TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 917/2018-RA

Sucre, 08 de octubre de 2018


Expediente                Chuquisaca 49/2018

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Javier Pinto Gallo

Delitos                        Falsedad Ideológica y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de septiembre de 2018, cursante de fs. 258 a 266, Javier Pinto Gallo, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 247/2018 de 23 de agosto, de fs. 252 a 256 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Banco Nacional de Bolivia contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 25/2017 de 7 de julio (fs. 131 a 147 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Javier Pinto Gallo absuelto de culpa y pena de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del CP, disponiendo la cesación de las medidas cautelares de carácter personal y real impuestas en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Adrián Serafín Arata Forest en su calidad de representante legal del Banco Nacional de Bolivia formuló recurso de apelación restringida (fs. 189 a 214 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 237 a 238), fue resuelto por el Auto de Vista 247/2018 de 23 de agosto, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró procedentes los motivos primero, segundo, tercero y cuarto de la apelación planteada; en consecuencia, anuló el juicio y la Sentencia apelada, disponiendo el reenvío y reposición del juicio por otro Tribunal llamado por ley, argumentando también que la Resolución de alzada es recurrible sólo para atender lo resuelto en relación al recurso de apelación restringida, no así respecto a lo resuelto en la apelación incidental, reservada para la apelación restringida.


  1. Por diligencia de 29 de agosto de 2018 (fs. 257), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 5 de septiembre del mismo año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:

El recurrente señala que, el acusador particular interpuso recurso de apelación restringida identificando cinco motivos, los dos primeros cuestiones incidentales vinculadas al reclamo por la exclusión de su prueba pericial en virtud al Auto Interlocutorio 64/2017 de 15 de marzo; y, los dos siguientes también incidentales, referidos al reclamo de la acusación particular ante la negativa del Tribunal de Sentencia de producir prueba extraordinaria dispuesta a través del Auto Interlocutorio 33/2017 de 8 de febrero, aclarando que los fundamentos de hecho como de derecho tanto de los dos primeros motivos, como de los dos siguientes son totalmente diferentes.


Denuncia que de manera incomprensible y fuera de todo contexto legal, los Vocales decidieron no resolver el quinto motivo, con el argumento de que al haberse declarado la procedencia de los cuatro primeros que además asegura serían revisables en la vía constitucional-, no era necesario resolver motivo extrañado, lo cual el recurrente considera una aberración jurídica, olvidando los miembros del Tribunal de apelación que el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) tutela el derecho a la petición, es decir que debió existir una respuesta negativa o positiva respecto de la petición procesal del apelante, que por otra parte habría cumplido con las exigencias del art. 408 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y si la decisión de anulación del juicio persistía, el recurrente considera que previamente debió resolverse el quinto motivo referido al fondo del juicio, para que la “última instancia” realice el control a que está llamado y así evitar vacíos jurídicos y la lesión al debido proceso en sus elementos seguridad jurídica, acceso a la justicia, derecho a la petición y motivación.   


Aclarando que no invocó con anterioridad los precedentes contradictorios, porque no interpuso recurso de apelación restringida pero si respondió a la apelación interpuesta por la acusación particular, invoca el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio, indicando que el Tribunal de apelación no cumplió con los preceptos legales esgrimidos en el precedente citado, limitándose a afirmar que no existe fundamentación en la Sentencia; asimismo, invoca los Autos Supremos 319/2012-RRC de 4 de diciembre y 122/2016-RRC de 17 de febrero, afirmando que la omisión reclamada lo puso en indefensión absoluta, constituyendo un vicio legal que importa restricción al derecho a la defensa, al derecho al acceso a la justicia, derecho a la petición y por consiguiente vulneración del debido proceso, y que no le sería exigible el cumplimiento de requisitos formales para la interposición del recurso de casación, al no haber interpuesto recurso de apelación restringida.


Finalmente, respecto a la advertencia del Auto de Vista impugnado de que no podría interponerse recurso de casación sobre las cuestiones incidentales, aclara que no recurre de casación sobre los cuatro motivos, sino sobre la falta de resolución del quinto motivo.     


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        SOBRE LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN


El derecho de recurrir considerado también como un principio-, según el art. 394 del CPP le corresponde a quien le está expresamente permitido por ley, es decir a quien tenga la legitimación o aptitud procesal para activar el mecanismo intraprocesal franqueado por la ley, y si bien tiene raigambre constitucional (art. 180.II de la CPE) este derecho no es absoluto, ya que existen limitaciones a partir de la teoría de la impugnación, pues al tratarse de proporcionar a las partes un medio procesal que enerve un agravio emergente de una decisión judicial, es exigible que este agravio sea propio de la parte, es decir el sujeto procesal que sufrió el error judicial debe coincidir con quien interpone el recurso, no pudiendo las partes hacer reclamos por terceros o arrogarse perjuicios o agravios que no le sean directamente inmanentes a su condición de parte en el proceso y a sus pretensiones procesales.    


En el caso del recurso de casación, el legislador ordinario ha diseñado este mecanismo procesal caracterizándolo como extraordinario, restringiendo cualquier posibilidad de que pueda ser considerado como una instancia más del proceso penal, obedeciendo a un propósito estrictamente nomofiláctica, ese es el espíritu del art. 416 del CPP, que señala que el recurso de casación, únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes dictados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, entendiendo que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico asignado por el auto de vista impugnado no coincida con el precedente invocado, debiendo el recurrente tal cual refiere el art. 417 del CPP, explicar de forma precisa en qué consiste la contradicción. Esta labor de contraste a que está obligado este Alto Tribunal de Justicia, tiene como antecedente el agravio sufrido por el recurrente de casación que, se entiende lo sufre porque la decisión judicial considerada vulneratoria le afecta directamente dada su condición de parte, materializándose el agravio al advertirse la contradicción entre el fallo judicial y el precedente jurisprudencial preexistente, de ahí que, la legitimación para la interposición del recurso de casación le corresponde a quien efectivamente haya sufrido el agravio en virtud a la emisión de un Auto de Vista contrario a otros precedentes jurisprudenciales.       


En el único motivo traído en casación por el encausado, este denuncia que el Tribunal de apelación no resolvió el quinto motivo de la apelación restringida interpuesta por la acusación particular, argumentando el Tribunal de alzada que al haberse declarado la procedencia de los cuatro primeros, ya no era necesario resolver el motivo extrañado, vulnerando así el debido proceso en sus elementos seguridad jurídica, acceso a la justicia, derecho a la petición y debida motivación.


De un análisis de los argumentos glosados se concluye que, el recurrente en los hechos pretende que este Alto Tribunal de Justicia verifique la incongruencia omisiva en que hubiera incurrido el Tribunal de alzada, que según el encausado no habría resuelto el quinto motivo del recurso de apelación restringida interpuesto por la acusación particular, motivo que revisados los antecedentes fs. 204 vta. a 214 vta.- hace referencia a la afirmación del Banco Nacional de Bolivia de que la Sentencia se basó en valoración defectuosa de la prueba, denunciando la vulneración de su derecho al debido proceso y al acceso a la justicia, circunstancia que no afecta directamente al recurrente, pues no son sus derechos los que se ven afectados por la decisión del Tribunal de alzada, siendo en todo caso la que se encuentra legitimada para hacer este reclamo, es la entidad financiera por tratarse de su recurso de apelación restringida y sus derechos considerados denunciados como vulnerados en dicho recurso, siendo ilógico que el encausado denuncie en el presente recurso la vulneración del debido proceso en sus elementos seguridad jurídica, acceso a la justicia, derecho a la petición y debida motivación del Banco Nacional de Bolivia, que es en definitiva el legitimado para reclamar la existencia de incongruencia omisiva alguna.  


En tal virtud, no encontrándose legitimado el recurrente para interponer el recurso de casación en virtud al motivo analizado, se advierte la inobservancia de los arts. 416 y 417 del CPP, que establecen los presupuestos de admisibilidad exigibles para que este Alto Tribunal de Justicia abra su competencia y disponga el análisis de fondo de lo pretendido, por lo expuesto precedentemente el presente recurso de casación deviene en inadmisible.  


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Javier Pinto Gallo, de fs. 258 a 266. 

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos