TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 922/2018-RA

Sucre, 08 de octubre de 2018


Expediente                        Santa Cruz 143/2018 

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                 Luís Gaurahari Cabrera y otro

Delito                              : Estafa con Agravante


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 20 de agosto de 2018, Luís Gaurahari Cabrera Pacheco, de fs. 1445 a 1448 vta., y Kevin Pavel Gutiérrez Rivas, de fs. 1469 a 1472 vta., interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 43 de 7 de mayo de 2018, de fs. 1407 a 1416, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Jefferson Vera Paucar, Ivvone Arely Castro Jaray, Carlos Alberto Delgado Vera, Joset Carla Rivero Barrientos, Jessica Maldonado Villva, Daniel Mauricio Montoya Coca, Denisse Mariela Rivero Barrientos, Lilia Elifia Mauricio Pacheco, Luis Maikol Torrez Morales, Luis Lanza Toledo, María René Gonzales Aramayo, Santusa Gonzales Aramayo, Félix Vera Cubas e Ilda del Carmen Paucar Gonzales contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Estafa con Agravante y Complicidad, previstos y sancionados por los arts. 335 en relación al art. 346 bis y 23 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. Por Sentencia 46 de 7 de septiembre de 2017 (fs. 1243 a 1266), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Luís Gaurahari Cabrera Pacheco y Kevin Pavel Gutiérrez Rivas, autores y culpables de la comisión del delito de Estafa con Agravante, el primero en grado de autoría y el segundo en grado de Complicidad, previstos y sancionados por los arts. 335 en relación al 346 bis. y 23 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión a Luís Gaurahari y dos años de reclusión a Kevin Pavel, sancionando a ambos con el pago de costas procesales averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Jefferson Vera Paucar y en representación de las víctimas (fs. 1235 y vta.), y los imputados Kevin Pavel Gutiérrez Rivas (fs. 1301 a 1307) y Luís Gaurahari Cabrera Pacheco (fs. 1333 a 1339), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 43 de 7 de mayo de 2018, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 13 y 14 de agosto de 2018, Luís Gaurahari Cabrera Pacheco (fs. 1421) y Kevin Pavel Gutiérrez Rivas (fs. 1422), fueron notificados con el Auto de Vista impugnado; y, el 20 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1 Recurso de casación de Luís Gaurahari Cabrera Pacheco.


  1. El recurrente manifiesta que la Sentencia de grado no señaló ni individualizó qué elementos probatorios se valoraron y de qué forma, para imponer condena sobre los delitos acusados. Señala que en tal fallo “se leen frases de naturaleza genérica, que de ninguna manera justifican un sentencia condenatoria” (sic) y ello merecía ser objeto de un análisis que el Tribunal de apelación no realizó como era su deber. Asimismo, califica el Fallo de grado de contradictorio, explicando que por las pruebas producidas en juicio no se demostró la existencia de sonsacamiento, inducción al error o engaño, menos un beneficio económico a favor de los imputados; asegura por el contrario, fue demostrado que las víctimas obtuvieron ganancias, y los depósitos realizados tuvieron como fin la cobertura de costos, reiterando que tales extremos no habrían sido considerados por los de apelación. 


  1. Expresando que los fundamentos de la decisión en el Auto Supremo 192/2016-RRC de 14 de marzo, orienta que una Sentencia debe estar fundamentada de manera descriptiva, fáctica, analítica y jurídica, y transcribiendo una porción de la Sentencia Constitucional 0014/2018-S3 de 2 de marzo, sobre una similar temática, denuncia que en el fallo que lo condenó “solo se hace una relación genérica de las pruebas ofrecidas y producidas…sin explicar el valor individual de ellas y tampoco cuales han sido en realidad cuales han sido valoradas y cuales excluidas” (sic) y “constituye el resultado de una valoración no crítica de las pruebas de cargo, pues, sin la existencia de certeza alguna, se les dio el carácter de verosimilitud a simples suposiciones” (sic) aspecto que no está permitido conforme lo establecería el Auto Supremo 183 de 30 de junio de 2011.


  1. Aduce que en apelación restringida planteó tres aspectos claramente diferenciados, a saber: errónea aplicación de la ley sustantiva, defectuosa valoración de las pruebas y queja por la no valoración de prueba extraordinaria, empero no merecieron pronunciamiento por parte de los de apelación. Precisa que con tal circunstancia se presentó afectación al art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y un vicio de incongruencia omisiva, que fuera contrario a lo previsto por los Autos Supremos 6 de 26 de enero de 2007 y 131 de 2 de julio de 2012, del cual reproduce un pasaje.

 

II.2 Recurso de casación de Kevin Pavel Gutiérrez Rivas.


En el caso del recurrente, la Sala Penal advierte que su memorial de casación constituye, salvo los datos del exordio, una reproducción textual y total del recurso pretendido por Luís Gaurahari Cabrera Pacheco; en cuyo efecto, ante tal situación se ve impreciso aducir mayor relación de antecedentes a los ya sintetizados en el parágrafo que precede.



III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 14 y 15 de agosto de 2018, interponiendo sus recursos de casación el 20 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Se deja constancia que se efectuará el análisis conjunto de ambos recursos de casación presentados por los recurrentes; toda vez, que tienen básicamente el mismo andamiaje y similares motivos.

En el primer motivo, se plantea falta de fundamentación en la Sentencia de grado, se cuestiona la valoración otorgada en fase de juicio oral a las pruebas producidas y se resta eficiencia a la condena alegando que la misma haya sido impuesta sin convicción sobre la efectiva existencia de los elementos constitutivos del tipo, para finalmente reclamar que todas esas supuestas insuficiencias no fueron objeto de análisis por el Tribunal de apelación como era su deber.


La Sala Penal considera que más allá de la exteriorización genérica de un supuesto desarreglo con los resultados del proceso y las formas en las que la Sentencia emitió su decisión, los requisitos procesales exigidos por los arts. 416 y ss. del CPP, no son presentes, pues no se tiene planteado un supuesto sobre contradicción con el Auto de Vista que se recurre; las manifestaciones en este motivo no superan la insinuación y la sola afirmación sobre la actividad valorativa de la prueba hecha en juicio oral, aunada a un supuesto deber incumplido por parte del Tribunal de apelación, lo que no abastece de ninguna manera al cumplimiento de los señalados requisitos de apertura de competencia casacional, falencia que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal de manera alguna bajo la atinencia de vulnerarse el principio de igualdad de las partes ante el Juez.


En el segundo motivo propuesto, se cuestiona una supuesta inconsistencia en los resultados y el procedimiento sobre la valoración de la prueba realizada en Sentencia, afirmando que simples suposiciones fueron tomadas por ciertas, degenerando en la aplicación de una condena que no fue basada en un proceso crítico de valoración probatoria. Son mencionados en este particular los Autos Supremos 192/2016-RRC de 14 de marzo  y 183 de 30 de junio de 2011; así como referir el apoyo de la SC 0014/2018-S3 de 2 de marzo, de la cual se transcribe una porción.


Si bien en el presente motivo se hace referencia a dos Autos Supremos, su presencia en el memorial del recurso no deja de ser casualmente argumentativa; es decir, únicamente es presente como un respaldo en contrario a lo sucedido en el proceso, sin que se deje esclarecido cuáles fueron los argumentos contenidos en el Auto de Vista impugnado y que fueran pasibles a cuestionamiento, lo que a fines del recurso de casación es insuficiente, por cuanto el art. 416 y ss. del CPP, obliga al que recurre en esta vía argumentar una situación de hecho similar a partir de la que se entienda existe contradicción entre un fallo emitido con anterioridad al que se recurre. Los recurrentes, plantean a partir de una serie de afirmaciones relacionadas a la Sentencia y sus propias percepciones sobre circunstancias del proceso, empero a continuación no realizan esfuerzo alguno para señalar cuál fuese la situación de hecho similar que vincule a los Autos Supremos que cita en su recurso con el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. Es necesario dejar establecido que la exigencia procesal que no condice de modo alguno a la configuración procesal otorgada al recurso de casación como medio extraordinario de impugnación reservado solamente contra Autos de Vista, como lo señala la primera parte del art. 416 del CPP, haciendo que los recursos manifiestamente defectuosos, no cumplen los requisitos mínimos necesarios exigidos por la norma procesal ni los supuestos de flexibilización de admisión, por tanto, resta declarar su inadmisibilidad.


Un aspecto similar al descrito en el párrafo que precede es presente en el tercer motivo de casación, en el cual se desarrolla agravios referidos a un presento acto de incongruencia omisiva con vulneración al art. 398 del CPP, y se plantea contradicción con los Autos Supremos 6 de 26 de enero de 2007 y 131 de 2 de julio de 2012, pues más allá de la sola afirmación de existencia de contradicción, la situación de hecho similar cuyo argumentación es privativa de quien recurre- no ha sido fundamentada, no bastando la transcripción de pasajes de los precedentes invocados, pues como se tiene anotado en el apartado II de este Auto Supremo, la reproducción de un texto no es equiparable de modo alguno a tener por cumplidos los requisito básico del señalamiento en términos claros y precisos de la contradicción pretendida.

 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Luís Gaurahari Cabrera Pacheco, de fs. 1445 a 1448 vta. y Kevin Pavel Gutiérrez Rivas, de fs. 1469 a 1472 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado

Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos