TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 905/2018-RA

Sucre, 27 de septiembre de 2018


Expediente                : Chuquisaca 47/2018

Parte Acusadora       : Juan José Calizaya Fernández

Parte Imputada        : Luisa Mostacedo y otro

Delito                : Apropiación Indebida


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de agosto de 2018, cursante de fs. 181 a 184 vta., Juan José Calizaya Fernández, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 268/2018 de 13 de agosto, de fs. 175 a 179, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Luisa Mostacedo y Marco Antonio Rivera Cano, por la presunta comisión del delito de Apropiación Indebida previsto y sancionado por el art. 345 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 27/2017 de 4 de mayo (fs. 143 a 147 vta.), el Juez Primero de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Luisa Mostacedo, absuelta de la comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del CP; toda vez, que la prueba aportada no fue suficiente, salvando el derecho de la víctima-querellante de acudir a la vía que corresponda.


  1. Contra la referida Sentencia, el acusador particular Juan José Calizaya Fernández representado por Armando César Suárez Vargas, formuló recurso de apelación restringida (fs. 150 a 157 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 167 a 169), que fue resuelto por Auto de Vista 268/2018 de 13 de agosto, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 24 de agosto de 2018 (fs. 180), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 31 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Reclama, que el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con el Auto Supremo 134/2013 de 20 de mayo, que establecería que el delito de Apropiación Indebida tiene los siguientes elementos objetivos: 1) apropiarse de una cosa mueble ajena o valor ajeno; 2) que la conducta de apropiarse sea en provecho de sí o de tercero; 3) Que el autor tuviera posesión o tenencia legítima del bien; y, 4) que la posesión del bien implique la obligación de entregar o devolver; que en su caso, demostró que su persona el 19 de febrero de 2015 firmó un compromiso de compra-venta de un bien inmueble dando un adelanto de Bs. 100.000, documento suscrito entre su persona con la imputada, estableciéndose que el 29 de marzo era el plazo para el cumplimiento de la obligación pactada, consistente en que la propietaria-imputada firme el contrato de compra-venta, que debió suscribirse en el Banco de Crédito, toda vez, que el crédito que tramitó con garantía del inmueble a adquirirse fue aprobado; sin embargo, la imputada pese al compromiso de colaborar con el préstamo presentando sus papeles ante el referido Banco, no asistió a la firma del contrato, ni le devolvió el dinero entregado, actuar doloso que evidencia el primer requisito del precedente invocado referido a “1) apropiarse de una cosa mueble ajena o valor ajeno”; por otra parte, se tendría demostrado que los acusados con su negativa para firmar el contrato de venta tenían por objetivo utilizar el dinero, aprovechándose dolosamente de los Bs. 100.000 recibidos, lo que evidenciaría la concurrencia del segundo requisito “2) Que la conducta de apropiarse sea en provecho de sí o de tercero”; así también, se tendría evidenciado que los imputados tienen la posesión de Bs. 100.000 sin la intensión de devolverle, teniendo como fin apropiarse de los mismos, cumpliéndose el tercer requisito del tipo penal “3) Que el autor tuviera la posesión o tenencia legítima del bien”; finalmente también se tendría cumplido el cuarto requisito “4) Que la posesión del bien implique la obligación de entregar o devolver” ya que ante la existencia del plazo para el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la negativa de celebración del contrato de compra venta, obviamente correspondía la inmediata devolución del dinero recibido, sin embargo, hasta la fecha no le devuelven; alegando el Tribunal de Sentencia, que la devolución del dinero no se había materializado por causas ajenas a ella y que la vía penal no sería la idónea ya que faltaría un requisito que sería la determinación de la cosa por devolverse; argumento fuera de lugar, por cuanto, con el documento que suscribió se demostró la cantidad exacta del monto adelantado; por lo que, dicho razonamiento le resulta contradictorio al Auto Supremo invocado; y, ii) 67 de 27 de enero de 2006, que establecería el principio de tipicidad; sin embargo, la Sentencia y Auto de Vista recurrido no aplicaron la ley penal sustantiva enmarcando la conducta de los imputados en el marco descriptivo de la Ley penal a efectos de no incurrir en violación a la garantía constitucional del debido proceso, precisamente ante el error incurrido por el Juez de mérito respecto al delito de Apropiación Indebida, que debió ser corregido por el Tribunal de alzada; sin embargo, no lo hizo.

  1. Por otra parte, acusa Violación al principio de legalidad por incumplimiento de la vinculatoriedad de fallos en materia penal; puesto que, la fuerza vinculante de los fallos judiciales que dispone imperativamente el art. 420 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referente a la obligatoriedad horizontal (para el propio Tribunal); y, vertical (para los jueces y tribunales de jerarquía inferior), de aplicación estricta de la doctrina legal aplicable del Auto Supremo que tienen que ser aplicadas obligatoriamente por todos los Tribunales inferiores en materia penal lo contrario implicaría desnaturalizar el recurso de casación que tiene por fin la uniformalización de la jurisprudencia penal, ya que, si no se aplicarían “dichos fallos” se generaría una inseguridad jurídica y no existiría razón para el recurso de casación, por lo que la no aplicación correcta de la doctrina legal aplicable constituye vulneración al derecho al debido proceso, por el incumplimiento del principio de legalidad, constituyendo defecto absoluto “POR LO QUE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACION EN ESTE CASO EXTRAORDINARIO DE INCUMPLIMIENTO DE LA DOCTRINA LEGAL APLICABLE INMERSA EN EL AUTO SUPREMO REFERIDO, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ADMISION EXTRAORDINARIA DEL RECURSO DE CASACION POR VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES AL VIOLARSE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMPONENTE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO” (sic).


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 24 de agosto de 2018, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, interponiendo el recurso de casación sujeto a análisis, el 31 del mismo mes y año; es decir, dentro de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP.


En cuanto, al primer motivo, en el que denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con el Auto Supremo 134/2013 de 20 de mayo, que establecería que el delito de Apropiación Indebida tiene los siguientes elementos objetivos: 1) apropiarse de una cosa mueble ajena o valor ajeno; 2) que la conducta de apropiarse sea en provecho de sí o de tercero; 3) Que el autor tuviera posesión o tenencia legítima del bien; y, 4) que la posesión del bien implique la obligación de entregar o devolver; los cuales, afirma fueron demostrados; toda vez, que la imputada no le devolvió el dinero entregado, actuar doloso que evidencia el primer requisito del precedente invocado; también se tendría demostrado que los acusados con su negativa para firmar el contrato de venta, pretendían utilizar el dinero, aprovechándose dolosamente de los Bs. 100.000 recibidos, evidenciándose la concurrencia del segundo requisito; así también, se tendría evidenciado que los imputados tienen la posesión de Bs. 100.000 sin la intensión de devolverle, cumpliéndose el tercer requisito; y, finalmente se había cumplido el cuarto requisito, ante la existencia del plazo para el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la negativa de celebración del contrato de compra venta, por lo que, considera correspondía la devolución del dinero; resultándole el razonamiento del Juez de sentencia contradictorio al Auto Supremo invocado.

Respecto a este punto del motivo, se evidencia que el presunto defecto denunciado hubiera surgido al momento de pronunciarse la Sentencia, entonces, el precedente que invoca (Auto Supremo 134/2013 de 20 de mayo), por determinación del art. 416 segundo párrafo del CPP, debió efectivizarse en la formulación del recurso de apelación restringida, y en casación, la parte recurrente tenía la carga procesal de señalar en términos claros y precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, lo que no ocurrió; en consecuencia, al no haberse observado la norma legal precedentemente citada, este primer punto del motivo sujeto a análisis deviene en inadmisible.


Respecto al punto ii) en el que acusa que el el Auto de Vista recurrido respecto al delito de Apropiación Indebida incurrió en contradicción con el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006, que establecería el principio de tipicidad, explicando el recurrente, que en su caso no se aplicó la ley penal sustantiva enmarcando la conducta de los imputados en el marco descriptivo de la Ley penal a efectos de no incurrir en violación a la garantía constitucional del debido proceso ante el error incurrido por el Juez de mérito, que no fue corregido por el Tribunal de alzada; en la argumentación de este segundo punto del motivo, se observa que el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se tiene que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, por lo que deviene en admisible.


Respecto al segundo motivo, en el que denuncia Violación al principio de legalidad por incumplimiento de la vinculatoriedad de fallos en materia penal; alegando, que la fuerza vinculante de los fallos judiciales que dispone imperativamente el art. 420 del CPP, referente a la obligatoriedad horizontal; y, vertical de aplicación estricta de la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos que tienen que ser aplicadas obligatoriamente por todos los Tribunales inferiores, lo contrario implicaría desnaturalizar el recurso de casación que tiene por fin la uniformalización de la jurisprudencia penal, por lo que la no aplicación correcta de la doctrina legal aplicable constituye vulneración al derecho al debido proceso, por el incumplimiento del principio de legalidad, constituyendo defecto absoluto “POR LO QUE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACION EN ESTE CASO EXTRAORDINARIO DE INCUMPLIMIENTO DE LA DOCTRINA LEGAL APLICABLE INMERSA EN EL AUTO SUPREMO REFERIDO, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ADMISION EXTRAORDINARIA DEL RECURSO DE CASACION POR VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES AL VIOLARSE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMPONENTE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO” (sic).


De los argumentos expuestos por el recurrente en el presente motivo, se observa que no denuncia agravio en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido, limitándose a efectuar una fundamentación doctrinaria respecto a la fuerza vinculante de los Autos Supremos; sin embargo, no señala que hizo el Auto de Vista recurrido que le genere agravio; en ese entendido, se tiene que el presente motivo no cumplió con el requisito previsto por el art. 416 del CPP, por lo que no se apertura la competencia de este Tribunal ni por vía de excepción ante la falta de identificación de agravio, deviniendo en consecuencia en inadmisible.




POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan José Calizaya Fernández representado por Armando César Suárez Vargas, de fs. 181 a 184 vta.; únicamente para el análisis de fondo del primer motivo, punto ii) identificado; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos