TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 918/2018-RA

Sucre, 08 de octubre de 2018


Expediente                        Tarija 43/2018

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Vania Karina Vega Urzagaste

Delito                                Estafa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de septiembre de 2018, cursante de fs. 424 a 427, Vania Karina Vega Urzagaste, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 67/2018-SP2 de 13 de agosto, de fs. 409 a 416, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Wilson Abraham Vargas Cabrera contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. Por Sentencia 15/2016 de 5 de abril (fs. 158 a 166), el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Vania Karina Vega Urzagaste, autora de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de doscientos días multa a razón de Bs. 2.- por día, con costas.


  1. Contra la referida Sentencia, la imputada Vania Karina Vega Urzagaste (fs. 187 a 203) y el acusador particular Wilson Abrahán Vargas Cabrera (fs. 225  a 235 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por los Autos de Vista 77/2016 de 11 de julio (fs. 254 a 257 vta.) y 28/2017 de 20 de junio (fs. 328 a 333 vta.), que fueron dejados sin efecto por los Autos Supremos 116/2017-RRC de 20 de febrero (fs. 313 a 323) y 292/2018-RRC de 7 de mayo (fs. 390 a 403); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista 67/2018 de 13 de agosto, que declaró con lugar la apelación planteada por el acusador particular, confirmando la Sentencia apelada y modificando la pena del imputado a cuatro años de reclusión.


  1. Por diligencia de 29 de agosto de 2018 (fs. 419), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 5 de septiembre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Previo señalamiento de antecedentes procesales y referir normativa habilitante del recurso de casación, la recurrente plantea como motivos de su pretensión, bajo el rótulo de “vulneración al principio del debido proceso en su vertiente falta de fundamentación y motivación de la pena impuesta” (sic), la recurrente expresa que el Auto de Vista que impugna copia una parte de la Sentencia, para posteriormente hacer referencia al voto dividido del Tribunal de origen y reproducir el contenido de los arts. 37 y 38 del CP, imponiendo la pena de cuatro años con base a la existencia de víctimas múltiples, sin haber tenido presente que la condena se impuso por el delito de estafa en su comisión simple.


Alega que la resolución cuestionada malinterpretó los razonamientos del Auto Supremo 292/2018-RRC de 7 de mayo, que por una parte referiría la sola existencia de una relación entre su persona y el querellante. Asevera haber mantenido tal contacto y asegura que fue en juicio oral que conoció y se enteró de otras supuestas víctimas.


Cuestiona que el Auto de Vista recurrido haya suplantado la motivación y fundamentación con la reproducción de consideraciones del Auto Supremo 292/2018-RRC de 7 de mayo, utilizando como fundamento para agravar la pena la supuesta existencia de varias víctimas del hecho. Este último aspecto es reprochado por cuanto por los principios de seguridad jurídica y legalidad la pena no podía ser agravada con ese fundamento, dado que el art. 335 del CP, posee una pena oscilante entre 1 y 5 años de privación de libertad y el Tribunal de Sentencia, por el principio de inmediación y habiendo valorado su intervención final en juicio oral impuso una pena de más de la mitad de lo previsto por el tipo penal.


Manifiesta que el Tribunal Supremo “hace una interpretación herrada haciendo a un lado los principios de favorabilidad y el debido proceso, toda vez que no puede fallar de manera ultrapetita…toda vez que no se entiende por qué señala afectar a otras personas, cuando el acta de juicio oral ninguno de los testigos refirió que…tomó contacto con las supuestas personas que  le hubieran otorgado montos de dinero al Señor Wilson Vargas” (sic), afirmación con la que plantea que “si fue la supuesta víctima quien tomó contacto con las terceras personas ¿quién cometió estafa con las terceras personas?” (sic).


Finaliza su recurso invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 86/2013 de 26 de marzo y 14 de 26 de enero de 2007, transcribiendo fragmentos de su contenido; para luego señalar que se dio mala interpretación del Auto Supremo 292/2018-RRC de 7 de mayo.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 29 de agosto de 2018, interponiendo su recurso de casación el 5 de septiembre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


El Código de Procedimiento Penal, determina que debe entenderse por contradicción a la situación de hecho similar divergente en ambas resoluciones, ya sea por haberse aplicado dos normas distintas o una misma con distinto alcance. Sobre el particular, la jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha estimado cuál el ámbito procesal del término “situación de hecho similar”, así el Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”; entendimiento que fue complementado por medio del Auto Supremo 130/2014-RRC de 22 de abril, manifestando que  “…el requisito de invocar un precedente contradictorio…atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”. De lo expresado se extrae que cuando la norma exige a la parte que recurre el señalamiento de una situación de hecho similar, tiene que ver con la finalidad del recurso de casación, en cuanto es la uniformización y unificación de jurisprudencia y la aplicación de la Ley en forma homogénea; de ahí en más, la carga recursiva se orienta a señalar supuestos (fácticos o procesales) sobre los que una determinada Norma se haya aplicado de forma específica, más no argumentos genéricos sobre problemáticas no esclarecidas, ni entenderse que el señalado requisito se encuentra cumplido con la sola enunciación de que una resolución es contraria a otra, sin precisar ni la situación de hecho ni la norma de la que se cuestiona su contradicción, como ocurre en el caso de autos.


La recurrente en casación plantea que el Auto de Vista 67/2018, contuviera una serie de inconsistencias relativas a la fundamentación en torno a la imposición de la pena. Tal planteamiento es expuesto a partir de citas del Auto Supremo 292/2018-RRC de 7 de mayo, extractando en ciertos pasajes -que afirma- son contenidos en tal Resolución y que sirven de plataforma para sostener cuestiones inherentes a los hechos objeto del proceso (vistas con intensidad a fs. 423) finalizando en la afirmación de que el Auto de Vista por una parte incumplió la orientación del Auto Supremo 292/2018-RRC de 7 de mayo y por otra que su fundamentación fue suplida con la referencia a otros fallos. Todo ello, en la línea de argumentos del recurso es planteado como contradicción con los Autos Supremos 86/2013 de 26 de marzo y 14 de 26 de enero de 2007, de los cuales son reproducidos fragmentos.

La contradicción vista en los arts. 416 y ss. del CPP, no debe ser entendida, como pretende el recurso, en el plano de una simple negativa ante un juicio de valor contenido en el precedente que se invoca, dicho de otro modo la contradicción a fines procesales del recurso de casación, no equivale a un incumplimiento. Como se tiene descrito precedentemente, la estructura argumentativa utilizada por la recurrente, es visible en la misma una cadena de cuestiones o tópicos que si bien vinculan al Auto de Vista que se impugna, no son determinadas sobre ninguna situación de hecho similar en específico. Tal es así que una de las constantes en el memorial del recurso tiene una constante de intertextualidad ligada a afirmaciones genéricas, como es el caso de lo presentado a fs. 424 y vta., donde se realiza una interpretación propia sobre los alcances del Auto Supremo 292/2018-RRC de 7 de mayo y paralelamente se cuestiona una supuesta falta de fundamentación, sin que se precise de manera específica cuál la contradicción existente en el Fallo que se recurre.


La invocación del precedente contradictorio exigible en casación, se orienta al propio cumplimiento de sus fines, pues el plantear una situación de hecho similar cuya resolución sea eventualmente contradictoria ya sea por haberse aplicado dos normas distintas o a una misma habérsele otorgado diverso alcance, por ende, se comprende que el recurso de casación no se trata de un espacio para cuestionar lo decidido por el Tribunal de apelación, sino para verificar si en su labor la aplicación de la norma se hallase contradicción a otras situaciones de hecho análogas; estas cuestiones no son vistas en el recurso en análisis, por cuanto no es identificable ni una temática en específico (entendida, a fines procesales, como la aplicación de una norma en caso concreto) dentro de los argumentos sostenidos por la recurrente, como tampoco es vista el señalamiento de una situación de hecho similar que se entienda contradictoria en los Autos Supremos invocados como precedentes, limitando su presencia en el memorial a la sola reproducción de su contenido, no bastando para tener por cumplidos los requisitos procesales que la norma exige.

 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Vania Karina Vega Urzagaste, de fs. 424 a 427.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos