TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 909/2018-RA

Sucre, 08 de octubre de 2018


Expediente                : Santa Cruz 140/2018

Parte Acusadora       : Nicolasa Martínez Martínez

Parte Imputada        : Cati Anita Muñoz Flores

Delitos                : Despojo y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de agosto de 2018, cursante de fs. 217 a 224, Cati Anita Muñoz Flores, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 35 de 28 de mayo de 2018, de fs. 190 a 192 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Nicolasa Martínez Martínez contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los art. 351 y 353 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 10/17 de 6 de julio de 2017 (fs. 142 a 144 vta.), la Juez Público Mixto de Familia, Niñez, Adolescencia y Sentencia Penal 1º de Yapacani del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Cati Anita Muñoz Flores, absuelta de culpa y pena de la comisión de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351 y 353 del CP, ya que la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción.

  1. Contra la referida Sentencia, la acusadora particular Nicolasa Martínez Martínez formuló recurso de apelación restringida (fs. 147 a 148 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 171 a 172), fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista 35 de 28 de mayo de 2018, que declaró admisible y procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia llamado por Ley.


  1. Por diligencia de 26 de julio de 2018 (fs. 194), fue notificada la recurrente con el Auto de Vista impugnado e interpuso recurso de casación el 2 de agosto del mismo año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Previa relación de antecedentes procesales y efectuando una explicación doctrinaria y jurisprudencial del debido proceso, la debida fundamentación y la congruencia que deben de observar las resoluciones judiciales, reclama como primer agravio, que el Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia omisiva respecto a su memorial de contestación al recurso de apelación restringida; afirma, que corrido el traslado con la apelación restringida interpuesta por Nicolasa Martínez Martínez, su persona respondió por memorial presentado el 27 de febrero de 2018, bajo los siguientes fundamentos: i) Presentación extemporánea del recurso de apelación restringida, ya que, transcurrió 7 meses desde la notificación con la Sentencia; ii) Inexistencia de fundamentación del recurso, en relación a lo establecido por el art. 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP), iii) Inexistencia de fundamentación, por cuanto, la apelante no estableció cuáles fueron las actuaciones de la Juez de Sentencia que vulneró derechos; y, iv) Falta de claridad en el petitorio; toda vez, que la apelante pretendía la anulación de la Sentencia reparándose la inobservancia de la Ley y su errónea aplicación, sin establecer los presuntos errores; argumentos que expuso conforme el art. 409 del CPP; no obstante, si bien el Auto de Vista recurrido en el Considerando segundo haría referencia a los puntos contenidos en su memorial de contestación, no respondió a sus observaciones, limitándose a considerar y resolver únicamente los agravios de apelación restringida, cuando en observancia del principio de congruencia externa debió cuidar la correspondencia entre el planteamiento de las partes; constituyendo la omisión del Tribunal de alzada incongruencia omisiva, a cuyo efecto cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 1234/2017-S1 de 2 de diciembre, que reiteraría el entendimiento de la SCP 1083/2014 de 10 de junio; e, invoca como precedente el Auto Supremo 123/2015-RRC de 24 de febrero, que establecería el principio de congruencia, resaltando la recurrente, del citado Auto que: “1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes”.


  1. Por otra parte reclama, que el Auto de Vista recurrido incurrió en errónea aplicación de la Ley adjetiva por falta de fundamentación, en relación a los dos motivos forzadamente reconocidos como agravio respecto a la supuesta errónea valoración de la prueba defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP basada en la: i) La falta de valoración de la atestación del testigo de cargo Fausto Arancibia Nava; y, ii) La falta de realización de la inspección judicial al lugar de los hechos por parte de la autoridad jurisdiccional, aspectos establecidos de manera oficiosa; toda vez, que la apelante no los reclamó en el recurso de apelación restringida; sin embargo, el Tribunal de alzada alegó respecto a la falta de valoración de la prueba testifical de cargo, que el Tribunal de mérito no había realizado una valoración positiva o negativa, tampoco había realizado un análisis comparativo con las demás pruebas, lo que violaría el art. 173 del CPP, el debido proceso y la seguridad jurídica; con relación al segundo punto de la falta de realización de la inspección ocular en el lugar de los hechos, arguyó, que el Tribunal de mérito omitió pronunciarse respecto a si correspondía o no la realización del actuado, considerando que se vulneró el principio de libertad probatoria previsto por el art. 171 del CPP; aseverando además, que el Tribunal de mérito tampoco se había pronunciado respecto a las fotografías presentadas por la parte acusadora; argumentos que evidencian que el Tribunal de alzada cometió un exceso en la interpretación y aplicación de los arts. 399, “477”, 408, 409 y 410 del CPP; puesto que, debió controlar el cumplimiento de los mismos conforme el Auto Supremo 098/2013-RRC de 15 de abril; no obstante, no observó que el memorial de apelación como el de subsanación de la querellante se limitó a realizar referencias de cuestiones consideradas en Sentencia, como su derecho propietario único punto probado en Sentencia; la declaración del testigo de cargo Fausto Arancibia Nava; la referencia de que los testigos de descargo no coincidieron en sus declaraciones, además de no conocer en la actualidad las condiciones del inmueble; que la Juez de Sentencia, afirmaría que no se demostró el Despojo; y, que no se había considerado el bien jurídico protegido en el delito de Perturbación de Posesión y Despojo, no señalando la apelante, cuál sería la disposición violada o erróneamente aplicada, resultándole la labor del Tribunal de alzada excesiva, por cuanto, la apelación no cumplió con lo previsto por los arts. 407 y 408 del CPP, pues al haberle otorgado a la apelante el plazo de 3 días conforme prevé el art. 399 del CPP, no habiendo subsanado el recurso, afirma que debió ser rechazado y no suponer los motivos que quiso expresar la querellante, mejorando oficiosamente, para forzar su resolución en el fondo, incurriendo el Auto de Vista recurrido en falta de fundamentación al resolver la supuesta denuncia de errónea valoración probatoria, ya que, alegó que el a-quo, vulneró los arts. 171 y 173 del CPP, sin ningún fundamento que respalde dicha posición; por cuanto, no explicó porque llegó a dicha conclusión, no observando que conforme el Auto Supremo 161/2016-RRC de 7 de marzo, debió establecer en qué tipo de error incurrió el Tribunal de mérito y no limitarse a señalar que se vulneró los arts. 173 y 171 del CPP, sin explicar si el argumento del Tribunal de mérito constituye una omisión de valoración de prueba legalmente incorporada a juicio o si su valoración fue distorsionada, cercenada o adicionada en su expresión fáctica, o si a tiempo de valorarse la prueba se vulneraron las reglas de la sana crítica.


  1. Finalmente denuncia, que el Auto de Vista recurrido vulneró el principio de congruencia al emitir pronunciamiento extra petita; por cuanto, la acusadora en el memorial de apelación como en el de subsanación, cuestionó: i) El derecho propietario, único punto considerado probado en la Sentencia; ii) La declaración del testigo de cargo Fausto Arancibia Nava; iii) Que los testigos de descargo no coinciden en sus declaraciones, además de no conocer en la actualidad las condiciones del inmueble; iv) Que la Juez de mérito, refería que no se demostró el despojo; y, v) Que la Juez de Sentencia no consideró el bien jurídico protegido en el delito de Perturbación de Posesión y Despojo; no obstante, el Auto de Vista recurrido señaló como puntos de agravio a) La falta de valoración de la atestación del testigo Fausto Arancibia Nava; y, b) la falta de realización de la inspección judicial del lugar de los hechos, aspectos que la apelante no hizo referencia en ningún momento, actuando el Tribunal de alzada ultra petita; puesto que, abordó temas distintos a los expuestos por la apelante, no observando que la negligencia de la parte apelante de fundamentar debidamente su pretensión, no podía ser suplida oficiosamente por el Tribunal de alzada, incurriendo en vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y el principio de congruencia, inobservando el art. 398 del CPP, puesto que, apartándose de los puntos reclamados por la apelante, de manera oficiosa estableció la existencia de agravios que le llevó a la anulación de la Sentencia, al respecto invoca el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de marzo.


Bajo el título invocación de precedente contradictorio, cita los Autos Supremos 191/2014-RRC de 15 de mayo y 70/2015-RRC de 29 de enero.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 26 de julio de 2018, interponiendo su recurso de casación el 2 de agosto del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto, al primer motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia omisiva respecto a su memorial de contestación al recurso de apelación restringida presentado el 27 de febrero de 2018, en el que arguyó: i) Presentación extemporánea del recurso de apelación restringida, ya que, transcurrió 7 meses desde la notificación con la Sentencia; ii) Inexistencia de fundamentación del recurso, en relación a lo establecido por el art. 407 del CPP, iii) Inexistencia de fundamentación respecto a que la recurrente no estableció cuáles fueron las actuaciones de la Juez de Sentencia que vulneró derechos; y, iv) Falta de claridad en el petitorio; toda vez, que la apelante pretendía la anulación de la Sentencia sin establecer los presuntos errores; argumentos que le resultan conforme lo previsto por el art. 409 del CPP; que si bien fueron referidos en el considerando segundo del Auto de Vista recurrido, empero, no fueron respondidos, limitándose a considerar y resolver únicamente los agravios de la apelación restringida, inobservando el principio de congruencia externa, puesto que, debió cuidar la correspondencia entre el planteamiento de las partes.


Al respecto invocó el Auto Supremo 123/2015-RRC de 24 de febrero que establecería el principio de congruencia, resaltando la recurrente, del precedente invocado que: “1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes”; explicando, que el Auto de Vista si bien hizo referencia a los puntos de su memorial de contestación al recurso de apelación restringida; sin embargo, omitió resolverlos, omisión que constituiría incongruencia omisiva; en la argumentación de este motivo, se tiene que la recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que deviene en admisible.


En cuanto, a la cita de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1234/2017-S1 de 2 de diciembre, que reiteraría el entendimiento de la SCP 1083/2014 de 10 de junio, no serán considerados en la Resolución de fondo; por cuanto, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales, no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos donde se establezca o ratifique doctrina legal aplicable emitidos por las Salas Penales; no siendo válido, el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley.


Con relación al segundo motivo, en el que refiere, que el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación, en relación a los dos motivos forzadamente reconocidos como agravio respecto a la supuesta errónea valoración de la prueba basada en la: i) La falta de valoración de la atestación del testigo de cargo Fausto Arancibia Nava; y, ii) La falta de realización de la inspección judicial al lugar de los hechos por parte de la autoridad jurisdiccional, aspectos establecidos de manera oficiosa, alegando respecto al primer punto, que el Tribunal de mérito no realizó una valoración positiva o negativa, tampoco un análisis comparativo con las demás pruebas, lo que violaría el art. 173 del CPP, el debido proceso y la seguridad jurídica; con relación al segundo punto, arguyó que el Tribunal de mérito omitió pronunciarse respecto a si correspondía o no la realización del actuado, considerando que se vulneró el principio de libertad probatoria previsto por el art. 171 del CPP; afirmando además, que el Tribunal de mérito tampoco se pronunció respecto a las fotografías presentadas por la parte acusadora; aspectos que no fueron reclamados por la parte apelante, que evidenciaría que el Tribunal de alzada cometió un exceso en la interpretación y aplicación de los arts. 399, “477”, 408, 409 y 410 del CPP; no considerando, que el memorial de apelación como el de subsanación de la querellante se limitó a realizar referencias de cuestiones consideradas en Sentencia, no señalando cuál la disposición violada o erróneamente aplicada, resultándole la labor el Tribunal de alzada excesiva, por cuanto, el recurso de apelación no cumplió con lo previsto por los arts. 407 y 408 del CPP, y habiéndole otorgado a la apelante el plazo de 3 días conforme prevé el art. 399 del CPP, ante la falta de subsanación del recurso, considera, que el Tribunal de apelación debió rechazarlo y no mejorarlo oficiosamente, para forzar su resolución en el fondo, incurriendo en falta de fundamentación al resolver la supuesta errónea valoración probatoria, toda vez, que alegó que el a-quo, vulneró los arts. 171  y 173 del CPP sin ningún fundamento que respalde dicha conclusión.


En la fundamentación de este motivo la recurrente incurrió en confusión; por cuanto, por una parte refiere que el Auto de Vista recurrido resolvió el recurso de apelación restringida de manera oficiosa; toda vez, que resaltaría aspectos que la parte apelante no reclamó, lo que denotaría que la Resolución recurrida incidió en ultra petita; por otra parte señala la recurrente, que el Tribunal de alzada cometió un exceso en la interpretación y aplicación de los arts. 399, “477”, 408, 409 y 410 del CPP, por cuanto, el recurso de apelación restringida no habría cumplido con los artículos citados, por lo que considera, que debía ser rechazado; y, finalmente cuestiona, que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación, puesto que, arguyó que el Tribunal de mérito vulneró los arts. 171 y 173 del CPP, sin fundamento alguno que respalde dicha conclusión; fundamentos que resultan diferentes y confusos; puesto que, una cosa es cuestionar que el Auto de Vista recurrido obró de forma oficiosa; es decir, ultra petita; otra sostener que el Tribunal de alzada ante la formulación del recurso de apelación restringida no aplicó los arts. 399, “477”, 408, 409 y 410 del CPP; y, otra acusar que la Resolución recurrida incurrió en falta de fundamentación; en consecuencia, la referida confusión en la fundamentación del motivo de casación en la que incurrió la recurrente, impide que este Tribunal pueda ejercer su labor encomendada por ley, a través de la comparación del Auto de Vista recurrido con los precedentes invocados, al no tenerse claro el motivo denunciado en la fundamentación sujeta a confrontación, por lo que, deviene en inadmisible.


Respecto al tercer motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido vulneró el principio de congruencia, por cuanto, emitió pronunciamiento extra petita; toda vez, que la acusadora en el recurso de apelación cuestionó: i) El derecho propietario, único punto probado en Sentencia; ii) La declaración del testigo de cargo Fausto Arancibia Nava; iii) Que los testigos de descargo no coincidieron en sus declaraciones, además de no conocer en la actualidad las condiciones del inmueble; iv) Que la Juez de mérito, refirió que no se demostró el despojo; y, v) Que la Juez de Sentencia no consideró el bien jurídico protegido en el delito de Perturbación de Posesión y Despojo; empero, el Auto de Vista señaló como puntos de agravio: a) La falta de valoración de la atestación del testigo Fausto Arancibia Nava; y, b) La falta de realización de la inspección judicial del lugar de los hechos, aspectos que la apelante no reclamó, obrando el Tribunal de alzada ultra petita; puesto que, abordó temas distintos a los expuestos por la apelante, vulnerando el debido proceso, seguridad jurídica y el principio de congruencia, e inobservando el art. 398 del CPP, puesto que, se apartó de los puntos reclamados por la apelante, estableciendo de manera oficiosa la existencia de agravios que le llevó a la anulación de la Sentencia.


Al respecto invocó los Autos Supremos 396/2014-RRC de “18 de marzo”, cuya fecha correcta corresponde a 18 de agosto, 191/2014-RRC de 15 de mayo; y, 70/2015-RRC de 29 de enero; sin embargo, respecto al primero, la recurrente se limitó a citarlo y realizar una pequeña transcripción del precedente, en cuanto a los otros se se limitó a señalar a qué se refieren, no observándose con ninguno el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con transcribir una parte del Auto Supremo o señalar a qué se refieren como se advierte en este caso; sino, que le correspondía a la recurrente explicar, por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, lo que no ocurrió.


No obstante de lo anterior, en la fundamentación de este motivo, la recurrente denuncia la vulneración de derechos y garantías constitucionales, exponiendo como antecedente generador del hecho (que el Auto de Vista recurrido a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida formulado por la acusadora, vulneró el principio de congruencia e inobservó el art. 398 del CPP; toda vez, que incurrió en un pronunciamiento ultra petita; por cuanto, resolvió temas distintos a los expuestos por la apelante), denunciando como derechos y garantías vulnerados (el debido proceso y la seguridad jurídica), resultándole como resultado dañoso (que la Resolución recurrida apartándose de los puntos reclamados por la parte apelante, de manera oficiosa estableció la existencia de agravios que le llevó a la anulación de la Sentencia). De la fundamentación expuesta, se observa que la recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; en consecuencia, el motivo en examen deviene en admisible.





POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Cati Anita Muñoz Flores, de fs. 217 a 224; únicamente para el análisis de los motivos primero y tercero identificados; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos