TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 990/2018-RRC

Sucre, 07 de noviembre de 2018


Expediente                        Santa Cruz 38/2018        

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros 

Parte Imputada                Fransk Justiniano Masabi

Delito                                Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 20 de febrero de 2018, cursante de fs. 232 a 239 vta., Fransk Justiniano Masabi, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 2 de 3 de enero de 2018, de fs. 174 a 178 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Herlan Pedraza Pedraza y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación a Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 37/2017 de 23 de agosto (fs. 114 a 120), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Fransk Justiniano Masabi, autor de la comisión del delito de violación a Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio, más el pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Fransk Justiniano Masabi (fs. 134 a 142 vta.) interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 2 de 3 de enero de 2018, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes las apelaciones tanto restringida como incidental; por ende, confirmó la Sentencia apelada motivando la interposición del recurso de análisis, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 493/2018-RA de 10 de julio, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Refiere como segundo motivo que, en el sexto considerando el Tribunal de apelación revalorizó el certificado médico forense de 15 de junio de 2013, que según el recurrente no establecería con certeza si existió violación; además, de revalorizar la entrevista psicológica que si bien fue considerada por el Tribunal de alzada como suficiente, no habría sido presentada como prueba conforme a procedimiento, tratándose de un informe preliminar y no un informe pericial; ya que, en el primer caso, no se establecería el grado de credibilidad de la víctima; añade que, en el quinto considerando se revalorizó las deposiciones de los testigos Herman Pedraza Pedraza, Anjennette Avaroma y Gloria Shirley Chacón. Por todo, lo anterior afirma que, al revalorizar prueba documental, pericial y testifical, el Tribunal de apelación revisó cuestiones de hecho afirmando que se comete violación “ya sea por vía vaginal, anal, o bucal”, siendo que la Sentencia no señalaría de manera clara, precisa y categórica si el delito cometido fue vía “anal, vaginal o bucal”, de igual manera cuando mencionó “para que exista el delito de violación deben concurrir la fuerza, la violencia la intimidación y otro medio”, cuando en el juicio no se habría utilizado el término “u otro medio” para obtener provecho de la víctima.  

Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 0034/2013-RRC de 14 de febrero, según el recurrente vinculados a la prohibición del Tribunal de apelación de revalorizar la prueba; asimismo, el Auto Supremo 369/2012 de 5 de diciembre, vinculado al principio in dubio pro reo y los Autos Supremos 0065/2012-RA de 16 de abril, “0073/2013-RRS” de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio, referidos a la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica.

 

I.2.1. Petitorio.


El recurrente solicita este Tribunal, deliberando en el fondo deje sin efecto la Resolución recurrida, disponiendo se dicte un nuevo Auto de Vista.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 493/2018-RA de 10 de julio, cursante de fs. 248 a 250 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente Fransk Justiniano Masabi, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 37/2017 de 23 de agosto, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Fransk Justiniano Masabi, autor de la comisión del delito de Violación a Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal, imponiendo la pena de veinte años de reclusión, más el pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia, en base a los siguientes argumentos:


  1. La conducta del imputado se subsume al tipo penal endilgado, por cuanto a la edad de 19 años, mantuvo relaciones sexuales con la víctima de trece años de edad.


  1. El imputado aprovechó la ingenuidad de la menor para seducirla y pese a las advertencias que recibió por parte del hermano de la misma, la llevó hasta su domicilio en el cual  mantuvieron relaciones sexuales tal y como refirió la víctima.
  2. Transcurridos tres días, cuando la familia de la menor ya había formalizado denuncia y estaban siendo buscados, el imputado lleva a la víctima a inmediaciones de su domicilio.


II.2. Del recurso de apelación restringida.


Notificado el imputado Fransk Justiniano Masabi, interpuso recurso de apelación restringida, reclamando:


  1. Como defecto contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP, denuncia que lo obligan a atribuirse la comisión del delito endilgado en base a los comentarios vertidos por la menor, cursantes en el Certificado Médico legal emitido por Pamela Julia Villarroel Antelo y la entrevista psicológica realizada por Anjannette Avaroma.


  1. La prueba documental no fue introducida a juicio de manera legal; ya que, fue objeto del planteamiento de exclusiones probatorias, haciendo énfasis en lo que al certificado médico corresponde, que este no expresa  de manera veraz que la víctima hubiere sostenido relaciones sexuales con su persona.


  1. Defecto de Sentencia contenido en el inc. 5) del art. 370 del CPP; por cuanto, la Sentencia hubiere incurrido en falta de motivación y fundamentación e insuficiente expresión de hechos; además de ello, fue contradictoria en su parte resolutiva, arguyendo a tal efecto que el primer, segundo y tercer hecho probado, son contradictorios a las declaraciones de la psicóloga y trabajadora social.


  1. La Resolución de instancia se basa en un hecho inexistente como el haber cometido el delito de violación a la menor; empero, no existe certificado médico que corrobore tal extremo; además de ello, fue dictada sin la presencia  de su persona y del representante el Ministerio Público. Acusa también, que no se procedió a la descripción individual de las testificales incorporadas al juicio.


  1. Defecto de Sentencia contenido en el inc. 10) del art. 370 del CPP; toda vez, que la Resolución apelada no contó con las expresiones analítica, descriptiva, intelectiva, fáctica y jurídica.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado, en base a los siguientes argumentos:


  1. Se evidencia que el acusador particular ha presentado y judicializado la prueba pericial del examen médico forense, corroborado por el informe pericial psicológico, que señalan la consumación del delito, por tanto no se incurre en el defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP.
  1. Las pruebas periciales son incorporadas e insertada al juicio oral por su lectura, siendo prescindible que los peritos se presenten a juicio oral; además de ello, el recurrente no específico de manera precisa cuales son las pruebas que no hubieren sido legalmente incorporadas a juicio oral.


  1. El Tribunal de alzada considera que la Sentencia condenatoria recurrida, cumple con lo requerido por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, Así como con los arts. 171 y 0173 del mismo cuerpo procesal penal al contener una descripción analítica, intelectiva, fáctica, descriptiva y jurídica sobre los hechos sometidos a juzgamiento.


  1. En atención a la valoración defectuosa de los informes médico y psicológico, cabe precisar que la Sentencia condenatoria es el resultado del análisis y valoración de las declaraciones de cada uno de los testigos; aspecto por el cual, el Tribunal de alzada no considera que exista valoración defectuosa de la prueba.


  1. En cuanto a la omisión de las expresiones requeridas en la redacción extrañadas por el apelante, se aclara que el imputado está confundiendo el defecto previsto por el inc. 5) con el inc. 10), ambos del art. 370 del CPP; ya que, arguye una falta de fundamentación la cual fue explicada anteriormente.


III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE CONTRADICCIÓN


Precisado el motivo, este Tribunal deberá verificar dentro de los límites establecidos en el Auto Supremo 493/2018-RA de 10 de julio, si el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con los precedentes invocados; en cuyo mérito, a los fines de emitir la Resolución de fondo, es necesario previamente precisar las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución, para luego ingresar al análisis concreto de la problemática planteada.


III.1. La valoración de la prueba, la labor de control del Tribunal de alzada y la prohibición de la revalorización probatoria.


En el régimen procesal penal vigente, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica, prevista en el art. 173 del CPP, cuyas reglas fundamentales son la lógica, psicología y experiencia, siendo que la facultad de valorar la prueba introducida en el juicio oral, es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales de Sentencia, en resguardo y coherencia con los principios del juicio oral de inmediación, oralidad y contradicción; correspondiendo al Tribunal de alzada ejercer la labor de control sobre la valoración de la prueba realizada por el inferior; doctrina legal sentada en el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005, que estableció: "...la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que trasciende de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre".


Asimismo este Tribunal se determinó la labor de los Tribunales de apelación, a través a partir del Auto Supremo 504/2007 de 11 de octubre, al señalar: “Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.”


Por su parte, el Auto Supremo 277/2008 de 13 de agosto, entre otros, precisó que: “La función principal del Tribunal de alzada es pronunciarse respecto de la existencia de errores ´injudicando` o errores ´improcedendo` en que hubiera incurrido el tribunal a quo (Juez o Tribunal de Sentencia) de acuerdo a la previsión del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, consecuentemente el Tribunal de alzada sin necesidad de reenvío puede subsanar errores de derecho existentes en el proceso pero sin revalorizar la prueba, ya que lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia sean estos colegiados o unipersonales”.

III.2. Análisis del caso en concreto.


El recurrente denunció, que el Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista recurrido, incurrió en revalorización probatoria del certificado médico forense de 15 de junio de 2013, la entrevista psicológica y las testificales de Herman Pedraza Pedraza, Anjennette Avaroma y Gloria Shirley Chacón.

Como precedentes contradictorios, invocó los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012 de 24 de agosto, 304/2012 de 23 de noviembre y 0034/2013 de 14 de febrero. El primero de ellos Auto Supremo 384/2005 de 26 de septiembre- fue dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Blanca Basilia Condarco Choque y otros, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, donde se constató que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver la apelación restringida revalorizó prueba, motivo por el cual el Auto de Vista impugnado fue dejado sin efecto, estableciendo la citada Resolución suprema la siguiente doctrina legal aplicable:


“que, es una premisa ya consolidada que la línea jurisprudencial ha establecido en el sistema procesal penal boliviano que no existe segunda instancia, y que el Juez o el Tribunal de Sentencia son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes; razón por la que el Tribunal de Apelación se encuentra impedido de revalorizar la prueba, cuando su facultad es controlar que la valoración de la prueba hecha por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica, vale decir, que en el fundamento de la sentencia debe encontrarse la experiencia, conocimiento, entendimiento, lógica y la ciencia del juzgador en la apreciación de las pruebas. La inconcurrencia de uno de los elementos mencionados, la incoherencia, la contradicción o la imprecisión del fundamento de la apreciación de las pruebas, conlleva la reposición del juicio, consiguientemente, la formulación de una nueva resolución; en suma el Tribunal de Apelación tiene la facultad de que se aplique correctamente las reglas de la sana crítica. Por lo expuesto, el Tribunal de Alzada debe disponer la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, quien dictará nueva resolución valorando la prueba con las reglas de la sana crítica.”


El segundo precedente Auto Supremo 200/2012 de 24 de agosto-, fue dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Victor Hugo Castedo Barba y otro, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Complicidad, donde se advirtió que el Tribunal de alzada se atribuyó la facultad de valorar prueba, razón por la cual el Auto de Vista recurrido fue dejado sin efecto, estableciendo el precedente invocado, la siguiente doctrina legal aplicable:


“Es necesario precisar, que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal.


Se vulnera los derechos a la defensa y al debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE, y existe una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación.”


El tercer precedente -304/2012 de 23 de noviembre-, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otra contra Mario Condori Rodríguez, por la presunta comisión del delito de Violación de Niña, Niño o Adolescente, donde se constató que Tribunal de alzada revalorizando prueba cambió la situación jurídica del imputado, estableciendo el Auto Supremo invocado como doctrina legal aplicable que:


“El Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda ingresar a una nueva revalorización y en consecuencia cambiar la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; porque de hacerlo desconocería los principios rectores de inmediación y contradicción que rigen la sustanciación del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación emergente de la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso; debiendo reiterarse que si bien el art. 413 in fine del CPP, establece que: "Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente", el alcance de la referida disposición legal, no otorga facultad al Tribunal de apelación de hacerlo respecto a temas relativos a la relación de los hechos o a la valoración de la prueba, que al estar sujetos a los principios citados de inmediación y contradicción, propios del sistema procesal acusatorio vigente en el Estado boliviano, resultan intangibles. (…)”.


Finalmente, el cuarto precedente invocado Auto Supremo 0034/2013 de 14 de febrero-, fue dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Julián Mojiano Barrientos, por la presunta comisión del delito Violación de Niño, Niña o Adolescente, donde se constató que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, revalorizó las pruebas del juicio oral, estableciendo el Auto Supremo invocado como contradictorio, la siguiente doctrina legal:


“Los arts. 115.I y 180.II de la CPE, reconocen los derechos de la tutela judicial efectiva y de recurrir los fallos judiciales, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; estos derechos, considerados como los que tiene toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal Superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones, sin dilaciones indebidas, ni argumentaciones evasivas; derechos que, son reconocidos por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el art. 8 y la Convención Americanasobre Derechos Humanos en su art. 8.2 inc. h).

Es así, que los jueces y Tribunales son los únicos facultados para realizar la valoración de las pruebas incorporadas durante el juicio oral, en virtud del principio de inmediación, estando el Tribunal de alzada impedido de revalorizar las pruebas, por no ser competente para ello, no siendo la apelación restringida el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencia. Tampoco el sistema procesal admite la doble instancia, estando limitado el accionar del Tribunal de Apelación para anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, debiendo indicar el objeto concreto del nuevo juicio cuando la nulidad sea parcial; o, en su caso, cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, puede resolver directamente. Sin embargo, se vulneran los derechos a la defensa y al debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE, y se incurre en una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación. (…).”


Del análisis de los precedentes invocados, se advierte que las problemáticas dilucidadas, mantienen relación con la problemática procesal del motivo de casación, por lo que existiendo un supuesto fáctico análogo entre los Autos Supremos invocados como contradictorios y el presente motivo de casación, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


A tal efecto, se advierte que el Tribunal de alzada en los “Considerandos” del Auto de Vista observados por el recurrente Quinto y Sexto- estableció en el primero de ellos un análisis dogmático de la libertad sexual como bien jurídico protegido por el delito endilgado al imputado; luego, en el párrafo siguiente explicita la condición objetiva de antijuricidad del tipo penal  y como parte de las conductas previstas, los diferentes tipos de acceso carnal que la norma prevé.


Posteriormente, en el “Sexto Considerando”, el Tribunal de alzada rememora lo denunciado por el apelante, en lo que respecta a que no se lo encontró cometiendo el delito acusado, y la inexistencia de pruebas en su contra, dando como respuesta a tales afirmaciones, que el Ministerio Público ha presentado prueba pericial corroborada por la entrevista psicológica en la cual la víctima manifiesta que ha sostenido relaciones sexuales con el imputado.


Ahora bien, ingresando ya a la labor de contraste con los Autos Supremos invocados como contradictorios; y, enmarcados en el objeto procesal delimitado por el Auto Supremo de admisión en el caso presente -revalorización probatoria incurrida por el Tribunal de alzada-, se evidencia que el Tribunal de apelación en el quinto considerando del Auto de Vista impugnado, no incurrió en la revalorización de las testificales observadas por el recurrente, sino más bien realizó consideraciones con fines ilustrativos en cuanto al tipo penal acusado, no pudiendo considerarse que el de apelación “revisó cuestiones de hecho” al mencionar como parte de sus consideraciones ilustrativas los tipos de conducta en la comisión del delito de violación, (vaginal, anal o bucal), como tampoco puede considerarse como revalorización probatoria o revisión de cuestiones de hecho, el señalar como una de las condiciones objetivas de antijuricidad la concurrencia de “otro medio”, además de la fuerza, violencia o intimidación.


De igual forma, en el sexto considerando observado por el recurrente, el Tribunal de alzada ejerciendo su labor de control de la valoración de la prueba, explicitó que las pruebas observadas por el apelante, fueron incorporadas a juicio oral de manera legal conforme a las facultades conferidas por los arts. 171, 173 y 333 del CPP, habiendo desarrollado el Tribunal de origen su actividad de valoración de forma conjunta y armónica, conteniendo una descripción analítica, intelectiva, fáctica, descriptiva y jurídica; Asimismo, se remitió a las consideraciones fundamentadas en Sentencia en cuanto a que tanto en el examen médico forense como en la entrevista psicológica, se encuentra plasmado el testimonio de la menor víctima referido a  las relaciones sexuales sostenidas con el imputado, no advirtiendo por ende la revalorización probatoria acusada.


En suma, habiendo realizado la contratación de la Resolución impugnada con los precedentes invocados como contradictorios Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012 de 24 de agosto, 304/2012 de 23 de noviembre y 0034/2013 de 14 de febrero-, todos ellos con doctrina legal aplicable referida a la prohibición de revalorizar prueba en alzada, se advierte que no es evidente lo acusado por el recurrente; por ende, el Auto de Vista impugnado no resulta contradictorio con los precedentes invocados, al no haber incurrido en revalorización probatoria, sino más bien enmarcado su actuar al control de valoración de la prueba.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Fransk Justiniano Masabi, de fs. 232 a 239 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos