TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 949/2018-RA

Sucre, 16 de octubre de 2018


Expediente                : Tarija 51/2018        

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Alexander Peralta Guzmán

Delito                : Asesinato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2018, cursante de fs. 237 a 239 vta., Alexander Peralta Guzmán, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 74/2018 de 23 de agosto, de fs. 227 a 229, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de los familiares de la víctima contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 3) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

  1. Por Sentencia 45/2017 de 5 de septiembre (fs. 191 a 205), el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Alexander Peralta Guzmán, autor y culpable de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con costas.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Alexander Peralta Guzmán interpuso recurso de apelación restringida (fs. 207 a 209 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 74/2018 de 23 de agosto, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencias de 4 de septiembre de 2018 (fs. 232 vta.), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista; y, el 12 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


La parte recurrente invoca los Autos Supremos 049/2014-RA y 225/2014-RRC a efectos de que se proceda a la admisión por flexibilización de los requisitos, en razón a que el Auto de Vista impugnado supuestamente contiene defectos absolutos, extrayéndose en ese sentido los siguientes motivos:


  1. El recurrente denuncia que su recurso de apelación restringida fue radicado en la Sala Penal Segunda, conformada por los Vocales Carolina Chamón Calvimontes y Ernesto Félix Mur; sin embargo, aparece convocado el Vocal Jorge Vargas Villagómez quien firma el Auto de Vista impugnado. Invoca en calidad de precedente contradictorio al Auto Supremo 268 de 24 de octubre de 2012, referente a que la convocatoria de Vocal debe ser notificada a sujetos procesales. Que existiría contradicción existente entre el precedente contradictorio y el Auto de Vista recurrido, si bien el precedente invocado hace referencia a la notificación con el Vocal dirimidor; empero, el alcance del derecho a la defensa y del ejercicio del derecho a recusar o no, se ve lesionado; toda vez, que no se le notificó como señala el mencionado precedente con la convocatoria del Vocal Jorge Vargas Villagómez, para poder ejercitar los derechos que le asisten en el marco del art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).


  1. La parte recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado carece de la debida motivación y fundamentación, puesto que de manera muy genérica y superficial se limita a la transcripción de partes de la Sentencia, vulnerando el debido proceso en sus componentes motivación y fundamentación. Al respecto la doctrina legal aplicable de manera uniforme establece la exigencia de los Tribunales de alzada de motivar y fundamentar sus resoluciones de manera adecuada, refiriendo los Autos Supremos 223 de 22 de agosto de 2012 y 251 de 17 de septiembre de 2012, que establecieron: “El derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, es exigencia constitucional que toda resolución debe ser fundamentada y motivada en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad”. Contraponiendo los parámetros establecidos en la doctrina legal aplicable, con los vertidos en el Auto de Vista impugnado, se establece de manera incuestionable la carencia de parámetros requeridos para que se cumpla con las exigencias de una debida fundamentación de la resolución.


  1. Denuncia que el Estado a través de los operadores de justicia por mandato del art. 9 núm. 4 de la CPE, entre sus finalidades está de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución; a cuyo efecto el art. 115 del referido cuerpo normativo reconoce el derecho el derecho al Debido Proceso: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Por lo que se puede evidenciar que el Tribunal revisor al dejar sin efecto la Sentencia absolutoria con fundamentos pasionales más que jurídicos, pues al tratarse de un delito de “orden sexual”, hicieron lo más fácil buscar cualquier argumento subjetivo para anular la Sentencia, desconociendo inclusive que la misma Sala dictó el Auto de Vista 86/2016 de 8 de agosto, en la que ya se anuló una anterior Sentencia condenatoria, porque la misma no se adecuaba a derecho, consecuentemente siguiendo los lineamientos del referido Auto de Vista, el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba, dictó Sentencia absolutoria a su favor; sin embargo, de ello la autoridad revisó desdiciendo de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista 86/2016, anulando nuevamente la Sentencia, prologando innecesariamente la incertidumbre jurídica, desconociendo los principios rectores de la administración de justicia establecidos en el art. 180 de la CPE.


  1. Señala que el Auto de Vista impugnado, adolece de defectos absolutos, con relación a que el Tribunal de origen al momento de emitir Sentencia no tomó en cuenta las circunstancias establecidas en el art. 38 del CP atenuantes especiales-, como ser la edad, la educación, la inexistencia de antecedentes penales y policiales, por lo que debieron condenarle de manera menos gravosa y atentatoria a sus derechos, entre ellos su derecho a la reinserción social.


  1. También denuncia que el Auto de Vista impugnado se encuentra sustentado en argumentos sugestivos, ya que no existe para su juzgamiento un reconocimiento de persona donde las víctimas y testigos le puedan identificar como autor del hecho; además, que en la requisa personal se encontró un arma de fuego de calibre 38 y a la víctima le quitaron la vida con un arma de fuego de calibre 22.


  1. Refiere que no existe prueba documental ni testifical que incriminen a su persona y que sólo le condenaron con una simple declaración de una testigo que estaba con reserva de identidad y protegida por el Ministerio Público E.L.O., siendo que la misma nunca participó en el reconocimiento de persona, ya que a los otros dos acusados se les practicó.


  1. Denuncia que nunca se le practicó la prueba del guantelete o absorción atómica para determinar si fue la persona que segó la vida de la víctima.


  1. Indica que todos lo conocen con el pseudónimo de Negro y no de Camba, como dijo la testigo E.L.O. que eran cuatro personas: Juan Rodas, Camba, Jorge Jaramillo y Álvaro, pero no le mencionaría.


  1. El recurrente acusa que de la revisión de antecedentes, se evidencia que la causa una vez radicada en la Sala Penal Segunda, conformada por los Vocales Carolina Chamón Calvimontes y Ernesto Félix Mur; sin embargo al momento de la emisión del Auto de Vista impugnado, aparece convocado el Vocal Jorge Vargas Villagómez, situación que no fue notificada a los efectos de interponer las acciones que se consideren necesarias, tales como una posible recusación. Invoca en calidad de precedente contradictorio al Auto Supremo 268 de 24 de octubre de 2012, referente a que la convocatoria de Vocal debe ser notificada a los sujetos procesales.          


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE  CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia, desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


A los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión del presente recurso, cabe mencionar que el sistema de recursos en Bolivia, en cuanto a los plazos para su formulación reconoce que son: a) Legales, pues su determinación se encuentra prevista en la regulación de cada medio recursivo en particular; b) Improrrogables, dado que se encuentra impedida la prolongación del plazo originariamente fijado para su presentación; y, c) Perentorios, que significa que cumplido su término, la posibilidad de interponer recurso, se extingue, precluyendo en consecuencia la oportunidad para ejercer el derecho a impugnar; en cuyo mérito, la articulación del recurso de casación fuera de los términos legales establecidos, implica su inadmisibilidad en virtud de su presentación extemporánea.


Respecto al plazo para la formulación del recurso de casación, el art. 417 del CPP, establece que deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado, debiendo tenerse presente las disposiciones contenidas en el art. 130 con relación al art. 124 de la LOJ, en sentido de que éste plazo es perentorio e improrrogable y comienza a correr al día siguiente hábil de practicada la notificación con la Resolución recurrida, debiendo al efecto computarse los días hábiles, transcurriendo ininterrumpidamente hasta su vencimiento a las veinticuatro horas del último día hábil señalado y sólo se suspende durante la vacación judicial, debiendo para el cómputo considerarse la disposición contenida en el art. 123.I de la LOJ que señala: “Son días hábiles de la semana para las labores judiciales, de lunes a viernes”.


Conforme se precisó en el acápite III inc. i) de esta Resolución, el plazo para interponer el recurso de casación es de cinco días, plazo que conforme dispone el art. 130 del CPP, empieza a correr a partir del día siguiente de practicada la notificación y se computa sólo los días hábiles; en autos, conforme se advierte de la diligencia a fs. 233 vta., el recurrente Alexander Peralta Guzmán, fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el martes 4 de septiembre de 2018 a horas 10:30, interponiendo su recurso de casación el miércoles 12 de septiembre del mismo año a horas. 18:08, conforme consta en el cargo a fs. 237; es decir, fuera del plazo de los cinco días previsto por el art. 417 del CPP; en consecuencia, habiéndose planteado el memorial de casación fuera del plazo de ley, el mismo deviene en inadmisible, en previsión del precitado precepto procesal.


Ante la inobservancia del primer requisito de admisión del recurso, es innecesario ingresar al análisis de los demás requisitos de admisibilidad.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara  INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Alexander Peralta Guzmán, de fs. 237 a 239 vta. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos