TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 919/2018-RA

Sucre, 08 de octubre de 2018


Expediente                : Tarija 44/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Antonio Remigio Cuadros Bejarano y otros 

Delito        : Asesinato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de septiembre de 2018, Antonio Remigio Cuadros Bejarano, de fs. 3901 a 3907 vta., interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 75/2018 de 23 de agosto, de fs. 3892 a 3897 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Alcira Fabiana Montenegro contra María América Gareca Cardozo, Darío Heber Gómez Márquez y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato y Complicidad, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 2), 3) y 6); y, 23 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Se emitieron la Sentencia 6/2016 de 29 de marzo (fs. 2316 a 2331 vta.), que fue anulada mediante Auto de Vista 78/2016 de 11 de julio (fs. 2770 a 2775) y el Auto Complementario 14/2016 de 18 de julio (fs. 2798 y vta.), que recurrido en casación, el Auto Supremo 41/2017-RRC de 24 de enero (fs. 2826 a 2830), declaró infundado el recurso; en cuyo mérito, mediante Sentencia 41/2017 de 10 de octubre (fs. 3683 a 3730), el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a: 1) María América Gareca Cardozo, culpable del delito de Homicidio en grado de Complicidad, previsto por el art. 251 con relación al art. 23 del CP, y en cumplimiento al art. 268 del Código Niño, Niña o Adolescente (CNNA), sancionando con la pena de dos años de reclusión; 2) Antonio Remigio Cuadros Bejarano, autor y responsable del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, imponiendo la pena de quince años de presidio; siendo ambos sancionados con costas, daños y perjuicios en favor de la víctima averiguables en ejecución de sentencia; y, 3) Darío Heber Gómez Márquez, absuelto del delito endilgado en su contra, disponiendo la cesación de las medidas cautelares impuestas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Antonio Remigio Cuadros Bejarano formuló recurso de apelación restringida (fs. 3812 a 3818), que fue resuelto por Auto de Vista 75/2018 de 23 de agosto, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar la apelación restringida planteada; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada. 


  1. Por diligencia de 29 de agosto de 2018 (fs. 3899), el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado; y, el 5 de septiembre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente expresa que el Tribunal de alzada resolvió el recurso de apelación incidental contra el Auto interlocutorio 317/2017 que declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal de duración máxima del proceso, aduciendo la vulneración del art. 134 del CPP, al haber sido aprehendido en sede policial el 4 de enero de 2014 transcurriendo más de tres años sin que se haya ejecutoriado el proceso que se le acusa, pese a no ser declarado rebelde ni realizar actos de obstaculización o incurrido en mora procesal; asimismo refiere, que el Tribunal de Sentencia no habría respondido a todos sus argumentos como tampoco resolvieron quien habría causado la mora procesal, concluyendo también que se incurrió en falta de fundamentación y violación al principio de congruencia por parte del Tribunal de apelación al no indicar si el fundamento para confirmar la resolución fue: a) Que no hubiere aportado prueba a momento de interponer la excepción, b) Que la demora sea estructural, c) Que se haya incurrido en actos de obstaculización; y, d) Que la mora sea responsabilidad del Ministerio Público o de los funcionarios judiciales, señalando que citó en apelación restringida el Auto Supremo 444/2009 de 28 de agosto, las Sentencias Constitucionales 0101/2004, 551/2010 y el Auto Constitucional 79/2004-ECA.

  1. Refiere la vulneración del derecho a la debida fundamentación y congruencia a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida con relación al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 9) del Código de Procedimiento Penal (CPP), aludiendo que el Juez Técnico Dr. Tito Bejarano no firmó la Sentencia condenatoria, vulnerando el derecho al Juez natural por no haber participado en la deliberación, redacción de la misma ni se constó el impedimento, contrario al art. 360 del CPP, suponiendo de oficio por parte del Tribunal de apelación un supuesto impedimento de dicha autoridad, sin que exista prueba vulnerando el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en cuanto a la verdad material, señalando la S.C. 686/2012 de 2 de agosto, referente al debido proceso y 262/2005-R de 23 de marzo, relativo a las facultades de la apelación restringida, invocando también el Auto Supremo 435/2006 de 11 de octubre, alusivo a la inasistencia del Juez en la lectura, redacción y firma de la Sentencia constituiría defecto absoluto.


  1. Expresa que en el presente proceso no se aplicó el principio de continuidad en contravención del art. 334 del CPP, donde el Tribunal de apelación se habría limitado a citar el Auto Supremo “715/2014”, reconociendo que se llevaron otros juicios, pero sin justificar que el juicio oral haya durado más de un mes con suspensiones no fundamentadas.


  1. Indica que los Jueces del Tribunal de Sentencia vulneraron la lógica por no valorar las declaraciones testificales de Edgar Poma y Yolanda Ovando quienes expresaron no sentir ruido el 20 de diciembre de 2013 ni haber visto al acusado, contrario a la declaración de María América Gareca quien refirió que el recurrente mató con un disparo de arma de fuego a la víctima, otorgándole credibilidad el Tribunal de juicio a dicha declaración quien fuese la única persona que le acusa; por otro lado, sostiene que tampoco tomaron en cuenta la declaración de Alcira, Sergio y Silvia Fabiola Montenegro quienes refirieron que el acusado proporcionó el número telefónico y la dirección de María Gareca de forma educada y amable, cuestionando el principio de la lógica en el sentido que si haya el mismo tenido participación en la muerte de Omar Cruz no hubiese proporcionado la identificación de su cómplice. Asimismo señala que se vulnera la congruencia al callar sobre las mentiras de María América Gareca referente a su testimonio, como también el hecho de que el acusado hubiera realizado llamadas al celular de la misma cuando en el extracto se demuestra el no haberse efectuado llamada alguna el día de lo acontecido, alegando que dicha co acusada habría cambiado su versión cuatro veces por eximirse de la responsabilidad, por lo que se le habría vulnerado los arts. 3 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el principio pro homine, al no tener participación en el delito acusado, pues ni las pruebas periciales biológicas y de ADN demostraron su presencia en el cuarto de María América Gareca. Finalmente alega que el testigo Mario Edgar Sánchez mintió al Tribunal al indicar que jamás tuvo contacto telefónico con María América Gareca, cuando del registro de llamadas se demostró que tuvo contacto al igual que Darío Heber Gómez, situación que no fue valorada por las autoridades vulnerando la lógica y el derecho al Juez natural, citando al efecto la Sentencia Constitucional 486/2010-R de 5 de julio, referente al principio de congruencia y al profesor Hernando Devis de su libro Teoría General del Proceso.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 29 de agosto de 2018, interponiendo su recurso de casación el 5 de septiembre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Como primer motivo traído en casación, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación y violación del principio de congruencia al resolver la apelación incidental de la excepción de extinción de acción penal por duración máxima del proceso, sin responder todos sus argumentos ni resolver quién habría causado la mora procesal, aludiendo la vulneración del art. 134 del CPP, aduciendo que citó en apelación restringida como precedente el Auto Supremo 444/2009 de 28 de agosto, como también las Sentencias Constitucionales 101/2004, 551/2010 y el Auto Constitucional 79/2004.


Analizado el presente motivo, se puede advertir que las apelaciones incidentales resueltas por el Tribunal de alzada no pueden ser recurridas en casación conforme lo disponen los Autos Supremos 547/2003 de 29 de octubre y 131/2003 de 11 de marzo, resultando inviable el análisis de fondo de lo pretendido; en consecuencia, el motivo en análisis deviene en inadmisible.


Con relación al segundo motivo alega que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación y vulneración al principio de congruencia como al Juez natural, al resolver el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 9) del CPP, referente a la carencia de firma de uno de los jueces en Sentencia, en la que se declaró sin mérito dicho agravio, pues de oficio el Tribunal de Sentencia sin que conste prueba alguna, presumió un impedimento del Juzgador para la carencia de firma en la Resolución impugnada, sosteniendo el recurrente que dicha situación no fuese evidente al no constarse en Sentencia motivo alguno, en contravención de los arts. 360 del CPP y 30 de la LOJ respecto a la verdad material, invocando a tal efecto el Auto Supremo 435/2006 de 11 de octubre, relativo a la configuración del defecto absoluto ante la inasistencia a la lectura, redacción y firma de un juzgador en Sentencia.


Al respecto, del análisis expuesto en los argumentos vertidos por el recurrente y verificado el precedente invocado se evidencia que no es posible la contrastación con el mismo al no contener doctrina legal aplicable por ser declarado infundado; sin embargo, acudiendo a los criterios de flexibilización desarrollados y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, se puede advertir que se denuncia defectos absolutos identificándose el hecho generador consistente en la vulneración del debido proceso en su vertiente derecho a las resoluciones fundamentadas, al juez natural y verdad material, así como precisando el derecho o garantía constitucional vulnerada y el resultado dañoso que se encuentran previstos en los arts. 124 del CPP y 115 II de la CPE, por lo que excepcionalmente ante la exigencia de los requisitos mínimos es posible aperturar la competencia de esta Sala Penal a efectos de conocer el fondo del motivo, deviniendo por ende en admisible.


En cuanto al tercer motivo refiere que no se aplicó el principio de continuidad en contravención del art. 334 del CPP, donde el Tribunal de apelación se habría limitado a citar el Auto Supremo “715/2014”, reconociendo que se llevaron otros juicios, pero sin justificar que el juicio oral haya durado más de un mes con suspensiones no fundamentadas.


Analizado el motivo traído en casación, se evidencia que el recurrente no identifica en forma clara el agravio cometido por el Tribunal de alzada, limitándose a reiterar el agravio denunciado en apelación restringida respecto a la supuesta violación del principio de inmediación que ya fue objeto de análisis, razón por la cual no se puede retrotraer etapas para realizar un nuevo control de legalidad sobre dicho aspecto; por otro lado, tampoco el recurrente invoca precedente contradictorio alguno, pues simplemente expresa que el Tribunal de alzada resolvió la problemática planteada citando el Auto Supremo “715/2014” sin que precise que existiese o no contradicción, por lo que ante el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, el presente motivo deviene en inadmisible.


Finalmente respecto al cuarto motivo argumenta que el Tribunal de juicio vulneró la lógica y la congruencia por no valorar las declaraciones testificales de Edgar Poma y Yolanda Ovando, atestaciones contrarias a la vertida por María América Gareca, en la que se otorgó sólo valoración a esta última, como tampoco a las declaraciones de Alcira, Sergio, Silvia Fabiola Montenegro y Mario Edgar Sánchez, cuestionando también el principio de la lógica, haciendo referencia a extractos telefónicos de  sujetos procesales no valorados, alegando la vulneración de los arts. 3 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el principio pro homine, por no tener participación en el delito acusado, citando al efecto la Sentencia Constitucional 486/2010-R de 5 de julio, referente al principio de congruencia y al tratadista Hernando Devis.


Sobre el particular, analizados los argumentos vertidos por el recurrente, se advierte que nuevamente incurre en sostener otro motivo denunciado en apelación restringida referente a la errónea valoración de pruebas tanto testifical como documental, sin que identifique el agravio cometido por el Tribunal de alzada, omitiendo además en invocar precedente contradictorio, incumpliendo los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, en consecuencia este motivo también resulta inadmisible, por lo preceptuado precedentemente.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Antonio Remigio Cuadros Bejarano, de fs. 3901 a 3907 vta., únicamente para el análisis de fondo del segundo motivo. En cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos