TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 911/2018-RA

Sucre, 08 de octubre de 2018


Expediente                : Cochabamba 66/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra   

Parte Imputada                : Juan Suárez Salazar  

Delitos                        : Falsedad Material y otros      


RESULTANDO


Por memorial presentado el 24 de agosto de 2018, cursante de fs. 490 a 491 vta., Juan Suárez Salazar, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 20 de julio de 2018, de fs. 478 a 479 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Bertha Huamán Vargas contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia de 26 de septiembre de 2013 (fs. 433 a 435), la Juez Primero de Instrucción, Cautelar y Liquidador de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante procedimiento abreviado declaró a Juan Suárez Salazar, autor de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan Suárez Salazar formuló recurso de apelación restringida (fs. 440 a 442), que fue resuelto por Auto de Vista de 20 de julio de 2018, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró inadmisible el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 20 de agosto de 2018 (fs. 485), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 24 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente agravio:


El recurrente, denuncia que la solicitud de sometimiento al procedimiento abreviado fue realizada por su anterior abogado defensor; posteriormente, afirma que su actual defensa técnica hubiera manifestado en audiencia que no estaba de acuerdo con el sometimiento al procedimiento abreviado; y cuando la Juez le preguntó al imputado si estaba de acuerdo al sometimiento del procedimiento abreviado no sabía qué responder y después de varios minutos de silencio, su abogado le hubiera dicho que responda que sí y fue de esa manera que otorgó su consentimiento. Al respecto, haciendo referencia que no se cumplió con los presupuestos establecidos en los arts. 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal (CPP), asociado a dichas explicaciones que en el criterio del recurrente- se debió rechazar el procedimiento abreviado, por los aspectos señalados; sin embargo, la Juez advirtiendo que se forzó la aceptación de la culpabilidad y el sometimiento al procedimiento abreviado aceptó la solicitud y consiguientemente le condenó de tres años de reclusión; posteriormente, hace referencia al art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa, normativa que también estaría desarrollada en las Sentencias Constitucionales 0299/2010-R de 7 de junio, 0119/2003-R de 28 de enero y 1534/2003-R de 30 de octubre. En el mismo sentido, señala que la Sentencia de 26 de septiembre de 2013 fue dictada en violación a su derecho al debido proceso, porque en la celebración de la audiencia no se cumplió con las formalidades establecidas por los art. 373 y 374 del CPP, porque no se contó con el acuerdo del abogado y no existió el reconocimiento libre y voluntario de la culpabilidad, argumento que sustentaría el rechazo de la solicitud de procedimiento abreviado. Con relación al Auto de Vista, señala que el mismo no consideró ningún aspecto de la apelación restringida y declaró inadmisible su recuso señalando que ante la Sentencia de procedimiento abreviado no se admite recurso alguno haciendo mención a la Sentencia Constitucional 0233/2016-S1 de 18 de febrero; desconociendo lo establecido por el art. 180.II de la CPE el cual establece que se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales; por lo que, dicha resolución vulnera su derecho al debido proceso y restringe el derecho al acceso a la justicia. Finalmente, señala que en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0128/2015-S1 de 26 de febrero se admita su recurso.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)         Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de Autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista el 20 de agosto de 2018, interponiendo su recurso de casación el 24 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto del único motivo, en el que refiere que al momento de dictar la Sentencia de procedimiento abreviado se incumplió con las previsiones contenidas en los arts.  373 y 374 del CPP; señalando posteriormente, que el Auto de Vista no consideró los aspectos de su apelación restringida y declaró inadmisible su recuso argumentando que ante la Sentencia de procedimiento abreviado no se admite recurso alguno, desconociendo lo establecido por el art. 180.II de la CPE, el cual establece que se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, situación que le generó la vulneración de su derecho al acceso al a justicia y al debido proceso.


Respecto del presente motivo invoca como precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 0299/2010-R de 7 de junio, 0119/2003-R de 28 de enero, 1534/2003-R de 30 de octubre y 0128/2015-S1 de 26 de febrero, las cuales no cuentan con calidad de precedentes contradictorios por la previsión contenida en el art. 416 del CPP, que establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia (Ahora Tribunales Departamentales) o por la Sala Penal de la Corte Suprema (Ahora Tribunal Supremo de Justicia), en ese sentido dichas resoluciones no pueden ser motivo de análisis en el fondo de lo pretendido; no obstante de ello, se advierte que el recurrente identificó plenamente el hecho concreto que le causa agravio y el argumento del Auto de Vista que habría originado la restricción (Auto de Vista, no respondió a ninguno de los planteamientos de su recurso de apelación restringida); precisando asimismo la vulneración de sus derechos constitucionales (debido proceso); explicando en qué consistió las omisiones y deficiencias en que incurrió el Tribunal de alzada; y, el resultado dañoso emergente del defecto (El Auto de Vista al declarar inadmisible su recurso de apelación restringida con el argumento de que la Sentencia de procedimiento abreviado no es apelable, no se pronunció respecto de ninguno de sus motivos, incurriendo en la vulneración de los arts. 373, 374 del CPP y del 180.II de la CPE). De la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización, haciendo viable la admisión de este motivo en forma extraordinaria.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Suárez Salazar, de fs. 490 a 491 vta.; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos