motivo de viene en admisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Deisy Lucha Ayma Andrade, de fs. 507 a 514 vta., únicamente para el análisis de fondo de los motivos primero, segundo y sexto. Asimismo en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.