TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 939/2018-RA

Sucre, 16 de octubre de 2018


Expediente                : La Paz 107/2018        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Héctor Antonio Solares Maymura y otros

Delitos                : Uso Indebido de Influencias y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 13 y 14 de noviembre de 2017, Héctor Antonio Solares Maymura, de fs. 3337 a 3356 vta.; y, el Ministerio Público, de fs. 3364 a 3367 vta., interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 47/2017 de 28 de septiembre, de fs. 3205 a 3218, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por la representación de la Cámara de Diputados contra Williams Gustavo Paniagua Yépez, Guillermo Javier Olmos Torrez y Tania Gloria Esther Loayza Dalence, e inter partes por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionado por los arts. 146, 150, 154, 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 06/2011 de 18 de marzo (fs. 2357 a 2376), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a: 1) Héctor Antonio Solares Maymura, autor de la comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, previstos por los arts. 146 y 150 del CP, imponiendo la pena de ocho años de presidio y absuelto de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado; 2) Tania Gloria Esther Loayza Dalence, culpable de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas en grado de Complicidad, sancionados por los arts. 146 y 150 con relación al 23 del CP, sancionando con la pena de cuatro años de reclusión, ambos fueron sancionados con costas y daños civiles a favor del Estado y doscientos días multa a razón de Bs. 3.- por día; y, 3) Williams Gustavo Paniagua Yépez y Guillermo Javier Olmos Torrez, absueltos de los delitos endilgados en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Tania Gloria Esther Loayza Dalence (fs. 2378 a 2381 vta.), Héctor Antonio Solares Maymura (fs. 2409 a 2423), Williams Paniagua Yépez (fs. 2439 a 2441 vta.), los representantes legales de la Cámara de Diputados (fs. 2385 a 2392); y, el Ministerio Público (fs. 2426 a 2431), interpusieron recursos de apelación restringida, que previo a la sustanciación de lo pretendido, fueron emitidos los Autos de Vista 32/2012 de 24 de enero (fs. 2491 a 2499), 75/13 de 16 de septiembre de 2013 (fs. 2639 a 2646 vta.), 108/2014 de 19 de diciembre (fs. 2767 a 2781 vta.), Auto Complementario de 23 de junio de 2012 (fs. 2504), que fueron dejados sin efecto, mediante los Autos Supremos 202/2013 de 16 de julio (fs. 2620 a 2634), 438/2014-RRC de 11 de septiembre (fs. 2739 a 2753 vta. ); y, 926/2016-RRC de 24 de noviembre (fs. 3191 a 3199); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 47/2017 de 28 de septiembre, que declaró improcedentes las apelaciones restringidas intentadas; en consecuencia, confirmó la  Sentencia apelada.


  1. Por diligencias de 7 de noviembre de 2017 (fs. 3219 a 3220), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista; y, el 13 y 14 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Del recurso de Héctor Antonio Solares Maymura.


  1. El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver los motivos de su apelación restringida, incurrió en fundamentación incongruente en vulneración del art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), precisando el impetrante a tal efecto contradicciones incurridas en la fundamentación del Auto de Vista impugnado. Como primera de ellas, los argumentos subjetivos, contradictorios y carentes de validez expuestos en el punto “3.1” de la Resolución impugnada en cuanto a la influencia sobre autoridades administrativas; como segunda contradicción, señala el punto “3.2” en lo que respecta a la afirmación realizada por el Tribunal de alzada referente a la relación entre el recurrente y la señora Tania Esther Loayza Dalence; como tercera contradicción, las aseveraciones vertidas en el punto “3.5”, en cuanto a que los agravios interpuestos en su apelación restringida no guardan relación con el retiro de la acusación en favor del imputado Raúl Moreno Zaconeta; finalmente, como cuarta contradicción señala los fundamentos expuestos en el punto “3.6”, referidos a la inaplicabilidad del art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), en relación al señalamiento de la audiencia conclusiva en el caso presente, dejado sin efecto mediante recurso de amparo constitucional.


Cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 438/2014-RRC de 11 de septiembre emitido dentro de la presente causa.


  1. El Tribunal de alzada no resolvió los 7 agravios de su apelación restringida, limitándose a la simple relación de los hechos y transcripción de artículos, transgrediendo los arts. 124 y 398 del CPP, en vulneración de sus derechos al debido proceso y la defensa, puntualizando además que el Auto de Vista recurrido, no valoró ni tomó en cuenta los Autos de Vista 37 de 2 de febrero de 2007, 9 de 13 de enero de 2006 y 6 de 14 de marzo de 2007; y, las Sentencias Constitucionales 1054/2006 de 23 de octubre y 1768/2003-R de 18 de noviembre, invocados como precedentes contradictorios.


II.2. Del recurso de casación del Ministerio Público.


Los representantes del Ministerio Público, indican que el Auto de Vista recurrido no realiza análisis alguno de los argumentos expuestos en apelación restringida, limitándose a señalar que ninguna de las pruebas aportadas establece que Williams Paniagua Yépez tenía la función de supervisar el proyecto sino de administrarlo; y, que de las pruebas observadas MP9, 10, 17, 18 y 50- se debió señalar el valor y alcance pretendido. De la misma forma, en cuanto al coimputado Guillermo Javier Olmos Torrez, precisa la entidad recurrente que la fundamentación del Tribunal de alzada sería contradictoria al señalar la falta de valoración de las pruebas MP-8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 40, 42, 20, 50 y 39 cuando esta sería atribución de la autoridad jurisdiccional; además de ello, se precisa que el Auto de Vista recurrido señala en relación al citado imputado que “habría participado en la firma del documento UAGP Nº 095A/2003-2004 (MP8) y que en ese sentido se habría omitido mencionar al mismo y que en ningún momento del juicio se habría establecido que su firma haya sido sobrepuesta, y que es extraño que una documentación publica se encuentre en poder de un particular” (sic).


Invocando como precedentes contradictorios la Sentencia Constitucional 0895/2012  de 22 de agosto y los Autos Supremos 161/2012-RRC de 17 de julio y 214 de 28 de marzo de 2007.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 7 de noviembre de 2017, interponiendo sus recursos de casación el 13 y 14 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Del recurso de casación de Héctor Antonio Solares Maymura.


En el primer motivo, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en fundamentación incongruente, para lo cual invocó el Auto Supremo 438/2014-RRC de 11 de septiembre, precisando que el Tribunal de apelación debió pronunciarse de manera fundada y no limitarse a hacer una relación de hechos, esta Sala Penal asume que el impetrante cumple con el requisito de invocar precedente y establecer aunque de manera escueta su contradicción con la Resolución recurrida, más aún cuando plantea un eventual incumplimiento de la doctrina establecida en un fallo emitido por este Tribunal con anterioridad en la presente causa, por consiguiente, el motivo expuesto deviene en admisible.


Respecto al segundo motivo, donde se denuncia la transgresión de los arts. 124 y 398 del CPP, por parte del Tribunal de alzada, al no resolver los 7 puntos de su apelación restringida, se advierte que el recurrente rememora los fundamentos de su recurso precisando que la aplicación pretendida sería que se deje sin efecto la Resolución impugnada; sin embargo, más allá de la alusión de inconformidad a lo resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la cita de doctrina invocada en apelación, el recurrente omite exponer cuál el o los agravios ocasionados por el Auto de Vista recurrido a partir de la invocación de precedentes pronunciados por algún Tribunal Departamental de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, incumpliendo las previsiones establecidas por los arts. 416 y 417 del CPP.


De la misma forma, si bien la parte recurrente hace alusión de manera escueta a la vulneración del principio del debido proceso y derecho a la defensa; empero, no fundamenta de forma clara y precisa de qué manera se ha restringido o disminuido tal principio y derecho, menos explica el resultado dañoso del presunto defecto, incumpliendo también los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal para que vía excepcionalidad pueda ingresarse al fondo; aspectos que no pueden ser suplidos de oficio en salvaguarda del principio de imparcialidad que rige la actuación de esta Sala Penal, deviniendo por ende el motivo expuesto en inadmisible.


IV.2. Del recurso de casación del Ministerio Público.


Del recurso de casación deducido por los representantes del Ministerio Público, se advierte que en los argumentos del único motivo traído en casación, se denuncia que el Tribunal de alzada eludió el pronunciamiento en el fondo de los agravios planteados sin tomar en cuenta jurisprudencia tanto constitucional como la emitida por este máximo Tribunal de justicia en materia ordinaria, citada como precedentes contradictorios.


Sin embargo, se observa que a tiempo de exponer su agravio, los representantes del Ministerio Público se limitaron a simplemente citar los Autos Supremos 161/2012-RRC de 17 de julio y 214 de 28 de marzo de 2007, sin cumplir con la carga procesal de indicar en términos claros y precisos cuál la contradicción existente entre la Resolución impugnada y los precedentes citados; por otro lado, en cuanto a la invocación de la Sentencia Constitucional 0895/2012, de manera reiterada este Máximo Tribunal de Justicia ha señalado que las Sentencias Constitucionales no constituyen precedentes contradictorios, sino sólo las Resoluciones casacionales emitidas por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y los Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los diferentes Tribunales Departamentales de Justicia de conformidad con el art. 416 del CPP; por lo expuesto precedentemente, el recurso de casación deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, de fs. 3364 a 3367 vta.; y, ADMISIBLE el recurso de casación planteado por Héctor Antonio Solares Maymura, de fs. 3337 a 3356 vta., únicamente para el análisis de fondo del primer motivo. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos