TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 955/2018-RA

Sucre, 16 de octubre de 2018


Expediente                        : La Paz 111/2018        

Parte Acusadora                : José Luis Peña Portocarreño

Parte Imputada                : Giobany Vargas Justiniano

Delito                        : Cheque en Descubierto


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de julio 2018, cursante de fs. 388 a 391, José Luis Peña Portocarreño, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 21/2018 de 2 de abril, de fs. 380 a 383, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Giobany Vargas Justiniano, por la presunta comisión del delito de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 169/2015 de 12 de noviembre (fs. 329 a 332 vta.), el Juez Séptimo de Sentencia y Partido Liquidador del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Giobany Vargas Justiniano, absuelto del delito de Cheque en Descubierto, sin costas por ser excusable.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular José Luis Peña Portocarrero (fs. 335 a 340 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 21/2018, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso planteado, confirmando por ende la Sentencia apelada y declarando no ha lugar la solicitud de Complementación y Enmienda del querellante, mediante Auto Complementario de 20 de junio de 2018 (fs. 386).


  1. Por diligencia de 13 de julio de 2018 (fs. 387), fue notificado el recurrente con la última Resolución de alzada y el 19 del mismo mes y año interpuso recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Acusa que la afirmación vertida por el Tribunal de alzada en cuanto a la falta de prueba, para establecer la responsabilidad del imputado es errónea, haciendo énfasis en que el “cheque debidamente protestado” (sic), es suficiente prueba para demostrar la acción delictiva del querellado.


  1. Señalando el “Considerando III” del Auto de Vista recurrido, denuncia que existe una contradicción entre lo previsto en el art. 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y lo interpretado por el Tribunal de Alzada respecto al recurso de apelación restringida. Asimismo, refiere que lo peticionado en su recurso de apelación restringida no es la revalorización probatoria, sino más bien la anulación de la Sentencia y la correcta interpretación del tipo penal acusado.


  1. El Auto de Vista recurrido, le causa perjuicios y agravios que afectan su patrimonio y estabilidad económica, al confirmar la Sentencia que realiza una incorrecta aplicación de la ley al señalar que el imputado “no habría llenado el cheque, simplemente la había firmado” (sic).


Cita como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 396/2014 de 18 de agosto y 256/2015 de 10 de abril.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de presente, se establece que el recurrente fue notificado con la última Resolución de alzada el 13 de julio de 2018, interponiendo su recurso de casación el 19 del mismo mes y año; es decir, dentro de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento de la exigencia temporal prevista por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En consideración a los argumentos del primer, segundo y tercer motivo, se constata que el recurrente denuncia respectivamente- que en el caso de Autos existe suficiente prueba para demostrar la culpabilidad del imputado, la interpretación contradictoria del art. 407 del CPP por parte del Tribunal de alzada y la confirmación de la Resolución de origen la cual hubiere aplicado incorrectamente la Ley sustantiva, prevista por el art. 204 del CP.


A tal efecto, citó los Autos Supremos 396/2014 de 18 de agosto y 256/2015 de 10 de abril, referidos según lo expuesto en el memorial de casación al control de legalidad y logicidad de la Sentencia ejercido por el Tribunal de apelación y el deber de efectuar una debida subsunción de los hechos en los tipos penales endilgados respectivamente, concluyendo que el Auto de Vista recurrido confirma la Sentencia sin tomar en cuenta los precedentes invocados: “existiendo una contradicción en su mandato y en la interpretación que vuestro tribunal emite” (sic).


Empero, se advierte que en los tres motivos expuestos, el recurrente no concreta agravio alguno que le hubiere provocado el Auto de Vista emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en su actuación de Tribunal de apelación, en relación a los precedentes contradictorios citados, soslayando considerar que este Tribunal tiene específicas atribuciones a tiempo de resolver el recurso de casación, en el que se debe restringir a efectuar un análisis de derecho del Auto de Vista impugnado en comparación con precedentes contradictorios, dirigidos a unificar la jurisprudencia ordinaria en materia penal, no así a efectuar un análisis de las alusiones de inconformidad expuestas por el querellante en cuanto lo resuelto por el Tribunal de alzada.


En ese entendido, correspondía que el recurrente efectúe la descripción de agravios de manera clara y precisa, explicándolos a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos contenidos en el precedente invocado, que dicho sea de paso, no desarrolló ninguna explicación respecto a las razones por las cuales considera contrario a los fundamentos del Auto de Vista impugnado; en ese entendido, no se apertura la competencia de este Tribunal para el análisis de fondo por incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y la falta de presupuestos de flexibilización descritos en el acápite anterior de la presente Resolución, deviniendo en la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por José Luis Portocarrero, cursante de fs. 388 a 391.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos