TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 942/2018-RA

Sucre, 16 de octubre de 2018


Expediente                : Tarija 49/2018

Parte Acusadora       : Ministerio Público

Parte Imputada        : Willians Castrillo Reyes y otros

Delitos                : Desobediencia a la Autoridad y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 244 a 246 vta., Carmen Yevara Cazón de Castrillo, Ronald Wilfredo y Willians ambos de apellidos Castrillo Reyes, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 64/2018 de 8 de agosto, de fs. 215 a 219 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Hugo Augusto León Gutiérrez en su condición de Director Departamental del INRA - Tarija contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Desobediencia a la Autoridad e Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones, previstos y sancionados por los arts. 160 y 161 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 47/2017 de 6 de septiembre (fs. 150 vta., a 156 vta.), la Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a: 1) Willians Castrillo Reyes y Carmen Yevara Cazón de Castrillo, autores de la comisión del delito de Desobediencia a la Autoridad, previsto por el art. 160 del CP, imponiendo la pena de cincuenta días multa a razón de Bs. 10.- por día, siendo un total de Bs. 500.-, con costas y daños averiguables en ejecución de Sentencia; 2) Ronald Wilfredo Castrillo Reyes, culpable de los delitos de Desobediencia a la Autoridad e Impedir y Estorbar al Ejercicio de Funciones tipificado por los arts. 160 y 161 del CP, imponiendo la pena de cincuenta días multa a razón de Bs. 10.- por día, haciendo un total de Bs. 500, con costas y daños averiguables en ejecución de Sentencia; y, por el segundo ilícito la pena de seis meses de reclusión, concediendo el beneficio de Perdón Judicial.

  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Carmen Yevara Cazón de Castrillo, Ronald Wilfredo y Willians ambos de apellidos Castrillo Reyes, formularon recurso de apelación restringida (fs. 197 a 199 vta.), resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista 64/2018 de 8 de agosto, que declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 12 de septiembre de 2018 (fs. 222), los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado e interpusieron su recurso de casación el 18 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Como primer agravio los recurrentes reclaman, que el Auto de Vista recurrido en su Considerando I, alegó que sus personas en apelación restringida manifestaron la falta de personería, aspecto que les resulta incorrecto y falso; puesto que, lo reclamado fue que el Director del INRA-TARIJA, es un ente colectivo, dependiente de la autoridad ejecutiva del país, como el Presidente de Bolivia, y nadie puede arrogarse una representación para instaurar una acción penal y tener una estructura especial propia en materia agraria, dándole a su padre Rene Castrillo Jaramillo, el Juez Agrario nacional la posesión definitiva, documentación que presentaron en la etapa preliminar y valorada en juicio, donde se manifestó para fundamentar la excepción de falta de acción; puesto que, les resulta ilegal que se siga un proceso penal en forma paralela a la materia agraria, que tiene su estructura y procedimiento especial, aspecto que reclamaron en la formulación de su recurso de apelación restringida en relación a la excepción planteada como medio de defensa en virtud al art. 308 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), que en juicio oral fue declarada no ha lugar, por lo que haciendo uso a sus derechos a recurrir, reservaron el mismo para una eventual apelación de la Sentencia.


  1. Por otra parte refieren que, el Auto de Vista recurrido no se pronunció respecto a su reclamo referente a la inconcurrencia de la supuesta víctima Dr. Hugo Augusto León Gutiérrez durante todo el juicio oral, en inobservancia de los arts. 329, 330, 338, 340, 341, 342 y 344 del CPP, aperturandose el juicio sin la presencia del querellante, basada únicamente en la acusación fiscal en franca vulneración de las normas citadas, sobre todo, la prevista en el art. 330 del CPP, basada en el principio de inmediación que prevé que el juicio se desarrollará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas las partes, refiriéndose a la parte querellante y la no asistencia, por efecto, se tendrá como abandono de la querella, aspecto que no fue resuelto por el Juez ni por el Tribunal de alzada.


  1. Refieren que el Auto de Vista recurrido “No ha resuelto el AGRAVIO” (sic), puesto que, en su Considerando II, inc. II.1 y II.1.1 alegó que la acción penal únicamente se realiza con la acusación Fiscal; afirmación que vulnera la “NORMA PROCEDIMENTAL INDICADA” (sic), que en el inc. II.1.2 haría referencia al art. 225 de la Constitución Política del Estado (CPE), referente al ejercicio de las funciones del Fiscal, que nada tiene que ver con lo expuesto en la apelación restringida, en virtud al art. 407 del CPP, y sobre todo con la excepción, en virtud al art. 308 inc. 3) del CPP concerniente a la falta de acción, por no ser legalmente promovida que fue declarada no ha lugar; sin embargo, no fue resuelto por el Auto de Vista recurrido, en sentido que la falta de acción se equipara a la excepción de la falta de capacidad de obrar en juicio; es decir, que el querellante no tenía la capacidad para realizar actos procesales en nombre propio y si actúa como mandatario “que este, o NO TENGA PODER O MANDATO SUFICIENTE Y VÁLIDO PARA ACTUAR EN JUICIO” (sic), al no contar con estos presupuestos, existe impedimento procesal por falta de personería por ser el INRA un ente colectivo, no teniendo la calidad de víctima.


  1. Arguyen, que el Auto de Vista recurrido no se pronunció respecto a que sus personas fueron sometidas a un Tribunal paralelo al de la judicatura agraria nacional que es una Ley especial y se rige en virtud a lo dispuesto en la Ley Nº 3545 de 28 de noviembre de 2006 y la Ley Nº 1715, donde el Juez agrario entregó títulos comunitarios y ministró posesión definitiva a su padre Rene Castrillo Jaramillo con el único compromiso de hacer trabajar la tierra.


  1. Asimismo señalan, que el Auto de Vista recurrido no resolvió que la Juzgadora inobservó la norma sustantiva en sentido que el art. 160 del CP tiene los siguientes requisitos; i) que la orden emane de un funcionario público, empero el querellante no era funcionario público, cuando se emitió la orden lo había realizado el Director Walter Martínez Espíndola; ii) “La autoridad dada en el EJERCICIO DE LEGITIMO DE SUS FUNCIONES” (sic), afirmando que la desobediencia debe reunir los requisitos de Ley; empero, la orden fue dada por el anterior Director cuando ejercía sus funciones públicas el 12 de noviembre de 2013 y no así la supuesta víctima y querellante Dr. Hugo Augusto León Gutiérrez que no estaba en ejercicio como funcionario público porque fue posesionado el 20 de octubre de 2015, no demostrándose los hechos fácticos para la existencia del supuesto delito de Desobediencia a la Autoridad, ya que, no era autoridad y “SEGÚN NORMATIVA” no se pueden retrotraer a ordenes anteriores y emitidos por órdenes de las autoridades que dejaron de ser funcionarios del INRA, menos que se dé cumplimiento, ya que, en ese tiempo no fueron funcionarios del INRA, aspectos que no fueron observados concurriendo la errónea aplicación de la Ley; puesto que el Auto de Vista recurrido no resolvió conforme a Ley limitándose a expresar las funciones del Ministerio que defiende a la sociedad, lo que no está en cuestión “AUNQUE TAMBIÉN SE DEBERIA CUESTIONAR POR ACUSAR LA COMISIÓN DE DELITOS SIN TENER LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN FACTICA Y AL MARGEN DE LA Ley” (sic).


  1. Finalmente manifiestan, que el Auto de Vista recurrido no resolvió “LA COHERENCIA Y CONGRUENCIA EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA” (sic); toda vez, que si la juzgadora hubiere observado e interpretado las normas sustantivas como procedimentales, no hubiere existido incoherencia ni incongruencia, tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva; sino, que hubiere tenido como consecuencia una Sentencia justa, puesto que, no existió delito alguno, por cuanto, no puede ser delito ayudar a trabajar la tierra de propiedad rural en base a los usos y costumbres de las familias campesinas, como su familia que viven en la comunidad Erquiz Oropeza hasta la actualidad, donde su padre les inculcó el trabajo de campo, encontrándose además registrado en Derechos Reales desde 1978, que adjuntaron en la formulación de su recurso de apelación restringida.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.




IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


De la revisión de antecedentes, se tiene que los recurrente cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que Ronald Wilfredo Castrillo Reyes y Carmen Yevara Cazón de Castrillo fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 12 de septiembre de 2018 (fs. 222), y Willians Castrillo Reyes, si bien de antecedentes procesales, se advierte su falta de notificación; sin embargo, se entiende que se dio tácitamente por notificado con la resolución del Tribunal de alzada al momento de presentar el recurso de casación conjuntamente con los otros coimputados el 18 de septiembre de 2018, conforme consta del cargo electrónico de recepción de fs. 244; cumpliendo de esta manera, todos con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto al primer motivo, los recurrentes reclaman que el Auto de Vista recurrido en su Considerando I, alegó que sus personas denunciarían la falta de personería, lo que les resulta incorrecto y falso; puesto que, lo que reclamaron fue que el Director del INRA-TARIJA, dependiente de la autoridad ejecutiva del país, no podía arrogarse una representación para instaurar una acción penal y tener una estructura especial propia en materia agraria, documentación que presentaron en la etapa preliminar y valorada en juicio donde manifestaron para fundamentar la excepción de falta de acción, como medio de defensa en virtud al art. 308 inc. 3) del CPP, que en juicio oral fue declarada no ha lugar, por lo que haciendo uso a sus derechos a recurrir, reservaron el mismo para una eventual apelación de la Sentencia.


Al respecto, por una parte, corresponde señalar, que los recurrentes no invocaron precedente contradictorio alguno; en consecuencia, se tiene que no cumplieron con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP; y, por otra parte, de la relación de argumentos expuestos por los recurrentes, se infiere que el reclamo deviene de una cuestión incidental, que mereció un pronunciamiento por el Tribunal de apelación, que les resulta incorrecto a la parte recurrente; es decir, una fundamentación incorrecta respecto a la excepción de falta de acción, Resolución que no es recurrible vía casación; por cuanto, los reclamos sobre cuestiones incidentales dilucidadas en el transcurso de la tramitación del proceso penal, conforme prevé el art. 403 inc. 2) del CPP, tiene como medio impugnatorio el recurso de apelación incidental, de la que surge una decisión definitiva, cuando menos en la vía ordinaria, sin que ello signifique que el recurso de casación sea un medio idóneo para revisar lo resuelto por el Tribunal de alzada; habida cuenta, que la apertura de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, está delimitada para conocer los reclamos contra Autos de Vista que resuelven apelaciones restringidas contra Sentencias y no contra Resoluciones que resuelven apelaciones sobre cuestiones incidentales; siendo la única excepción, la denuncia de incongruencia omisiva de una cuestión incidental, previo cumplimiento de los requisitos de admisibilidad; en consecuencia, el presente motivo deviene en inadmisible.


En el segundo motivo, señalan que el Auto de Vista recurrido no se pronunció respecto a su reclamo referente a la inconcurrencia de la supuesta víctima, Dr. Hugo Augusto León Gutiérrez durante todo el juicio oral, en inobservancia de los arts. 329, 330, 338, 340, 341, 342 y 344 del CPP, basada el juicio únicamente en la acusación Fiscal en franca vulneración de las normas citadas sobre todo la prevista en el art. 330 del CPP, basada en el principio de inmediación que prevé que el juicio se desarrollará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas las partes, refiriéndose a la parte querellante y la inasistencia, se tendrá como abandono de la querella. Al respecto, los recurrentes no invocaron precedente contradictorio alguno; en consecuencia, no cumplieron con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrieron los recurrentes puedan ser suplidas de oficio.


Por los fundamentos expuestos, se tiene que el presente motivo no cumple con los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; toda vez, que los recurrentes, no precisaron qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados, tampoco detallaron con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos explicaron el resultado dañoso emergente del defecto; en consecuencia, el presente motivo deviene en inadmisible.


Con relación al tercer motivo, refieren que el Auto de Vista recurrido “No ha resuelto el AGRAVIO”; puesto que, en su Considerando II, inc. II.1 y II.1.1 alegó que la acción penal únicamente se realiza con la acusación Fiscal, afirmación que vulnera la “NORMA PROCEDIMENTAL INDICADA” (sic), que en el inc. II.1.2 haría referencia al art. 225 de la CPE, referente al ejercicio de las funciones del Fiscal, que nada tiene que ver con lo expuesto en su apelación restringida y sobre todo con la excepción de la falta de acción, por no ser legalmente promovida, que fue declarada no ha lugar. Sin embargo, no fue resuelto por el Auto de Vista recurrido en sentido que la falta de acción se equipara a la excepción de la falta de capacidad de obrar en juicio, puesto que, existió impedimento procesal por falta de personería por ser el INRA un ente colectivo, no teniendo la calidad de víctima.


Sobre el presente motivo, de la revisión del recurso de casación, se observa que los recurrentes no invocaron precedente contradictorio; en consecuencia, se tiene que no cumplieron con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, omisión que no puede ser suplida de oficio; consecuentemente, se tiene que el presente motivo no cumplió con los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; toda vez, que los recurrentes, omitieron precisar qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados, tampoco detallaron con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos explicaron el resultado dañoso emergente del defecto; en consecuencia, el motivo en análisis deviene en inadmisible.


Respecto al cuarto motivo, acusan que el Auto de Vista recurrido no se pronunció a que sus personas fueron sometidas a un tribunal paralelo al de la judicatura agraria nacional, que se rige por Leyes especiales, donde el Juez Agrario entregó títulos comunitarios y ministró posesión definitiva a su padre Rene Castrillo Jaramillo con el único compromiso de hacer trabajar la tierra. Al respecto los recurrentes no invocaron precedente contradictorio alguno; entonces, no cumplieron con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en la que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido, respecto de algún precedente conforme lo refiere el segundo párrafo del art. 417 del CPP.


Por los argumentos expuestos, se tiene que el presente motivo no cumple con los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; toda vez, que los recurrentes, no precisaron qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados, no detallaron con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos explican el resultado dañoso emergente del defecto; por lo que, el motivo deviene en inadmisible.


Con relación al quinto motivo, en el que manifiestan que el Auto de Vista recurrido no resolvió que la Juzgadora inobservó la norma sustantiva en sentido que el art. 160 del CP tiene los siguientes requisitos: i) que la orden emane de un funcionario público, empero el querellante no era funcionario público, cuando se emitió la orden; ii) “La autoridad dada en el EJERCICIO DE LEGITIMO DE SUS FUNCIONES” (sic), que en su caso no se había demostrado los hechos fácticos para la existencia del supuesto delito de Desobediencia a la Autoridad, concurriendo la errónea aplicación de la Ley; puesto que el Auto de Vista recurrido no resolvió conforme a Ley, limitándose a expresar las funciones del Ministerio Público que defiende a la sociedad, lo que no está en cuestión “AUNQUE TAMBIÉN SE DEBERIA CUESTIONAR POR ACUSAR LA COMISIÓN DE DELITOS SIN TENER LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN FACTICA Y AL MARGEN DE LA Ley” (sic).


Sobre el presente, los recurrentes no invocaron precedente contradictorio alguno; en consecuencia, no cumplieron con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, omisión que no puede ser suplida de oficio.


Consecuentemente, se tiene que el presente motivo no cumplió con los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; toda vez, que los recurrentes, no precisaron qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados, tampoco detallaron con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos explicaron el resultado dañoso emergente del defecto; en consecuencia, deviene en inadmisible.


Finalmente en cuanto al sexto motivo, en el que manifiestan, que el Auto de Vista recurrido no resolvió “LA COHERENCIA Y CONGRUENCIA EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA” (sic), toda vez, que si la juzgadora hubiere observado e interpretado las normas sustantivas como procedimentales no hubiere existido incoherencia ni incongruencia, tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva; sino, que hubiere tenido como consecuencia una Sentencia justa, puesto que, no puede ser delito ayudar a trabajar la tierra de propiedad rural en base a los usos y costumbres de las familias campesinas.


Al presente, de la revisión del recurso de casación, se tiene que los recurrentes no invocaron precedente contradictorio alguno; en cuyo efecto, no cumplieron con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, que no puede ser suplido de oficio.


Por los argumentos expuestos, se tiene que el presente motivo no cumplió con los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; puesto que, los recurrentes, no precisaron qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados, tampoco detallaron con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos señalaron el resultado dañoso emergente del defecto; por lo que deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, formulado por Carmen Yevara Cazón de Castrillo, Ronald Wilfredo y Willians ambos de apellidos Castrillo Reyes, de fs. 244 a 246 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos