TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 947/2018-RA

Sucre, 16 de octubre de 2018


Expediente                : Chuquisaca 50/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Gustavo Romero Barrón

Delito        : Incumplimiento de Deberes


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2018, cursante de fs. 281 a 291, Gustavo Romero Barrón, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 268/2018 de 6 de septiembre, de fs. 271 a 277, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 20/2017 de 26 de junio (fs. 119 a 135), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Gustavo Romero Barrón, autor y culpable de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, con costas a favor del Estado, concediendo el beneficio de perdón judicial.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Gustavo Romero Barrón formuló recurso de apelación restringida (fs. 199 a 228), que previo memorial de subsanación (fs. 252 a 254), fue resuelto por Auto de Vista 268/2018 de 6 de septiembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el recurso planteado, manteniendo incólume la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 12 de septiembre de 2018 (fs. 278), la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado; y, el 19 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente acusa defecto absoluto por violación al principio del debido proceso y tutela judicial efectiva, previstos en los arts. 115 II y 117 II de la Constitución Política del Estado (CPE), por falta de pronunciamiento debido y motivado sobre el quinto motivo denunciado en apelación restringida, sosteniendo que por mandato del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Tribunal de alzada debe circunscribir su resolución al agravio denunciado, cual fue el defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, referente a la defectuosa valoración probatoria, aludiendo la vulneración del principio lógico de razón suficiente como elemento de la sana crítica respecto a la prueba MP-P-D-55 consistente en fotocopia de la Resolución Administrativa Gubernamental CH/Nº 001 de 2 de enero de 2013, señalando que en Sentencia se lo condenó por el delito de Incumplimiento de Deberes bajo el argumento que el imputado en su calidad de Director del Servicio Departamental de Deportes y Responsable del Proceso de Adjudicación, omitió designar al responsable de recepción en la contratación de alimentos para el evento ciclístico internacional “Primera Vuelta al Sur” designación omitida que era un acto propio de sus funciones y un deber conforme el numeral 11 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) de la Gobernación de Chuquisaca y el art. 34 inc. c) del Decreto Supremo 0181 que expresamente imponía la función de designar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción. Asimismo refiere, que en Sentencia se determinó la merecida fe probatoria respecto de su contenido y que la misma goza de relevancia en atención a que se llegó a establecer que fue designado RPA y RPC de los procesos de contratación en su calidad de Director de Área de Deportes y que además se le facultó para nombrar de manera individual a las comisiones de calificación y recepción en cada proceso de contratación; empero en alzada el imputado reclamó que el Tribunal de Sentencia no hubiese asignado el valor específico y concreto a este medio de prueba, reclamando que el referir que merece fe probatoria y que es relevante por su contenido pueda constituir asignación de valor específico y concreto, pues a efectos de cumplir el mandato del art. 173 del CPP, debió manifestar concretamente que se le asignaba un valor probatorio pleno o relativo en cuanto a su contenido, pues el hecho de transcribir las partes de la prueba sólo constituiría identificación de prueba y de manera alguna asignación de valor, de esa manera, sosteniendo el recurrente que el Tribunal de juicio omitió asignarle un valor determinado y concreto inobservando el art. 173 del CPP, sin referir qué es lo que llegó a colegir en relación a su persona.


Haciendo referencia al principio lógico de la razón suficiente, expresa que esta situación ocurre cuando en la valoración probatoria, no puede dar lugar a otra conclusión diferente; en tal sentido, en apelación restringida sostuvo que si bien los artículos 1 y 2 de la Resolución Administrativa Gubernamental CH/Nº 001 de 2 de enero de 2013 se le designó en calidad de Director del Área de Deportes como RPA y RPC de los procesos de contratación y le facultó para nombrar comisiones de recepción, no resultaría evidente que se pueda concluir únicamente que el imputado tendría la obligación de designar una comisión de recepción de los alimentos adquiridos, pues de la lectura de dichos artículos 33, 34 y 71 del D.S. 0181 si bien establecen como función de los RPA y RPC designar a las comisiones de evaluación y calificación, no establecen que sea su función menos obligatoriedad la de designar al responsable o comisión de recepción. También argumenta con relación al art. 2 de la Resolución Administrativa Gubernamental referida, sólo quedaría facultado para nombrar comisiones de calificación y recepción; empero, sostuvo que a partir de dicha disposición el imputado no estaría obligado, pues el término “facultad” no implica obligación sino posibilidad discrecional, opción de hacer o no hacer; es decir, también se podía llegar a la conclusión lógica que el imputado no tenía la obligación sino la opción de designar o no, a la comisión de recepción no incurriendo en el tipo penal acusado pues no se le impuso la obligación de designar sino se le concedió la facultad de hacerlo, por lo que considera que el Tribunal de Sentencia, al concluir que tenía el imputado la obligación de nombrar la comisión de recepción para los productos adquiridos del evento ciclístico, incurrió en vulneración del principio lógico de razón suficiente, en infracción de las reglas de la sana crítica y en defectuosa valoración probatoria consistente en falso juicio de raciocinio, por lo que invocó en apelación restringida los Autos Supremos 603/2016-RRC de 10 de agosto y 14/2013-RRC de 6 de febrero, referentes a la adecuada valoración probatoria.


Por otro lado, con relación a los fundamentos del Auto de Vista impugnado, argumenta que en el punto 5, se resolvió el defecto de Sentencia denunciado, previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, referente a la errónea valoración de la prueba MP-P-D-55, al concluir por parte del Tribunal de Sentencia que el imputado tenía la obligación de designar al responsable de recepción; sin embargo, el recurrente sostenía que dicha Resolución Gubernamental solamente “facultaba” no obligaba a nombrar las comisiones de recepción, denunciando en consecuencia la vulneración del principio lógico de razón suficiente e infracción de la sana crítica. Al respecto, la Sala Penal Segunda expresó que en la conclusión primera como segunda del Tribunal a quo, se analizó la prueba extrañada consistente en la Resolución Administrativa Nº CH/N 001 de 2 de enero de 2013, en relación a la obligación impuesta por el inc. d) del numeral 11) del art. 4 del Reglamento de Bienes y Servicios del Gobierno Departamental de Chuquisaca que establece “La MAE o personal designado designara al responsable de recepción” sosteniendo que no contendría para nada una disposición facultativa de ejercer o no esa atribución, sino obligatoria e imperativa conforme los arts. 6, 7 y 11 del D.S. 181, por lo que concluyó el Tribunal de apelación que el Tribunal de Sentencia no incurrió en ilogicidad como se denunció en el recurso, pues la constatación del Tribunal de origen deriva de las disposiciones taxativas de mencionada disposición administrativa, declarando improcedente el motivo.


Finalmente sostiene, que por los argumentos del Auto de Vista impugnado, se establecería la limitación a una pseuda fundamentación genérica y carente de motivación incumpliendo el art. 398 del CPP, extremo por el que sostiene la violación de las reglas de la ciencia, lógica y experiencia en la determinación del delito de Incumplimiento de Deberes, que para su configuración requeriría el incumplimiento de normas y no de resoluciones administrativas, en la que se rehuyó pronunciarse sobre la defectuosa valoración probatoria, dándose los Vocales la tarea de remitirse al inc. d)  numeral 11) del art. 4 de la RE-SABS, como si se hubiese denunciado errónea interpretación de esta norma, cuando se acusó defectuosa valoración de la prueba, sosteniendo que se negó a dar respuesta precisa respecto al quinto motivo denunciado generando defecto absoluto por violación al debido proceso precautelado en los arts. 115 y 117 de la CPE, en infracción al principio tantum devolutum quantum apellatum, invocando a tal efecto los Autos Supremos 431/2005 de 15 de octubre, 411/2006 de 20 de octubre, 51/2013-RRC de 1 de marzo y 726/2004 de 26 de septiembre.              



III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de los cinco días hábiles; habida cuenta, que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 12 de septiembre de 2018, interponiendo su recurso el 19 del mismo mes y año, -conforme se evidencia en el certificado de recepción en plataforma a través del buzón judicial a fs. 279 y 280; cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 417 del CPP relativo al plazo, correspondiendo por lo tanto, verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto al recurso de casación, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en defecto absoluto por violación a los principios del debido proceso, tutela judicial efectiva y tantum devolutum quantum apellatum, previstos en los arts. 115-II y 117-II de la CPE, y 398 del CPP, por falta de pronunciamiento debido y motivado sobre el quinto motivo denunciado en apelación restringida previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, referente a la defectuosa valoración de la prueba MP-P-D-55 consistente en fotocopia de la Resolución Administrativa Gubernamental CH/Nº 001 de 2 de enero de 2013, rehuyendo pronunciarse sobre el motivo apelado, contrariamente se remitió al inc. d) numeral 11) del art. 4 de la RE-SABS, para concluir que el imputado tenía como obligación designar al responsable o comisión de recepción para el evento internacional de ciclismo, como si se hubiese denunciado errónea interpretación de esta norma, ni considerar que para el delito de Incumplimiento de Deberes se debe verificar el incumplimiento de normas y no de resoluciones administrativas, convalidando en consecuencia la vulneración del principio lógico de razón suficiente como elemento de la sana crítica y falso juicio de raciocinio, invocando a tal efecto los Autos Supremos 431/2005 de 15 de octubre, 411/2006 de 20 de octubre, 51/2013-RRC de 1 de marzo, referentes a la incongruencia omisiva y 726/2004 de 26 de septiembre, respecto a las normas, principios en la emisión de la Sentencia y Auto de Vista.      


Sobre el particular, analizados los argumentos venidos en casación, se evidencia que el recurrente precisa la supuesta contradicción en términos claros con los precedentes invocados, consistente en la falta de respuesta debida y motivada (incongruencia omisiva) del quinto motivo denunciado en apelación restringida referente a la errónea valoración probatoria de la prueba MP-P-D-55, por lo que ante el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previsto en los arts. 416 y 417 del CPP, se advierte la admisibilidad del presente recurso de casación.


Asimismo se deja constancia que no se tomará en cuenta el Auto Supremo 726 de 26 de septiembre de 2004, invocado en calidad de precedente por no haber explicado la contradicción existente con el agravio denunciado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Gustavo Romero Barrón, de fs. 281 a 291. Asimismo en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos