TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 62-A/2019

Sucre, 01 de febrero de 2019


Expediente                : Chuquisaca 53/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Nelson Arancibia Amador 

Delito                    : Concusión


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2018, cursante de fs. 1217 a 1256, el imputado Nelson Arancibia Amador, opone excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y la Dirección General de Sustancias Controladas, por la presunta comisión del delito de Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del Código Penal (CP).


  1. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD FORMULADA


El recurrente plantea su solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso señalando que es viable la excepción en la etapa de recursos en virtud de los arts. 308 núm. 4 y 27 incs. 8) y 10) del Código de Procedimiento Penal (CPP), y las Sentencias Constitucionales 1971/2013 de 04 de noviembre y 1061/2015-S2 de 26 de octubre, siendo los preceptos jurídicos y jurisprudenciales aplicables los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 308 núm. 4, 27 inc. 10) y 133 del CPP y la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre.


Como fundamentos jurídicos y fácticos de la excepción, refiere que de acuerdo al art. 5 del CPP, la fecha de la primera sindicación en sede administrativa y por ende la fecha de inicio del proceso es el 9 de julio de 2014, cuando la Dirección General de Sustancias Controladas presentó la querella y que de acuerdo al art. 133 del CPP, todo proceso tendrá una duración máxima de tres años y que hasta el 29 de noviembre de 2018, han transcurrido cuatro años, cuatro meses y veinte días sin que termine el proceso; además, que de acuerdo al informe de antecedentes penales de 26 de noviembre de 2018, no registra Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.


En relación a los hechos y conductas dilatorias, expresa que de acuerdo al art. 134 del CPP y la Jurisprudencia Constitucional el Ministerio Público debió emitir Imputación Formal en el plazo de seis meses a partir del 09 de julio de 2014; empero, presentó el 29 de julio de 2015, seis meses y veinte días después, a pesar de que el 27 de noviembre de 2014 se conminó a la Fiscalía para que presente resolución conclusiva de la fase preliminar; además, en el cuaderno de investigaciones no cursa memorial alguno del Ministerio Público que justifique la demora en la presentación de la Imputación Formal.


La notificación con la Imputación Formal debió ser al día siguiente como señala el art. 160 del CPP; sin embargo, se le notificó el 30 de diciembre de 2015, cinco meses después; tampoco el Juzgado dispuso la notificación con el informe de inicio de investigación como prevé el art. 314.I del CPP y al desconocer aquello, no pudo hacer conocer su nuevo domicilio real; el querellante no indicó oportunamente su nueva dirección, quien el 4 de septiembre de 2015 indicó una dirección incorrecta -San Alberto 75- por lo que el oficial de diligencias representó aquella situación y el Ministerio Público no se manifestó respecto a ello; después el 24 de noviembre de 2015 el querellante señaló la dirección correcta San Alberto 73- y que hubiese existido ocultamiento malicioso por parte del imputado, situación que no fue comprobada, por lo que existió demora indebida de cinco meses en la notificación con la Imputación Formal debido a las omisiones del Juez de Instrucción, el Querellante y el Ministerio Público.


La Fiscalía tenía el plazo de seis meses para la presentación de la Acusación de acuerdo a lo establecido en el art. 134 del CPP, se le notificó el 30 de diciembre de 2015 y debió acusar hasta el 30 de junio de 2016; sin embargo, se presentó el 10 de agosto de 2016, después de un mes y doce días de lo que refiere la norma señalada, sin justificativo alguno, pese a la existencia de conminatoria de parte del Juzgado el 29 de julio de 2016, a efectos de que se pronuncie en virtud del art. 134 del CPP.


El 13 de enero de 2017, se reinstaló la audiencia de juicio oral, no obstante el Fiscal pidió un receso por tener señalada otra audiencia, reinstalada la misma se evidenció la ausencia del representante del Ministerio Público señalándose audiencia para el 20 de enero de 2017, suspensión que fue indebida por haber dispuesto un receso no previsto en la ley, por lo que existió una dilación indebida de siete días atribuibles al Presidente del Tribunal y al Fiscal de Materia.


Reinstalada la audiencia de juicio oral el 15 de febrero de 2017, se suspendió por ausencia de la parte querellante, asimismo, se informó en dicha audiencia que se retiró la acusación particular por uno de los apoderados, por lo que el Tribunal dispuso que se notifique a la Dirección Departamental de Sustancias Controladas también apoderados-, señalando audiencia para el 23 de febrero de 2017, en la que se informó que existía rechazo de la institución víctima respecto al retiro de acusación y que se siga con el proceso; empero al existir contradicción entre los apoderados, se dispuso la notificación al poderconferente en la ciudad de La Paz, disponiendo la suspensión de la audiencia y señalando la continuación para el 3 de marzo de 2017. Reinstalada la misma se informó que no se devolvió el exhorto señalando nueva audiencia para el 13 de marzo de 2017; habiéndose reinstalado, se informó que no se devolvió el exhorto, más el poderconferente se encontraba en la audiencia e indicó que existía un memorial aclarando la supuesta contradicción; por lo que se evidencia, que desde el 15 de febrero de 2017 hasta el 13 de marzo de 2017 se suspendieron las audiencias porque no existía una coordinación entre el poderconferente y los apoderados, dilación de 26 días atribuida a la parte querellante.


Emitida la Sentencia se presentaron recursos de apelación restringida y se emitieron los respectivos decretos de 9 de agosto de 2017, disponiendo el traslado de las apelaciones a los efectos de ley, conforme señala el art. 160 del CPP, y pese a que las resoluciones deben ser notificadas al día siguiente, recién se notificó el 16 de agosto de 2017, seis días después atribuible al Órgano Judicial.


La parte querellante contestó a su apelación restringida el 29 de agosto de 2017, el Tribunal mediante providencia de 31 de agosto de 2017 dispuso se eleven obrados en el plazo de tres días en atención de lo previsto en el art. 409 del CPP; empero, recién el 19 de septiembre de 2017 se remitió obrados al Tribunal de alzada, existiendo una dilación de 14 días atribuible al Órgano Judicial.


La audiencia de fundamentación oral a los recursos de apelación restringida se efectuó el 11 de octubre de 2017 y de conformidad al art. 411 del CPP debe emitirse resolución en el plazo máximo de veinte días; pero recién el 14 de septiembre de 2018 se resolvieron los referidos recursos de apelación restringida, por lo que existe dilación indebida de diez meses y seis días atribuibles al Órgano Judicial; y que si bien en la resolución se expresa que se emitió en esa fecha por la sobrecarga procesal, considera no constituye fundamento razonable y que diez meses es un tiempo completamente excesivo e injustificado para una resolución que se limite a realizar juicio de admisibilidad, además, que se pudo haber emitido la resolución sin necesidad de la celebración de la audiencia de fundamentación oral, toda vez que la etapa de verificación y resolución sobre admisibilidad del recurso debe ser agotada antes de la audiencia, entendimiento desarrollado por la jurisprudencia ordinaria, lo que constituye una dilación indebida.

En relación a las causales de interrupción del plazo de duración del proceso, de acuerdo al informe de antecedentes penales de 26 de noviembre de 2018 el excepcionista no registraría antecedente penal relativo a declaratoria de rebeldía por lo que no existiría conforme señalan los arts. 133 y 31 del CPP. Respecto a las causales de suspensión del plazo de duración del proceso, establecidas en el art. 32 del CPP, no concurrió alega el excepcionista ninguna de las causales de suspensión, debido a que: i) no se ha resuelto la suspensión de la persecución penal y no está vigente período de prueba alguno, como se demuestra por el informe de antecedentes penales de 26 de noviembre de 2018, en el que se establece que no registra antecedente penal referente a Suspensión Condicional del Proceso; ii) No se plantearon cuestiones prejudiciales, por lo que no está pendiente la presentación del fallo que los resuelva, aspectos que pueden ser corroborados por el cuaderno de control de investigación, el expediente de juicio y apelación restringida y el expediente original; iii)  Durante la tramitación del proceso no se solicitó, dispuso ni tramitó ninguna forma de antejuicio; tampoco se solicitó, dispuso, ni fue necesaria la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso, pues no fue procesado en calidad de extranjero, ni funcionario de gobierno extranjero, a objeto de acreditar la inconcurrencia de ésta causal ofrece en calidad de prueba el cuaderno de control de investigación, el expediente de juicio más la apelación restringida y el expediente original; y, iv) El proceso no es por delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas por lo que no existió aquel estado, siendo que se le investigó por Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del CP, señalando como prueba la querella de 8 de julio de 2014, la acusación de 10 de agosto de 2016, la acusación particular, la Sentencia de 4 de julio de 2014, el cuaderno de control de investigación, el expediente de juicio y apelación restringida y el expediente original.  


Referente a las vacaciones judiciales, expresó que el tiempo es de 25 días calendario de acuerdo a lo señalado por el art. 260 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), el proceso se inició el 9 de julio de 2014 hasta el 29 de noviembre de 2018 han transcurrido cuatro años, cuatro meses y veinte días, por lo que se tendrá que descontar cuatro vacaciones, es decir cien días calendario; empero aún el termino de duración sería cuatro años, un mes y doce días.


En cuanto a la complejidad del proceso, el mismo no reviste mayor dificultad ni complejidad, pues de la querella de 8 de julio de 2014 se evidencia que se trata de un proceso por Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del CP, por hechos en la solicitud y obtención de dineros y bienes a personas particulares hechos que no resultan ser complejos, al no haber sido realizados por interpósita persona, con la ayuda de medios tecnológicos, que no requiere más que la recepción de declaraciones de las víctimas, testigos, conforme la imputación formal y la acusación. Respecto a la pluralidad de inculpados, solo se inculpa a su persona de la totalidad de los hechos querellados, siendo el co procesado Daniel Augusto Valdez Cox querellado por un solo hecho y se emitió rechazo a su favor. En relación a la pluralidad de agraviados, solo se presentó como agraviada la Dirección General de Sustancias Controladas, cual se evidencia del cuaderno de control de investigación, el expediente de juicio y apelación restringida y el expediente original.


En relación a la actividad procesal del imputado, de la prueba consistente en el cuaderno de control de investigación, el expediente de juicio y apelación restringida y el expediente original, se evidencia que antes de la imputación formal y el rechazo, ninguno de los dos imputados realizó ningún acto dilatorio, ni indebido, al extremo que la Juez de Instrucción no emitió resolución alguna que manifieste el perjuicio al proceso.


Respecto a la conducta de las autoridades judiciales, en cuanto a la insuficiencia o escases de Tribunales, de las pruebas referidas, se evidencia que el Juzgado Tercero de Instrucción, el Tribunal Segundo de Sentencia y la Sala Penal Segunda, siempre fueron los mismos, no sufrieron renuncia de los juzgadores, ni declinaron competencia, no siendo razonable esgrimir en contrario argumento genérico referente a la escasez de Tribunales o Jueces a nivel nacional para la carga procesal existente y en cuanto a la complejidad del régimen procesal, se tiene que el proceso se tramitó en base a procedimiento común. Relacionado a los actos procesales realizados por las autoridades judiciales para la pronta resolución del presente proceso, se remite a la relación de los hechos dilatorios.


  1. RESPUESTA Y TRÁMITE A LA EXCEPCIÓN PLANTEADA


Mediante decreto de 30 de noviembre de 2018 (fs. 1257) se dispuso el traslado a lla parte contraria, que en observancia a la actual línea jurisprudencial constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estando radicada la causa principal en este Tribunal.


II.1.  Del Ministerio Público.


Refiere que el excepcionista se limitó a hacer un simple cálculo y/o cómputo aritmético, sin demostrar de manera precisa la existencia de dilaciones indebidas e injustificadas, pues el Auto Supremo 308/2017 de 2 de mayo, refiere que no puede limitarse únicamente al cómputo aritmético efectuado con relación al tiempo transcurrido, sino que resulta imprescindible efectuar una valoración concurrente de todos los factores que incidieron en el transcurso del proceso, que no está sujeto única y exclusivamente al factor tiempo, puesto que el plazo no puede operar de facto; es decir, no es sólo el transcurso del tiempo en exclusivo, como un criterio rector para extinguir la acción penal por duración máxima del proceso como erradamente interpreta el excecpionista. Si bien ha realizado una serie de observaciones, éstas no tienen argumento y justificativo alguno, puesto que la Imputación Formal no ha sido presentada dentro del plazo previsto,  porque el Ministerio Público vio pertinente disponer la complementación de las diligencias por 90 días a efectos de recabar más elementos de convicción y declaraciones testificales conforme el Requerimiento de 25 de mayo de 2014; asimismo refiere que lo mismo ocurriría con la Acusación Formal, empero no presenta ni un memorial donde reclame dicha situación. Respecto a las suspensiones de audiencias de juicio señala que la del 13 de enero de 2017, no puede considerarse una suspensión indebida toda vez que dicho pedido fue debidamente justificado, además no hubo oposición y a estas alturas recién realiza el reclamo; la del 15 de enero de 2017 se suspendió por la ausencia de los apoderados del querellante, que no puede ser considerado para una solicitud de esta naturaleza, debiéndose tomar en cuenta para los hechos dilatorios ocasionados por los administradores de justicia, lo previsto en el Auto Supremo 914/2016 de 18 de noviembre. Es más, cursan memoriales de suspensión de audiencias de la parte incidentista del 16 y 23 de junio de 2017. 


Respecto al decreto de 9 de agosto de 2017 que dispuso el traslado de las apelaciones restringidas, a partir del cual se habría generado 14 días de dilación atribuibles al Órgano Judicial, como si se trataría del único caso en trámite; la Fiscalía relieva que no existe reclamo alguno por parte del excepcionista, resultando contradictorio que señale que se resolvieron las apelaciones restringidas declarándolas inadmisibles por no haber subsanado las observaciones formales, lo que demuestra que su recurso de apelación restringida no fue planteado de manera clara y concisa como ocurre con su memorial de excepción.     


En relación a los recursos de apelación restringida y casación, solicita considerarse el Auto Supremo 783/2017 de 16 de octubre.


Agrega que el excepcionista confunde en su fundamentación la naturaleza de la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo y por prescripción, toda vez que se aduce la aplicación de los arts. 30, 31 y 32 del CPP, que no son aplicables al proceso, implicando una falta de precisión y técnica argumentativa.


En cuanto a las vacaciones judiciales, no se toma en cuenta los feriados y los días inhábiles conforme la jurisprudencia ordinaria, así como la constitucional -Sentencias Constitucionales 551/2010-R de 12 de julio y 284/2010-R de 10 de diciembre-, que en relación a la aplicación de reglas de la denominada “mora estructural” han determinado que deben sustraerse del cómputo el tiempo transcurrido, las vacaciones judiciales conforme al art. 130 del CPP, debiéndose acotar a esto los días inhábiles y feriados que no fueron tomados en cuenta por el impetrante, por lo que no existe una mora procesal en el caso de autos.


En atención a la complejidad del proceso, el Ministerio Público refiere que el presente caso ha tenido sus complejidades en la investigación debido a la naturaleza de los hechos suscitados dentro de una entidad, toda vez que el imputado fungió como Jefe Regional de Sustancias Controladas de Chuquisaca, asimismo, existió complementación de las diligencias por 90 días a efectos de recabar más elementos de convicción y declaraciones testificales, toda vez que los procesos por delitos de corrupción revisten en sí mismo y por su propia naturaleza una complejidad por los tipos penales, donde además se realizaron audiencias de inspección técnica y audiencia de careo que fue suspendida por la inasistencia del excepcionista.


En cuanto a la actividad procesal del imputado y la conducta de las autoridades judiciales, no existe un solo memorial de reclamo en relación a lo alegado respecto al supuesto incumplimiento de plazos en la presentación de los requerimientos conclusivos y otros, por parte del Ministerio Público y de las autoridades judiciales, demostrando de esta manera una actitud pasiva y negligente durante la tramitación del proceso, significando de que no hubo lesión de derecho alguno del excepcionista ni al principio de plazo razonable, toda vez que el instituto de excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso no está supeditada de manera exclusiva al transcurso del tiempo, por lo que es importante tomar en cuenta las Sentencias Constitucionales 0551/2010 de 12 de julio, 0428/2016-S3 de 6 de abril y 0275/2016-S2 de 23 de marzo y el Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre. 


Finalmente enfatiza el no haberse realizado reclamo alguno durante la tramitación del proceso a la supuesta mora procesal existente, lo que da cuenta que el tiempo transcurrido no afectó a los intereses o derechos del imputado, llegando a convalidar cualquier posible defecto, conforme a las reglas del art. 170 incs. 1) y 2) del CPP, por lo tanto cualquier reclamo al respecto ha concluido al no haberse interpuesto el remedio procesal pertinente, esto en concordancia con los arts. 16 y 17 de LOJ; en consecuencia, se convalidó cualquier posible retardo producido en sus diferentes etapas de la tramitación del presente proceso, en ese sentido en caso de posibles afectaciones al derecho al plazo razonable es aplicable el principio de convalidación conforme los Autos Supremos 415/2016-RRC de 13 de junio y 026/2017 de 20 de enero.


Concluye señalando que al no existir una fundamentación coherente y menos ofrecimiento de pruebas idóneas y pertinentes conforme al art. 314 del CPP que respalden la pretensión del excepcionista y al constatarse una confusión en su fundamentación sobre la naturaleza de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción, que implica una falta de precisión y técnica argumentativa al momento de plantear la presente excepción, corresponde sea declarada infundada.


II.2.  Del Querellante. 


Señala que la excepción no cumple a cabalidad los requisitos establecidos por la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, porque la extinción de la acción penal puede ser admitida cuando concurren dos elementos: 1) El transcurso del tiempo; y, 2) Ponderación integral de varios elementos que hacen cada caso en particular, como la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, además de las condiciones de operatividad de los órganos a cargo de la investigación y de su tramitación, conforme a la realidad que atraviesa el país. Conforme la Sentencia Constitucional 0101/2004 y el Auto Constitucional 0079/2014-ECA la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley: a) la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica; b) la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y c) la conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida, aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido, se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada.


En relación a la complejidad del asunto y la cuestión jurídica, el proceso fue complejo porque los imputados son dos ex funcionarios de la Dirección General de Sustancias Controladas, existiendo un rechazo objetado y confirmado; asimismo, fue complejo porque los testigos se encontraban en provincias de los departamentos de Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, existiendo dificultades para su ubicación y coordinación con el investigador para la recepción de sus declaraciones, aspectos que influyeron en la duración de la investigación.


Respecto a la conducta del imputado, en la declaración informativa del 23 de septiembre de 2014, señaló que su domicilio real se encuentra en el Pasaje Mojocoya s/n, zona el Guereo de Sucre; sin embargo, al tratar de notificar con la Imputación Formal, se conoció que cambió de domicilio sin dar a conocer dicho aspecto al Ministerio Público; no obstante, en otro proceso penal donde fue investigado, el 6 de noviembre de 2014, señaló su domicilio real en calle San Alberto 73, pues recién se le notificó el 30 de diciembre de 2015, consecuentemente es el excepcionista el responsable de la demora de cinco meses. Por otra parte, las audiencias de juicio de 13 de marzo, 21 de abril, 8 y 17 de mayo, 7 y 16 de junio de 2017, fueron suspendidas en razón de que el acusado se presentó sin su Abogado, ocasionando demora en el proceso. 


Referente a la conducta y accionar de las autoridades competentes, señalan que el Órgano Judicial y el Ministerio Público no cuentan con las condiciones mínimas para la tramitación fluida de los procesos, porque existe excesiva carga procesal, en especial la resolución del recurso de apelación restringida que tardó un año en resolver, empero en la última parte de la resolución se dio constancia que dicha resolución fue emitida en aquella fecha en virtud a la sobrecarga procesal del Vocal Relator y una situación similar ocurrió con el recurso de casación, pues en el Tribunal Supremo existe excesiva carga laboral. Asimismo, deben considerarse las vacaciones judiciales que llegan a cerca de cuatro meses. Finalmente, el art. 112 de la CPE señala que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.   


  1. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


En el caso presente, la parte imputada opone excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; en cuyo mérito, resulta menester hacer referencia al marco normativo aplicable, a los antecedentes procesales del caso, para finalmente efectuar el análisis de la problemática planteada.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones   incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición; en cuanto, a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en razón al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la CPE.


Así, la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció que: “… al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


En el caso de autos, se advierte que como emergencia de la formulación del recurso de casación por parte del querellante en contra del Auto de Vista 272/2018 de 14 de septiembre, la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal, de modo que en observancia del entendimiento jurisprudencial glosado, corresponde resolver la excepción opuesta.


III.2.        Marco normativo relativo a la extinción de la acción penal por  duración máxima del proceso.


Entre las formas de extinción de la acción penal que fija la norma procesal penal, el art. 27 inc. 10) del CPP, dispone: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, establece la forma de realizar el cómputo, disponiendo: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.


Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento, cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido.


Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.


Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del Código adjetivo penal, determina: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.


Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano” (resaltado propio).


Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Constitucional estableció, analizando la actuación del Tribunal de alzada, que: “…no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal;  lo que no  implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplié, con ese razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo.


Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado” (SC 033/2006 de 11 de enero, resaltado propio).


Ahora bien, en cuanto a los aspectos que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional, en reiterados fallos, aclaró no ser suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo sino que se debe analizar, caso por caso, la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y de las autoridades competentes -Órgano Judicial y Ministerio Público-, carga atribuida al imputado (Sentencia Contitucional 101/2004 de 14 de septiembre y AC 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y 1042/2005-R de 5 de septiembre, entre otras); en esa misma línea, la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, estableció: “Con relación a ello, vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad”.


De ahí, que se entiende que el plazo previsto por el art. 133 del CPP, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y
el Auto complementario 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.


La garantía de juzgamiento en plazo razonable, es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas.


El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I. La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; III. En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV.  El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.


Debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga a ofrecer prueba idónea y pertinente; lo que implica, que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulta fundada.


Sobre la carga e importancia de la prueba para sustentar una pretensión se tiene desarrollado por Carnelutti: Como aquella que no sólo sirve para el conocimiento del hecho, sino también como la certeza o convicción que aquella proporciona, siendo en sentido amplio, un equivalente sensible del hecho que habrá de valorarse, Chiovenda señaló que: Consiste en crear el convencimiento del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, suministrando los medios para tal fin.


III.3. Análisis de la excepción opuesta.

 

De la revisión del memorial, en primera instancia se establece que el excepcionista señaló que la fecha del primer acto del proceso es el 9 de julio de 2014, cuando la Dirección General de Sustancias Controladas presentó la querella, resultando de la revisión de la prueba adjuntada que dicho extremo resulta evidente. Asimismo, refiere de manera acertada que de acuerdo al art. 133 del CPP todo proceso tendrá una duración máxima de tres años y que hasta el 29 de noviembre de 2018 han transcurrido cuatro años, cuatro meses y veinte días sin que termine el proceso.


En relación a la emisión de la imputación formal, señala el excepcionista que el Ministerio Público debió emitir Imputación Formal en el plazo de seis meses a partir del 9 de julio de 2014; empero, presentó el 29 de julio de 2015, seis meses y veinte días después, a pesar de que el 27 de noviembre de 2014, se conminó a la Fiscalía para que presente resolución conclusiva de la investigación.


Al respecto, se tiene que de acuerdo a la normativa y jurisprudencia señalada, la Fiscalía debe emitir el requerimiento conclusivo establecido en el art. 302 del CPP en el plazo de seis meses, y que en el caso de Autos, se ha presentado la Imputación Formal el 29 de Julio de 2015 después de seis meses y veinte días a pesar de la conminatoria judicial de 27 de noviembre de 2014 (notificada a la Fiscalía el 4 de noviembre de 2014); sin embargo, debe considerarse que el 28 de agosto de 2014 se hizo conocer la complementación de diligencias de 25 de agosto de 2014, mediante la cual se dispuso una ampliación de noventa días, por lo que debe considerarse aquella situación que amplía el plazo al Ministerio Público para emitir su requerimiento conclusivo de la fase preliminar, no siendo por lo tanto evidente que en el cuaderno de investigaciones no curse memorial alguno del Ministerio Público que justifique la demora en la presentación de la Imputación Formal.


Alega el incidentista que la notificación con la Imputación Formal debió ser al día siguiente como señala el art. 160 del CPP; sin embargo, se le notificó el 30 de diciembre de 2015, cinco meses después; tampoco el Juzgado dispuso la notificación con el informe de inicio de investigación como prevé el art. 314.I del CPP y al desconocer aquello, no pudo hacer conocer su nuevo domicilio real; el querellante no indicó oportunamente su nueva dirección, quien el 4 de septiembre de 2015 indicó una dirección incorrecta-San Alberto 75- por lo que el Oficial de Diligencias representó aquella situación y el Ministerio Público no se manifestó respecto a ello, después el 24 de noviembre de 2015 el querellante señaló la dirección correcta San Alberto 73- y que hubiese existido ocultamiento malicioso por parte del imputado, situación que no fue comprobada, por lo que existió demora indebida de cinco meses en la notificación con la Imputación Formal debido a las omisiones del Juez de Instrucción, el Querellante y el Ministerio Público.


En cuanto a estos argumentos, corresponde señalar que el art. 160 del CPP establece que las resoluciones serán obligatoriamente notificadas al día siguiente de dictadas y que evidentemente se le notificó el 30 de diciembre de 2015 después de cinco meses y un día, toda vez que el 23 de septiembre de 2014 en su declaración informativa señaló como domicilio Pasaje Mojocoya s/n, Zona El Guereo, al ser buscado en aquel domicilio no pudo ser habido por lo que se representó aquella situación el 2 de septiembre de 2015 y la parte querellante señaló de manera imprecisa el 4 de septiembre de 2015 como domicilio del imputado la calle San Alberto 75, que igualmente al ser buscado en aquel sitio no pudo ser hallado por lo que se representó aquel suceso el 21 de octubre de 2015, mediante memorial el querellante hizo conocer la declaración del imputado en el caso FIS1406107 del 6 de noviembre de 2014 donde hubiese señalado como domicilio la calle San Alberto 73. Señala que el Juzgado no dispuso la notificación con el informe de inicio de investigación como prevé el art. 314.I del CPP; sin embargo, aquella situación no puede ser constatada, toda vez, que el excepcionista no presentó prueba idónea conforme lo desarrollado en el presente fallo en el apartado III.3, pues debió ofrecer prueba idónea y pertinente, para crear el convencimiento sobre la inexistencia del referido actuado; y no así prueba genérica que no llega a demostrar de manera idónea lo aseverado por el incidentista. Por lo que no pudo probarse que haya existido demora indebida de cinco meses en la notificación con la Imputación Formal por parte del Órgano Judicial.


También alega que la Fiscalía tenía el plazo de seis meses para la presentación de la Acusación de acuerdo a lo establecido en el art. 134 del CPP, se le notificó el 30 de diciembre de 2015 y debió emitir Requerimiento Conclusivo hasta el 30 de junio de 2016; sin embargo, se presentó el 10 de agosto de 2016, o sea, que se presentó después de un mes y doce días del plazo estipulado en la norma señalada, sin justificativo alguno si se revisa el cuaderno de investigaciones; existió conminatoria de parte del juzgado el 29 de julio de 2016 a efectos de que se pronuncie en virtud del art. 134 del CPP.


En relación a lo anterior, evidentemente el Ministerio Público tenía el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso para finalizar la etapa preparatoria, a partir de la notificación con la imputación, o sea desde el 30 de diciembre de 2015; pero se verifica que el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de Acusación Formal el 11 de agosto de 2016, después de un mes y doce días. Empero debe tenerse presente, que como ya se ha desarrollado en el acápite III.2 de ésta resolución, la jurisprudencia constitucional, mediante Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, estableció que no puede soslayarse la situación de los Jueces y Tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público que no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. 


El excepcionista señala, que el 13 de enero de 2017 se reinstaló la audiencia de juicio oral, no obstante el Fiscal pidió un receso por tener señalada otra audiencia, reinstalada la misma se evidenció la ausencia del representante del Ministerio Público señalándose audiencia para el 20 de enero de 2017, suspensión que fue indebida por haber dispuesto un receso no previsto en la Ley, por lo que existió una dilación indebida de siete días atribuibles al Presidente del Tribunal y al Fiscal de Materia.


De la revisión del acta de juicio oral, se tiene que ciertamente el Fiscal pidió un receso por tener señalada otra audiencia, reinstalada la misma se evidenció la ausencia del representante del Ministerio Público, señalándose audiencia para el 20 de enero de 2017. En relación al receso de 10 minutos de 17:50 a 18:00, considera que fue indebido por haber dispuesto un receso no previsto en la ley; sin embargo, como precisa la Fiscalía en su memorial de responde a la presente excepción y de la revisión de la referida acta, no se evidencia que el imputado haya efectuado oposición a la solicitud del Ministerio Público, hecho que se reclama recién en esta instancia. Además, de que se evidencia de que han existido solicitudes de suspensión de 14 de junio de 2017 y 23 de junio de 2017, como también, el 8 y 17 de mayo de 2017, 7 y 16 de junio de 2017, que fueron suspendidas en razón a que el acusado se presentó sin defensa técnica.    


La parte incidentista refiere que reinstalada la audiencia de juicio oral el 15 de febrero de 2017, la misma se suspendió por ausencia de la parte querellante, asimismo, se informó en dicha audiencia que se retiró la acusación particular por uno de los apoderados, por lo que el Tribunal, dispuso que se notifique a la Dirección Departamental de Sustancias Controladas también apoderados-, señalando audiencia para el 23 de febrero de 2017, en la que se informó que existía rechazo de la institución víctima del retiro de acusación y que se siga con el proceso; empero al existir contradicción entre los apoderados, se dispuso la notificación al poderconferente a la ciudad de La Paz, disponiendo la suspensión de la audiencia y señalando la continuación para el 3 de marzo de 2017, reinstalada la misma se informó que se devolvió el exhorto señalando nueva audiencia para el 13 de marzo de 2017, informándose en los mismos términos, más el poderconferente se encontraba en la audiencia e indicó que existía un memorial aclarando la supuesta contradicción, por lo que existiría  evidencia, que desde el 15 de febrero de 2017, hasta el 13 de marzo de 2017 se suspendieron las audiencias por que no existía una coordinación entre el poderconferente y los apoderados, dilación de 26 días atribuida a la parte querellante.


Pues de la revisión del acta de juicio oral, se evidencia que las audiencias del 15 y 23 de febrero de 2017, 3 y 13 de marzo de 2017, se suspendieron por aspectos contradictorios entre los apoderados y el poderconferente, existiendo dilación de 26 días atribuible a la parte querellante; empero, este Tribunal no puede soslayar que de la revisión de los antecedentes con que se cuenta, se puede evidenciar que también existen solicitudes de suspensión por parte del  incidentista de fechas 14 y 23 de junio de 2017, como también, en fechas 8 y 17 de mayo, 7 y 16 de junio de 2017, de modo que las actuaciones fueron suspendidas en razón de que el acusado se presentó sin su Abogado.


En atención a la observación de que mediante decretos de 9 de agosto de 2017, se dispuso el traslado de las apelaciones a los efectos del art. 160 del CPP, por lo que debían ser notificadas en al día siguiente, de la revisión de las notificaciones con los decretos de 9 de agosto de 2017, se establece que del 8 al 16 de agosto de 2017 se notificaron a las partes, seis días después, dilación atribuible al Órgano Judicial.


En lo que respecta a que la parte querellante contestó a la apelación restringida presentada por el excepcionista el 29 de agosto de 2017 y que el Tribunal mediante providencia de 31 de agosto de 2017 dispuso se eleven obrados en el plazo de tres días en amparo de lo previsto en el art. 409 del CPP; empero, recién el 19 de septiembre de 2017 se remitió obrados al Tribunal de alzada, existiendo una dilación de 14 días atribuible al Órgano Judicial; la revisión de la prueba que se tiene presentada, se puede establecer, que mediante providencia de 31 de agosto de 2017 se dispuso que se eleven obrados a la Sala Penal de turno y en el plazo de tres días se emplacen a las partes, asimismo, se evidencia que el 21 de septiembre de 2017 se remitió al Tribunal de alzada, encontrando una dilación atribuible al Órgano Judicial de 15 días.


La parte excepcionista señala, que la audiencia de fundamentación oral a los recursos de apelación restringida se efectuó el 11 de octubre de 2017, de conformidad al art. 411 del CPP debe emitirse resolución en el plazo máximo de veinte días; pero recién el 14 de septiembre de 2018 se resolvieron los referidos recursos de apelación restringida, por lo que existe dilación indebida de diez meses y seis días atribuibles al Órgano Judicial.


En relación a aquello, de la revisión del acta de audiencia pública de fundamentación oral de apelación restringida, se tiene fue celebrada el 11 de octubre de 2017 y de conformidad a lo establecido por el art. 411 del CPP, concluida la audiencia, la resolución debía dictarse en el plazo máximo de veinte días; empero, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca emitió el Auto de Vista 272/2018 de 14 de septiembre, por lo que aparentemente existiría una dilación indebida; empero, la misma resolución señaló en su parte final, que la fecha de la referida resolución, responde a la sobrecarga laboral del Vocal Relator, por priorizar audiencias y resoluciones de medidas cautelares de carácter personal, acciones de defensa, convocatorias a similares actuados en la Sala Penal Primera, informes en acciones de defensa, revisión de actas, proyectos y disidencias, formulación de observaciones y elaboración de proyectos. Pues esta Sala Penal reitera, que la jurisprudencia constitucional ha establecido que no puede soslayarse la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público que no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia.


También señala, que se pudo haber emitido la resolución sin necesidad de la celebración de la audiencia de fundamentación oral, toda vez que la etapa de verificación y resolución sobre admisibilidad del recurso debe ser agotada antes de la audiencia, entendimiento desarrollado por la jurisprudencia ordinaria, lo que constituye una dilación indebida; pues al respecto, no se evidencia prueba alguna en la que haya reclamado aquel aspecto y recién en esta instancia pretende reclamar lo acaecido, pudiendo en su oportunidad reclamar su saneamiento.


Respecto a las causales de interrupción y suspensión del plazo de duración del proceso, en lo relativo a la interrupción del plazo de duración del proceso, manifiesta el excepcionista que de acuerdo al informe de antecedentes penales de 26 de noviembre de 2018 no registraría antecedente penal relativo a declaratoria de rebeldía por lo que no existiría la referida interrupción conforme señalan los arts. 133 y 31 del CPP. Pues de la revisión del señalado Informe de Antecedentes Penales, se establece que Nelson Arancibia Amador no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso, motivo por el cual se evidencia que no concurre causal de interrupción del plazo de duración del proceso. 


Respecto a las causales de suspensión del plazo de duración del proceso, establecidas en el art. 32 del CPP, el incidentista señala que no ha concurrido ninguna de las causales de suspensión, debido a que se ha resuelto la suspensión de la persecución penal y no está vigente período de prueba alguno, como se demuestra por el informe de antecedentes penales de 26 de noviembre de 2018, en el que se establece que no registra antecedente penal referente a Suspensión Condicional del Proceso. En relación a ello, el Informe de Antecedentes Penales acredita que Nelson Arancibia Amador no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso, razón por la que se llega a la convicción de que en el presente proceso el término de la prescripción de la acción no se suspendió al no haberse resuelto la suspensión de la persecución penal y menos encontrarse vigente el período de prueba correspondiente; por ende, no se ha suspendido el plazo de duración del procedimiento de conformidad a lo previsto por los arts. 133 y 32 inc. 1) del CPP. 

 

También alega que se plantearon cuestiones prejudiciales, por lo que no está pendiente la presentación del fallo que las resuelva, aspectos que pueden ser corroborados por el cuaderno de control de investigación, el expediente de juicio y apelación restringida y el expediente original y que durante la tramitación del proceso no se solicitó, dispuso ni tramitó ninguna forma de antejuicio; tampoco se solicitó, dispuso, ni fue necesaria la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso, pues no fue procesado en calidad de extranjero, ni funcionario de gobierno extranjero; evidenciando esta Sala que a objeto de acreditar la inconcurrencia de estos supuestos causal ofrece de manera general en calidad de prueba el cuaderno de control de investigación, el expediente de juicio y apelación restringida y el expediente original, cuando en todo caso debió ofrecer prueba idónea y pertinente, para crear el convencimiento sobre la inexistencia de las causales; y no así prueba genérica que no llega a demostrar de manera idónea lo aseverado por el incidentista. 


Por otra parte refiere que el proceso se refiere a delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas por lo que no existió aquel estado, siendo que se le investigó por Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del CP, señalando como prueba la querella de 8 de julio de 2014, la acusación de 10 de agosto de 2016, la acusación particular, la Sentencia de 04 de julio de 2014, el cuaderno de control de investigación, el expediente de juicio y apelación restringida y el expediente original. Al respecto, tanto la querella, las acusaciones y la Sentencia demuestran que el presente proceso penal es seguido por el delíto de Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del CP, considerado como un delito de corrupción de acuerdo a la Sistematización de los Delitos de Corrupción y Vinculados, prevista en el art. 24 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley 004), por lo que se puede establecer que en este proceso penal, el término de la prescripción de la acción no se suspendió al no ser seguido por delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas de conformidad a lo previsto por los arts. 133 y 32 inc. 4) del CPP.


La parte excepcionista, en lo relativo a las vacaciones judiciales indica que el tiempo de la vacación anual es de 25 días calendario de acuerdo a lo señalado por el art. 260 de la LOJ, si el proceso se inició el 9 de julio de 2014 hasta el 29 de noviembre de 2018 han transcurrido cuatro años, cuatro meses y veinte días, por lo que se tendría que descontar cuatro vacaciones, es decir cien días calendario; empero aún el término de duración sería más de tres años, siendo cuatro años, un mes y doce días.


Pues, los argumentos vertidos por el incidentista en primera instancia son acertados al referirse de que si el proceso se inició el 9 de julio de 2014 hasta el 29 de noviembre de 2018 han transcurrido cuatro años, cuatro meses y veinte días, por lo que se tendría que descontar cuatro vacaciones, es decir cien días calendario; empero, lo señalado resulta insuficiente y aislado para fundar una pretensión de extinción dada la necesidad de efectuar una valoración integral del proceso.


El incidentista al referirse a la complejidad del proceso, indica que no reviste mayor dificultad ni complejidad, pues de la querella de 8 de julio de 2014 se evidencia que se trata de un proceso por Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del CP, por hechos en la solicitud y obtención de dineros y bienes a personas particulares hechos que no resultan complejos, al no haber sido realizados por interpósita persona, con la ayuda de medios tecnológicos, que no requiere más de la recepción de declaraciones de las víctimas y testigos; también se puede evidenciar por la imputación formal es de 28 de julio de 2015 y la acusación del 10 de agosto de 2016.


En relación a ello, evidentemente se trata de un proceso por Concusión por hechos  de solicitud y obtención de dineros y bienes a personas particulares, hechos que no fueron realizados por interpósita persona, con la ayuda de medios tecnológicos; empero, se evidencia que en la investigación no fueron suficientes las referidas declaraciones, por lo que se tuvo que complementar  las diligencias por 90 días, también el 25 de marzo de 2015 se efectuó una Inspección Ocular de conformidad a lo previsto en el art. 179 del CPP, pues se entiende como refiere el citado artículo que se efectuará aquel acto investigativo para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado el hecho criminal, además, el 7 de enero de 2015 se trató de llevar adelante un Careo conforme a la previsibilidad del art. 220 del CPP, siendo que este medio de prueba se aplica cuando exista contradicción en las declaraciones. De lo que se puede concluir que el excepcionista falta a la verdad al señalar que fueron suficientes tan solo las declaraciones, pues el Ministerio Público complementó las diligencias y consideró que existía la necesidad de comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado el hecho criminal y que existía contradicción en las declaraciones. El excepcionista en cuanto a la pluralidad de inculpados, señala que solo se le inculpó de la totalidad de los hechos querellados, siendo el co procesado Daniel Augusto Valdez Cox querellado por un sólo hecho y se emitió rechazo a su favor, aspecto que es evidente conforme se tiene que el inicio de investigaciones, la imputación formal y el rechazo. En relación a la pluralidad de agraviados, sólo se presentó como agraviada la Dirección General de Sustancias Controladas, cual se evidencia del cuaderno de control de investigación, el expediente de juicio y apelación restringida y el expediente original, de la revisión de la prueba se tiene por cierto lo manifestado por el excepcionista.


En relación a la actividad procesal del imputado, el impetrante indica que de la prueba consistente en el cuaderno de control de investigación, el expediente de juicio y apelación restringida y el expediente original, se evidencia que antes de la imputación formal y el rechazo, ninguno de los dos imputados realizó ningún acto dilatorio, ni indebido, al extremo que la Juez de Instrucción no emitió resolución alguna que manifieste el perjuicio al proceso.


De la revisión de la prueba se establece que antes de la imputación formal y el rechazo, ninguno de los imputados realizó ningún acto dilatorio, ni indebido; empero del acta de juicio oral se evidencia que el 8 y 17 de mayo, 7 y 16 de junio de 2017, las audiencias fueron suspendidas en razón de que el acusado se presentó sin su Abogado, señalándose nueva audiencia para el 26 de junio de 2017 ocasionando una demora en el proceso un mes y dieciocho días, sin soslayar la existencia de las solicitudes de suspensión por parte del  incidentista de 14 y 23 de junio de 2017.


La parte incidentista respecto a la conducta de las autoridades judiciales, señala que en cuanto a la insuficiencia o escases de Tribunales, de las pruebas consistentes en el cuaderno de control de investigación, el expediente de juicio y apelación restringida y el expediente original se evidencia que el Juzgado Tercero de Instrucción, el Tribunal Segundo de Sentencia y la Sala Penal Segunda, siempre fueron los mismos, no sufrieron renuncia de los juzgadores, ni declinaron competencia, no siendo razonable esgrimir en contrario argumento genérico referente a la escasez de Tribunales o Jueces a nivel nacional para la carga procesal existente. Lo relativo a la complejidad del régimen procesal, de las pruebas referidas anteriormente, se tiene que el proceso se tramitó en base a procedimiento común.


Al respecto este Tribunal Supremo puede evidenciar, que el excepcionista no presentó prueba idónea de conformidad al art. 314 del CPP, pues debió ofrecer prueba idónea y pertinente, para crear el convencimiento sobre dichos argumentos; y no así prueba genérica que no llega a demostrar de manera idónea lo aseverado por el incidentista.


En consecuencia, por todo lo considerado, es decir, por: i) no considerar la existencia de actuados que justifican la ampliación de la fase preliminar; ii) no ofrecer prueba idónea y pertinente; iii) las circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia; iv) la contribución a la demora en la resolución del proceso penal, corresponde que la excepción sujeta al presente análisis, sea declarada infundada de acuerdo al parágrafo I del art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en mérito al párrafo tercero del art. 44 del CPP, declara INFUNDADA la Excepción de Extinción de la Acción Penal por duración máxima del proceso, interpuesta por Nelson Arancibia Amador, con costas conforme lo dispuesto por el art. 268 del CPP, con los efectos previstos por el art. 315.III del CPP.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente resolución no es recurrible, debiendo notificarse a los sujetos procesales conforme al art. 163 del CPP.


Regístrese, hágase conocer y devuélvase.



Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela