TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 934/2018-RA

Sucre, 16 de octubre de 2018


Expediente                : Tarija 46/2018

Parte Acusadora       : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : René Eduardo Sánchez Rodríguez

Delito                : Violencia Familiar o Doméstica


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2018, cursante de fs. 253 a 258 vta., Rene Eduardo Sánchez Rodríguez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 25/2018 de 20 de agosto, de fs. 239 a 241 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Estela Marcela Miranda Saracho contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), con la modificación establecida por la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia”.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 24/2015 de 9 de noviembre (fs. 207 a 211 vta.), la Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Rene Eduardo Sánchez Rodríguez, autor y culpable de la comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis inc. 1) del CP, con la modificación de la Ley 348, imponiendo la pena de dos años de reclusión, más el pago de costas y responsabilidad civil averiguable en ejecución de sentencia.

  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Rene Eduardo Sánchez Rodríguez  formuló recurso de apelación restringida (fs. 217 a 220 vta.), que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija mediante Auto de Vista 25/2018 de 20 de agosto, que declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 5 de septiembre de 2018 (fs. 242), fue notificado el recurrente, con el Auto de Vista impugnado e interpuso recurso de casación el 12 del mismo mes y año que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Previa mención de los arts. 22, 115.I, II, 119.I y 180.I, II de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8.2 inc. h), 24, 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, como primer agravio refiere, que el Auto de Vista recurrido, ante su reclamo concerniente a la errónea aplicación de la Ley sustantiva, en relación al delito de Violencia Familiar o Doméstica, que tiene como sujeto activo cualquier persona que comprenda una relación filial o de afinidad, teniendo como verbo rector el agredir, bajo las variables física, psicológica o sexual, la Juzgadora no tomó en cuenta que el tipo es excluyente y se aplica cuando no corresponda a otro tipo penal, así dentro de las acusaciones Fiscal y particular determina la existencia de un impedimento de 3 días a la denunciante, por lo que le corresponde otro tipo penal como el descrito en el art. 271 del CP, en su segunda parte, que podía ser modificado por la Juez de mérito bajo el principio iura novit curia y favorabilidad, vulnerándose el principio de certeza en la calificación, ya que, la adecuación típica debe ser exacta y debe cumplir con todos los requisitos, conforme preceptúa el art. 272 bis del CP, que se aplica cuando no exista otro tipo penal determinado, otorgándole un carácter supletorio en fin de protección a la mujer a razón de la protección que tiene la familia. Al respecto el Tribunal de alzada, describiendo la primera parte del art. 272 bis del CP y poniendo de relieve la relación matrimonial que su persona tenía con la víctima, más adelante hace una valoración de la prueba que se hubiera introducido a juicio, puesto que, el punto apelado era de carácter sustantivo, y no se pronunció sobre la última parte del art. 272 bis del CP, que refiere “siempre que no constituya otro delito”, no justificando porqué la no aplicación del principio de favorabilidad, puesto que, constituye otro tipo penal como el de Lesiones, aspecto que vulnera su derecho al debido proceso en su vertiente a una debida fundamentación, que debe versar sobre los puntos que apeló.


  1. Por otra parte, refiere que en su recurso de apelación restringida reclamó que la Sentencia se basó en medios probatorios ilegalmente incorporados a juicio [art. 370 inc. 4) del Código de procedimiento Penal (CPP)], habiéndose vulnerado los arts. 124 y 173 del CPP, pues bajo el principio de que el que acusa tiene la obligación de probar, no sólo basa su correcta obtención sin la vulneración a derechos y garantías constitucionales, sino que estas deben ser correctamente incorporadas a juicio debiendo de empezar por un correcto ofrecimiento, lo que no existió con la prueba de pericia psicológica, ya que, de las acusaciones Fiscal y particular ninguna la ofreció conforme a las reglas previstas por el art. 349 del CPP, alegando la Juez, en vulneración del art. 279 del CPP, que era posible la realización de la pericia en juicio, que no fue propuesta por el Ministerio Público ni la acusadora particular como medio de prueba, ya que los mismos solo presentaron un dictamen psicológico y ofrecieron a la Lic. Yuli Castillo como perito, empero, no determinaron la pericia en juicio ni la pertinencia de la misma, menos los puntos a ser peritados, ni quien realizaría la pericia; no obstante, el dictamen fue tomado en cuenta en la Sentencia que alegó que con el informe pericial emitido por la psicóloga del IDIF Yuli Castillo Tapia, en el que concluye que el testimonio de la víctima es altamente creíble, que la misma sufría trauma sociológico por lo acontecido, lo que evidencia que la Sentencia tiene como fundamento una prueba ilegalmente incorporada al juicio incumpliendo con el art. 341 inc. 5) del CPP; alegando al respecto el Auto de Vista recurrido, que el art. 348 del CPP, permite la elaboración de pericia en juicio, que la Lic. Yuli Castillo Tapia había sido ofrecida en las acusaciones y que conforme al principio de informalidad previsto en la Ley 348 no se habría vulnerado derecho alguno, no considerando, que su reclamo se basó en la forma de proponer la realización de la pericia en juicio, debiendo haber sido ofrecido por las acusaciones pública y particular lo que no ocurrió, que si bien el Tribunal de alzada puso de intermedio el principio de informalidad en el procesamiento de denuncias, no se trata de un trámite o exceso de formalidad del hecho de proponer una pericia en juicio sino un respeto al debido proceso, puesto que, su persona sí tomó conocimiento que la Lic. Castillo fue ofrecida como perito; empero, no sabía cuál la labor o que se realizaría en la pericia, puesto que, ninguna acusación anunció la aplicación del art. 349 del CPP.


  1. Alega como último agravio en apelación restringida, el basamento en hechos no acreditados; toda vez, que la acusación particular no relató los datos de los hechos; es decir, cómo fueron producidas las supuestas lesiones provocadas a su ex esposa, empero, sí fueron enriquecidas por la “acusación particular”, que es la que se tomó en la Sentencia a momento de indicar que la víctima puso resistencia hasta lograr ingresar a otro ambiente y asegurarse con llave, lugar de donde llama a funcionarios policiales, para que le presten auxilio; teoría que no se llegó a probar, puesto que, no existe llamada alguna a 110 u otra línea, restándole credibilidad al relato, alegando además la Sentencia que la acusadora particular, el 14 de junio de 2014, cuando el imputado la agrede físicamente lo hace con golpes de patadas y rodillazos en las piernas, costillas además de haberle apretado las muñecas de sus manos, posteriormente la lanza a la cama donde intenta asfixiarla; agresiones que afirma, fueron tomadas de la declaración de la víctima que debió probarse con otro elemento de prueba, que para la Juez fue la atestación y la certificación médica emitida por la Dra. Erika Sacuma, con relación a las lesiones presentadas por Marcela Estela Miranda que indicó equimosis verdosa tenue en tercio medio de pierna izquierda, equimosis verdosa de 2 cm, en cara anterior de muslo izquierdo, equimosis verdosa tenue en región hipotenar de mano derecha; empero, no refiere las lesiones descritas ¿dónde están las provocadas en las costillas?, ¿dónde se reflejan las lesiones provocadas en las muñecas por haber sido apretadas? o ¿las lesiones provocadas en el cuello por el intento de asfixia?, denotándose una mala valoración de las pruebas, ya que, no se comprobó la teoría fáctica de las acusaciones, basándose la Sentencia en hechos probados; sin embargo, el Tribunal de alzada se limitó a indicar una relación de hechos y que fueron demostrados con la prueba testifical documental y pericial y que la misma constituye el soporte estructural sobre el que la Juez realiza la tarea de subsunción; empero, no realizó una correcta fundamentación, ya que, lo que se denunció fue que los hechos denunciados plasmados en las acusaciones como los golpes en las costillas y en las piernas de la víctima, no fueron demostrados por medio de prueba alguna, siendo lesiones que no se provocaron en la misma.


Al respecto invoca los Autos Supremos 211/2015-RA de 30 de marzo, 312 de 23 de marzo de 2012, 081/2014-RA de 1 de abril, 072/2015-RRC de 29 de enero, 717/2014 de 10 de diciembre, 134/2014-RRC de 28 de abril, 414 de 20 de octubre de 2006, “200007 Sala Penal-2-378”, 338 de 5 de abril de 2007, 160/2007 de 7 de septiembre, 122/2006 de 24 de abril, 373/2006 de 25 de agosto, “102/2006-RRC” de 12 de febrero, 325/2013 de 13 de noviembre, “127/2103” de 13 mayo de 2013, 211/2015 de 30 de marzo, “492/2003 de 2 de noviembre de 2015”, 312/2012 de 23 de marzo, 34/2009 de 7 de febrero, 176/2011 de 26 de abril y 353/2006 de 24 de agosto.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 5 de septiembre de 2018, interponiendo su recurso de casación el 12 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto al primer motivo, el recurrente refiere que el Auto de Vista recurrido, ante su reclamo concerniente a la errónea aplicación de la Ley sustantiva en relación al delito de Violencia Familiar o Doméstica, la Juzgadora no tomó en cuenta que el tipo era excluyente y se aplica cuando no corresponda a otro tipo penal, así dentro de las acusaciones Fiscal y particular se determina la existencia de un impedimento de 3 días a la denunciante, por lo que, correspondía aplicar otro tipo penal como el descrito en el art. 271 del CP, en su segunda parte, que podía ser modificado por la Juez de mérito bajo el principio de iura novit curia y favorabilidad; toda vez, que el art. 272 bis del CP, se aplica cuando no exista otro tipo penal determinado; no pronunciándose sobre la última parte del art. 272 bis del CP, que refiere “siempre que no constituya otro delito”, aspecto que vulnera su derecho al debido proceso en su vertiente debida fundamentación, que debe versar sobre los puntos que apeló.


Sobre el referido motivo, el recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; en consecuencia, se tiene que no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la Ley, sin que la omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio.


Por otra parte, si bien refiere la vulneración al debido proceso en su vertiente debida fundamentación; no obstante, olvidó explicar cuál el resultado dañoso emergente del defecto, con lo que se tiene que tampoco cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución.


Consecuentemente, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, se establece que el presente motivo no cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización que fueron explicados en el acápite anterior del presente fallo, situación por el que deviene en inadmisible.


Respecto al segundo motivo, se cuestiona que ante su reclamo de que la Sentencia se basó en medios probatorios ilegalmente incorporados a juicio; toda vez, que no hubo un correcto ofrecimiento de la prueba de pericia psicológica, ya que, ninguna de las acusaciones Fiscal o particular las ofreció conforme a las reglas previstas por el art. 349 del CPP; tal circunstancia no fue tomada en cuenta para la emisión de la Sentencia; alegando el Auto de Vista recurrido, que el art. 348 del CPP, permite la elaboración de pericia en juicio, que la Lic. Yuli Castillo Tapia había sido ofrecida en las acusaciones y que conforme al principio de informalidad previsto en la Ley Nº 348 no se habría vulnerado derecho alguno, no observando, que su reclamo se basó en la forma de proponer la realización de la pericia en juicio, que debió haber sido ofrecido por las acusaciones pública y particular lo que no ocurrió.


Al respecto, el recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; en cuyo efecto, no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, omisión que no puede ser suplido de oficio.


Por los argumentos expuestos, se tiene que el presente motivo no cumplió con los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; puesto que, el recurrente, no precisó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos señaló el resultado dañoso emergente del defecto; por lo que deviene en inadmisible.


Finalmente en el tercer motivo, arguye que en apelación restringida reclamó que la Sentencia se basó en hechos no acreditados; toda vez, que la acusación particular no relató los datos de los hechos; es decir, cómo fueron producidas las supuestas lesiones provocadas a su ex esposa, empero sí fueron enriquecidas por la “acusación particular”, que es la que tomó en cuenta la juzgadora en la Sentencia; sin referirse a las lesiones descritas ¿dónde están las provocadas en las costillas?, ¿dónde se reflejan las lesiones provocadas en las muñecas por haber sido apretadas? o ¿las lesiones provocadas en el cuello por el intento de asfixia?, denotándose una mala valoración de las pruebas, ya que, no se comprobó la teoría fáctica de las acusaciones, basándose la sentencia en hechos no probados; sin embargo, el Tribunal de alzada se limitó a indicar una relación de hechos y que fueron demostrados con la prueba testifical documental y pericial y que la misma constituye el soporte estructural sobre el que la Juez realiza la tarea de subsunción; empero, no realizó una correcta fundamentación, pues lo que, denunció fue que los hechos denunciados, plasmados en las acusaciones no fueron probados.


Al respecto invocó los Autos Supremos 211/2015-RA de 30 de marzo, 312 de 23 de marzo de 2012, 081/2014-RA de 1 de abril, 072/2015-RRC de 29 de enero, 717/2014 de 10 de diciembre, 134/2014-RRC de 28 de abril, 414 de 20 de octubre de 2006, “200007 Sala Penal-2-378”, 338 de 5 de abril de 2007, 160/2007 de 7 de septiembre, 122/2006 de 24 de abril, 373/2006 de 25 de agosto, “102/2006-RRC” de 12 de febrero, 325/2013 de 13 de noviembre, “127/2103” de 13 mayo de 2013, 211/2015 de 30 de marzo, “492/2003 de 2 de noviembre de 2015”, 312/2012 de 23 de marzo, 34/2009 de 7 de febrero, 176/2011 de 26 de abril y 353/2006 de 24 de agosto; no obstante, respecto a los dos primeros se limitó a citarlos; en cuanto, al tercero hasta el sexto Auto, se limitó a realizar una copia de ciertas partes de los precedentes; y, con relación a los demás Autos se limitó al igual que al inicio a citarlos, efectuando una mera enunciación, no observándose el trabajo de contraste con ninguno de los precedentes invocados; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta al recurrente, no basta con citar y copiar partes de los Autos Supremos; sino, que corresponde al recurrente explicar, por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos del precedente invocado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo.


Por los fundamentos expuestos, se tiene que el presente motivo no cumplió con el art. 417 segundo párrafo del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; toda vez, que el recurrente, no precisó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos explicó el resultado dañoso emergente del defecto; en consecuencia, el presente motivo deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, formulado por Rene Eduardo Sánchez Rodríguez, de fs. 253 a 258 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos