TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 938/2018-RA

Sucre, 16 de octubre de 2018


Expediente                : La Paz 106/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Olga Mamani Intipampa

Delito                : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado, el 4 de septiembre de 2018, cursante de fs. 279 a 281 vta., el Ministerio Público, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 62/2018 de 19 de junio, de fs. 267 a 270, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Olga Mamani Intipampa, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 21/2016 de 17 de mayo (fs. 233 a 237 vta.), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Olga Mamani Intipampa, absuelta de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la ley 1008, disponiendo la cesación de las medidas precautorias impuestas en su contra. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público formuló recurso de apelación restringida (fs. 342 a 343), que previo memorial de subsanación (fs. 260 a 264), fue resuelto por Auto de Vista 62/2018 de 19 de junio, dictado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 27 de agosto de 2018 (fs. 271), la parte recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 4 de septiembre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


Expresa la entidad recurrente que la Sentencia adolecía de defectos absolutos, invocando el inc. 1) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referente a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva con relación al delito de Tráfico de Sustancias Controladas, en sentido que la conducta de la imputada, las circunstancias del hecho y los elementos probatorios permiten la adecuación y subsunción con el verbo nuclear de posesión dolosa, siendo uno de los elementos probatorios, el informe codificado como MP-1 emitido por el asignado al caso, en el que refiere que el 13 de mayo de 2014, en el interior de la carrocería de un vehículo motorizado se encontraban varios bultos de yute encima de varias baterías eléctricas conteniendo electrolitos, cuya cuantificación dio aproximado 300 litros de ácido sulfúrico, haciéndose presente la imputada en su condición de propietaria del camión, indicando que las baterías eran chatarras y que la dueña era una señora desconocida, sosteniendo que al estar debidamente camufladas las baterías se acreditó la adecuación de la conducta de Olga Mamani al verbo nuclear de posesión dolosa de ácido sulfúrico conforme a la prueba MP-11 referido al dictamen pericial.


Argumenta que el Auto de Vista impugnado en el Considerando VI inciso a) señala que no se puntualizó si el cuestionamiento estaría dirigido a la inobservancia de la Ley o a la errónea aplicación de la Ley, advirtiendo que al haberse referido verbos rectores se presumió que el cuestionamiento es dirigido a la errónea aplicación de la Ley sustantiva, por lo que la entidad recurrente argumenta que se proporcionó los elementos probatorios suficientes para generar en el Tribunal sentenciador la convicción de la existencia del hecho y la autoría de la acusada, más aun cuando en el punto tercero de la Sentencia afirma que la falta de cuantificación no puede ser suplida por el acta de secuestro, a este respecto se citó el Auto Supremo 118/2005-RRC de 24 de febrero, referente a que la cantidad de la sustancia no determina la inexistencia del delito, precedente que el Tribunal de apelación omitió pronunciamiento, constituyendo ello en incongruencia omisiva. Sostiene también que se omite analizar las conclusiones del a quo, cuando quedó demostrado la inexistencia de autorización administrativa de la Dirección General de Sustancias Controladas y la posesión dolosa de la imputada, no siendo lógica la afirmación plasmada en el punto c) relativo a que no se pudiese establecer como agravio la falta de ofrecimiento de prueba por parte de la imputada, sino lo que se cuestionó fue la falta de justificación objetiva y lógica de absolverla sin elemento probatorio que así lo determine.


En cuanto al segundo motivo invocado, respecto al inc. 5) del art. 370 del CPP, que no exista fundamentación en la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria, el Auto de Vista impugnado en el inc. a) señaló, que no se invocó en forma clara las disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas, por lo que no pudo ser considerado el agravio, sin embargo argumenta que para que una Sentencia sea válida debe ser motivada conforme el art. 124 del CPP, y art. 109 I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto lo que se invocó fue la ausencia de explicación de los motivos asumidos respecto al hecho acusado y los razonamientos determinados al aplicar el art. 363 del CPP. Asimismo en apelación restringida se mencionó que la contradicción e incongruencia de la parte considerativa y resolutiva se encontraba en la exposición de motivos de hecho y probatorios en el párrafo primero, donde se señaló que se probó “el hecho del 13 de mayo del presente año” haciendo referencia a la relación de hecho de la prueba MP-1, en la que se tuvo probado el hecho expresado por el funcionario policial, hecho inmerso en la participación de la imputada. Asimismo, el cuestionamiento de la falta de cuantificación y las contradicciones de la imputada que repercutieron en la absolución de la misma, extrañando el fundamento y los elementos probatorios en la emisión de la Sentencia absolutoria.


Finalmente añade, que la Sala Penal Cuarta se limitó a referir que no existe una mención de las disposiciones que se consideran violadas, sin embargo no verifica el cumplimiento de los elementos que importan la debida fundamentación de la Sentencia, de modo que pueda ser entendible el iter lógico del juzgador desde el razonamiento hasta las conclusiones, de modo que quien lo lea, pueda entender el pensar jurídico y la determinación asumida, aspectos que no tomó en cuenta el Tribunal de alzada, cuando en Sentencia se demuestra la contradicción al referir que el hecho está probado, invocando el Auto Supremo 355/2014-RRC de 30 de julio.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


A los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión del presente recurso, cabe mencionar que el sistema de recursos en Bolivia, en cuanto a los plazos para su formulación reconoce que son: a) Legales, pues su determinación se encuentra prevista en la regulación de cada medio recursivo en particular; b) Improrrogables, dado que se encuentra impedida la prolongación del plazo originariamente fijado para su presentación; y, c) Perentorios, que significa que cumplido su término, la posibilidad de interponer recurso, se extingue, precluyendo en consecuencia la oportunidad para ejercer el derecho a impugnar; en cuyo mérito, la articulación del recurso de casación fuera de los términos legales establecidos, implica su inadmisibilidad en virtud de su presentación extemporánea.


Respecto al plazo para la formulación del recurso de casación, el art. 417 del CPP, establece que deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado, debiendo tenerse presente las disposiciones contenidas en el art. 130 con relación al art. 124 de la LOJ, en sentido de que éste plazo es perentorio e improrrogable y comienza a correr al día siguiente hábil de practicada la notificación con la Resolución recurrida, debiendo al efecto computarse los días hábiles, transcurriendo ininterrumpidamente hasta su vencimiento a las veinticuatro horas del último día hábil señalado y sólo se suspende durante la vacación judicial, debiendo para el cómputo considerarse la disposición contenida en el art. 123.I de la LOJ que señala: “Son días hábiles de la semana para las labores judiciales, de lunes a viernes”.


Bajo ese contexto, conforme se precisó en el acápite III inc. i) de esta resolución, respecto a las formas procesales establecidas como carga que deben asumir los recurrentes, indicar que el plazo para interponer el recurso de casación en materia penal es de cinco días, plazo que conforme dispone el art. 130 del CPP, empieza a correr a partir del día siguiente de practicada la notificación y se computa sólo los días hábiles. En autos, primeramente conforme se advierte de la diligencia a fs. 271, el Ministerio Público fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el lunes 27 de agosto de 2018, interponiendo el recurso de casación el martes 4 de septiembre de 2018, conforme consta en el cargo de recepción a fs. 281 vta., evidenciándose que el plazo de presentación fenecía en lunes 3 de septiembre de 2018; por lo que el recurso de casación fue presentado fuera del plazo procesal previsto por el art. 417 del CPP; en consecuencia, el recurso deviene en inadmisible, en previsión del precitado precepto procesal.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara  INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, de fs. 279 a 281 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos