TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 039/2019-RRC

Sucre, 04 de febrero de 2019


Expediente                        : Tarija 23/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Marco Antonio Villagrán Castillo

Delito                        : Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente

Magistrado Relator        : Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Mediante memorial presentado el 4 de junio de 2018, cursante de fs. 288 a 315, Marco Antonio Villagrán Castillo, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 39/2018 de 17 de mayo, de fs. 275 a 277 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Wilson Maldonado Balderrama y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), con la modificación establecida en la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia (Ley 348 de 9 de marzo de 2013).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 05/2016 de 3 de mayo (fs. 198 a 202 vta.), el Tribunal de Sentencia de Villa Montes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Marco Antonio Villagrán Castillo, autor y culpable de la comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, con la modificación de la Ley 348, imponiendo la pena de veinte años de presidio, con costas al Estado y pago de daños y perjuicios a favor de la víctima.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Marco Antonio Villagrán Castillo (fs. 210 a 228 vta.), y el acusador particular Wilson Maldonado Balderrama (fs. 230 a 232), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 39/2018 de 17 de mayo, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, con costas y daños a calificarse en ejecución del fallo, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 674/2018-RA de 14 de agosto, se admitió los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

El recurrente denuncia que, en su recurso de apelación fundamentó como agravio la falta de motivación de la Sentencia en los apartados II y II.1, y nunca indicó como agravio el defecto previsto en el art. 370 inc. 3) del CPP, relativo a la falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, afirmando por ello que en el apartado II.1 del Auto de Vista impugnado existió un pronunciamiento inmotivado e incongruente; advirtiendo la misma circunstancia en el apartado II.2 donde el Auto de Vista cuestionado se pronunció respecto a la fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, lo que tampoco había invocado en la apelación restringida.


Asimismo señala, que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de motivación ya que, en los apartados II y II.1 de su recurso de apelación restringida indicó la falta de motivación de la Sentencia en sus requisitos de ser expresa, clara, legítima, completa y lógica en diferentes apartados; sin embargo, el Tribunal de apelación no se pronunció de manera separada y específica respecto a la inexistencia de motivación de la Sentencia o la falta del requisito de ser “expresa”, no obstante de haber sido alegado como agravio, denotando en el Considerando II.1 de la Resolución recurrida una simple remisión a los antecedentes que configuran la Sentencia y una simple relación de hechos, sin pronunciamiento específico en relación a lo argumentado en el recurso.


Refiere, que el Auto de Vista impugnado es contradictorio al Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, invocado en su recurso de apelación restringida; asimismo, de la misma manera contrario a los Autos Supremos 218/2014-RRC de 4 de junio, 14 de 26 de enero de 2007 y 86/2013 de 26 de marzo.


  1. Refiere, que el Auto de Vista impugnado incurrió en ausencia de motivación con relación al apartado II.1.1.3 de su recurso de apelación restringida, ya que, el Tribunal de Sentencia no consideró ni valoró la contradicción de las declaraciones testificales de la Psicóloga Teodolinda Morales y el Informe del asignado al caso (MP-5), con las declaraciones de la madre Josefa Antelo que habrían referido que la víctima al momento de ser encontrada con el arma, ésta manifestó que la llevó por una apuesta que hizo con las compañeras, contradicción que afectaría a la validez intrínseca de las pruebas, y cuya ausencia de motivación afectaría a la Sentencia por carecer del requisito de ser legítima, concluyendo que, la Resolución recurrida no se pronunció con relación a este defecto.  


       Señala que, el Auto de Vista recurrido sería contradictorio a los Autos Supremos 065/2012-RA de 19 de abril (invocado en la apelación restringida), 342 de 28 de agosto de 2006 y 86/2013 de 26 de marzo.


  1. Denuncia ausencia de motivación en el Auto de Vista recurrido, respecto del apartado II.1.1.4 de su recurso de apelación restringida referido a que la Sentencia carecería de motivación porque no cumpliría con el requisito de ser “completa”, omitiendo una respuesta específica, resultándole contradictorio a los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 (invocado en la apelación restringida), y 5 de 26 de enero de 2007.


       Refiere que, en la especie se alegó que la Sentencia carecería de motivación porque no cumpliría el requisito en cuanto a su contenido de ser “completa”, debido a que no se pronunció sobre la comprobación y confirmación absoluta de la existencia de acceso carnal, extrañando la exposición de los motivos sobre una cuestión decisiva como es la subsunción del hecho al tipo penal acusado, o los elementos constitutivos del tipo penal, obviándose la declaración de los médicos forenses y los informes médico legales detallados en el recurso de apelación, ocurriendo lo mismo en el Auto de Vista que incurrió en falta de consideración y respuesta al contenido de éste apartado denunciado como agravio en el recurso de apelación, generando contradicción con el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo.


  1. Aduce que no se consideró ni resolvió el agravio contenido en el apartado II.1.5 de su recurso de apelación restringida referido a la inexistencia de motivación de la Sentencia por carecer ésta del requisito de la lógica, denunciando ausencia de motivación derivada de la inobservancia o transgresión a las reglas de la sana crítica en las leyes de la lógica, que no ameritó pronunciamiento de manera específica, puntual y precisa por el Tribunal de apelación, considerándolo como un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, reiterando además que nunca se planteó como agravio la fundamentación insuficiente, habiéndose planteado la inexistencia de motivación además de la contradicción en las declaraciones de los testigos con la documental, lo cual debió ser valorada por el Tribunal de Sentencia, llegando a confundir los agravios el Tribunal de apelación, pronunciándose respecto a agravios no invocados.


       Arguyendo un desconocimiento del deber de ejercer el “control de logicidad del fallo sentencial” por parte del Tribunal de apelación, contraviniendo los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 214 de 28 de marzo de 2007, 5 de 26 de enero de 2007 y 86/2013 de 26 de marzo, concluyendo que el Auto de Vista cuestionado no dio respuesta puntual, precisa y específica a todos los agravios del recurso de apelación restringida, limitándose a realizar una relación de hechos y a transcribir fragmentos de la Sentencia, contraviniendo en éste caso el Auto Supremo 14 de 26 de enero de 2007.


  1. Advierte ausencia de motivación respecto del agravio contenido en el apartado II.1.2 de su recurso de apelación restringida, referido a la falta de motivación con relación a la inexistencia de subsunción del hecho y falta de tipicidad, arguyendo una ausencia de exposición de los motivos que justifiquen la convicción del Juez en cuanto al hecho, limitándose el Tribunal de apelación a realizar una relación de hechos, una transcripción fragmentada de la Sentencia, una alusión a la prueba rendida, sin expresar un criterio propio respecto a este agravio y sin realizar un proceso de subsunción aplicando el principio de tipicidad, contraviniendo todos los precedentes jurisprudenciales precitados, careciendo el Auto de Vista impugnado de los requisitos de ser expreso, completo, legítimo y lógico que hacen a la motivación.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, determinando que el Tribunal de alzada emita nueva Resolución, ordenando la reposición del juicio.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 674/2018-RA de 14 de agosto, de fs. 323 a 326 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el imputado Marco Antonio Villagrán Castillo, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 05/2016 de 3 de mayo, el Tribunal de Sentencia de Villa Montes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Marco Antonio Villagrán Castillo, autor y culpable de la comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, imponiendo la pena de veinte años de presidio, con costas al Estado y pago de daños y perjuicios a favor de la víctima, bajo las siguientes conclusiones:


  1. Que la víctima al momento que refiere la denuncia contaba con 11 años de edad el 2013 y 12 años de edad del 2014, aspecto demostrado con la prueba documental MP-4, consistente en el certificado de nacimiento.


  1. Que del certificado médico legal, además del testimonio dado en audiencia de juicio, al examen físico general de 14 de noviembre de 2014, se observó membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua en hora 4 y horas 10, sin poder establecer la causa de dicho desgarro.


  1. De la declaración de la menor víctima prestada en audiencia de juicio oral, indica que fue el acusado el que la abusó por varias veces, del testimonio de la psicóloga de la Defensoría manifestó que el primer momento en el que habló con la menor era en la Unidad Educativa Julio Crevaux donde llaman a la defensoría indicando que había una menor que estaba portando arma de fuego, que por ese motivo se dirigió ahí, se entrevistó con la menor en tres oportunidades, ese día fue al colegio, que la mima hizo referencia que la habían llevado a la dirección porque tenía un arma de fuego en su mochila y le explica cómo sacó el arma, de cómo se reúne con sus compañeras de colegio, que el arma llevó por un juego que tenían entre ellas, de quien llevaba el arma más peligrosa, ello para ser la líder del grupo. Por horas de la tarde en una nueva entrevista refiere que fue abusada sexualmente por el negro Villagrán para no comprometer a sus amigas y que sus padres no tenían conocimiento de ello y se pasó al Ministerio Público. Por su parte la madre de la menor manifestó que se enteró el 14 de noviembre de 2014, cuando bajó al colegio de su hija ingresó vio policías y a su hija sentada, no recuerda quien le dijo que su hija tenía un arma, le preguntó a la misma que le pasaba, ella le dijo que llevó el arma para matarlo al negro Villagrán porque la violó.


  1. El testimonio del policía asignado al caso Isaías Velásquez manifestó que el 14 de noviembre de 2014 a horas 11:52 aproximadamente al llamado del colegio Julio Crevaux, se constituye en dicha unidad en el lugar constata la presencia de una menor de doce años de edad y el arma de fuego que estaba en la mochila de la menor, posteriormente la menor fue trasladada a la dirección donde se le quita el arma y de esa manera su persona la entrevista, estando su madre y la defensoría, al preguntarle porqué portaba el arma de fuego, la menor respondió que era para matar al negro Villagrán porque había abusado sexualmente de ella.


  1. Está demostrado por toda la prueba documental y testifical de cargo, así no haya testigos presenciales, al margen de la víctima, que la menor víctima ha sido posiblemente abusada sexualmente desde el 2013, cuando se encontraba en la casa con su hermana, quien aprovechando que su madre la dejaba en la vivienda donde vivía el acusado con su hermana y su hijo.


Que en el presente caso se ha probado que la víctima al momento de los hechos contaba con 11 años de edad, que ha existido acceso carnal y que el acusado es responsable del mismo.


II.2.        Del recurso de apelación restringida del imputado.


       Notificado con la Sentencia, Marco Antonio Villagrán Castillo interpone recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos, vinculados a los motivos de casación:

II.        “EXPRESIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE AGRAVIOS”.


II.1. Vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por inexistente fundamentación y motivación de la Sentencia, por inobservancia del art. 124 del CPP, que se constituye en defecto absoluto de acuerdo al art. 169 inc. 3) del CPP y en defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; manifiesta que el Tribunal de juicio incumplió la motivación y fundamentación ya que le resulta incompleta, no le resulta expresa, clara y no cumple con las reglas de la logicidad.


II.1.1. “EXAMEN DE LA SENTENCIA Y FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE LOS REQUISITOS DE LA MOTIVACIÓN”, citando al autor Fernando de la Rúa refiere que determinó que la motivación está sujeta a cierta forma y debe tener cierto contenido, en cuanto a ello la motivación debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.


II.1.1.2. “INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE SER EXPRESA LA MOTIVACIÓN”, manifiesta que la Sentencia en el apartado IV valoración de la prueba y votos del Tribunal acerca de los motivos de hecho y de derecho, evidencia que incumplió “esa tarea”, ya que únicamente se avocó a suplir la motivación por una remisión y descripción a otros actos y a las constancias del proceso, ya que en todos los puntos del apartado, en el que supuestamente realiza una valoración tan solo se limitó a describir la prueba testifical y documental; no obstante, de ser contradictorias e invalidas las declaraciones y testificales y prueba documental, omitiendo la Sentencia establecer cuál el valor probatorio de las declaraciones testificales sin son creíbles y por qué; toda vez, que las testigos de cargo Josefa Antelo en su declaración se contradijo con la testigo Teolinda Morales Aban Psicóloga de la Defensoría de la Niñez de Villa Montes, pues la menor en  ningún momento señaló que cuando se encontraba en el colegio, que fue abusada sexualmente por el negro Villagrán y que llevó el arma para matarlo; sino, que fue por un juego o apuesta realizada con sus compañeras para ser líder del grupo. También incurre en contradicción la declaración del asignado al caso Isaías Velásquez ya que afirmó que la adolescente cuando se encontraba en el colegio dijo que la llevó por un juego y apuesta que hizo con sus compañeras de colegio; no obstante, el Tribunal de mérito dictó Sentencia que no es expresa ante la falta de exposición de argumentos propios respecto a la prueba de cargo decisiva y sobre la cual se sustenta el fallo, comprobándose que no se consignó las razones que determinan la condena, realizándose una simple relación de la causa; además, que la Sentencia no expresa el razonamiento del Tribunal, ni en el camino intelectual llamado iter lógico, limitándose a realizar una mera relación de las declaraciones de los testigos en el juicio, del perito y de la prueba documental, evidenciándose la falta de motivación en su contenido expresa


       II.1.1.3. “INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE LA MOTIVACIÓN DE SER LEGITIMA”; toda vez, que la Sentencia se funda en declaraciones testificales de cargo absolutamente contradictorias, por tanto inválidas e ilegales, ya que, Josefa Antelo madre de la víctima se contradice con la declaración de la testigo de cargo Teolinda Morales Aban Psicóloga de la Defensoría de la Niñez de Villa Montes, pues de la versión de ésta última se tiene que la menor en ningún momento dijo que cuando se encontraba en el colegio, fue abusada sexualmente por el negro Villagrán y que llevó el arma para matarlo; sino, que señaló que llevó el arma por un juego o apuesta realizada con sus compañeras para ser líder del grupo; existiendo también contradicción de la declaración de Teolinda Morales Aban con la declaración del policía asignado al caso Isaías Velásquez que desconoce y se contraria a sí mismo, ya que, en otra prueba documental de cargo consistente en su informe afirmó que la adolescente cuando se encontraba en el colegio dijo que el arma fue llevada por un juego y apuesta que hizo con sus compañeras de colegio; no obstante, de esas contradicciones se emitió fallo que carece del elemento de ser legítima, ya que, fundada en declaraciones falsas no puede reputarse como adherida al marco de la legalidad, pues empleando el método de la exclusión mental hipotética, tiene que de no valerse las declaraciones, no existiría prueba alguna de la supuesta autoría y culpabilidad, por lo que la sentencia en su fundamentación es ilegítima.


       II.1.1.4. “INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE LA MOTIVACIÓN DE SER COMPLETA”; citando la obra del tratadista Fernando de la Rúa en su libro la Casación Penal, refiere que la Sentencia carece del requisito de ser completa debido a que omitió la exposición de los motivos sobre la subsunción del hecho al tipo penal acusado; es decir, a los aspectos constitutivos del tipo penal acusado, puesto que, para la determinación de la existencia del delito de Violación es indispensable la comprobación de un hecho principal en este caso el acceso carnal, además que ese hecho principal se constituye a su vez en un elemento constitutivo del tipo penal, que se instituye en un punto decisivo y en una cuestión fundamental que debe ser valorada y comprobada por el Tribunal de juicio, debiendo para ello expresar una valoración respecto a la prueba que indica el hecho principal, aspecto que fue desconocido por la Sentencia ya que no acompañó valoración alguna a la prueba testifical expresada a través de los médicos forenses quienes alegaron que no se pudo establecer la causa del desgarro y que para comprobar si se debió a acceso carnal y agresión sexual, se debió realizar pruebas en ADN en un laboratorio de genética; además el propio Tribunal refiere “QUE LA MENOR VMA, HA SIDO POSIBLEMENTE ABUSADA SEXUALMENTE”, lo que le significa que existiría una probable responsabilidad penal por parte del acusado, ya que el propio Tribunal no cuenta con certeza absoluta de la existencia del delito, por lo que no le resulta completa.


II.1.1.5. “INEXISTENCIA DE MOTIVACIÓN POR CARECER LA SENTENCIA DEL REQUISITO DE LA LOGICA´”; Previa explicación doctrinaria afirma, que las leyes de la lógica son la coherencia y la derivación; así refiere: a) Inexistencia de la Ley de Coherencia que se constituye en una Ley de la lógica; ya que, la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que preside el entendimiento y pensamiento humano por lo que deberá contar con las siguientes características: ser coherente, no contradictorias; e, inequívocas. Bajo el título “ELEMENTOS DE RACIOCINIO O ELEMENTOS DE PRUEBA DE LA SENTENCIA”, manifiesta que son la prueba testifical consistente en las declaraciones de los médicos forenses Weimar Soruco Vaca, Walter Flores Espinoza, que de la prueba documental consistente en certificado médico forense, el Tribunal de mérito concluye la existencia de la Violación atribuyéndole la autoría a sabiendas de que no se realizó examen genético de ADN. Añade, que la afirmación no es inequívoca ya que los elementos de prueba dejaron dudas sobre la existencia de un desgarro a causa de acceso carnal o agresión sexual, por lo que la conclusión de Violación le resulta incierta, evidenciándose de la propia Sentencia que en el acápite “IV. VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y VOTOS DEL TRIBUNAL ACERCA DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO” señaló que la menor ha sido posiblemente abusada sexualmente, existiendo para el Tribunal de origen probable responsabilidad penal, lo que demuestra que no se cumplió con el componente de la coherencia que es la congruencia, ya que, la afirmación del Tribunal de juicio de que existió violación a causa de acceso carnal no guarda correlación y concordancia con lo expresado en la prueba literal y testifical, transgrediéndose la “ley coherencia” como “ley de la logicidad”, quedando duda del alcance de la afirmación de su culpabilidad, ya que, la Sentencia adolece de logicidad, lo que degenera en una ausencia y falta de motivación; b) Inexistencia de motivación por vulneración de la Ley de “derivación” como regla de la lógica; previa explicación de la derivación a través del autor Fernando de la Rúa refiere que la motivación debe ser concordante y para que esa concordancia pueda existir el razonamiento debe derivar de elementos verdaderos; es decir, que la motivación debe ser verdadera se viola esta regla cuando se basa en elementos probatorios inexistentes o falseados en su contenido o significado; asimismo la motivación debe ser suficiente; no obstante, la Sentencia carece de logicidad al vulnerar la derivación, ya que, no existe concordancia puesto que el razonamiento o la convicción de que existió acceso carnal como  hecho constitutivo del delito de Violación no deriva de elementos verdaderos y suficientes, máxime si se requiere de prueba científica de ADN para determinar si hubo acceso carnal, basándose dicha afirmación en elementos probatorios inexistentes en su contenido debido a que las declaraciones de los médicos forenses refieren que la única manera de saber si hubo acceso carnal o relación sexual es a través de un análisis de ADN lo que nunca se realizó no obstante de haberse tomado las muestras por el Ministerio Público, significando que se realizó una falsa motivación de la Sentencia, no respetando el “principio de la razón suficiente”, puesto que, de los informes médicos no existe prueba de la cual derive o se deduzca la conclusión de acceso carnal, no siendo el razonamiento del Tribunal verdadero, concordante y suficiente ya que se sustenta en prueba inexistente. Añade, que la motivación para ser derivada y ajustada dentro de la lógica debe ser suficiente y respetar el principio de razón suficiente, que significa que debe estar constituida por elementos aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto o probable sobre el hecho, lo que en su caso no sucede.


II.1.2. “VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO (ART.117) DE LA CPE, POR INEXISTENCIA DE MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA POR INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD”; citando al tratadista Fernando de la Rúa en su libro la Casación Penal y los Autos Supremos 21 de 26 de enero de 2007, 236 de 7 de marzo de 2007 y 724 de 26 de noviembre de 2004, refiere que el Tribunal de mérito debió partir de los hechos, describirlos de manera específica y de manera cronológica en cuanto a sus sucesiones en el tiempo; describir la prueba que su vez se constituye en respaldo de los hechos constitutivos del delito; y, realizar el proceso de subsunción; en su caso el núcleo del tipo penal que es el acceso carnal no fue descrito, partiendo de la prueba ya que la misma Sentencia en el numeral 2 del apartado IV establece, sin poder establecer la causa de dicho desgarro, así como lo expresado por los médicos forenses, no dando el fallo razones sobre los elementos introducidos en el proceso, lo que le es, no dar razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la Sentencia, que en su apartado IV denominado Valoración de la prueba y votos del Tribunal acerca de los motivos de hecho y de derecho, observa ausencia de motivación fáctica, probatoria y jurídica comprendida en la subsunción de los hechos al tipo penal por el que fue condenado, limitándose la Sentencia a consignar citas parciales y fragmentadas de doctrina sin que haya cumplido la obligación de realizar una subsunción de los hechos que supuestamente fueren desplegados por su persona; asimismo la Resolución en su apartado fundamentación jurídica se limitó a consignar citas doctrinales y legales sin conexión lógica con los hechos y el tipo penal acusado, sin indicar el artículo en el que se encuentra el delito, para determinar los elementos constitutivos de ese delito y partir de ahí para determinar la subsunción de los hechos desplegados por su conducta a los elementos del delito.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija a través del Auto de Vista impugnado, declaró sin lugar los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia; bajo los siguientes argumentos, vinculados a los motivos de casación:


  1. Que el acusado refiere como agravio defecto fundado en el art. 370 incs. 3) y 5) del CPP. En atención al defecto de Sentencia invocado, falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada previsto por el art. 370 inc. 3) del CPP, con relación a la subsunción del hecho al tipo penal atribuido el apelante refiere, que el Tribunal no realizó el más mínimo análisis de en qué consistió la supuesta conducta dolosa en el delito por el cual fue condenado; al respecto cabe referir que el Tribunal de origen realizó una relación circunstanciada de los hechos expuestos por el Ministerio Público en su pliego acusatorio en el que hizo concreta referencia a la comisión del delito de Violación Nino, Niña o Adolescente, teniéndose de esa manera que el Tribunal de mérito con el voto unánime de sus miembros llegó a la conclusión de que los hechos ocurrieron conforme al pliego acusatorio. En ese contexto la calificación del delito constituye parte fundamental del principio de tipicidad que debe ser siempre observado al momento de la emisión de la Sentencia, porque es una obligación fundamental del Órgano Jurisdiccional el garantizar la aplicación debida de la Ley penal sustantiva en la labor de encuadrar la conducta del imputado al marco descriptivo penal, tarea subsuntiva que debe además encontrarse debidamente motivada, explicando las razones por la que determina que la conducta se adecua al tipo penal para sustentar la consiguiente punición legal. Que en la Sentencia se evidencia, que adecuó el hecho ilícito al tipo penal de manera correcta; toda vez, que consideró el hecho de que la víctima menor de edad, según denuncia desde sus 11 años fue objeto de agresión sexual por parte del imputado, desde el mes de junio y julio de 2013 y que según refiere el certificado médico legal se ha observado membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua, constituyen las circunstancias que fue tomado en cuenta para subsumir la conducta al tipo penal referido en el art. 308 Bis del CP.


  1. En cuanto a la supuesta fundamentación insuficiente y contradictoria, no basta su mera alegación para conceptuarla como cierta, efectivamente se trata de una de las garantías mínimas del debido proceso en ese sentido el Auto Supremo 65/2012-RA de 19 de abril estableció que la fundamentación de las resoluciones en materia penal exige de parte del Juez o Tribunal de mérito desarrolle una actividad fundamentadora del fallo que comprende varios momentos a saber: la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica. En los de la materia los hechos que quedaron sentados en Sentencia dan cuenta de la existencia del hecho acusado, puesto que la víctima menor de edad en su declaración presentada en juicio oral, indica que el acusado abusó de ella varias veces, aspecto fáctico corroborado con el certificado médico legal introducido a juicio y que documentalmente fue incorporado signado como prueba MP-2 donde se observó membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua, que no merecieron cuestionamiento, constituyendo soporte estructural sobre el que el Tribunal de origen realizó la tarea de subsunción de la conducta denotada por el imputado, para encuadrar al tipo penal de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente e imponer condena; toda vez, que el Tribunal de mérito no tiene dudas del hecho ocurrido y de la culpabilidad del acusado, dado que en la última parte del punto IV. Valoración de la prueba y votos del Tribunal acerca de los motivos de hecho y derecho señaló “La violación a Niña prevista en el Art. 308 Bis del CPP, no exige la presencia de la fuerza física o intimidación para la adecuación de la conducta al tipo, bastando para darse la tipicidad el acceso carnal con persona menor de 14 años, que en el presente caso ya se ha probado que la víctima al momento de los hechos contaba con 11 años de edad, que ha existido acceso carnal y que el acusado es reprochable de los mismos, adecuándose así s conducta al delito previsto y sancionado en el referido Art. 308 Bis del CPP, (…), por ello los miembros del Tribunal han creado convicción plena con certeza absoluta y sin lugar a dudas que el hecho acusado de violación existió y que Marco Antonio Villagrán Castillo es responsable del mismo en grado de autor, por lo que merece sanción”.


  1. Respecto a la valoración de las declaraciones testificales, de la revisión de la Sentencia, tiene que el Tribunal de mérito hace una relación de las declaraciones prestadas por la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Teolinda Morales Aban, de la madre de la víctima Josefa Antelo Galarza del policía asignado al caso Isaías Velásquez Segovia, mismas que son coincidentes en relación a las circunstancias que llevaron a descubrir el hecho acusado; toda vez, que los testigos de cargo refieren que la víctima menor de edad, al ser descubierta con el arma de fuego en el colegio, indicó que llevó dicha arma para matar al negro Villagrán porque él la violó. Tiene que la origen cumple con la motivación que se exige de parte del Tribunal de juicio de desarrollar una actividad fundamentadora o motivadora que comprende varios momentos que son la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica; toda vez, que se cuenta con la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos y probados con claridad y precisión, la transcripción sintética pero completa del contenido de la prueba y la valoración de los elementos de juicio introducidos a juicio, la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado; en consecuencia, colige que el fallo se ajusta a la exigencia del art. 124 del CPP; toda vez, que el Tribunal de juicio, hace una valoración lógico jurídico de todos los elementos de prueba introducidos a juicio tanto de la prueba testifical como la documental de acuerdo al prudente arbitrio y a las reglas de la sana crítica, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida de conformidad al art. 173 del CPP, teniéndose por cumplidas las reglas de la lógica en el marco de la equidad y la justicia como imperativos esenciales de una decisión jurisdiccional de la envergadura de una Sentencia penal.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente caso, este Tribunal admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista recurrido: i) incurrió en un pronunciamiento inmotivado e incongruente en sus apartados II.1 y II.2, respecto a sus motivos II y II.1 de su recurso de apelación restringida; ii) incurrió en ausencia de motivación respecto al punto II.1.1.3 de su recurso de apelación restringida; iii) incurrió en ausencia de motivación en relación al punto II.1.1.4 de su recurso de apelación restringida; iv)  no consideró, no resolvió su agravio contenido en el apartado II.1.5 de su recurso de apelación restringida; y, v) incurrió ausencia de motivación en relación a su reclamo contenido en el punto II.1.2 de su recurso de apelación restringida; consecuentemente, corresponde resolver las problemáticas planteadas mediante la labor de contraste.


III.1. De los precedentes invocados.


Respecto al primer motivo concerniente al pronunciamiento inmotivado e incongruente, invocó el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión, Usurpación agravada y Daño Simple, en el que constató que las Resoluciones inferiores fueron emitidas sin la debida motivación, incumpliendo la obligación prevista por el art. 124 del CPP; aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “Las resoluciones, para ser válidas, deben ser motivadas. Esta exigencia constituye una garantía constitucional, no sólo para el acusado sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia.


La exigencia de motivación constituye una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al juez el material necesario para ejercer su control, y sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


En virtud de éstas razones, la ley procesal consagra la exigencia de motivación de las sentencias, amenazando la infracción a dicha regla, con la nulidad conforme reza el artículo 370.5) Código de Procedimiento Penal.


La motivación, a la vez que un requisito formal, que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico (Claría Olmedo). Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los "considerandos" de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución.


La motivación debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.


a) Expresa: Porque el juez, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan la condena o a la absolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: En la sentencia, el objeto del pensar jurídico debe estar notoriamente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la lean, aún sea por los legos.


c) Completa: La exigencia comprende a todas las cuestiones fundamentales de la causa y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar y habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los motivos sobre un punto esencial de la decisión.


Esto no implica que los hechos secundarios queden excluidos; la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprende el iter a través del cual el juez llega a la conclusión sobre el hecho principal. El error sobre el hecho secundario será relevante sólo en la medida en que repercuta o influya sobre el asunto principal.

La motivación, para ser completa, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y expresando las conclusiones a las que arribe el Tribunal luego de un examen sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal y sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de su aplicación.

d) Legítima: La legitimidad de la motivación se refiere tanto a la validez intrínseca de las pruebas valoradas en la sentencia, como a que ellas provengan del debate. La prueba invocada debe ser válida. La sentencia que se funde en prueba ilegal es una sentencia ilegalmente motivada. Por lo tanto, la sentencia que se funda en una prueba procesalmente ilegítima, no esta debidamente motivada. Si el defecto recae sobre un aspecto esencial de sentencia, procederá la anulación de ésta.

También, por supuesto, será ilegítima la motivación si se funda en prueba obtenida por un procedimiento ilegítimo y violatorio de las normas constitucionales que consagran las garantías del debido proceso.

Al respecto, señala Maier: "...que a la verdad solo se puede arribar por los medios y en la forma que la ley permite; que, de haberse incorporado al procedimiento un elemento de prueba mediante un acto irregular o mediante un acto regular, cuya posibilidad de realización provenga necesaria y directamente del conocimiento adquirido por un acto irregular, él es invalorable para fundar una decisión judicial en perjuicio del imputado".

e) Lógica: Finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión, es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.

También invocó, el Auto Supremo 218/2014-RRC de 4 de junio, que fue dictado por la Sala Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, que en el fondo fue declarado infundado; consecuentemente, no sentó doctrina legal aplicable que pudiera ser contrastado con el motivo sujeto a análisis, aspecto por el que no será considerado.

El Auto Supremo 14 de 26 de enero de 2007, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Estelionato, en el que constató que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación intelectiva; puesto que, a tiempo de resolver el recurso de apelación interpuesto se había limitado a transcribir en los tres primeros considerandos, los antecedentes del proceso, el razonamiento del Tribunal de origen y las alegaciones impugnadas por las partes, y en el cuarto considerando se limitó a una relación de normas legales, lo que no suple la debida fundamentación, situación por el que fue dejado sin efecto, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “Si una sentencia cumple con la garantía de la debida motivación, una sentencia sustentada en argumentos claros cumple además con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia en este caso mediante los recursos -si los hay-, y la de garantizar el derecho a la información, pues una sentencia obscura a disposición del público permite el acceso a la información, pero una sentencia que es clara lo garantiza, lo hace realmente efectivo, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador sentenció de una determinada manera un juicio.

De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que se limiten a transcribir los antecedentes procesales, los criterios del juzgador expuestos en la resolución en análisis, los fundamentos de las partes o a hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, seguido por el juzgador a efecto de arribar a determinada conclusión, cumpliendo de esa manera con la previsión del artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y asegurando la efectividad de una amplia gama de derechos constitucionales”.

Finalmente invocó el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, que fue dictado por la Sala Penal Primera de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Aborto Seguido de Muerte, en el que constató que el Tribunal de Alzada no cumplió con su obligación de pronunciarse puntualmente sobre el motivo de apelación denunciado; toda vez, que en ninguno de los acápites de la resolución impugnada, encontró fundamento que respalde las conclusiones a las que arribó, lo que infringe los arts. 124 y 169 inc. 3) del CPP, situación por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista, estableciéndose la siguiente doctrina legal aplicable: “La garantía del debido proceso, consagrada en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen en apego a los valores de justicia e igualdad, se vulnera y, con ella la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica cuando se infringe el derecho a la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales que establece que toda resolución expedida por autoridad judicial o administrativa necesariamente tiene que encontrarse adecuadamente fundamentada y motivada.

En alzada, conforme ha establecido la amplia doctrina emanada por el Máximo Tribunal de Justicia, los Tribunales a momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa, y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen es estado de indeterminación a las partes por ser vulneratorias del debido proceso en sus elementos derecho a la motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica  y al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, pues no es fundamentación suficiente la simple remisión a obrados o cita de alguna parte del proceso, doctrina y/o jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicación razonada del  nexo entre la normativa legal y lo resuelto; es decir, el Tribunal de Apelación debe plasmar el por qué del decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio.

En consecuencia, una vez mas se deja establecido que el Tribunal de Apelación, a momento de resolver el o los recursos interpuestos, esta obligado constitucionalmente (parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado) a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro los límites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo a cada recurso por separado o en conjunto cuando las denuncias estén vinculadas, dejando conocer claramente a cada recurrente la parte de la resolución que responde a cada pretensión; además, debe fundamentar y motivar sus conclusiones respecto a cada una de las alegaciones, las que inicialmente podrían clasificarse por motivo alegado, resumiendo y describiendo cada una de ellas por separado o de forma conjunta si estuvieran vinculadas (aclarando ese aspecto), con la finalidad de expresar los fundamentos y la motivación de la resolución de manera ordenada, lo contrario implica incurrir en defecto inconvalidable o insubsanable, al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, pues todo acto que vulnere derechos y/o garantías constitucionales, cuyo resultado dañoso no se enmarquen a la salvedad dispuesta en el artículo 167 de la misma norma legal, deriva en defecto absoluto y corresponde renovar el acto”.

De los precedentes primero, tercero; y, cuarto invocados, se tiene que resolvieron una temática procesal similar a la que denuncia ahora el recurrente; en cuyo efecto, corresponde ingresar al análisis del reclamo.


En cuanto al segundo motivo, referente a la ausencia de motivación del Auto de Vista recurrido invocó el Auto Supremo 65/2012-RA de 19 de abril, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, en el que constató que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida convalidó la Sentencia sin ejercer el correcto control de verificación de la motivación del fallo; aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido; no obstante, no será considerado, puesto que, la problemática analizada difiere de la ahora planteada.


El Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión, Usurpación Agravada y Daño Simple, en el que constató que las Resoluciones inferiores fueron emitidas sin la debida motivación, incumpliendo la obligación prevista por el art. 124 del CPP; aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido, cuya doctrina fue extractada a tiempo de referirnos al primer motivo.


Finalmente invocó el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, que fue dictado por la Sala Penal Primera de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Aborto Seguido de Muerte, en el que constató que el Auto de Vista no cumplió con su obligación de pronunciarse puntualmente sobre el motivo de apelación reclamado, incurriendo en una insuficiente e indebida fundamentación, situación por el que fue dejado sin efecto, cuya doctrina ya fue extractada.

De los precedentes segundo y tercero, se tiene que resolvieron temáticas procesales similar a la que denuncia ahora el recurrente; en cuyo efecto, corresponde ingresar al análisis del reclamo.


Respecto al tercer motivo, en el que acusa ausencia de motivación del Auto de Vista recurrido, por cuanto, incurrió en falta de consideración y respuesta, invocó el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, que conforme ya se señaló en los anteriores motivos, surgió ante la constatación de que las Resoluciones inferiores fueron emitidas sin la debida motivación, incumpliendo la obligación prevista por el art. 124 del CPP; aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido.


También invocó el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, en el que constató que el Auto de Vista no consideró la denuncia de la parte recurrente, incurriendo en incongruencia omisiva, situación por el que fue dejado sin efecto, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.

De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.

a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.

b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.

c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.

La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.

El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.

d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no esta debidamente motivada.

e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia.

Finalmente invocó el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, que conforme ya se extractó, surgió ante la constatación de que el Tribunal de Alzada no cumplió con su obligación de pronunciarse puntualmente sobre el motivo de apelación denunciado, incurriendo en una insuficiente e indebida fundamentación; aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido.


De los precedentes invocados, se tiene que resolvieron temáticas procesales similar a la que denuncia el recurrente concerniente a la falta de pronunciamiento; en cuyo efecto, corresponde ingresar al análisis del reclamo.


Con relación al cuarto motivo, referente a la que no se consideró ni se resolvió su reclamo, invocó el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, que conforme ya se señaló en los anteriores motivos, surgió ante la constatación de que las Resoluciones inferiores fueron emitidas sin la debida motivación, incumpliendo la obligación prevista por el art. 124 del CPP; aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido.


El Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Robo Agravado, en el que constató que el Auto de Vista omitió realizar un análisis congruente con los motivos del recurso de apelación restringida interpuesto, acudiendo a la relación de fórmulas o "muletillas", actividad que constituye en un vicio absoluto que atenta contra el derecho a la defensa y al debido proceso, puesto que, incumplió con su deber de dictar su resolución debidamente motivada, aspecto por el que fue dejado sin efecto sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.

El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una adecuada fundamentación de la sentencia lo que permite controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego.

Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.

Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.

El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.

Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.

El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.

Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.

Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.

Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez.

El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo.

El Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, en el que se constató que el Auto de Vista no consideró la denuncia de la parte recurrente, incurriendo en incongruencia omisiva, situación por el que fue dejado sin efecto; cuya doctrina fue extractada en el anterior motivo.

También invocó el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, que conforme ya se señaló, surgió ante la constatación de que el Auto de Vista no cumplió con su obligación de pronunciarse puntualmente sobre el motivo de apelación denunciado, incurriendo en una insuficiente e indebida fundamentación; aspecto por el que fue dejado sin efecto, cuya doctrina fue extractada a tiempo de referirnos al primer motivo.


Finalmente invocó el Auto Supremo 14 de 26 de enero de 2007, que fue dictada por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Estelionato, en el que constató que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación intelectiva; puesto que, a tiempo de resolver el recurso de apelación se había limitado a transcribir en los tres primeros considerandos, los antecedentes del proceso, el razonamiento del Tribunal de juicio y las alegaciones impugnadas por las partes, y en el cuarto considerando hizo una relación de normas legales, lo que no suple la debida fundamentación, situación por la que fue dejado sin efecto, cuya doctrina fue extractada a tiempo de referirnos al primer motivo.


De los precedentes invocados, se tiene que resolvieron temáticas procesales similar a la que denuncia el recurrente; en cuyo efecto, corresponde ingresar al análisis del reclamo.


Finalmente respecto al quinto motivo, en el que reclama ausencia de motivación del Auto de Vista recurrido, invocó los precedentes precitados, de los que se concluye, que resolvieron temáticas procesales similar a la que denuncia el recurrente referente a la ausencia de motivación; en cuyo efecto, corresponde ingresar al análisis del reclamo.


III.2. Actividad procesal defectuosa, nulidades procesales y principios que las rigen.

El régimen de nulidades procesales está sujeto a determinados principios, cuya observancia es obligatoria a tiempo de analizar si una actuación amerita ser anulada por constituirse en una actuación defectuosa no susceptible de convalidación, lesiva de derechos y garantías, para lo cual es preciso considerar lo establecido por esta Sala en el Auto Supremo 218/2015-RRC-L de 28 de mayo que señaló: En materia penal, las nulidades procesales se encuentran reguladas a partir del art. 167 al 170 del CPP, bajo el nomen iuris “ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA”, tiene como fin asegurar la efectivización de la garantía constitucional de defensa no sólo en juicio; sino, desde el inicio de las investigaciones hasta la última etapa del proceso; pues, busca castigar con eficacia los actos jurídicos llevados a cabo sin la observancia de requisitos legales establecidos para su validez. Para que se haga aplicable la sanción, es requisito indispensable que las partes, que pretendan la nulidad o se deje sin efecto un acto o resolución, impugnen las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con fundamento en el defecto que le causó agravio (art. 167 del CPP), de lo que se establece que únicamente se puede pretender la nulidad, cuando existe agravio cierto (ofrece certidumbre respecto al perjuicio efectivo que ocasionado) e irreparable (que tenga como único remedio la nulidad del acto o fallo). Respecto a la finalidad de las nulidades, Luis Maurino sostiene que “las nulidades procesales  tienen como misión esencial enmendar perjuicios efectivos que, surgidos de la desviación de las reglas del proceso, pueden generar indefensión” (Maurino, Luis: Nulidades Procesales, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2001, pag. 44).


Sin embargo, respecto a lo anterior, es importante tomar en cuenta que el derecho procesal, está conformado por un conjunto de formas diseñadas por el legislador, con la finalidad de desarrollar los procesos; el apartamiento de esas formas, siempre que sean necesarias, puede tener como sanción la nulidad, debiendo distinguirse en consecuencia las formas esenciales que buscan la efectivización de derechos y garantías de las que implican mera formalidad; para ello, el régimen de nulidades se encuentra regulado por principios que guían a la autoridad jurisdiccional en su objetivo de impartir justicia y que le permite, en algunos casos, dejar pasar el incumplimiento de ciertos formalismos por su irrelevancia frente a los demás derechos y garantías protegidos; pues lo contrario, se constituirían en simples actos dilatorios.


En cuanto a los principios que rigen las nulidades, este Máximo Tribunal de Justicia, desarrolló amplia doctrina, así el Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de octubre, precisó:


“El principio de legalidad o especificidad, señala, no hay  nulidad sin texto (pas de nullite sans texte); es decir, que el acto procesal irregular reclamado, debe estar castigado con nulidad de manera expresa en la ley, no siendo suficiente que la ley procesal establezca ciertas formalidades, y que ante su omisión o incumplimiento, se produzca la nulidad, sino, ella debe estar específicamente predeterminada en aquella Ley.


(…)


El principio de trascendencia (pas nullite sans grief), que significa que “no hay nulidad sin perjuicio”; es decir, que únicamente es posible declarar la nulidad, cuando los defectos procedimentales denunciados provoquen un daño de tal magnitud que dejen en indefensión material a las partes y sea determinante para la decisión adoptada en el proceso judicial, debiendo quedar claro que de no haberse producido dicho defecto, el resultado sería otro, o que el vicio impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido. Para que opere la nulidad (art. 169 del CPP), quien la solicite debe: i)  Alegar el perjuicio o daño, señalando de forma clara, cuál el acto que no pudo realizar o que se realizó incumpliendo las formas procesales, no resultando suficiente una invocación genérica de algún defecto, sin explicación clara y precisa de dichas circunstancias; ii) Debe acreditar de forma específica la existencia de perjuicio cierto, concreto y real en desmedro de sus derechos y/o garantías constitucionales, demostrando que la única forma de enmendar el error es por medio de la declaratoria de nulidad; iii) Debe existir interés jurídico en la subsanación, por lo que  quien solicita nulidad, debe explicar por qué la solicita, toda vez que el argumento de impetrante es el que permite, al juzgador, establecer el ámbito de pronunciamiento. 


(…)


El principio de Subsanación, que establece que no hay nulidad si el vicio alegado, no influye en el sentido o resultado del fallo o en las consecuencias del acto viciado, por lo que puede ser objeto de subsanación sin que afecte al fondo del proceso.


Todos estos principios (y otros que no fueron citados) orientadores de las nulidades, deben ser interpretados de manera restrictiva cuando se alegue nulidad. Se debe tomar en cuenta el interés y la magnitud del detrimento ocasionado, toda vez que “no hay nulidad por la nulidad misma”, sino, requiere para su declaración, que el incumplimiento de las formas se traduzca en un efectivo detrimento a los intereses de la defensa; es decir, que este tenga relevancia constitucional, lo contrario implicaría aceptar nulidades con base en un excesivo formalismo, que en muchos de los casos daría lugar a la invalidación de una gran cantidad de actos y en algunos casos de procesos, afectando con ello la búsqueda de la verdad material, por errores u omisiones involuntarias, en clara infracción al principio de celeridad (art. 115.II de la CPE).


Respecto a los defectos absolutos, este Tribunal de justicia, en el Auto Supremo 021/2012-RRC  de 14 de febrero de 2012, señaló: El Código de Procedimiento Penal, tiene por finalidad regular la actividad procesal, en cuyo trámite pueden presentarse dos tipos de defectos, los absolutos y los relativos, que se diferencian en que los primeros no son susceptibles de convalidación y los otros quedan convalidados en los casos previstos por la norma; destacando, que la diferencia sustancial de los defectos absolutos y relativos, radica que el defecto absoluto, implica el quebrantamiento de la forma vinculado a la vulneración de un derecho o garantía constitucional; en cambio, en el defecto relativo al no afectar al fondo de las formas del proceso, pueden convalidarse si no fueron reclamados oportunamente, si consiguieron el fin perseguido respecto a todas las partes y cuando quien teniendo el derecho a pedir que sean subsanados, hubiera aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto defectuoso; a esto debe añadirse que las formas procesales precautelan el ejercicio de los derechos de las partes y las garantías constitucionales; en consecuencia, no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía constitucional se constituye en absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto denunciado de ilegal”. 


III.3. Análisis del caso concreto.


III.3.1. Respecto al pronunciamiento inmotivado e incongruente.


Sintetizada la denuncia, en la que alega que en su recurso de apelación fundamentó como agravio la falta de motivación de la Sentencia en los apartados II y II.1, y nunca indicó como agravio el defecto previsto en el art. 370 inc. 3) del CPP, incurriendo el Auto de Vista recurrido en el apartado II.1 en un pronunciamiento inmotivado e incongruente; advirtiendo la misma circunstancia en el apartado II.2, donde se pronunció respecto a la fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, lo cual tampoco fue invocado en la apelación restringida.


Añade que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de motivación respecto a los apartados II y II.1 de su recurso de apelación restringida donde indicó la falta de motivación de la Sentencia en sus requisitos de ser expresa, clara, legítima, completa y lógica; sin embargo, el Tribunal de apelación no se pronunció de manera separada y específica respecto a la inexistencia de motivación del fallo o la falta del requisito de ser “expresa”, no obstante de haber sido alegada como agravio, denotando en el Considerando II.1 de la Resolución recurrida, una simple remisión a los antecedentes que configuran la Sentencia apelada y una simple relación de hechos, sin pronunciamiento específico, en relación a lo argumentado en el recurso.


Ingresando al análisis del primer apartado del presente reclamo concerniente al pronunciamiento inmotivado e incongruente, conforme los antecedentes procesales, se tiene que emitido el fallo condenatorio en contra del recurrente, formuló recurso de apelación restringida en el que conforme fue extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, señaló: como punto II. “EXPRESIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE AGRAVIOS”; y, como punto II.1. Vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por inexistente fundamentación y motivación de la Sentencia, por inobservancia del art. 124 del CPP, que se constituye en defecto absoluto de acuerdo al art. 169 inc. 3) del CPP y en defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; alegando, que el Tribunal de juicio incumplió la motivación y fundamentación, resultándole incompleta, careciendo de ser expresa, clara; e, incumpliendo las reglas de la logicidad; respecto a lo cual, el Auto de Vista recurrido aperturó su competencia y ciertamente señaló en su segundo Considerando, punto II.1 que el acusado refería como agravio el defecto fundado en el art. 370 incs. 3) y 5) del CPP; y, en su punto II.2 se pronunció en cuanto a la supuesta fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, de donde se advierte que ciertamente la Resolución recurrida emitió un pronunciamiento incongruente al pronunciarse sobre el defecto del art. 370 inc. 3) del CPP, que conforme los argumentos extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo no fue cuestionado por la parte recurrente a tiempo de formular su recurso de apelación restringida; a cuyo efecto, corresponde a este Tribunal analizar si la denuncia efectuada por el recurrente merece se aplique o no la sanción de nulidad contra el Auto de Vista recurrido, dado que no existe nulidad por nulidad; sino, esta debe regirse conforme a los principios que las regulan y previa comprobación de algún perjuicio cierto y grave en contra del recurrente; lo contrario significaría provocar una innecesaria repetición de actuaciones procesales que de todas formas tendría el mismo resultado, en directo detrimento de la administración de justicia, que vulneraría los principios de seguridad jurídica, celeridad y economía procesal.


Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista recurrido, se tiene que en atención al defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 3) del CPP, la relacionó  a la subsunción del hecho al tipo penal atribuido; alegando que al respecto el Tribunal de origen realizó una relación circunstanciada de los hechos expuestos por el Ministerio Público en su pliego acusatorio en el que hizo concreta referencia a la comisión del delito de Violación Nino, Niña o Adolescente. Que en ese contexto la calificación del delito constituye parte fundamental del principio de tipicidad que debe ser siempre observado al momento de la emisión de la Sentencia, porque era una obligación fundamental del órgano jurisdiccional el garantizar la aplicación debida de la Ley penal sustantiva en la labor de encuadrar la conducta del imputado al marco descriptivo penal, tarea subsuntiva que debe además encontrarse debidamente motivada, explicando las razones por la que determina que la conducta se adecua al tipo penal para sustentar la consiguiente punición legal. Que en la Sentencia se evidenció que se adecuó el hecho ilícito al tipo penal de manera correcta; de donde se advierte, que a tiempo de tratar el defecto del art. 370 inc. 3) del CPP, el Tribunal de alzada la relacionó con el principio de tipicidad ello en relación a la subsunción del tipo penal, aspecto que sí fue reclamado por el recurrente en su recurso de apelación restringida en su punto II.1.2, de donde se advierte, que si bien el Auto de Vista recurrido mencionó y alegó que el impetrante había reclamado el defecto del art. 370 inc. 3) del CPP, lo que no resulta evidente; sino, que por el contrario resulta impertinente; empero, no constituye causa suficiente para pretender desvirtuar el contenido de la resolución de instancia o dejarla sin efecto, puesto que, junto a ello resolvió el principio de tipicidad que sí fue denunciado por el recurrente en su recurso de apelación restringida.


De lo anterior, se tiene que el reclamo vertido por el recurrente resulta subjetivo, puesto que, no permite a este Tribunal establecer la posibilidad de que en caso de dejarse sin efecto el Auto de Vista recurrido, se pudiera modificar de forma alguna el resultado final del fallo; pues, es obligación de quien pretende se deje sin efecto un fallo, acreditar motivadamente el perjuicio real e irreparable ocasionado; es decir, el daño debe ser de tal magnitud, que solo pueda ser enmendado con la emisión de un nuevo fallo, lo que no se da en los hechos, pues el dejar sin efecto el Auto de Vista por la consideración de un defecto de sentencia que no fue reclamado en apelación, que advirtió no era evidente, en el fondo no cambiaría el resultado final del fallo, se estaría incurriendo en nulidad por nulidad, aspecto que resulta contrario a los principios citados en el acápite III.2 de la presente Resolución; toda vez, que el régimen de nulidades procesales está sujeto a determinados principios, que necesariamente debe ir acompañado de la demostración del perjuicio provocado a la parte impugnante, lo contrario significaría provocar una innecesaria repetición de actuaciones procesales que de todas formas tendría el mismo resultado.


Por lo expuesto, en atención a los principios que conforman el sistema de nulidades procesales y la jurisprudencia contrastada, este Tribunal evidencia que el presente punto del motivo no incurre en contradicción con los precedentes invocados que fueron extractados en el acápite III.1 de este fallo, por lo que, corresponde declarar infundada la denuncia.


En cuanto a la supuesta fundamentación insuficiente y contradictoria, que alega el recurrente no reclamó en la formulación de su recurso de apelación restringida; corresponde señalar que ciertamente el recurrente no expresó la “fundamentación insuficiente y contradictoria” de la Sentencia; no obstante, de la formulación de su recurso de apelación restringida, se tiene que cuestionó la inexistente fundamentación del fallo, amparándolo en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; en cuyo efecto, se tiene que el Tribunal de alzada sólo lo mencionó como referencia al extenso del defecto de la referida norma; toda vez, que conforme a los argumentos extractados en el acápite II.3 de ésta Resolución, puntos II.2 y II.3, se limitó a considerar y responder los fundamentos alegados por el recurrente en la formulación de su recurso de apelación restringida, de donde se advierte que respecto a este punto, la Resolución recurrida no incurrió en contradicción con los precedentes invocados; toda vez, que se pronunció al defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, en base a los fundamentos que cuestionó la parte recurrente, lo que de ninguna manera constituye un pronunciamiento inmotivado o incongruente; en consecuencia, el presente punto deviene en infundado.


Ahora bien, respecto a que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de motivación respecto a los apartados II y II.1 de su recurso de apelación restringida donde indicó la falta de motivación de la Sentencia en sus requisitos de ser expresa, clara, legítima, completa y lógica; sin embargo, el Tribunal de apelación no se pronunció de manera separada y específica respecto a la inexistencia de motivación del fallo o la falta del requisito de ser “expresa”, no obstante de haber sido alegada como agravio, denotando en el Considerando II.1 de la Resolución recurrida, una simple remisión a los antecedentes que configuran la Sentencia apelada y una simple relación de hechos, sin pronunciamiento específico.


Ingresando al análisis del presente punto, se tiene que emitido el fallo condenatorio en contra del recurrente, formuló recurso de apelación restringida en el que conforme fue extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, señaló como punto II. “EXPRESIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE AGRAVIOS”; y, II.1. Vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por inexistente fundamentación y motivación de la Sentencia, por inobservancia del art. 124 del CPP, que se constituye en defecto absoluto de acuerdo al art. 169 inc. 3) del CPP y en defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; alegando, que el Tribunal de origen incumplió la motivación y fundamentación, resultándole incompleta, careciendo de ser expresa, clara; e, incumpliendo las reglas de la logicidad; añadiendo, como punto II.1.1. “EXAMEN DE LA SENTENCIA Y FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE LOS REQUISITOS DE LA MOTIVACIÓN”, en el que citando al autor Fernando de la Rúa, señaló que la motivación debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; por lo que en el punto II.1.1.2. de su recurso de apelación alegó “INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE SER EXPRESA LA MOTIVACIÓN”, ya que, la Sentencia en el apartado IV valoración de la prueba y votos del Tribunal acerca de los motivos de hecho y de derecho, incumplió “esa tarea”, pues únicamente se avocó a suplir la motivación por una remisión y descripción a otros actos y a las constancias del proceso, ya que en todos los puntos del apartado, se limitó a describir la prueba testifical y documental; no obstante de ser contradictorias e invalidas las declaraciones y testificales y prueba documental la Sentencia omite establecer cuál el valor probatorio de las declaraciones testificales si son creíbles y por qué; toda vez, que las testigos de cargo Josefa Antelo en su declaración se contradijo con la testigo Teolinda Morales Aban Psicóloga de la Defensoría de la Niñez de Villa Montes, que también incurre en contradicción la declaración del asignado al caso Isaías Velásquez; no obstante, se dictó un fallo que no es expreso ante la falta de exposición de argumentos propios respecto a la prueba de cargo decisiva y sobre la cual se sustenta.


Al respecto, el Auto de Vista recurrido aperturó su competencia, alegando que los hechos que quedaron sentados en Sentencia, dando cuenta de la existencia del hecho acusado, puesto que la víctima menor de edad en su declaración presentada en juicio oral, indicó que el acusado abusó de ella varias veces, aspecto fáctico corroborado con el certificado médico legal introducido a juicio y que documentalmente fue incorporado signado como prueba MP-2 donde se observó membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua, constituyendo soporte estructural sobre el que el Tribunal de juicio realizó la tarea de subsunción de la conducta denotada por el imputado, para encuadrar al tipo penal de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente e imponer condena, no teniendo el Tribunal de mérito dudas del hecho ocurrido y de la culpabilidad del acusado, agregando en su Considerando II, punto II.3 respecto a la valoración de las declaraciones testificales, que de la revisión de la sentencia, tiene que existe una relación de las declaraciones prestadas por la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Teolinda Morales Aban, de la madre de la víctima Josefa Antelo Galarza y del policía asignado al caso Isaías Velásquez Segovia, que le resultan coincidentes; toda vez, que referirían que la víctima menor de edad, al ser descubierta con el arma de fuego en el colegio, indicó que llevó dicha arma al colegio para matar al negro Villagrán porque él la violó. Concluyendo, que la Sentencia cumplió con la motivación que comprende varios momentos que son la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica; toda vez, que cuenta con precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos y probados con claridad y precisión, la transcripción sintética pero completa del contenido de la prueba y la valoración de los elementos de juicio introducidos a juicio, la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado; en consecuencia colige que el fallo se ajusta a la exigencia  del art. 124 del CPP; toda vez, que el Tribunal de apelación como ya se dijo hace una valoración lógico jurídico de todos los elementos de prueba introducidos a juicio tanto de la prueba testifical como la documental mismo de acuerdo al prudente arbitrio y a las reglas de la sana crítica, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba  producida de conformidad al art. 173 del CPP.


De esa relación necesaria de antecedentes, se tiene que el Auto de Vista recurrido no incurrió en falta de motivación como alega el recurrente; puesto que, si bien no destinó un acápite diferente respecto a la alegación de inexistencia de motivación de la Sentencia del requisito de ser expresa; no obstante, de una comprensión integral de los argumentos que formaron el defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, desestimó la denuncia; por cuanto, efectuó el control de logicidad respecto a las declaraciones prestadas por la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Teolinda Morales Aban, de la madre de la víctima Josefa Antelo Galarza y del policía asignado al caso Isaías Velásquez Segovia, constatando que eran coincidentes; toda vez, que referirían que la víctima al ser descubierta con el arma de fuego en el colegio, indicó que llevó dicha arma para matar al negro Villagrán porque la violó, por lo que concluyó que la Sentencia cuenta con precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos y probados con claridad y precisión, la transcripción sintética pero completa del contenido de la prueba y la valoración de los elementos de juicio introducidos a juicio, la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, ajustándose a lo previsto por el art. 124 del CPP; fundamentos que  resultan suficientes; puesto que, responde con precisión a lo que cuestionó la parte recurrente en la fundamentación de su recurso de apelación restringida, lo que evidencia que el Auto de Vista recurrido consideró la pretensión del recurrente, no incurriendo en falta de motivación.


Por los argumentos expuestos, se concluye, que el Auto de Vista recurrido respecto a la inexistencia de motivación de la Sentencia por falta del requisito de ser expresa, no incurrió en falta de motivación; toda vez, que respondió al reclamo, ejerciendo su deber de control de logicidad respecto a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de origen advirtiendo que las declaraciones testificales de cargo no fueron contradictorias como alegó la parte recurrente; sino, por el contrario le resultó coincidentes, aspecto por el que desestimó la denuncia que forma de apoyo al reclamo concerniente de que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; en consecuencia, no se advierte que incidió en contradicción con los precedentes invocados que fueron extractados en el acápite III.1 del presente fallo; puesto que, que cumplió con su función de fundamentación, la que si bien no resulta extensa; no obstante, resulta suficiente y puntual al reclamo efectuado por la parte recurrente, no limitándose a una simple relación de antecedentes o hechos, por lo que, el presente punto del reclamo deviene en infundado.


III.3.2. En cuanto a la ausencia de motivación.


Reclama, que el Auto de Vista incurrió en ausencia de motivación con relación al apartado II.1.1.3 de su recurso de apelación restringida, por cuanto, el Tribunal de origen no consideró ni valoró la contradicción de las declaraciones testificales de la Psicóloga Teodolinda Morales y el Informe del asignado al caso (MP-5), con las declaraciones de la madre Josefa Antelo, que habrían referido que la víctima al momento de ser encontrada con el arma, ésta manifestó que la llevó por una apuesta que hizo con las compañeras, contradicción que afectaría a la validez intrínseca de las pruebas, que afectaría a la Sentencia por carecer del requisito de ser legítima; no obstante, el Auto de Vista recurrido no se pronunció con relación a este defecto.  


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión del fallo condenatorio, el imputado formuló recurso de apelación restringida en el que ciertamente alegó como punto II.1.1.3. “INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE LA MOTIVACIÓN DE SER LEGITIMA”; toda vez, que la Sentencia se hubiere fundado en declaraciones testificales de cargo absolutamente contradictorias, detallando que Josefa Antelo madre de la víctima se contradice con lo declarado por la testigo de cargo Teolinda Morales Aban Psicóloga de la Defensoría de la Niñez de Villa Montes, con la declaración del policía asignado al caso Isaías Velásquez que desconoce y se contraria a sí mismo ya que en otra prueba documental de cargo consistente en su informe afirmó que la adolescente cuando se encontraba en el colegio dijo que el arma fue llevada por un juego y apuesta que hizo con sus compañeras de colegio; no obstante, se emitió sentencia que carece del elemento de ser legítima, ya que empleando el método de la exclusión mental hipotética, tendría que de no valerse las declaraciones no existiría prueba alguna de la supuesta autoría y culpabilidad.


En relación a lo expuesto, el Auto de Vista recurrido aperturó su competencia, alegando en el segundo Considerando punto II.2 que la Sentencia daba cuenta de la existencia del hecho acusado, puesto que, la víctima menor de edad en su declaración presentada en juicio oral, indicó que el acusado abusó de ella varias veces, aspecto fáctico corroborado con el certificado médico legal introducido a juicio y que documentalmente fue incorporado signado como prueba MP-2 donde se observó membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua. Añadiendo en su punto II.3  que respecto a la valoración de las declaraciones testificales, por la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Teolinda Morales Aban, de la madre de la víctima Josefa Antelo Galarza del policía asignado al caso Isaías Velásquez Segovia, le resultan coincidentes en relación a las circunstancias que llevaron a descubrir el hecho acusado; toda vez, que refieren que la víctima menor de edad, al ser descubierta con el arma de fuego en el colegio, indicó que llevó dicha arma al colegio para matar al negro Villagrán porque él la violó, concluyendo que el fallo de primera instancia cumplió con la motivación.


De esa relación necesaria de antecedentes, se evidencia, que la denuncia interpuesta no resulta evidente; por cuanto, el Auto de Vista impugnado, de una comprensión integral del reclamo, sí emitió pronunciamiento conforme se expuso en el párrafo anterior y se observa de lo resumido en el acápite II.3 de esta Resolución, exponiendo de forma expresa y clara que las declaraciones que observó la parte recurrente no resultaron contradictorias; además, que la Sentencia se encontraba sustentada en relación a la existencia del hecho, puesto que, la víctima menor de edad en su declaración presentada en juicio oral, indicó que el acusado abusó de ella varias veces, aspecto que había sido corroborado con el certificado médico legal introducido a juicio como prueba MP-2 donde se observó membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua, lo que evidencia que la Sentencia no sólo se basó en las declaraciones testificales que cuestiona el recurrente; razones por las que desestimó el reclamo, que si bien no lo expresó en un acápite destinado únicamente a la denuncia de “INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE LA MOTIVACIÓN DE SER LEGITIMA”; no obstante, de una comprensión integral de los argumentos expuestos por el recurrente, constató que lo alegado no era evidente, que la Sentencia cumplió con lo exigido por los arts. 124 y 173 del CPP; en consecuencia, no se advierte contradicción del Auto de Vista recurrido con los recedentes invocados; toda vez, que resolvió el punto extrañado ajustando su actividad jurisdiccional a lo previsto por el art. 398 del CPP, lo que evidencia que no incurrió en ausencia de motivación, situación por la que, el presente motivo del recurso deviene en infundado.


III.3.3. Con relación a la ausencia de motivación.


Sintetiza la denuncia, en el que refiere ausencia de motivación en el Auto de Vista recurrido, puesto que no respondió respecto al apartado II.1.1.4 de su recurso de apelación restringida referido a que la Sentencia carecería de motivación porque no cumpliría con el requisito de ser “completa”, debido a que no se habría pronunciado sobre la comprobación y confirmación absoluta de la existencia de acceso carnal, extrañando la exposición de los motivos sobre una cuestión decisiva como en la subsunción del hecho al tipo penal acusado, obviándose la declaración de los médicos forenses y los informes médico legales.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, el imputado formuló recurso de apelación restringida en el que cuestionó como punto II.1.1.4. “INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE LA MOTIVACIÓN DE SER COMPLETA”; debido a que omitió la exposición de los motivos sobre la subsunción del hecho al tipo penal acusado; puesto que, para la determinación de la existencia del delito de Violación considera indispensable la comprobación de un hecho principal como el acceso carnal, que se constituye en un elemento constitutivo del tipo penal, en un punto decisivo y en una cuestión fundamental que debe ser valorada y comprobada por el Tribunal de juicio, no obstante, fue desconocido, ya que no acompañó valoración alguna a la prueba testifical expresada a través de los médicos forenses quienes alegaron que no se pudo establecer la causa del desgarro y que para comprobar si se debió a acceso carnal y agresión sexual, se debió realizar pruebas en ADN en un laboratorio de genética; que además el propio Tribunal referiría “QUE LA MENOR VMA, HA SIDO POSIBLEMENTE ABUSADA SEXUALMENTE”, lo que le significa, que no cuenta con certeza absoluta de la existencia del delito.


Al respecto el Auto de Vista recurrido, si bien no destinó un acápite único, sin embargo, de una comprensión integral de la denuncia, señaló que el Tribunal de mérito con el voto unánime de sus miembros llegó a la conclusión de que los hechos ocurrieron, por lo que, añadió que adecuó el hecho ilícito al tipo penal de manera correcta; toda vez, que considerando el hecho de que la víctima menor de edad, desde sus 11 años fue objeto de agresión sexual por parte del imputado y que según refiere el certificado médico legal se ha observado membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua, circunstancias que fueron tomadas en cuenta para subsumir la conducta al tipo penal referido en el art. 308 Bis del CP. Añadiendo que la Sentencia daba cuenta de la existencia del hecho acusado, puesto que, la víctima menor de edad en su declaración presentada en juicio oral, indicó que el acusado abusó de ella varias veces, aspecto fáctico corroborado con el certificado médico legal introducido a juicio y que documentalmente fue incorporado signado como prueba MP-2 donde se observó membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua, constituyendo soporte estructural sobre el que el Tribunal de origen realizó la tarea de subsunción de la conducta denotada por el imputado, aclarando, que el Tribunal de mérito no tuvo dudas del hecho ocurrido y de la culpabilidad del acusado, aspecto que constaría en la última parte del punto IV denominado Valoración de la prueba y votos del Tribunal acerca de los motivos de hecho y derecho de la Sentencia, concluyendo el Tribunal de alzada que el Tribunal de mérito hizo una valoración lógico jurídico de todos los elementos de prueba introducidos a juicio tanto de la prueba testifical como la documental, de acuerdo al prudente arbitrio y a las reglas de la sana crítica, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida de conformidad al art. 173 del CPP.


De esa relación necesaria de antecedentes, se tiene que el Auto de Vista recurrido respecto al motivo extrañado, no omitió considerarla como arguye el recurrente; que si bien no destinó un acápite diferente a la alegación; no obstante, de una comprensión integral de los argumentos que formaron el reclamo concerniente al punto II.1.1.4 del recurso de apelación, la desestimó; por cuanto, constató que el Tribunal de mérito adecuó el hecho ilícito al tipo penal de manera correcta; toda vez, que consideró el hecho de que la víctima desde sus 11 años fue objeto de agresión sexual por parte del imputado y que según el certificado médico legal se ha observado membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua, lo que había sido tomada en cuenta para subsumir la conducta del imputado al tipo penal referido en el art. 308 Bis del CP, aclarando, que el Tribunal de mérito no tuvo dudas del hecho ocurrido y de la culpabilidad del acusado, lo que evidencia que el Tribunal de alzada de un análisis de la Sentencia emitió respuesta ante el reclamo concerniente a la “INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE LA MOTIVACIÓN DE SER COMPLETA” que cuestionó el recurrente, no incurriendo en ausencia de motivación, puesto que, efectuando su deber de control de la Sentencia observó que contenía la debida fundamentación en relación a que la menor fue objeto de agresión sexual por parte del imputado y que conforme el certificado médico legal se observó membrana himenal desgarrada, aspecto por el que consideró que el Tribunal de mérito realizó la correcta subsunción del hecho acusado a la conducta desplegada por el imputado.


En cuanto, a que se obvió la declaración de los médicos forenses; se tiene que dicho cuestionamiento, no se trató de un reclamo propio, sino una alegación que apoyó a la pretensión de que en la Sentencia no existió el requisito de ser completa, aspecto que conforme ya se señaló fue considerado en su integralidad por el Tribunal de alzada.


Por los argumentos expuestos, se concluye, que el Auto de Vista recurrido no incurrió en ausencia de motivación, consecuentemente no resulta contrario a los Autos Supremos invocados que fueron extractados en el acápite III.1 de este fallo; toda vez, que respondió al reclamo concerniente a la inexistencia del requisito “completa”, concluyendo que la subsunción que realizó el Tribunal de mérito respecto a la conducta del imputado era correcta, aspecto por el desestimó el reclamo, por lo que, el presente motivo deviene en infundado.


III.3.4. Respecto a la falta de pronunciamiento puntual, precisa y específica.


Aduce que no se consideró ni resolvió el agravio contenido en el apartado II.1.5 de su recurso de apelación restringida referido a la inexistencia de motivación de la Sentencia por carecer del requisito de la lógica, ausencia de motivación derivada de la inobservancia o transgresión a las reglas de la sana crítica en las leyes de la lógica; no obstante, no ameritó pronunciamiento de manera específica, puntual y precisa por el Tribunal de apelación, considerándolo defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, además que nunca planteó como agravio la fundamentación insuficiente, sino, la inexistencia de motivación asimismo de la contradicción en las declaraciones de los testigos con la documental, lo cual debió ser valorada por el Tribunal de juicio, confundiendo el Tribunal de apelación los agravios, desconociendo el deber de ejercer el “control de logicidad del fallo sentencial”, limitándose a realizar una relación de hechos y a transcribir fragmentos de la Sentencia.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, el imputado formuló recurso de apelación restringida en el que cuestionó como punto II.1.1.5. “INEXISTENCIA DE MOTIVACIÓN POR CARECER LA SENTENCIA DEL REQUISITO DE LA LOGICA´”; en el que, refiere: a) inexistencia de la Ley de Coherencia que se constituye en una Ley de la lógica; ya que, la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que preside el entendimiento y pensamiento humano por lo que deberá contar con las siguientes características: ser coherente, no contradictorias; e, inequívocas. Bajo el título “ELEMENTOS DE RACIOCINIO O ELEMENTOS DE PRUEBA DE LA SENTENCIA”, manifiesta que son la prueba testifical consistente en las declaraciones de los médicos forenses Weimar Soruco Vaca, Walter Flores Espinoza, afirma que la prueba documental consistente en certificado médico forense, el Tribunal de mérito concluyó la existencia de la Violación atribuyéndole la autoría  a sabiendas de que no se realizó examen genético de ADN. Añade que la afirmación no es inequívoca ya que los elementos de prueba dejaron dudas sobre la existencia de un desgarro a causa de acceso carnal o agresión sexual, por lo que la conclusión de Violación le resulta incierta, evidenciándose de la propia Sentencia que en acápite “IV. VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y VOTOS DEL TRIBUNAL ACERCA DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO” señaló que la menor fue posiblemente abusada sexualmente, existiendo para el Tribunal de origen probable responsabilidad penal, lo que demuestra que no se cumplió con el componente de la coherencia que es la congruencia, ya que, la afirmación del Tribunal de juicio de que existió violación a causa de acceso carnal no guarda correlación y concordancia con lo expresado en la prueba literal y testifical, transgrediéndose la “ley coherencia” como “ley de la logicidad”, quedando duda del alcance de la afirmación de su culpabilidad, ya que, la Sentencia adolece de logicidad; b) inexistencia de motivación por vulneración de la Ley de “derivación” como regla de la lógica; previa explicación de la derivación a través del autor Fernando de la Rúa refiere que la motivación debe ser concordante y para que esa concordancia pueda existir el razonamiento debe derivar de elementos verdaderos; es decir, que la motivación debe ser verdadera se viola esta regla cuando se basa en elementos probatorios inexistentes o falseados en su contenido o significado; asimismo la motivación debe ser suficiente; no obstante, la sentencia carece de logicidad al vulnerar la derivación, ya que, no existe concordancia puesto que el razonamiento o la convicción de que existió acceso carnal como  hecho constitutivo del delito de Violación no deriva de elementos verdaderos y suficientes, máxime si se requiere de prueba científica de ADN para determinar si hubo acceso carnal; sin embargo, la afirmación se basa en elementos probatorios inexistentes en su contenido debido a que las declaraciones de los médicos forenses refieren que la única manera de saber si hubo acceso carnal o relación sexual es a través de un análisis de ADN lo que nunca se realizó, significando que se realizó una falsa motivación de la Sentencia, no respetando el “principio de la razón suficiente”, puesto que, de los informes médicos no existe prueba de la cual derive o se deduzca la conclusión de acceso carnal, no siendo el razonamiento del Tribunal verdadero, concordante y suficiente.


Al respecto conforme se extracto en el acápite II.3 de este Auto Supremo, se tiene que el Tribunal de alzada aperturó su competencia y si bien no destinó un acápite diferente a la alegación que extraña el recurrente; no obstante, de una comprensión integral de los argumentos que formaron el presente reclamo, conforme ya se expuso en los anteriores motivos, constató que el Tribunal de mérito adecuó el hecho ilícito al tipo penal de manera correcta, ya que la víctima menor de edad, desde sus 11 años fue objeto de agresión sexual por parte del imputado y que según el certificado médico legal se ha observado membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua, circunstancias que fueron tomadas en cuenta para subsumir la conducta al tipo penal referido en el art. 308 Bis del CP, aclarando que el Tribunal de mérito no tuvo dudas del hecho ocurrido y de la culpabilidad del acusado, añadiendo además, que el Tribunal de mérito efectuó una valoración lógico jurídico de todos los elementos de prueba introducidos a juicio tanto de la prueba testifical como la documental, de acuerdo al prudente arbitrio y a las reglas de la sana crítica en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida de conformidad al art. 173 del CPP, encontrando cumplida las reglas de la lógica; argumentos que evidencian que el Tribunal de alzada resolvió el agravio extrañado por el recurrente, que si bien no resulta extensa o ampulosa; sin embargo, resulta precisa, específica y puntual; puesto que, responde a los cuestionamientos que formaron parte del reclamo extrañado; toda vez, que de la revisión del contenido del recurso de apelación restringida, el recurrente se limitó a efectuar apreciaciones doctrinarias, para posteriormente relatar en tercera persona las declaraciones testificales, alegando que el razonamiento o la convicción de que existió acceso carnal como hecho constitutivo del delito de Violación no deriva de elementos verdaderos y suficientes, máxime si se requiere de prueba científica de ADN para determinar si hubo acceso carnal, omitiendo señalar de manera clara y precisa de qué manera el Tribunal de juicio hubiere inobservado las reglas de la sana crítica respecto a la valoración probatoria; entonces, mal podemos exigir al Tribunal de alzada ejerza una abundante o mayor labor de control de logicidad específica, cuando la parte recurrente no proporcionó los insumos mínimos del porqué consideró que el Tribunal de origen carece de logicidad.


Por los argumentos expuestos, se concluye, que el Auto de Vista recurrido no incurrió en contradicción a los Autos Supremos invocados que fueron extractados en el acápite III.1 de este fallo; toda vez, que si bien no destinó un acápite único al motivo extrañado por el recurrente; no obstante, conforme lo extractado en el acápite II.3 de este fallo, respondió de manera específica, precisa y puntual al reclamo extrañado, por lo que, el presente motivo deviene en infundado.


En cuanto, a que el Tribunal de apelación confundió los agravios, ya que, nunca planteó la fundamentación insuficiente, sino la inexistencia de motivación asimismo de la contradicción en las declaraciones de los testigos con la documental, lo cual debió ser valorada por el Tribunal de juicio; al respecto, corresponde señalar que dicho cuestionamiento ya fue abordado a tiempo de resolver el primer motivo del presente recurso, así como en el segundo motivo; donde se advirtió que el reclamo no tenía mérito; toda vez, que el Auto de Vista no confundió los agravios; y, emitió respuesta respecto a las declaraciones contradictorias que acusó la parte recurrente, consecuentemente, a los fines de evitar reiteraciones innecesarias, el presente reclamo deviene en infundado.


III.3.5. En cuanto a la ausencia de motivación.


Refiere el recurrente que Auto de Vista recurrido incidió en ausencia de motivación respecto del agravio contenido en el apartado II.1.2 de su recurso de apelación restringida, limitándose el Tribunal de apelación a realizar una relación de hechos, una transcripción fragmentada de la Sentencia, una alusión a la prueba rendida, sin expresar un criterio propio respecto a este agravio y sin realizar un proceso de subsunción aplicando el principio de tipicidad, careciendo el Auto de Vista impugnado de los requisitos de ser expreso, completo, legítimo y lógico que hacen a la motivación.


Conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión del fallo condenatorio, el imputado formuló recurso de apelación restringida en el que cuestionó como punto II.1.2. “VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO (ART.117) DE LA CPE, POR INEXISTENCIA DE MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA POR INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD”; alegando que el Tribunal de mérito debió partir de los hechos, describirlos de manera específica y de manera cronológica, describir la prueba que se constituye en respaldo; y, realizar el proceso de subsunción; que en su caso el núcleo del tipo penal que es el acceso carnal que no fue descrito partiendo de la prueba, ya que la Sentencia no establecería la causa del desgarro, así como lo expresado por los médicos forenses, no dando razones sobre los elementos introducidos en el proceso, que en su apartado IV denominado Valoración de la prueba y votos del Tribunal acerca de los motivos de hecho y de derecho, observa ausencia de motivación fáctica, probatoria y jurídica comprendida en la subsunción de los hechos al tipo penal por el que fue condenado; que en su apartado fundamentación jurídica se limitó a consignar citas doctrinales y legales sin conexión lógica con los hechos y el tipo penal acusado, sin indicar el artículo en el que se encuentra el delito, para determinar los elementos constitutivos del delito para la subsunción de los hechos desplegados por su conducta.


Al respecto el Tribunal de alzada aperturó su competencia y desestimó el reclamo, alegando que el Tribunal de origen realizó una relación circunstanciada de los hechos expuestos por el Ministerio Público, constatando que adecuó el hecho ilícito al tipo penal de manera correcta; toda vez, que consideró el hecho de que la víctima menor de edad, fue objeto de agresión sexual por parte del imputado, y que según refiere el certificado médico legal se ha observado membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua, circunstancias que fueron tomadas en cuenta para subsumir la conducta al tipo penal referido en el art. 308 Bis del CP. Añadiendo el Tribunal de alzada que los hechos quedaron sentados en Sentencia, respecto a la existencia del hecho acusado, puesto que la víctima menor de edad en su declaración presentada en juicio oral, indicó que el acusado abusó de ella varias veces, aspecto fáctico corroborado con el certificado médico legal introducido a juicio y que documentalmente fue incorporado signado como prueba MP-2 donde se observó membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua, constituyendo soporte sobre el que el Tribunal de juicio realizó la tarea de subsunción de la conducta denotada por el imputado, aclarando, que el Tribunal de mérito no tuvo dudas del hecho ocurrido y de la culpabilidad del acusado, por lo que, concluyó que la Sentencia cumplió con la motivación que comprende la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica; toda vez, que cuenta con la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos y probados con claridad y precisión, la transcripción sintética pero completa del contenido de la prueba y la valoración de los elementos de juicio introducidos a juicio, la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, ajustándose el fallo a la exigencia del art. 124 del CPP.


De esta relación necesaria de antecedentes se evidencia que el Auto de Vista recurrido no incurrió en ausencia de motivación; toda vez, que no se limitó a realizar una relación de hechos, ni una transcripción de la Sentencia o una alusión de la prueba rendida como asevera el recurrente; sino, que por el contrario advirtió que la subsunción que efectuó el Tribunal de mérito a la conducta del imputado fue la correcta; toda vez, que advirtió la existencia del hecho, puesto que, la víctima menor de edad en su declaración presentada en juicio oral, indicó que el acusado abusó de ella varias veces, aspecto fáctico corroborado con el certificado médico legal introducido a juicio y que documentalmente fue incorporado signado como prueba MP-2 donde se observó membrana himenal desgarrada con cicatriz antigua; argumentos que resultan suficientes y coherentes a los fundamentos de la Sentencia, lo que evidencia que el Tribunal de alzada ejerció de manera correcta su deber de motivación respecto al control de la subsunción del hecho.


Consecuentemente, del análisis del Auto de Vista impugnado, se advierte que contiene una fundamentación inmersa dentro del ámbito del derecho al debido proceso; puesto que, resulta expresa; ya que, si bien no destinó un acápite diferente a la alegación del recurrente; no obstante, de una comprensión integral del recurso de apelación restringida señaló los fundamentos que sustentan su decisión, clara, se observa que es completamente comprensible, completa, toda vez, que del análisis que desarrolló a la Sentencia, le permitió llegar al conocimiento de los hechos para emitir su decisión, legítima, porque evidenció que la Sentencia no incurrió en falta de motivación con relación a la inexistencia de subsunción del hecho y la falta de tipicidad, como aseveró el recurrente, por el contrario advirtió que de los hechos el Tribunal de mérito efectuó una correcta subsunción de la conducta del imputado en relación al tipo penal acusado; y, lógica, pues cumplió con la secuencia de los referidos requisitos; consecuentemente, este Tribunal observa que la Resolución recurrida reúne los requisitos de validez necesarias, por lo que, no se advierte contradicción con los Autos Supremos invocados; puesto que, cumplió con su deber de motivación; toda vez, que el Tribunal de alzada constató que la sentencia no incurrió en el defecto reclamado por el recurrente; en consecuencia, corresponde declarar sin mérito la denuncia expuesta, deviniendo el presente motivo en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Marco Antonio Villagrán Castillo, de fs. 288 a 315.


Regístrese, hágase saber y devuélvase


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela