TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 950/2018-RA

Sucre, 16 de octubre de 2018


Expediente                : La Paz 108/2018

Parte Acusadora        : Nicolás Martela Callisaya 

Parte Imputada        : Diana Machicado Chávez  

Delito                : Calumnia


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de agosto de 2018, cursante de fs. 97 a 99 vta., Diana Machicado Chávez, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 34/2018 de 18 de mayo, de fs. 80 a 82 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Nicolás Martela Callisaya y Basilia Casas de Martela contra Diana Machicado Chávez, por la presunta comisión del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 9/2016 de 25 de agosto (fs. 52 a 54), el Juez Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Diana Machicado Chávez, autora del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del CP, imponiendo la pena de dos años y seis meses de reclusión, más el pago de cien días multa a razón de Bs. 2.-( dos bolivianos) por día, más el pago de daño civil a calificarse en ejecución de Sentencia. 

  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Diana Machicado Chávez (fs. 61 a 64) interpuso recurso de apelación restringida, resuelta por Auto de Vista 34/2018 de 18 de mayo, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso interpuesto, manteniendo incólume la Sentencia impugnada.


  1. Por diligencias de 15 de agosto de 2018 (fs. 90), la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado; y, el 22 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen el siguiente motivo:


Expresa la recurrente que acudió al recurso de apelación restringida con el objeto de que se le restituya sus derechos a la defensa del juicio y que el Tribunal de alzada no habría compulsado correctamente los antecedentes del proceso, causándole indefensión. Asimismo, señala que en apelación restringida invocó que le violentaron el derecho a la defensa, el debido proceso, acceso a la justicia, previstos en los arts. 115 II, 119 I de la Constitución Política del Estado (CPE), sosteniendo además que se hizo conocer al Tribunal de apelación, que la imputada no fue notificada con la acusación particular ni con el Auto de Apertura de juicio oral, si bien su abogado presentó incidente de nulidad sobre dicho aspecto, la Juzgadora mediante Auto de 28 de agosto de 2016 rechazó el incidente, indicando sobre este aspecto que la jurisprudencia refiere que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto conforme el Auto Supremo 51/2013 RRC de 1 de marzo.


Continúa argumentando que los preceptos legales que consagran a la legítima defensa se encuentran en los arts. 1, 166, 340 II del Código de Procedimiento Penal (CPP) y los arts. 13 IV, 115, 117 I, 119, 256, 257 y 410 II de la CPE. Hace referencia con relación a la amplia jurisprudencia lo siguiente:


  1. Que el Tribunal debe actuar con criterio amplio y no en sentido restrictivo conforme a las Sentencias Constitucionales 1044/2003 de 22 de julio, 1707/2003 de 24 de noviembre y 1496/2005 de 22 de noviembre.

  1. Expresa que el Auto de Vista impugnado declaró inadmisible su recurso de apelación restringida por no cumplir exigencias formales, forma de resolución que vulnera el debido proceso, conforme el Auto Supremo 604/2003 de 2 de diciembre.


  1. Conforme el Auto Supremo 573 de 4 de octubre, señala que cuando se adviertan defectos de procedimiento o Sentencia se abre de oficio la competencia del Tribunal jerárquico a fin de que se enmienden estas omisiones. También enuncia el Auto Supremo 43/2007 de 27 de enero, referente a la errónea aplicación de la ley penal sustantiva.


  1. Invoca el Auto Supremo 533/2006 de 27 de diciembre, relativo a que corresponde regularizar procedimiento cuando en el proceso se pronunciaron fallos que atentan contra el debido proceso.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el 15 de agosto de 2018, la recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, interponiendo su recurso de casación el 22 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Previo a ingresar al análisis de admisibilidad del caso concreto, corresponde señalar que la labor de este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra restringida a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada, así se desprende de lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilicen la admisibilidad del recurso de casación, en los que se dispone éste procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Distrito ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por dichos Tribunales y Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia que sienten o ratifiquen doctrinal legal.


Como único motivo traído en casación, la recurrente expresa que el Tribunal de alzada no habría compulsado correctamente los antecedentes del proceso, causándole indefensión, señalando que invocó en apelación restringida la violación del debido proceso en su vertiente derecho a la defensa y acceso a la justicia, previstos en los arts. 115 II, 119 I de la CPE, sosteniendo no haber sido notificada con la acusación particular ni con el Auto de Apertura de juicio oral, incidente que oportunamente fue presentado en juicio oral pero rechazado mediante Auto de 28 de agosto de 2016, invocando el Auto Supremo 51/2013 RRC de 1 de marzo, referente a que dicho fallo constituiría incongruencia omisiva o fallo corto; por ende, defecto absoluto.


Asimismo sostiene, con relación a la defensa y la amplia jurisprudencia lo siguiente:


  1. El Tribunal debe actuar con criterio amplio y no restrictivo conforme a las Sentencias Constitucionales 1044/2003 de 22 de julio, 1707/2003 de 24 de noviembre y 1496/2005 de 22 de noviembre.


  1. Que, la declaratoria de inadmisibilidad de su recurso de apelación restringida por exigencias formales, vulneró el debido proceso conforme el Auto Supremo 604/2003 de 2 de diciembre.


  1. Que, de oficio se apertura la competencia del Tribunal jerárquico en caso de advertir defectos de procedimiento o de Sentencia, conforme el Auto Supremo 573 de 4 de octubre.


  1. También enuncia el Auto Supremo 43/2007 de 27 de enero, referente a la errónea aplicación de la ley penal sustantiva.


  1. Invoca el Auto Supremo 533/2006 de 27 de diciembre, relativo a que corresponde regularizar procedimiento cuando en el proceso se pronunciaron fallos que atentan contra el debido proceso.


Sobre el particular, analizado los argumentos traídos en casación, se evidencia una carencia de técnica recursiva como argumentativa en la identificación del supuesto agravio cometido por el Tribunal de alzada, pues de la verificación de los antecedentes cursantes en obrados, el recurso de casación resulta solo una adaptación del recurso de apelación restringida, debido a que reitera los argumentos sostenidos ante el Tribunal de alzada, pretendiendo un nuevo control de legalidad sobre aspectos que ya fueron objeto de análisis; tal es el caso, como la supuesta carencia de notificación de la acusación particular y los mismos aspectos señalados de los incs. a), b), c), d) y e), limitándose a añadir que el Ad quem no habría compulsado los antecedentes del proceso, situación que no resulta suficiente para ingresar al fondo del análisis, aun acudiendo a los criterios de flexibilización, por lo que ante el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, este motivo resulta inadmisible.  



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación planteado por Diana Machicado Chávez, cursante de fs. 97 a 99 vta.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos