TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 996/2018-RA

                               Sucre, 07 de noviembre de 2018        


Expediente                        : Chuquisaca 52/2018

Parte acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte imputada                : José Iván Tomianovic

Delito                : Incumplimiento de Contrato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2018, cursante de fs. 275 a 307, José Iván Tomianovic Sánchez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 267/2018 de 6 de septiembre de fs. 242 a 247 vta. y el Auto Complementario 279/2018 de 17 de septiembre, a fs. 251 y vta., pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Melvin Alfonso Parrado Bigabriel contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Contratos, previsto y sancionado por el art. 222 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 38/2017 de 19 de septiembre (fs. 126 a 149), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a José Iván Tomianovic Sánchez, autor y culpable de la comisión del delito de Incumplimiento de Contratos, previsto y sancionado por el art. 222 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, concediendo el beneficio de suspensión condicional de la pena, siendo resuelta la solicitud de complementación y enmienda del imputado, mediante Resolución 380/2017 de 23 de noviembre (fs. 155).


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado José Iván Tomianovic Sánchez formuló recurso de apelación restringida (fs. 177 a 198 vta.), resuelto por Auto de Vista 267/2018 de 6 de septiembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el referido recurso; en consecuencia, mantiene incólume la Sentencia apelada, siendo desestimada la petición de explicación, complementación y enmienda formulada por el imputado, mediante Auto Complementario 279/2018 de 17 de septiembre (fs. 251 y vta.).


c)        Por diligencia de 18 de septiembre de 2018 (fs. 252), fue notificado el recurrente con el Auto Complementario 279/2018 de 17 de septiembre; y, el 25 del mismo mes y año, formuló el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:

  1. Bajo el epígrafe: “DENUNCIA DEFECTO ABSOLUTO POR VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA Y DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO POR ILEGAL RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA PRUEBA Y OMISIÓN DE SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRODUCCIÓN DE PRUEBA”, el recurrente refiere que en el primer motivo de apelación restringida reclamó la violación al debido proceso porque la sentencia se basó en el medio de prueba MP-28, que no fue incorporado legalmente al juicio, pues no fue leída al ser ilegible, pero el Tribunal de Sentencia se basó en ella para declarar su condena, por ese motivo en la apelación se pidió la producción de la prueba consistente en grabaciones de la audiencia del juicio, la prueba MP PD 28, pidiendo que el Tribunal Sentenciador la remita, acompañando además una copia de esa prueba; sin embargo, el Tribunal de alzada no pidió su remisión, sino que no tomó en cuenta la copia que presentó, de modo que no señaló audiencia de producción de prueba pese a que solicitó la remisión de pruebas y que presentó como prueba una copia de la documental referida. Añade que el Tribunal de apelación rechazó la audiencia de producción de prueba porque no hubiese acompañado la prueba que pretendía producir, lo que no fue evidente al haber acompañado como prueba la copia de la documental cuestionada y en su caso impetró la remisión de esa prueba al Tribunal de Sentencia; además, refirió el Tribunal de alzada que el ofrecimiento no era para demostrar aspectos de procedimiento sino errores in iudicado, como la defectuosa valoración probatoria, lo que tampoco es evidente ya que en el primer motivo de apelación no se impugnó la defectuosa valoración, sino el hecho de que la prueba MP PD 28 no fue introducida por su lectura a juicio debido a que es ilegible por lo concurrió el defecto previsto por el art. 370.4) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En ese ámbito, el recurrente denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso y la defensa, previstos por los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 273/2016-RRC de 31 de marzo, 350 de 28 de agosto de 2006, 512 de 16 de noviembre de 2006 y 332/2016-RRC de 21 de abril.

  1. El recurrente “DENUNCIA DEFECTO ABSOLUTO POR VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN SU ELEMENTO DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN POR FALLO INFRAPETITA EN RELACIÓN A LOS RECLAMOS SOBRE LA VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA POR NO REALIZAR UNA APRECIACIÓN CONJUNTA Y ARMÓNICA DE LA PRUEBA ESENCIAL PRODUCIDA EN RELACIÓN A LA CONCLUSIÓN QUE NO EXISTE JUSTA CAUSA” (sic), señalando que en el cuarto motivo de su apelación reclamó la valoración defectuosa de la prueba en la que incurrió el Tribunal de Sentencia, cuestionando las conclusiones a las que arribó en sentido de que se paralizó la obra por más de un año, que se dio una orden de reinicio de obra y que ésta fue notificada a su persona, que al no reiniciarse la obra se procedió a una tercera llamada de atención, que por esa tercera llamada de atención se inició el procedimiento de resolución de contrato con la intención primero y luego la efectivización de la resolución de contrato y que por todo esto no hubo justa causa y por ende existió incumplimiento de contrato; motivo por el cual los agravios que reclamó en el cuatro motivo estuvieron referidos a los siguientes cinco aspectos: 1. Valoración parcial del contrato (prueba MP PD 3); 2. No se tomó en cuenta el Decreto Supremo 181 para acreditar la paralización ilegal de la obra; 3. Prescindencia de la prueba testifical de Ramiro Eloy Vela Gómez y Mariana Tomianovic; 4. No existe prueba sobre la constatación de notificación con la suspensión de la obra ni con el reinicio de la obra, ni con la tercera llamada de atención; 5. No valoración de la prueba que acredita que la empresa resolvió el contrato de manera anterior por la prescindencia de la prueba testifical de Víctor Hugo Montecinos y de la prueba pericial.


Con esos antecedentes, denuncia que el Auto de Vista no dio respuesta cabal a cada uno de los agravios planteados, ya que el reclamo estuvo referido a que no se realizó una valoración integral de la prueba esencial producida y dentro de ese ámbito reclamó los puntos descritos precedentemente, enfatizando en el orden de los reclamos planteados en apelación lo siguiente: 1. Respecto a la valoración parcial del contrato en cuestión, señala que el Tribunal de alzada podía tan sólo revisar la sentencia para acreditar que el contrato no fue valorado en su integridad, es decir sin tomar conocimiento del contrato podría inferir por las máximas de la experiencia que una suspensión de plazos debe tener un procedimiento establecido en el contrato, lo que implica que en este reclamo puntual no se otorgó una respuesta puntual sino una genérica aclarando que no pidió una revalorización probatoria, sino que se pueda verificar si el Tribunal de sentencia sólo revisó una cláusula del contrato cuando en realidad no existió orden de cambio y menos paralización legal de obras. 2. En cuanto a que el Tribunal de Sentencia no tomó en cuenta el DS 181, señala que tan solo con la revisión de la normativa se podía determinar que el único instrumento que podía suspender plazos de una obra es la orden de cambio, por lo que el Tribunal de alzada tenía la obligación de conocer el citado DS; sin embargo, no dio una respuesta fundada. 3. Sobre la prescindencia de prueba testifical, el recurrente refiere que los vocales no se pronunciaron, cuando debieron verificar si en las declaraciones de los testigos Ramiro Eloy Vela Gómez y Mariana Tomianovic, se acreditó que no existió una orden de cambio y que nunca hubo una paralización comunicada, pues no se pedía una revalorización probatoria sino que se verifique si la conclusión del Tribunal de Sentencia era conforme la prueba testifical. 4. Con relación a que no existe prueba sobre la constancia de notificación con la suspensión de la obra ni con el reinicio de la obra ni con la tercera llamada de atención, el Tribunal de alzada no permitió la producción de prueba cuando se pretendía una respuesta emergente de la verificación de que si para llegar a esa conclusión, el Tribunal de sentencia valoró prueba correctamente, sin embargo el Tribunal de alzada no dio respuesta. 5. Por último, sobre la no valoración de la prueba que acredita que la empresa resolvió el contrato de manera anterior, el Tribunal de alzada asumió que no podía revalorizar la prueba, cuando la intención era que se verifique si el Tribunal de Sentencia valoró la declaración de Víctor Hugo Montecinos y la prueba pericial, sin que el Auto de Vista impugnado contenga pronunciamiento alguno.


En este motivo, la parte recurrente invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 394/2014-RRC de 18 de agosto, 319/2012-RRC de 4 de diciembre, 825/2017-RRC de 30 de octubre, 286/2013 de 22 de julio,  907/2017-RRC de 20 de noviembre y 897/2017-RRC de 14 de noviembre.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

       

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 18 de septiembre de 2018, el recurrente fue notificado con el Auto Complementario 279/2018 de 17 de septiembre, por el cual se desestimó su petición de explicación, complementación y enmienda, interponiendo su recurso de casación el 25 del mismo mes y año; es decir, dentro de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En ese sentido, se verifica que la parte recurrente en el primer motivo, denuncia la falta de señalamiento de audiencia de producción de prueba en apelación, pese a que ofreció prueba y en su caso solicitó se ordene su remisión al Tribunal de Sentencia y con argumentos que no son evidentes, a cuyo efecto invoca como primer precedente contradictorio el Auto Supremo 273/2016-RRC de 31 de marzo, precisando como contradicción que pese a que en el motivo primero de la apelación denunció un defecto de procedimiento, los Vocales señalaron que lo que se pedía era la valoración de la prueba pese a que el precedente ordena que ante el ofrecimiento de prueba para acreditar un defecto de procedimiento, corresponde el señalamiento de audiencia, más cuando el Tribunal de alzada no acudió a la impertinencia de la prueba, por lo que la falta de señalamiento de audiencia generó una situación de debilidad manifiesta frente a la contraparte, ya que la prueba observada es importante para el fallo, privándole además de emprender una respuesta efectiva a la violación del debido proceso, ya que sin la compulsa de la prueba no es posible acreditar que la prueba no era legible y por ende no ingresó por su lectura a juicio.


El análisis efectuado permite concluir que el recurrente cumple con los requisitos de admisibilidad al invocar precedente contradictorio y precisar en términos precisos la contradicción existente con la Resolución recurrida, más cuando también invoca los Autos Supremos 350 de 28 de agosto de 2006 y 512 de 16 de noviembre de 2006, expresando a título de contradicción respecto al primero que los vocales negaron la producción de prueba, pero sin que sean practicadas y menos convocaron a audiencia para considerarlas y en cuanto al segundo que el Tribunal de alzada no señaló audiencia de producción de prueba sobre un defecto de procedimiento como es el ingreso de una prueba por su lectura, cuando el precedente indica que el Tribunal de apelación tiene competencia para aceptar la prueba para dilucidar defectos de procedimiento. Añade como precedente el Auto Supremo 332/2016-RRC de 21 de abril, enfatizando que la prueba adjunta y ofrecida en apelación, era una prueba que buscaba acreditar un defecto de procedimiento como es la lectura de un elemento de prueba, es decir la imposibilidad de lectura por ser una prueba ilegible, cuando el procedente requiere de una explicación de la pertinencia de la prueba ofrecida, resultando que en su caso se señaló el defecto de procedimiento que pretendía acreditar con la prueba. En consecuencia, corresponde a esta Sala Penal resolver en el fondo la problemática planteada.


Con relación al segundo motivo de casación, se constata que el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en vulneración al debido proceso en su elemento de debida fundamentación por la emisión de una resolución infrapetita con relación al motivo de apelación relativo a la valoración defectuosa de la prueba emergente de la falta de apreciación conjunta y armónica de la prueba esencial producida respecto a la conclusión de que no existe justa causa; a cuyo efecto, el recurrente a partir de la precisión de los cuestionamientos formulados a la sentencia en su apelación, a los argumentos expuestos para fundar el defecto de sentencia y a los argumentos asumidos por el Tribunal de alzada con relación a ese particular motivo, invoca varias Resoluciones pronunciadas por este Tribunal en calidad de precedentes contradictorios precisando cuál la contradicción con el Auto de Vista impugnado de casación, de acuerdo al siguiente detalle: Auto Supremo 394/2014-RRC de 18 de agosto, señalando que el control de logicidad ante la denuncia de errónea valoración de la prueba debe ser fundamentada y no una exposición general y retórica, resultando que el Auto de Vista impugnado incurrió en ese defecto, cuando en apelación restringida se identificaron claramente las pruebas que pretendía que se pronuncien, por lo que la respuesta debió realizarse ante cada prueba.


Añade el Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, que estableció que si no se da una respuesta fundada a las denuncias efectuadas en apelación restringida se viola el derecho al debido proceso, situación concurrente porque el Auto de Vista no dio respuesta a las denuncias de valoración defectuosa de la prueba en relación a las pruebas claramente identificadas en apelación. Auto Supremo 825/2017-RRC de 30 de octubre, por cuanto la respuesta a la denuncia de defectuosa valoración debe ser legítima, es decir debe realizar un análisis del íter lógico para evidenciar la correcta o incorrecta valoración de la prueba, en el caso el Tribunal de alzada no emitió una resolución legítima, ya que no siguió el inter lógico del tribunal para arribar a sus conclusiones habiendo declarado de forma genérica su fundamento sin dar respuesta a los defectos expuestos en el cuarto motivo de apelación. Auto Supremo 286/2013 de 22 de julio, por cuanto el control de logicidad debe ser legítimo en su fundamentación y fundarse en elementos de prueba y en los antecedentes del proceso, en el caso los vocales no fundaron su decisión en los elementos de prueba ni en los antecedentes, habiendo sólo realizado una fundamentación genérica. Auto Supremo 907/2017-RRC de 20 de noviembre, porque el Auto de Vista contiene una falsa motivación ya que no resuelve de forma clara y legítima los defectos expuestos en el cuarto motivo de apelación y los argumentos de su decisión son generales y no dan respuesta puntual a los defectos impugnados. Por último, invoca el recurrente el Auto Supremo 897/2017-RRC de 14 de noviembre, precisando como contradicción el hecho de que el Auto de Vista no realizó una correcta identificación del agravio, no expresó en forma lógica, clara y expresa porqué sus argumentos demuestran o no los defectos denunciados y más bien se refieren de manera general, sin señalar en base a qué prueba llega a esa conclusión.


Por lo referido, se tiene que en este segundo motivo, el recurrente cumple los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que corresponde también el análisis de fondo de la problemática planteada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por José Iván Tomianovic Sánchez, de fs. 275 a 307. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.        


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos