TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 988/2018-RRC

Sucre, 07 de noviembre de 2018


Expediente                        : Potosí 5/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Nicolás Flores Márquez y otra

Delito                                Estafa

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de enero de 2018, cursante de fs. 483 a 488 vta., Nicolás Flores Márquez y Florentina Barja Quispe, interponen recurso de casación,  impugnando el Auto de Vista 58/2017 de 5 de octubre, de fs. 457 a 470, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Luís Palomino Campos y María Quispe Llalle de Palomino contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


a)    Por Sentencia 47/2016 de 18 de noviembre (fs. 366 a 376 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Nicolás Flores Márquez, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión y cien días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, a favor del Estado; por otra parte, Florentina Quispe Barja fue absuelta de pena y culpa por el delito endilgado en su contra. 


b)         Contra la mencionada Sentencia, los acusadores particulares Luis Palomino Campos y María Quispe Llalle de Palomino (fs. 380 a 383), así como los imputados Nicolás Flores Márquez y Florentina Barja Quispe (fs. 398 a 404 vta.), interpusieron recursos de apelaciones restringidas, que fueron resueltos por Auto de Vista 58/2017 de 5 de octubre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedentes ambos recursos y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 238/2018-RA de 10 de abril, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. La parte recurrente transcribiendo una porción del Auto Supremo 17/2007 de 26 de enero, enfatizando que ordenase que en los supuestos de defectuosa valoración de la prueba procede la anulación de la Sentencia y reposición del juicio; aspecto que, citado como contradictorio el Auto de Vista impugnado obvió, pues a pesar de concluir en varios momentos de su texto (que son trascritos y resaltados en el recurso), que la Sentencia 47/2016, adolecía de varias falencias no fue anulada, más por el contrario, fue confirmada.


Agregan, que a lo largo del segundo considerando, el Auto de Vista impugnado, concluye que la valoración de la prueba en fase de juicio oral fue defectuosa, indicando en torno a las atestaciones de los investigadores asignados al caso que, requiriesen mayor motivación, que aplicando la sana crítica procure superar la “parcialidad de los policías, precisamente por su actividad investigativa que es su trabajo” (sic).


Finalizando este motivo, los recurrentes afirman que el fallo que impugnan es contrario también a la doctrina legal del Auto Supremo 104/2004 de 20 de febrero, que en similares condiciones refiere que detectada una valoración defectuosa de la prueba procede la anulación de la Sentencia y el reenvío del juicio.

  1. Citan que a más de contener afirmaciones sobre defectuosa valoración de la prueba, el Auto de Vista 58/2017 de 5 de octubre, concluye que la Sentencia es escasamente fundamentada y motivada, extremo que en consideración de los recurrentes asume una dirección contraria a la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 349/2006 de 28 de agosto, que manifiesta “que en ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la Resolución” (sic); así como el Auto Supremo 183/2007 de 6 de febrero, que incide sobre los criterios de fundamentación en la Sentencia y el deber de congruencia entre las partes considerativa y resolutiva. Los recurrentes concluyen que el Tribunal de apelación, habiendo advertido falencias en la Sentencia debió aplicar la doctrina legal contenida en los Autos Supremos citados.

  1. Cuestionan que si bien el Auto de Vista impugnado posee un resumen de los puntos referidos al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, omite pronunciarse sobre los reclamos efectuados en base al mismo art. en sus incs. 1) y 5), así como el planteamiento en torno al art. 169 de la norma procesal penal. En la perspectiva del recurso tal aseveración no condice lo expresado en el Auto Supremo 152/2007 de 2 de octubre, del cual se transcribe un fragmento.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se admita el recurso de casación y se dicte Auto Supremo dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 238/2018-RA de 10 de abril, cursante de fs. 499 a 501 este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Nicolás Flores Márquez y Florentina Barja Quispe, para el análisis de fondo.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 47/2016 de 18 de noviembre, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Nicolás Flores Márquez, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión y cien días multa a razón de Bs. 1.-(un boliviano)  por día, a favor del Estado; por otra parte, Florentina Barja Quispe fue absuelta de pena y culpa por el delito endilgado en su contra, en base a los siguientes argumentos:


Como hechos generadores del proceso penal, se tiene que el 16 de enero de 2013 los ciudadanos Luís Palomino Campos y María Quispe de Palomino presentan querella en contra de Nicolás Flores Márquez y Florentina Barja Quispe, por la presunta comisión del delito de Estafa indicando que habrían visto la forma de adquirir algunos lotes de terreno, para lo cual Nicolás Flores les propuso vender dos terrenos argumentando ser apoderado de Dora Meneses Vda. de Salguero, quien era heredera y propietaria sobre el lote de terreno que se encuentra en la urbanización Verde Olivo lote Nº 6 y 15, Mz. 2, registrado en DDRR bajo la partida Nº 1375, folio 620, libro 01 de 6 de noviembre de 1986, dicho poder habría sido otorgado por testimonio Nº 261/20 por ante notario de Fe Pública Nº 65 a cargo de Alberto Castro en fecha 9 de noviembre de 2010, quedando la compra del referido terreno en la suma total de $us. 7000.- (Siete mil dólares estadounidenses), otorgándole los denunciantes como anticipo la suma de $us. 1.500.- (Un mil quinientos dólares estadounidenses); posteriormente, el 30 de enero de 2011 se otorgó la suma de $us. 2.500.- (Dos mil quinientos dólares estadounidenses) a los denunciados, realizándose un documento privado por el cual la propietaria se comprometía a vender al imputado y este a su vez a realizar los trámites pertinentes para la consolidación de los dos terrenos a favor de los compradores. Que los imputados obraron de mala fe logrando la disposición patrimonial de los denunciantes en la suma de $us. 4.500.- (Cuatro mil quinientos dólares estadounidenses) en fecha 16 de abril de 2011, teniendo como constancia la parte adversa de un documento que presentan los querellantes, por lo que se logró demostrar que se sonsacó en total la suma de $us. 11.000.- (Once mil dólares estadounidenses) más $us. 500.- (Quinientos dólares estadounidenses) por concepto de gastos de promoción del hijo de los imputados, al haber sido nombrados padrinos. Posteriormente, con la finalidad de lograr un acuerdo se habrían reunido en el domicilio de Nicolás Flores donde se negaron a arreglo alguno, es así que no tuvieron la intensión de devolver el dinero recibido, más bien querían los imputados usucapir esos referidos terrenos de Dora Vda. de Salguero.


El Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Potosí, valorando las pruebas documentales de cargo del Ministerio Público, signadas como literales de la Nº 2, a la 9, las declaraciones testificales de Luís Palomino, María Quispe, Carlitos Colque, Miguelina Condori, Víctor Villca, las documentales de la acusación particular signadas como D1, D2, D4, así como testificales de descargo de Concepción Flores, Nilda Flores, Damasia Flores, Domingo Escobar y Elizabeth Flores, llegó a la comprobación de que el acusado Nicolás Flores Márquez ejerció sobre sus víctimas engaños para obtener dineros, en principio la suma de $us. 2.500 (Dos mil quinientos dólares estadounidenses)  luego $us. 4.000.- (Cuatro mil dólares estadounidenses); y posteriormente, $us. 4.500.- (Cuatro mil quinientos dólares estadounidenses) con el engaño de que se venderían dos lotes de terreno que no estarían a nombre de los imputados, al contrario según la certificación de catastro de la H.A.M. de Potosí, estarían a nombres de otras personas, haciendo referencia también la conducta del acusado al tratar de vender a otras personas, pese a haber recibido dinero de las víctimas; por otro lado, hizo constar el Tribunal de juicio el conocimiento de un proceso penal por Falsedad Ideológica en contra de los ahora acusadores; sin embargo, enfatizó que en el proceso penal que llevó a cabo en el fondo, es el análisis de los dineros entregados por las víctimas a los imputados sin recibir la devolución de los mismos, ni los terrenos ofertados; consecuentemente, comprobó que las víctimas realizaron desplazamiento patrimonial de sus dineros en favor de los acusados, con una idea errónea de que iban a ser propietarios de dos lotes de terrenos, lo cual no ocurrió por los antecedentes ya descritos. En cuanto, a la participación de Florentina Barja Quispe, según las pruebas aportadas por el Ministerio Público y los acusadores particulares, estos involucraron a Nicolás Flores pero no así a la acusada, pues su participación se subsumiría a un acompañamiento a ciertos acontecimientos plasmados en la relación de hechos fácticos, tampoco la acusada firmó el recibo signado con la literal MPD-3, por lo que generó duda razonable que fue en favor de la acusada, motivos por los cuales la autoridad judicial de acuerdo a los hechos demostrados en juicio oral y a la subsunción de la conducta del imputado, condenó al delito previsto en el art. 335 del CP, e impuso la pena privativa de libertad de tres años y seis meses, en el recinto de readaptación productiva de Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, imponiéndole la multa de cien días a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día.


II.3.  De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, la parte civil así como los imputados interpusieron recursos de apelaciones restringidas. Es así que, con la finalidad de resolver la problemática planteada en el recurso de casación de la parte recurrente, corresponde el desarrollo de los argumentos de la apelación restringida de Nicolás Flores Márquez y Florentina Barja Quispe, de acuerdo a los siguientes aspectos:


  1. Denunció el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, referente a la valoración defectuosa de la prueba, por el que sostuvieron que en la fundamentación probatoria descriptiva de la Sentencia, se le juzgó al acusado en base al manuscrito de 21 de agosto de 2011 y las declaraciones de las víctimas e informes del documento falso, hacen mención también a que los acusadores resultarían testigos directos del hecho pero no detallaron lugares, espacios ni tiempos, pues consideraron que dichos testigos Luis Palomino, María Quispe, Víctor Villca, fueron testigos referenciales por lo que consideró el recurrente la duda en su participación, además que no habría valorado el Tribunal a quo, los testigos de descargo ni las documentales, peor la pericia incorporada a juicio y que se realizó contradicciones en base al contenido del documento de 30 de enero de 2011. De lo expresado, concluyeron los recurrentes que se produjo una inobservancia a los parámetros de la valoración de la prueba, con relación al delito de Estafa, pues lo consideró autor de dicho delito en base a suposiciones, sin precisar qué pruebas, testifical o documental acreditó su participación, transcribiendo el art. 13 del CP, por lo que finalmente señaló que no se le podía atribuir dicho tipo penal al existir obligaciones que cumplir por parte de los compradores de pagar el valor del lote y por parte del recurrente de entregarlo. 


Por otro lado citó el art. 24 del CP y transcribió el Auto Supremo 241/2005 de 1 de agosto, relativo a los parámetros de la subsunción del hecho al tipo penal de Estafa, asimismo expresó que los acusadores particulares quieren obtener esos dos terrenos utilizando la vía penal pues ambos terrenos costarían $us. 60.000.- (Sesenta mil dólares estadounidenses). Continuó señalando que el delito de Estafa requiere la existencia del dolo directo en el actuar del agente y señaló que se violó el principio de la sana crítica, debido a que el Tribunal de juicio en la fundamentación probatoria descriptiva no dijo cómo los valoró, no se reconoció el iter lógico del razonamiento. Por otro lado, con relación a la fundamentación probatoria intelectiva el a quo, expresó “En sujeción a las determinaciones de los arts.13, 124, 173 y 359 del CPP, se procedió a la valoración de todas las pruebas en el proceso, tanto de cargo como de descargo, conforme las reglas de la sana crítica, razonamiento justo y valoración jurídica conforme el art. 173 del CPP, sobre el delito acusado” sobre dicho aspecto el recurrente concluyó que sería una simple afirmación y descripción de las pruebas literales como testificales empero no existió la valoración de la prueba, pues la crítica de la prueba testifical debió hacerse a partir del contenido intrínseco de las declaraciones, apreciando el convencimiento judicial; sin embargo, la prueba documental de cargo y descargo como la pericia no realizó motivación alguna el A quo. Respecto a la fundamentación descriptiva, bajo el epígrafe de hechos probados, el  A quo, habría realizado una descripción carente de valoración; a tal efecto, realizó solo una descripción de antecedentes del proceso sin referir tiempos, espacios ni lugares. Finalmente, con relación a la fundamentación jurídica, señaló que hubo omisión al no desarrollar los aspectos relevantes a las figuras delictivas, e hizo manifestaciones genéricas sobre la existencia del hecho y las pruebas respaldatorias, por lo que consideró  exceso, pues sin existir elemento de prueba eficaz se endilgó el delito de Estafa en base a suposiciones, declaraciones referenciales e informes que no tuvieron trascendencia en el debate, así como concluyó que en Sentencia lo habrían declarado también co-autor empero absolvieron a Florentina Barja, por lo que consideró la violación de los arts. 124, 173 y 359 del CPP; y, 13, 14, 20, 24 y 335 del CP.


  1. Acusó el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, a tal efecto indicó que en los “Hechos Probados” el acusado recibió dineros de las víctimas, por lo que sostuvo que no existieron personas que observaron que estafó o recibió dinero; por ende, las aseveraciones llegadas por el a quo, son inexistentes y no fueron acreditadas, también arguyó que en juicio logró demostrar la falsedad del documento de 30 de enero de 2011; empero, pese a ello lo condenaron por el delito acusado, en la que se vulneró los arts. 6, 13, 123, 124 y 173 del CPP, 115 II, 117 I y 180 I de la Constitución Política del Estado (CPE), al haber basado la Sentencia condenatoria en hechos inexistentes y no acreditados, motivos por los que solicitó en el subtítulo de aplicación pretendida, la absolución de pena y culpa.

  1. Como tercer motivo señaló el art. 370 inc. 1) del CPP, referente a la inobservancia o errónea aplicación de la ley, en la que sostuvo que en Sentencia se inobservó la norma y se aplicó erróneamente los siguientes aspectos: La inobservancia del art. 14 del CP, al no observar los elementos subjetivos del tipo penal acusado, el Tribunal no precisó si hubo o no dolo en su actuar, cuál fue el elemento de prueba que acreditó el actuar doloso, al margen del documento de 21 de agosto de 2011.


Sobre su autoría y la subsunción al delito de Estafa, expresó que en Sentencia no se acreditó su participación al no encontrarse plasmado, el día, mes, lugar de su participación, al no existir elementos probatorios que le hayan incriminado, por otro lado expresó que al menos se le debió sancionar con el mínimo legal, pues consideró la pena de tres años y seis meses un exceso, expresando que las normas violadas son los arts. 13, 14, 20, 24, 335 del CP; a tal efecto, solicitó que se le declare absuelto. Invocando los precedentes contradictorios conforme su otrosí segundo de su recurso, en los que citó los Autos Supremos 17/2007 de 26 de enero, 104/2004 de 20 de febrero, referentes a la valoración defectuosa de la prueba, los Autos Supremos 242/2006 de 6 de julio, 183/2007 de 6 de febrero, 349/2006 de 28 y 4 de agosto, 444/2005 de 15 de octubre y 5/2007 de 26 de enero, relativos al principio in dubio pro reo, los Autos Supremos 97/2005 de 1 de abril, 508/2014 de 22 de mayo y 97/2005 de 1 de abril, respectos también al in dubio pro reo.    


II.4.  Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró admisibles e improcedentes ambos recursos de apelaciones restringidas; empero, tomando en cuenta la problemática planteada a desarrollar, corresponde desarrollar los argumentos del Auto de Vista con relación al recurso de Nicolás Flores Márquez y Florentina Barja Quispe, en base a los siguientes aspectos:


  1. Como primer agravio, los acusados recurrentes denunciaron el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, referente a la errónea valoración defectuosa de la prueba, en la cual sostuvieron que en la fundamentación probatoria descriptiva de la Sentencia, se juzgó al acusado en base al manuscrito de 21 de agosto de 2011 y las declaraciones de las víctimas e informes del documento falso, también hicieron mención que los acusadores resultarían testigos directos del hecho pero no habrían detallado lugares, espacios ni tiempos, pues consideraron que dichos testigos Luis Palomino, María Quispe, Víctor Villca, fueron testigos referenciales por lo que consideró el recurrente la duda en su participación, además que no habría valorado el Tribunal a quo, los testigos de descargo ni las documentales, peor la pericia incorporada a juicio y que se realizó contradicciones en base al contenido del documento de 30 de enero de 2011. De lo expresado, concluyeron los recurrentes que se produjo una inobservancia a los parámetros de la valoración de la prueba, con relación al delito de Estafa, pues lo consideró autor de dicho delito en base a suposiciones, sin precisar qué pruebas, testifical o documental acreditó su participación, transcribiendo el art. 13 del CP, por lo que finalmente señaló que no se le podía atribuir dicho tipo penal al existir obligaciones que cumplir por parte de los compradores de pagar el valor del lote y por parte del recurrente de entregarlo. Por otro lado, citó el art. 24 del CP y transcribió el Auto Supremo 241/2005 de 1 de agosto, relativo a los parámetros de la subsunción del hecho al tipo penal de Estafa, asimismo expresó que los acusadores particulares quieren obtener esos dos terrenos utilizando la vía penal pues ambos terrenos costarían $us. 60.000.- (Sesenta mil dólares estadounidenses). Continuó señalando que el delito de Estafa requiere la existencia del dolo directo en el actuar del agente y señaló que se violó el principio de la sana crítica, debido a que el Tribunal de juicio en la fundamentación probatoria descriptiva no dijo cómo los valoró, no se reconoció el iter lógico del razonamiento. Por otro lado, con relación a la fundamentación probatoria intelectiva el a quo, expresó “En sujeción a las determinaciones de los arts.13, 124, 173 y 359 del CPP, se procedió a la valoración de todas las pruebas en el proceso, tanto de cargo como de descargo, conforme las reglas de la sana crítica, razonamiento justo y valoración jurídica conforme el art. 173 del CPP, sobre el delito acusado” sobre dicho aspecto el recurrente concluyó que sería una simple afirmación y descripción de las pruebas literales como testificales empero no existió la valoración de la prueba, pues la crítica de la prueba testifical debió hacerse a partir del contenido intrínseco de las declaraciones, apreciando el convencimiento judicial; sin embargo, la prueba documental de cargo y descargo como la pericia no realizó motivación alguna el A quo. Respecto a la fundamentación descriptiva, bajo el epígrafe de hechos probados, el  A quo, habría realizado una descripción carente de valoración; a tal efecto, realizó solo una descripción de antecedentes del proceso sin referir tiempos, espacios ni lugares. Finalmente, con relación a la fundamentación jurídica, señaló que hubo omisión al no desarrollar los aspectos relevantes a las figuras delictivas, e hizo manifestaciones genéricas sobre la existencia del hecho y las pruebas respaldatorias; por lo que consideró  exceso, pues sin existir elemento de prueba eficaz se endilgó el delito de Estafa en base a suposiciones, declaraciones referenciales e informes que no tuvieron trascendencia en el debate, así como concluyó que en Sentencia lo habrían declarado también co-autor; empero, absolvieron a Florentina Barja, por lo que consideró la violación de los arts. 124, 173 y 359 del CPP y los arts. 13, 14, 20, 24 y 335 del CP. Al respecto, el Tribunal de alzada expresó que del análisis del Considerando Segundo punto Fundamentación Probatoria y Tercer Considerando punto Fundamentación Jurídica se evidenció que el A quo, aplicó correctamente el art. 173 del CPP, en mérito a la apreciación conjunta y armónica al establecer que el imputado adecuó su conducta al tipo penal de Estafa, conteniendo la Sentencia a más detalle de la prueba de cargo y descargo la debida fundamentación respecto a la prueba, realizando una labor de valoración a cada elemento de prueba con aplicación de las reglas de la sana crítica, motivando las razones por las cuales les otorga determinado valor, tomando en cuenta las pruebas de cargo, descargo y la pericial, pruebas MPD-3, MPD-4, MPD-5, que comprueban que ninguno de los lotes de terreno que son el Nº 6 y 15, que fueron registrados en Catastro de la H.A.M. de Potosí, se encontrarían a nombre de los acusados, contrariamente estaban a nombre de Dora Meneses Vda. de Salguero, y otras personas, de dichos contenidos se extraería que el Tribunal a quo; realizó una labor para concluir la imposición de la pena al acusado no denotándose omisión ni exceso en la resolución apelada, no implicando irracionalidad para dejarse llevar por la sola tuición, en dicho sentido conforme el Auto Supremo 135/2013 de 20 de mayo, estableció que el Tribunal de alzada debe examinar cómo ha gravitado y que influencia han ejercido las pruebas a momento de la decisión consignada en Sentencia, en el caso en concreto este ha declarado culpable al acusado y dispuso la absolución de la acusada, ofreciendo certidumbre en la valoración realizada, por lo que no resultó evidente el agravio.

  1. En cuanto, al segundo agravio los acusados alegaron el art. 370 inc. 5) del CPP, que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados, en la que indicó que en los “Hechos Probados” el acusado recibió dineros de las víctimas, por lo que sostuvo que no existieron personas que observaron que estafó o recibió dinero, por ende las aseveraciones llegadas por el A quo, fuesen inexistentes y no fueron acreditadas, también arguyó que en juicio logró demostrar la falsedad del documento de 30 de enero de 2011; empero, pese a ello lo condenaron por el delito acusado, en la que se vulneró los arts. 6, 13, 123, 124 y 173 del CPP, 115 II, 117 I y 180 I de la CPE, al haber basado la Sentencia condenatoria en hechos inexistentes y no acreditados, motivos por los que solicitó en el subtítulo de aplicación pretendida, la absolución de pena y culpa. Al respecto; se tiene que el principio de verdad material se encuentra plasmada en el art. 180 I de la CPE, referente a la obligación de los Juzgadores de ante poner la verdad de los hechos antes de cualquier situación, prevalecerá el conocimiento de los hechos materiales sobre las formas siempre que no signifique vulneración de derechos fundamentales, conforme la Sentencia Constitucional 713/2010 de 20 de julio. En el presente caso, de la revisión de la Sentencia en el Considerando Segundo, punto Fundamentación Probatoria y Tercer Considerando punto Fundamentación Jurídica, se denotó de sus contenidos, que de las pruebas de cargo y descargo, el A quo hizo un análisis valorativo de la prueba, teniendo coherencia, orden y razonamiento lógico que manifiestan certidumbre en respeto al principio de inmediación, que se constituye en eje central en la producción de la prueba; asimismo, expresó el Ad quem que de la revisión de los contenidos, se estableció que de las pruebas de cargo y descargo fueron valoradas coherentemente, respondiendo a un iter lógico en los juicios vertidos sobre la prueba, porque se denotó en el Tribunal de juicio una labor en la aplicación del art. 173 del CPP; por lo que llegó a la conclusión de que los hechos encajan al tipo penal querellado en relación al acusado y no con la acusada, en la que valoró el documento de 30 de enero de 2011 y el manuscrito de 21 de agosto de 2011, siendo claro que el proceso no fue para valorar la nulidad de dicho documento, no pudiendo el Tribunal de alzada retrotraer su actividad a las circunstancias hechos y pruebas que ya fueron sometidos a control público, evidenciándose que se cumplió la sana crítica, previsto en el art. 173 del CPP. Finalmente, hizo referencia al Auto Supremo 297/2016 de 21 de abril, que señala “Cuando el sujeto activo sabe antes o al momento de la celebración del contrato que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación  u ofrecimiento comprometido a la que está obligado, se origina el propósito defraudatorio” , es así que concluyó que la fundamentación probatoria de la Sentencia es coherente por que se denotó la actividad descriptiva y valorativa en aplicación de la sana crítica, bajo estos parámetros no resultó evidente el agravio expuesto por los recurrentes.

  1. Referente al tercer motivo los recurrentes alegaron el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, referente a la inobservancia o errónea aplicación de la ley, en la que sostuvieron los recurrentes que en Sentencia se inobservó la norma y se aplicó erróneamente los siguientes aspectos: La inobservancia del art. 14 del CP, al no observar los elementos subjetivos del tipo penal acusado, el Tribunal no precisó si hubo dolo en su actuar, cuál fue el elemento de prueba que acreditó el actuar dolosamente, al margen del documento de 21 de agosto de 2011. Sobre su autoría y la subsunción al delito de Estafa expresaron que en Sentencia no se acreditó su participación al no encontrarse plasmado, el día, mes, lugar, al no existir elementos probatorios que le incriminen; por otro lado, expresaron que al menos debió ser sancionado con el mínimo legal, pues la pena de tres años y seis meses sería un exceso; asimismo, expresaron que las normas violadas fueron los arts. 13, 14, 20, 24, 335 del CP; a tal efecto, solicitaron que se le declare absuelto. Invocando los precedentes contradictorios conforme su otrosí segundo de su recurso nombrando los Autos Supremos 17/2007 de 26 de enero, 104/2004 de 20 de febrero, referentes a la valoración defectuosa de la prueba, los Autos Supremos 242/2006 de 6 de julio, 183/2007 de 6 de febrero, 349/2006 de 28 y 4 de agosto, 444/2005 de 15 de octubre y 5/2007 de 26 de enero, referentes al principio in dubio pro reo, los Autos Supremos 97/2005 de 1 de abril, 508/2014 de 22 de mayo y 97/2005 de 1 de abril, referentes también al in dubio pro reo. Al respecto, mediante este motivo refirió el Ad quem, que se puede solicitar la revisión del juicio jurídico pero no del juicio histórico, este defecto se produce cuando se aplica una norma sustantiva que no corresponde al marco fáctico acreditado en el juicio o de aplicarse la norma correspondiente, se le da un alcance distinto, en la Litis se denunció que se aplicó erróneamente el art. 14 del CP, en relación al art. 335 del CPP. Del análisis de la Sentencia en el Considerando Segundo, punto fundamentación probatoria y Considerando Tercero punto fundamentación jurídica, se evidencia que el A quo, aplicó correctamente el art. 173 del CPP, en mérito a la apreciación conjunta y armónica de la prueba producida, se estableció que el acusado adecuó su conducta al tipo penal de Estafa conforme al art. 335 del CP, en relación al art. 365 del CPP, habiendo aplicado el A quo, la referida norma del análisis de la valoración probatoria, la Sentencia corresponde al marco fáctico acreditado en juicio y los recurrentes fundamentaron una actividad que no parte de considerar la intangibilidad de los hechos, verificándose además del acta de juicio oral que ambas partes produjeron sus pruebas en respeto a los principios de inmediación y contradicción, siendo ilegal pretender que se sancione al recurrente con el mínimo de la pena, cuando se estableció que la prueba aportada fue suficiente para generar convicción en el Tribunal sentenciador sobre la responsabilidad penal, por lo que no es evidente este agravio en los parámetros esgrimidos por los acusados recurrentes.


         III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


En el presente proceso penal, fue admitido el recurso de casación interpuesto por los imputados Nicolás Flores Márquez y Florentina Barja Quispe, denunciando que el Tribunal de alzada i) Actuó de manera omisiva al no anular la Sentencia pese a haber encontrado falencias en la valoración probatoria; ii) Concluyó que la Sentencia a más de contener valoración defectuosa, fue escasamente fundamentada, alegando por ende que el Auto de Vista impugnado fuese contradictorio; iii) No se pronunció sobre los defectos de Sentencia previstos en los incs. 1) y 5) del art. 370 del CPP, como tampoco respecto al art. 169 del mismo cuerpo legal.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42 I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes, ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores; y, sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2.        Análisis del caso concreto.


En cuanto al primer motivo traído en casación, los recurrentes denuncian que el Tribunal de apelación actuó de manera omisiva al no anular la Sentencia a pesar de encontrar en ella varias falencias, especialmente en lo que es valoración probatoria, lo que fuese contradictorio a los Autos Supremos 17/2007 de 26 de enero y 104/2004 de 20 de febrero, cuya doctrina legal aplicable estaría orientada a la obligación de los Tribunales de apelación en los supuestos de defectuosa valoración probatoria y de verificarse esta procedan a la anulación de la Sentencia y reposición del juicio.  En ese sentido y a los fines de efectuar la labor de contraste corresponde desarrollar cada uno de los precedentes:


Es así, que se invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 17/2007 de 26 de enero, dentro del proceso penal seguido por J.A. de M. en contra de A.C. de A. por el presunto delito de Calumnia, que tiene como antecedente la revalorización probatoria por parte del Tribunal de alzada, que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal:


“DOCTRINA LEGAL APLICABLE.- El Tribunal de alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron objeto de la apelación restringida, el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal establece que: "Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y/o su errónea aplicación, el Tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal.

Cuando el ad quem advierte que en el proceso se han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión del artículo 173 y 339 ambos del Código de Procedimiento Penal, incurriendo así en el defecto del artículo 370-6) de la referida norma adjetiva, se hace evidente que el fallo no contendría los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió al juez de grado, por ello corresponde conforme prevé el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal, a efecto de garantizar que las partes en conflicto, puedan someter nuevamente el conocimiento, discusión y valoración de la prueba, ante otro juez o Tribunal quien observando los principios de inmediación y contradicción, que rigen el proceso y el circuito probatorio, dicte nueva resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica”.

Por otro lado, se invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 104/2004 de 20 de febrero, emergente del proceso penal seguido por H.Z.C.C. y otra, en contra de A.G.M. de M., por el presunto delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y otros, que tiene como antecedente la emisión de nueva Sentencia por el Tribunal de alzada en la que habría revalorizado pruebas, que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal:


DOCTRINA LEGAL APLICABLE.- Que, de acuerdo con la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la substanciación del juicio o la sentencia; no siendo la resolución que resuelve la apelación restringida el medio impugnativo idóneo para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho a cargo de los jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Por ello, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal penal, el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional ya sea a anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, se entiende por no requerir la práctica de prueba de ninguna naturaleza, podrá resolver directamente”.


Bajo este preámbulo, corresponde verificar si existe contradicción entre los  precedentes citados con lo resuelto por el Tribunal de alzada, por lo que a efectos de contrastar los fundamentos contenidos en el Auto de Vista impugnado respecto a los aspectos apelados, corresponde analizar lo siguiente:


El Tribunal de alzada; en cuanto, al primer agravio interpuesto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, en la que se denunció la errónea valoración de los elementos probatorios efectuados en la fundamentación probatoria descriptiva de la Sentencia, en la que no se habría constatado lugares, espacios ni tiempos, aludiendo la duda en su participación con relación al delito de Estafa, al considerar haber sido condenado en base a suposiciones, en inobservancia del art. 13 del CP, invocando el Auto Supremo 241/2005 de 1 de agosto, relativo a los parámetros de la subsunción del hecho al tipo penal de Estafa. Con relación a la fundamentación probatoria intelectiva de la Sentencia, expresaron los recurrentes que serían una simple afirmación y descripción de las pruebas sin motivación, sin que exista la valoración probatoria. Finalmente, con relación a la fundamentación jurídica, señalaron que no se desarrolló aspectos relevantes a las figuras delictivas, realizando manifestaciones genéricas sobre la existencia del hecho y pruebas respaldatorias, sosteniendo que existió exceso, al haber sido condenado en base a suposiciones, como también el hecho que se le declaró co-autor, absolviendo a Florentina Barja, por lo que consideró la violación de los arts. 124, 173 y 359 del CPP y 13, 14, 20 y 24; y, 335 del CP. Al respecto, el Tribunal de alzada expresó que del análisis del Considerando Segundo punto Fundamentación Probatoria y Tercer Considerando punto Fundamentación Jurídica, se evidenció que el A quo, aplicó correctamente el art. 173 del CPP, en mérito a la apreciación de Estafa, a la prueba, en aplicación de las reglas de la sana crítica, motivando las razones por las cuales les otorgó determinado valor, tomando en cuenta las pruebas de cargo, descargo y la pericial, pruebas MPD-3, MPD-4, MPD-5, que comprueban que ninguno de los lotes de terrenos se encontraban a nombre de los acusados, por lo que el A quo, realizó una labor concluyente en la imposición de la pena al acusado, sin denotar omisión ni exceso en la resolución apelada, citando además el Auto Supremo 135/2013 de 20 de mayo. Posteriormente, expresó el Ad quem, que la Sentencia ofreció certidumbre en la valoración realizada, por lo que no resultó evidente el agravio.


Sobre el particular, analizado el motivo denunciado en casación, como examinados los fundamentos plasmados en el Auto de Vista impugnado, dan cuenta que el Tribunal de alzada al resolver el agravio de valoración defectuosa de la prueba previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, otorgó una respuesta desarrollada en forma clara, al concluir que el Tribunal A quo aplicó correctamente las normas de la sana crítica conforme el art. 173 del CPP, en mérito al control de logicidad ejercido sobre la Sentencia, particularmente sobre  los Considerandos Segundo y Tercero, relativo a la fundamentación probatoria y jurídica, verificando la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida, así como la valoración a cada uno de los elementos de prueba, principalmente el Ad quem analizó las conclusiones arribadas en mérito a las documentales MPD-3, MPD-4 y MPD-5, donde concluyó que los dos lotes de terrenos ofertados en los registros de Catastro y Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Potosí no se encontraban registrados a nombre de los acusados, verificando en suma la subsunción de la conducta del imputado al delito de Estafa, así como la pena impuesta no denotaron exceso ni irracionalidad por parte del A quo.


Como se puede observar, el Tribunal de alzada emitió una respuesta fundamentada y motivada, en base a un adecuado control de logicidad sobre el iter lógico del Juzgador, no resultando evidente que el Ad quem, haya concluido en diferentes partes de su Resolución que la Sentencia adolecía de falencias, como tampoco se verifica que haya expresado con relación a la valoración probatoria en juicio, que la misma haya sido defectuosa en torno a atestaciones de los investigadores; por el contrario, del análisis del Auto de Vista impugnado se observa que guarda una coherencia lógica en el desarrollo del agravio denunciado, tanto en la parte dispositiva como en la resolutiva, no siendo tampoco incongruente, pues como se expresó precedentemente, en base al control de logicidad verificó que el razonamiento en la valoración de toda la comunidad probatoria no fuesen violentados los parámetros lógicos de la sana crítica, concluyendo que no resultó evidente el agravio de los recurrentes acusados.


En consecuencia, el Tribunal ad quem al resolver el agravio denunciado, no llegó a determinar violación a las reglas de la sana crítica en la emisión de la Sentencia condenatoria, tampoco detectó valoración defectuosa probatoria, evidenciándose por el contrario una Resolución debidamente fundamentada y congruente, no observándose vulneraciones al debido proceso, motivos por los cuales no resulta contradictorio el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados, por lo que se declara este motivo en infundado.


Referente al segundo motivo traído en casación, alegan que a más de contener afirmaciones sobre defectuosa valoración de la prueba, el Auto de Vista 58/2017 de 5 de octubre, concluye que la Sentencia es escasamente fundamentada y motivada, extremo que en consideración de los recurrentes asume una dirección contraria a la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 183/2007 de 6 de febrero y 349/2006 de 28 de agosto, último manifiesta “que en ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución.” En ese sentido y a los fines de efectuar la labor de contraste corresponde desarrollar cada uno de los precedentes:


Es así, que se invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 183/2007 de 6 de febrero, dentro del proceso penal seguido por R.E.M. en contra de R.F.L.A. por el presunto delito de Peculado, que tiene como antecedente las inobservancias a las reglas de la deliberación de la Sentencia como la errónea valoración probatoria, que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal:


“DOCTRINA LEGAL APLICABLE: Que, el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el Art. 1 de la Ley Nº 1970, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a la reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporada legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo, requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del Art. 370 incisos 1) 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal.”


Por otro lado, también se invocó el Auto Supremo 349/2006 de 28 de agosto, dentro del proceso penal seguido por M.S.S. en contra de E.A.J. y otra, por el presunto delito de Robo Agravado, que tiene como antecedente la falta de fundamentación del Tribunal de alzada, que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal:


“LINEA DOCTRINAL.- En ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva.


Por otra parte, se deja en "indefensión" a las partes y se viola la garantía constitucional del "debido proceso" cuando el Auto de Vista deviene en "infra petita" es decir cuando el Tribunal de apelación omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de reclamación que contiene el recurso de apelación restringida.


Por lo que es esencial que el Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación restringida, contemple fundadamente todos los puntos de impugnación contenidos en el recurso de apelación restringida a efecto de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales de las partes.”

Bajo este preámbulo, corresponde verificar si existe contradicción entre los  precedentes citados con lo resuelto por el Tribunal de alzada, por lo que a efectos de contrastar los fundamentos contenidos en el Auto de Vista impugnado respecto a los aspectos apelados, corresponde analizar lo siguiente:


El Tribunal de alzada en cuanto al primer agravio interpuesto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, en la que se denunció la errónea valoración de los elementos probatorios efectuados en la fundamentación probatoria descriptiva de la Sentencia, en la que no se habría constado lugares, espacios ni tiempos, aludiendo la duda en su participación con relación al delito de Estafa, al considerar haber sido condenado en base a suposiciones, en inobservancia del art. 13 del CP, invocando el Auto Supremo 241/2005 de 1 de agosto, relativo a los parámetros de la subsunción del hecho al tipo penal de Estafa. Con relación a la fundamentación probatoria intelectiva de la Sentencia, expresaron los recurrentes que serían una simple afirmación y descripción de las pruebas sin motivación, sin que exista la valoración probatoria. Finalmente, con relación a la fundamentación jurídica, señalaron que no se desarrolló aspectos relevantes a las figuras delictivas, realizando manifestaciones genéricas sobre la existencia del hecho y pruebas respaldatorias, sosteniendo que existió exceso, al haber sido condenado en base a suposiciones, como también el hecho que se le declaró co-autor, absolviendo a Florentina Barja, por lo que consideró la violación de los arts. 124, 173 y 359 del CPP ,13, 14, 20 ,24 y 335 del CP. Al respecto, el Tribunal de alzada expresó que del análisis del Considerando Segundo punto Fundamentación Probatoria, y Tercer Considerando punto Fundamentación Jurídica, se evidenció que el a quo, aplicó correctamente el art. 173 del CPP, en mérito a la apreciación de Estafa, a la prueba, en aplicación de las reglas de la sana crítica, motivando las razones por las cuales les otorgó determinado valor, tomando en cuenta las pruebas de cargo, descargo y la pericial, pruebas MPD-3, MPD-4, MPD-5, que comprueban que ninguno de los lotes de terrenos se encontraban a nombre de los acusados, por lo que el a quo, realizó una labor concluyente en la imposición de la pena al acusado, sin denotar omisión ni exceso en la resolución apelada, citando además el A.S. 135/2013 de 20 de mayo. Posteriormente expresó el ad quem, que la Sentencia ofreció certidumbre en la valoración realizada, por lo que no resultó evidente el agravio.


Sobre el particular, analizado el motivo denunciado en casación, como examinados los fundamentos plasmados en el Auto de Vista impugnado, dan cuenta que el Tribunal de alzada al resolver el agravio de valoración defectuosa de la prueba previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, como ya se aclaró y fundamentó precedentemente en el primer motivo de casación, que el Ad quem emitió una Resolución fundamentada y motivada, en mérito a un adecuado control de logicidad sobre los razonamientos de la valoración probatoria realizado por el Tribunal de origen, sin encontrarse quebrantamiento a las reglas de la sana crítica con relación a la subsunción de la conducta del acusado al tipo penal condenado, como tampoco respecto a la pena impuesta. Asimismo se debe advertir que al margen que se constató en el primer motivo resuelto, que el Ad quem no concluyó que las pruebas en Sentencia, hayan sido erróneamente valoradas, tampoco resulta evidente que haya concluido que la Resolución impugnada hubiese sido escasamente fundamentada, pues del análisis y verificación del Auto de Vista recurrido, se demuestra que la misma guarda una relación motivada secuencial, entre la parte dispositiva y la resolutiva.


Como se puede observar, de lo anteriormente analizado no resulta evidente el agravio traído en casación y tomando en cuenta que al no ser contradictorio el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados, corresponde declarar también infundado este segundo agravio.


Finalmente dentro del tercer motivo traído en casación, se cuestiona que el Auto de Vista impugnado, no se haya pronunciado sobre los reclamos efectuados en torno a la existencia de los errores de Sentencia, contenidos en el art. 370 incs. 1) y 5) del CPP, así como el planteamiento en torno al art. 169 de la norma procesal penal, en perspectiva tal situación sería contraria a la doctrina legal del Auto Supremo 152/2007 de 2 de octubre. En ese sentido, y a los fines de efectuar la labor de contraste corresponde desarrollar cada uno de los precedentes:


En tal sentido, se invocó como precedente el Auto Supremo 152/2007 de 2 de octubre; empero, verificado el sistema informático corresponde al Auto Supremo 152/2007 de 2 de febrero, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra J.M.M. por el presunto delito de Tráfico de Sustancias Controladas, que tiene como antecedente que el Tribunal de alzada en la emisión de su Resolución no circunscribió a los puntos apelados, en tal sentido estableció la siguiente doctrina legal:


“DOCTRINA LEGAL APLICABLE: Que el Tribunal de Alzada tiene limitada su competencia, porque debe circunscribir su actividad jurisdiccional a los puntos cuestionados; por otro lado, los puntos impugnados deben clasificarse y jerarquizarse, resumiendo y describiendo cada uno de ellos; actividad que servirá para expresar los fundamentos de la resolución.


El Auto de Vista que resuelva los puntos cuestionados debe fundamentar cada uno de ellos; esta actividad de puro derecho debe expresar la interpretación y aplicación de la norma o normas aplicadas a cada aspecto impugnado, con lo que el actuar del Juzgador se ciñe al principio de legalidad.”


Bajo este preámbulo, corresponde verificar si existe contradicción entre los  precedentes citados con lo resuelto por el Tribunal de alzada, por lo que a efectos de contrastar los fundamentos contenidos en el Auto de Vista impugnado respecto a los aspectos apelados, corresponde analizar lo siguiente:


El Tribunal de alzada en cuanto al art. 370 inc. 5) del CPP, denunciado como segundo agravio en apelación restringida, referente a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados, sosteniendo los recurrentes que en los “Hechos Probados” el acusado recibió dineros de las víctimas, sin la constancia de personas que observen dicho extremo, también arguyó que en juicio logró demostrar la falsedad del documento de 30 de enero de 2011, empero pese a ello lo condenaron por el delito acusado, donde se vulneró los arts. 6, 13, 123, 124 y 173 del CPP, arts. 115 II, 117 I y 180 I de la CPE. Al respecto, el Tribunal de apelación señaló la aplicación del principio de verdad material. Asimismo, expresó que de la revisión del Considerando Segundo, punto Fundamentación Probatoria y Tercer Considerando punto Fundamentación Jurídica, el A quo hizo un análisis valorativo de las pruebas de cargo y descargo, teniendo coherencia y razonamiento lógico que manifiestan certidumbre en respeto al principio de inmediación, respondiendo a adecuado iter lógico conforme el art. 173 del CPP, llegando a la conclusión de que los hechos encajan al tipo penal condenado, conforme el Auto Supremo 297/2016 de 21 de abril, bajo estos parámetros no resultó evidente el agravio expuesto por los recurrentes.


El Tribunal de alzada referente al art. 370 inc. 1) del CPP, denunciado como tercer agravio en apelación restringida, con relación a la inobservancia o errónea aplicación de la ley, en la que sostuvieron los recurrentes que en Sentencia se inobservó y se aplicó erróneamente el art. 14 del CP, al no observar los elementos subjetivos del tipo penal, así como el dolo, al margen del documento de 21 de agosto de 2011. Sobre el delito de Estafa expresaron que en Sentencia no se acreditó la participación del acusado, al no plasmarse, el día, mes, lugar, ni los elementos probatorios que le incriminen, expresando también que se debió condenarlo a la pena mínima y que se le violaron los arts. 13, 14, 20, 24, 335 del CP, invocando diferentes precedentes. Al respecto, refirió el Ad quem, que se puede solicitar la revisión del juicio jurídico pero no del juicio histórico, explicando los parámetros de la inobservancia o errónea aplicación de la ley, concluyendo que del análisis de la Sentencia en el Considerando Segundo, punto Fundamentación Probatoria y Considerando Tercero punto Fundamentación Jurídica, se evidenció que el a quo, aplicó correctamente el art. 173 del CPP, en mérito a la apreciación conjunta y armónica de la prueba producida, se estableció que el acusado adecuó su conducta al tipo penal de Estafa, respondiendo al marco fáctico acreditado en juicio; empero, los recurrentes arguyeron una actividad que no parte de considerar la intangibilidad de los hechos; por último, el Tribunal de alzada señaló que de la verificación del acta de juicio oral ambas partes produjeron sus pruebas conforme los principios de inmediación y contradicción, siendo ilegal una sanción mínima cuando se estableció que la prueba aportada generó convicción en el Tribunal sentenciador, por lo que no es evidente este agravio.


Sobre el particular, analizado el motivo denunciado en casación, como examinados los fundamentos plasmados en el Auto de Vista impugnado, dan cuenta que el Tribunal de alzada al resolver los agravios previstos en los incisos 1) y 5) del art. 370 del CPP, referentes según la Resolución recurrida, que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados como en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, se evidencia que el ad quem, otorgó una respuesta desarrollada en forma clara, al concluir los siguientes aspectos:


a)        Con relación al inc. 5) del art. 370 del CPP, explicó parámetros de la aplicación del principio de verdad material; y por otro lado, en mérito al control de logicidad de la Sentencia, concretamente de los Considerandos Segundo y Tercero, sobre la Fundamentación probatoria y jurídica, determinó que el A quo realizó un análisis valorativo de las pruebas de cargo y descargo, teniendo coherencia y razonamiento lógico expresan certidumbre relacionadas al principio de inmediación y conforme el art. 173 del CPP, al tener un adecuado iter lógico, concluyendo que los hechos encajan al tipo penal sentenciado.


b)        Referente al inc. 1) del art. 370 del CPP, expresó que solamente realiza el proceso de análisis del juicio jurídico pero no del fáctico, explicó los parámetros del defecto denunciado, en cuanto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley, asimismo concluyó que del análisis de la Sentencia, en mérito a ese control de logicidad en los Considerandos Segundo y Tercero de la Sentencia, determinó que se aplicó correctamente las reglas de la sana critica conforme el art. 173 del CPP, con relación a la adecuada subsunción de la conducta del imputado al tipo penal de Estafa, haciendo constar también que los recurrentes reclamaron una actividad, que no parte de considerar la intangibilidad de los hechos. Finalmente, señaló que de la revisión del acta de juicio oral, la producción de pruebas fue conforme los principios de inmediación y contradicción, así como la pena fue impuesta adecuadamente por haber generado convicción al Tribunal a quo.


Como se puede observar, el Tribunal de alzada emitió una respuesta fundamentada y motivada, en base a un adecuado control de logicidad sobre el iter lógico del Juzgador, no resultando evidente que el ad quem, haya omitido desarrollar los agravios denunciados referentes a los ins. 1) y 5) del art. 370 del CPP, como tampoco resulta verás la denuncia de defectos absolutos conforme el art. 169 del CPP, pues de la revisión del recurso de apelación restringida cursante de fs. 398 a 404 vta., no se enunció ni fundamentó dicho agravio, ni se mencionó en los diferentes subtítulos, ni en las “normas que se consideran violadas.”; por ende, resulta ser un sustento falso lo vertido por el recurrente. Por otro lado, se debe advertir que incluso el planteamiento del recurrente en alzada referente al inc. 5) del art. 370 del CPP, lo hizo respecto a los supuestos hechos inexistentes o no acreditados, cuando en realidad dicho defecto es relativo a la falta de fundamentación, insuficiencia o contradicción de la Sentencia, situación que denota el mal planteamiento del recurso de apelación restringida.


En consecuencia, no resulta evidente la denuncia de omisión de respuesta o incongruencia omisiva, de los agravios denunciados en apelación restringida, pues los mismos han sido desarrollados debidamente motivados, en estricto cumplimiento al art. 398 del CPP, conforme el principio tantum devolutum quantum apellatum, en virtud a su competencia delimitada por el propio recurso, teniendo la Resolución impugnada una coherencia lógica en el desarrollo, tanto en la parte dispositiva como resolutiva, en base al control de logicidad y legalidad, verificando el correcto razonamiento en la valoración de toda la comunidad probatoria como en la adecuada subsunción del tipo penal sentenciado; es así, que por lo expresado no resulta contradictorio el Auto de Vista impugnado con el precedentes invocado, motivo por el que se declara infundado este motivo.


Por los fundamentos expuestos precedentemente, al no haberse demostrado la concurrencia de los motivos traídos en casación, corresponde a esta Sala Penal confirmar el Auto de Vista impugnado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Nicolás Flores Márquez y Florentina Barja Quispe.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos