TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 948/2018-RA

Sucre, 16 de octubre de 2018


Expediente                Cochabamba 67/2018

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                Andrés Zamorano Flores y otros

Delito                        Asesinato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de septiembre del 2018, cursante de fs. 1188 a 1200, Andrés Zamorano Flores, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 036 de 29 de junio de 2018, de fs. 1113 a 1138 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Pastor Godoy Flores, Freddy Tomas Godoy Flores, Grover Godoy Mamani, Nicolasa Godoy de Pino y Margarita Godoy Bedoya contra Edson César Ortega Burgoa, Himmel Juan Donaire López, Miguel Ángel Ortega Burgoa y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio, Asesinato, Complicidad y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 251 y 252 incs. 2) y 7) con relación a los arts. 23 y 171 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 53/2015 de 20 de octubre (fs. 690 a 718 vta.), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a: 1) Andrés Zamorano Flores, autor y culpable de la comisión del delito de Asesinato, sancionado por el art. 252 incs. 2) y 7) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto; 2) Edson César Ortega Burgoa, culpable del delito de Encubrimiento, previsto por el art. 171 del CP, condenando a dos años de reclusión y absuelto por los delitos de Homicidio y Asesinato, concediendo el beneficio de perdón judicial, sancionando a los sentenciados con el pago de costas; 3) Himmel Juan Donaire López y Miguel Ángel Ortega Burgoa absueltos de los delitos endilgados en su contra.       


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Andrés Zamorano Flores, formuló recurso de apelación restringida (fs. 829 a 858), que fue resuelto por el Auto de Vista 036 de 29 de junio de 2018, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de explicación, complementación y enmienda del imputado, mediante Resolución de 14 de agosto de 2018 (fs. 1148).


  1. Por diligencia de 28 de agosto de 2018 (fs. 1149 vta.), el recurrente fue notificado con el Auto Complementario de 14 de agosto de 2018; y, el 4 de septiembre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


  1. El recurrente denuncia conculcación de su derecho a la impugnación, al debido proceso en su elemento seguridad jurídica, y con ello defectos absolutos, insubsanables e inconvalidables, citando el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y las Sentencias Constitucionales 1075/2003-R y 1044/2003, con el argumento de que el Tribunal de apelación no reparó los agravios denunciados, según la jurisprudencia invocada en su recurso de apelación restringida, y sin analizar si la jurisprudencia citada por los propios Vocales era análoga al caso concreto, como es el caso del AS 131 de 31 de enero de 2007 pág. 45 del Auto de Vista impugnado-, afirmando el Tribunal de alzada la imposibilidad de aplicar la tasación probatoria que rige materia civil a materia penal, no obstante de haber otorgado valor tasado a la prueba documental, al aplicar el art. 1312 del Código Civil (CC) pág. 713 vta.-; por lo que, en aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), el Tribunal de alzada aún de oficio debió verificar si el inferior se condujo dentro del marco de la legalidad.


  1. Refiere que el Tribunal de alzada, olvidó su deber de observar la Constitución, la Ley y el bloque de Constitucionalidad conforme a la jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incumpliendo el mandato de los arts. 115.II, 180.II, 203 y 256 de la CPE, vulnerando el debido proceso en su elemento seguridad jurídica y congruencia, además de los principios de acceso efectivo a la justicia y tantum devolutum quantum apellatio, al no haber garantizado su recurso, pues: a) No se habría pronunciado sobre la falta de valoración de la prueba testifical de descargo, constituyendo un defecto absoluto insubsanable, pues la resolución debió responder a todos y cada uno de los puntos apelados; b) No habría resuelto la denuncia sobre inobservancia del art. 13 del CP, atinando a mencionar el reclamo (mencionando inobservancia de la los arts. 13, 20 y 252 del CP), pero sin analizar la procedencia o improcedencia del mismo, considerando por ello el fallo de alzada infra petita o ex silentio; y, c) No habría valorado las testificales de Steven Figueroa, Himmel Juan Donaire López, el taxista y la dueña de la tienda; existiendo simplemente copia de partes de Autos Supremos con relación al art. 252 del CP, sin analizar el caso concreto, pues contrariamente a lo afirmado en el Auto de Vista pág. 42-, jamás se alegó vulneración del art. 24 del CP; por último manifiesta la existencia de un pronunciamiento por inercia sobre los arts. 20 y 252 del CP, cuando lo correcto habría sido un pronunciamiento individual con relación a cada denuncia.


  1. Citando el Auto Supremo 435 de 2 de septiembre de 2014, “AS N° 97/2004” y la SC 546/2004-R de 12 de abril, además de invocar el derecho a la igualdad procesal, solicita se admita de forma excepcional su recurso de casación, argumentando que: i) El Auto de Vista impugnado es contrario a los Autos Supremos 6 de 26 de enero de 2007 y 070/2017-RRC de 24 de enero, al no resolver todos los aspectos cuestionados en su apelación, como la omisión de las declaraciones de Steven Figueroa, Carminia Zamorano Flores, Andrés Zamorano y la madre de Edson César Ortega, que evidenciarían su inocencia y la culpabilidad de Edson César Ortega; afirma que, si bien dichas pruebas fueron descritas, no fueron valoradas intelectivamente en virtud a la sana crítica, de manera conjunta y armónica por el Tribunal de instancia y tampoco por el Tribunal de alzada; ii) La existencia de contradicción entre lo manifestado por el Auto de Vista impugnado y el Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, con relación a la denuncia de inobservancia del art. 20 con relación al art. 252 en la Sentencia, ante la postura del Tribunal de alzada de no ingresar a resolver este aspecto, incurriendo en incongruencia omisiva y atentando contra su derecho al debido proceso, al “acceso judicial efectivo” y al derecho a su defensa, constituyendo un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, que debió ser corregido aún de oficio conforme se estableció en el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006; iii) Denuncia incongruencia omisiva, respecto a la defectuosa valoración de la prueba, contradiciendo lo establecido por los Autos Supremos 152/2013-RRC de 31 de mayo y 235/2017-RRC de 21 de marzo, en el que se citó el AS 515 de 16 de noviembre de 2006, al solo haber sido descrita la declaración de Carmiña Zamorano Flores valoración descriptiva-, y no haber sido valorada intelectivamente en la Sentencia; lo mismo habría ocurrido con la declaración de Jorge Limachi Mendoza, que ni si quiera habría sido valorada descriptivamente de forma correcta, menos se le habría otorgado un valor intelectivo, provocando la emisión de una Sentencia incorrecta, circunstancias que no habrían sido consideradas por el Tribunal de apelación; y, iv) Finalmente, refiere que el Auto de Vista impugnado es contrario al Auto Supremo 346/2013 de 12 de agosto, al haber efectuado el Tribunal de apelación una motivación falsa, basándose en la declaración de Edson César Ortega, individualizado por el recurrente como el verdadero autor del delito, el cual por salvarse de la condena lo habría acusado, cuando en su criterio, la declaración de un acusado no es un medio probatorio sino un medio de defensa, y otorgarle valor a este medio probatorio para condenar a otro coprocesado sería arbitrario e ilegal, entendiéndose que el significado para el Tribunal de Sentencia de dicha declaración sería sesgada, lo cual no habría sido analizado en alzada.


  1. Considera que el Tribunal de apelación no cumplió con su obligación de precautelar de oficio la legalidad de la labor del Tribunal de Sentencia, al advertir la incorrecta valoración de la prueba testigos de descargo Steven Figueroa, Dennis Montoya Cardozo, Álvaro Revollo Garey y Carminia Zamorano-, correspondiendo en su criterio anular la Sentencia y ordenar el reenvío, siendo su obligación conforme establecen los arts. 8 y 17 de la LOJ, habiéndose limitado a aplicar el art. 16 de la misma norma continuidad del proceso y preclusión-, cuando los Autos Supremos 442 de 19 de agosto de 2004 o 170 de 19 de junio de 2013, ya habrían previsto esta obligación.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.



IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de Autos, se advierte que el 28 de agosto de 2018, el recurrente fue notificado con el Auto Complementario de 14 de agosto de 2018, interponiendo su recurso de casación el 4 de septiembre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, encontrándose cumplido el requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En su primer motivo, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada no reparó los agravios expuestos en su recurso de apelación restringida de acuerdo a la jurisprudencia invocada y la jurisprudencia citada por el propio Tribunal de alzada, haciendo hincapié que en la página 45 del Auto de Vista impugnado el Tribunal de apelación citó el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007 afirmando que no se podría aplicar la tasación probatoria que rige materia civil a materia penal, sin embargo le habría otorgado valor tasado a la prueba documental al aplicar el art. 1312 del CC, tal cual constaría en la página 713 vuelta del cuaderno procesal, causando la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento seguridad jurídica.


Al respecto, no obstante del relato del recurrente que de manera genérica contiene una denuncia, individualizando incluso la vulneración al debido proceso y la seguridad jurídica; a los efectos del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP, no se advierte la cita del precedente contradictorio vinculado a la problemática expuesta, y si bien el recurrente menciona el AS 024/2014-RRC de 24 de marzo y las SSCC 1075/2003-R, 1044/2003, 1781/2004-R, 0439/2004-R y 1369/2010-R, dicho Auto Supremo hace referencia al carácter de orden público y de cumplimiento obligatorio de las normas procesales, dificultando así la labor de contraste a que está obligada esta Sala por mandato de la ley; con relación a la cita de la jurisprudencia constitucional, se reitera que, es criterio consolidado de este Tribunal que las Sentencias Constitucionales o las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, no pueden ser consideradas como precedentes contradictorios, pues conforme al alcance del art. 416 del CPP, solamente constituyen precedentes los Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos emitidos por esta Sala Penal.


Con relación a la reparación de oficio de los agravios por parte de los jueces y tribunales inferiores, e incluso por el Tribunal de casación, habiendo denunciado el recurrente la vulneración del debido proceso y la existencia de defectos absolutos, no basta la simple denuncia de la existencia de defectos absolutos y la mención a derechos o garantías constitucionales presuntamente vulnerados, pues tal cual ha sido glosado en el Fundamento Jurídico III del presente Auto Supremo, el recurrente debe correr con la carga argumentativa de detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía además de explicar el resultado dañoso emergente del defecto, obligación que no fue cumplida por lo que no es posible aplicar los criterios de flexibilización en la admisión del presente motivo, deviniendo el mismo en inadmisible.


Con relación al segundo motivo, el recurrente denuncia la vulneración del debido proceso en su elemento debida motivación y congruencia, la seguridad jurídica, y el acceso a la justicia, afirmando que el Tribunal de apelación no se pronunció: a) Sobre la falta de valoración intelectiva de la prueba testifical de descargo, específicamente las testificales de Steven Figueroa, Carminia Zamorano Flores, Andrés Zamorano y la madre de Edson César Ortega, las cuales habrían evidenciado su inocencia y la culpabilidad de Edson César Ortega, considerando por ello la existencia de contradicción con los Autos Supremos 6 de 26 de enero de 2007 y 070/2017-RRC de 24 de enero; b) Respecto a la denuncia de inobservancia de los arts. 13, 20 y 252 del CP, alegando por ello contradicción entre lo manifestado por el Auto de Vista impugnado y el Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, al no resolver la Sala Penal Segunda este aspecto, debiendo incluso a criterio del recurrente haberse corregido de oficio esta omisión por constituir defecto absoluto, conforme al Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006; y, c) Del agravio referido a la defectuosa valoración de la prueba, contrariamente a lo establecido por los Autos Supremos 152/2013-RRC de 31 de mayo y 235/2017-RRC de 21 de marzo en el que se citó el Auto Supremo 515 de 16 de noviembre de 2006, consistiendo la contradicción en que las declaraciones de Carmiña Zamorano Flores y Jorge Limachi Mendoza no habrían sido valoradas intelectivamente.


El recurrente denuncia incongruencia omisiva del Tribunal de alzada, advirtiendo la contradicción con la doctrina legal aplicable precisamente a tiempo de la emisión del Auto de Vista, por lo mismo, no resulta exigible la invocación del precedente contradictorio en la apelación restringida como lo instituye el segundo párrafo del art. 416 del CPP; en tal sentido, se tiene por cumplido dicho requisito, además de advertirse la explicación de la contradicción con los precedentes jurisprudenciales considerados contradictorios, señalando que el Tribunal de apelación omitió pronunciarse sobre los motivos reclamados, infiriéndose en consecuencia el cumplimiento de la carga argumentativa exigible en virtud al segundo párrafo, del art. 417 del CPP, correspondiendo declarar el presente motivo admisible.


En el tercer motivo, afirma que el Auto de Vista impugnado sería contradictorio al Auto Supremo 346/2013 de 12 de agosto, al haber efectuado el Tribunal de alzada una motivación falsa, basándose en la declaración del verdadero autor del delito, cuando en su criterio, la declaración de un acusado no es un medio probatorio sino un medio de defensa, y otorgarle valor a la misma sería arbitrario e ilegal, lo cual no habría sido analizada por el Tribunal de alzada.


Al respecto, corresponde precisar que según los arts. 416 y 417 del CPP, se exige al recurrente la cita del precedente contradictorio y la explicación en términos claros y precisos la antinomia advertida entre el pronunciamiento del tribunal de alzada y la doctrina legal aplicable, teniendo en cuenta que el recurso de casación procede únicamente para impugnar Autos de Vista contrarios a otros precedentes preexistentes dictados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; en tal virtud, la afirmación del recurrente de que el Auto de Vista impugnado y la Sentencia de mérito, se basan en la declaración falsa del coacusado Edson César Ortega, sin que exista una sentencia ejecutoriada que establezca tal falsedad, no resulta lógico que puede ser considerado por este Alto Tribunal de Justicia, a los efectos de establecer posibles contradicciones entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal vigente, pues de acuerdo al art. 420 del CPP, esta es obligatoria para los tribunales y jueces inferiores, por lo mismo, no es posible fundarla en presunciones o criterios subjetivos de las partes, lo cual significaría restar seguridad jurídica a la labor de nomofilaxis de esta Sala, deviniendo por ello el motivo analizado en inadmisible.

En el cuarto motivo, el recurrente considera que el Tribunal de apelación no cumplió con su obligación de precautelar de oficio la legalidad de la labor del Tribunal de Sentencia, al advertir la incorrecta valoración de la prueba testigos de descargo Steven Figueroa, Dennis Montoya Cardozo, Álvaro Revollo Garey y Carminia Zamorano-, correspondiendo en su criterio anular la Sentencia y ordenar el reenvío, al estar previsto en los arts. 8 y 17 de la LOJ, habiéndose limitado a aplicar el art. 16 de la misma norma continuidad del proceso y preclusión-, cuando los Autos Supremos 442 de 19 de agosto de 2004 o 170 de 19 de junio de 2013, ya habrían previsto esta obligación.


En tal sentido, en correspondencia a lo establecido por los arts. 416 y 417 del CPP, se advierte la cita del precedente jurisprudencial considerado contradictorio, además de la explicación en términos claros y precisos en qué consistiría la misma, al referir el incumplimiento por parte del Tribunal de alzada de su obligación de advertir la incorrecta valoración de la prueba testifical de descargo, verificándose en ese caso la observancia de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación en cuanto al motivo analizado, correspondiendo declararlo admisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Andrés Zamorano Flores, de fs. 1188 a 1200, únicamente para el análisis de fondo de los motivos segundo y cuarto; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos