TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 903/2018-RA

Sucre, 27 de septiembre de 2018


Expediente        Chuquisaca 45/2018

Parte Acusadora        Ministerio Público y otros

Parte Imputada        Víctor Ninaja Ugarte

Delitos                Violación Agravada y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de agosto del 2018, cursante de fs. 471 a 478, Víctor Ninaja Ugarte, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 263/2018 de 13 de agosto, de fs. 442 a 448 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y María Mamani Correa contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación Agravada y Estupro, previstos y sancionados por los art. 308 con relación al 310 inc. g) y 309 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 007/2017 de 22 de septiembre (fs. 260 a 270), el Tribunal Primero de Sentencia de Camargo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Víctor Ninaja Ugarte autor del delito de Violación Agravada, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al 310 incs. g) y k) del CP, imponiendo  la pena de veinticinco años de presidio, siendo absuelto de la comisión del delito de Estupro, tipificado por el art. 309 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado (fs. 290 a 299 vta.) y María Mamani Correa (fs. 333 a 344 vta.), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 263/2018 de 13 de agosto emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el primer recurso y rechazó el segundo por inadmisible.


  1. Mediante diligencia de 20 de agosto de 2018 (fs. 449), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 27 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


  1. Haciendo referencia al primer motivo de su apelación restringida, en el que denunció errónea aplicación de la ley sustantiva por inadecuada subsunción del tipo penal, el recurrente señala que el Auto de Vista impugnado incumple los arts. 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP) por adolecer de falta de motivación y fundamentación respecto a los motivos de hecho y de derecho por los que considera que existe contradicción en su recurso de apelación restringida.


Asimismo, advierte “errónea tipificación y calificación del tipo penal” en la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) de CP, refiriendo que, el Tribunal de instancia no observó la norma sustantiva de los tipos penales acusados, al realizar una deficiente y descuidada subsunción del hecho al tipo penal de Violación agravada, sin fundamentar la concurrencia de los elementos subjetivos del tipo penal como la utilización de la fuerza, intimidación o violencia. Arguye que se tiene probado el nacimiento del hijo de la víctima cuando ésta tenía quince años, por lo cual la relación sexual habría ocurrido a sus catorce o quince años, en tal caso por el principio de legalidad y taxatividad no sería aplicable el art. 308 bis del CP. Afirma además que, la Sentencia y las acusaciones fiscal y particular, argumentaron la existencia de engaño y seducción, lo cual habría sido corroborado por la pericia psicológica, las declaraciones testificales y la propia víctima, concluyendo que las relaciones sexuales mantenidas con su hija fueron consentidas y fruto de estas el nacimiento de un hijo, en alusión al tipo penal de Estupro, previsto y sancionado por el art. 309 del CP, circunstancias que no habrían sido fundamentadas en el Auto de Vista, siendo este por ello arbitrario, ilegal y vulneratorio del debido proceso.    


Advierte, también que la Sentencia se sustentó en la primera entrevista psicológica, único elemento considerado por ambos Tribunales, la cual no reuniría los requisitos de cientificidad por tratarse de un criterio clínico más no así forense, por no haberse aplicado instrumentos idóneos para determinar la credibilidad del testimonio, o el grado de afectación psicológica, además de no reunir los presupuestos mínimos de contradicción y oralidad de la prueba en materia penal.


Señala que la víctima accedió voluntariamente a la invitación de tener relaciones sexuales, descartando el empleo de la fuerza, considerando por ello que el juzgador confundió la seducción con la intimidación, y la violencia física con la psicológica, subsumiendo indebidamente el hecho al tipo penal, además de inobservar la ley sustantiva penal al emitir una Sentencia condenatoria por un tipo penal en el que no concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Violación, cuando por el principio iura novit curia, el Tribunal de Sentencia y luego el Tribunal de apelación debieron rectificar el tipo penal al de Estupro, que según el recurrente sería el que más se acerca a la correcta subsunción del hecho, y al no haberse obrado de esta manera considera se incurrió en error de derecho.

       

El recurrente cita los Autos Supremos 474 de 8 de diciembre de 2005, 170/2013-RRC de 19 de junio, 219/2013 de 30 de julio 356/2011 de 4 de julio 82/2006 de 30 de enero, 329/2006 de 29 de agosto, 417/03 de 19 de agosto de 2003, y 131/2007 de 31 de enero.


  1. Haciendo referencia al segundo motivo de su apelación restringida, en el que denunció errónea y defectuosa valoración de la prueba, el recurrente señala que el Auto de Vista confutado es contrario al art. 173 del CPP, al no haberse pronunciado el Tribunal de apelación respecto a los razonamientos básicos sobre la valoración de la prueba, como la obligación del Juez de valorar cada uno de los elementos de prueba de forma conjunta y armónica con base a la sana crítica, constituyendo defecto absoluto, no susceptible de convalidación conforme el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP, además de inobservancia de los arts. 115, 117 y 180 de la CPE, como de los arts. 8 y 10 de la “CADH”.


Sobre la prueba erróneamente valorada refiere que: a) La entrevista psicológica tiene solo valor referencial e indiciario y no es prueba plena, porque la versión de la víctima nunca fue sometida al contradictorio o al menos al anticipo de prueba en base al principio de oralidad -art. 333 del CPP- y si bien el Tribunal de apelación, manifestó que exponer a la víctima en juicio sería revictimizarla, el Ministerio Público pudo haber solicitado el anticipo de prueba en la Cámara Gesell, para garantizar la inmediación, oralidad y contradicción, acusando de vulnerada la seguridad jurídica, su derecho a la defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia; b) Por el contrario, para la pericia psicológica se emplearon mayores instrumentos, siendo por ello su valor probatorio mayor al de la entrevista inicial, estableciendo la primera que el testimonio prestado por la víctima en esa oportunidad es “medianamente creíble”, además de observarse retractación del relato inicial; c) No se puede hablar de agresión física ante la inexistencia de certificado médico forense, por lo que, la pericia genética, solo establecería que el padre del hijo de la víctima es el acusado, afirmando que si bien el incesto es una práctica de la barbarie, no se encuentras criminalizada; y, d) La pericia psicológica, las “entrevistas de cargo” y las de descargo haciendo alusión a la madre de la víctima y su primo-, no establecieron la existencia de intimidación, amenazas o algún tipo de violencia física o psicológica, por el contrario “se pudo percibir un presunto trato normal entre padre e hija”, aspectos sobre los cuales la Sentencia carece de fundamentación, considerando como intimidación hechos posteriores, como por ejemplo las secuelas y el daño psicológico, o el sentimiento de culpa de la menor producto del hecho, cuando el tipo penal refiere intimidación o agresión física o psicológica en el momento del hecho.


Invoca los Autos Supremos 354/2008 de 7 de noviembre, 479/2005 de 8 de diciembre, 509/2006 de 16 de noviembre, 77/2013 de 4 de abril, 308 de 25 de agosto de 2006, 515 de 16 de noviembre de 2006, 171/2012-RRC de 24 de julio y 176/2013-RRC de 24 de junio, 504 de 11 de octubre de 2007 y 506 de 3 de octubre de 2009.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


  1. Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


  1. Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que, el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


En correspondencia con la doctrina de flexibilización, coexisten los siguientes criterios que permiten de igual manera la apertura excepcional de la competencia de este Alto Tribunal de Justicia para la admisibilidad de los recursos de casación, conforme a continuación se explica.


Falta de debida fundamentación y/o incongruencia omisiva.- En los casos en los que se denuncie defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos y confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: a) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; y, b) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de Autos, se advierte que el recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 20 de agosto de 2018, interponiendo su recurso de casación el 27 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, encontrándose cumplido el requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En el primer motivo, el recurrente denuncia que el Tribunal de apelación incumplió los arts. 115, 117 y 180 de la CPE y el art. 124 del CPP, adoleciendo el Auto de Vista impugnado de falta de motivación y fundamentación, al no expresar los motivos de hecho y de derecho por los que se considera existe contradicción en su recurso de apelación restringida. Asimismo, refiere “errónea tipificación y calificación del tipo penal” con relación al defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) de CP, por deficiente subsunción del hecho al tipo penal de Violación agravada, cuando por el principio iura novit curia, el Tribunal de Sentencia y luego el Tribunal de apelación, debieron rectificar el tipo penal al de Estupro.

       

Al respecto, el encausado cita el Auto Supremo 474 de 8 de diciembre de 2005, indicando que el Tribunal de apelación no valoró correctamente las pruebas con las que el de instancia emitió su Sentencia, haciendo expresa mención a la pericia psicológica; asimismo, invoca el Auto Supremo 170/2013-RRC de 19 de junio, señalando que el Tribunal de alzada no aplicó correctamente la ley sustantiva, condenándolo por un tipo penal que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no demostraron, asegurando que debió ser condenado por el delito de Estupro y no por el de Violación; asimismo, invoca el Auto Supremo 219/2013 de 30 de julio, afirmando que el Tribunal de alzada no analizó correctamente, ni valoró integralmente los informes psicológicos, la prueba testifical y documental; de igual manera, menciona el Auto Supremo 356/2011 de 4 de julio, señalando que el Tribunal de alzada debió anular la Sentencia al no haberse observado el procedimiento de ley y los plazos del juicio oral en cuanto a la presentación de las pruebas; por otra parte, invoca el Auto Supremo 82/2006 de 30 de enero, arguyendo que el Tribunal de apelación no consideró los elementos del tipo penal, toda vez que las actuaciones demostrarían que se trata de un Estupro y no de una Violación; señala el Auto Supremo 329/2006 de 29 de agosto, afirmando que el Ministerio Público calificó incorrectamente el hecho, induciendo en error al Tribunal de Sentencia y el de alzada; con relación al Auto Supremo 417/03 de 19 de agosto de 2003, señala que el de alzada no valoró las pruebas de acuerdo al medio social donde ocurrió el hecho; finalmente, invoca el Auto Supremo 131/2007 de 31 de enero, señalando que en el caso concreto para el delito de Violación no se encuentran acreditados los elementos intimidación, violencia física o psicológica, por el contrario existiría engaño.


Si bien en el presente motivo, el recurrente cita los precedentes jurisprudenciales conforme establece el art. 416 del CPP, no se advierte la explicación en términos claros y precisos de la contradicción con el Auto de Vista impugnado, limitándose el recurrente a señalar los presuntos agravios sufridos, presupuesto que es de vital importancia para que, en caso de ingresar al fondo, la labor de contraste por parte de este Alto Tribunal de Justicia se realice en la medida del análisis de las contradicciones propuesto por el recurrente, caso contrario, implicaría que el Tribunal de casación tenga que indagar las razones o los motivos no expresados por las partes, lo cual constituye falta de argumentación en el motivo analizado, y por consiguiente causal de inadmisibilidad. Tampoco corresponde aplicar la doctrina de flexibilización en la admisibilidad del recurso de casación, por cuanto, la sola denuncia de vulneración del debido proceso no resulta suficiente, y si bien el recurrente menciona los antecedentes del agravio, no detalla con precisión en que consiste la restricción o disminución del derecho o garantía, ni explica el resultado dañoso emergente del defecto. De otra parte, si bien se individualiza la pericia psicológica como aquella prueba incorrectamente valorada, el recurrente afirma que el Tribunal de apelación incurrió en este defecto, pasando por alto la prohibición expresa de los tribunales de alzada de revalorizar prueba, a más de omitir los fundamentos por los cuales considera que esta defectuosa valoración, tiene incidencia sobre el resultado final, explicando en qué medida hubiere sido favorable a sus pretensiones. Razones por las cuales, el motivo analizado deviene en inadmisible.


Respecto al segundo motivo, el encausado considera que el Auto de Vista confutado es contrario al art. 173 del CPP, afirmando que la entrevista psicológica solo tiene valor referencial e indiciario, a diferencia de la pericia psicológica en la que se emplearon mayores insumos; asimismo indica que, no se puede hablar de agresión física sin el certificado médico forense y si bien existiría una pericia genética, ésta solo establecería el vínculo de consanguinidad entre el acusado y su hijo; advierte que la pericia psicológica, las “entrevistas de cargo” y de descargo, no pudieron establecer la existencia de violencia física o psicológica, por el contrario señala: “se pudo percibir un presunto trato normal entre padre e hija”, de lo cual la Sentencia carecería de fundamentación, refiriéndose más bien a actos posteriores al hecho a manera de intimidación, como ser las secuelas y el daño psicológico, o el sentimiento de culpa de la menor producto del hecho, cuando el tipo penal haría referencia a intimidación o agresión física o psicológica en el momento del hecho y no así con posterioridad.

El recurrente cita los Autos Supremos 354/2008 de 7 de noviembre, 479/2005 de 8 de diciembre, 509/2006 de 16 de noviembre, 77/2013 de 4 de abril, 308 de 25 de agosto de 2006, 515 de 16 de noviembre de 2006, 171/2012-RRC de 24 de julio y 176/2013-RRC de 24 de junio, refiriendo que el Tribunal de apelación, lesionó el principio de la lógica en su elemento razón suficiente y el de derivación motivada de la prueba; asimismo, menciona los Autos Supremos 504 de 11 de octubre de 2007 y 506 de 3 de octubre de 2009 en relación a la valoración de la prueba en materia penal en base a la sana crítica.


En este motivo al igual que en el anterior, el recurrente cita los precedentes jurisprudenciales, sin indicar la contradicción con el Auto de Vista impugnado, circunscribiéndose solo a referir el presunto agravio, haciendo inviable el análisis de fondo del motivo expresado por inobservancia del segundo párrafo del art. 417 del CPP. Con relación a la presunta vulneración de la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia, el recurrente tampoco cumple con la carga argumentativa de explicar en qué consiste la restricción o disminución del derecho, la garantía o el principio constitucional considerado vulnerado, tampoco explica el resultado dañoso emergente de la vulneración, circunstancias que también impiden a este Alto Tribunal de Justicia abrir su competencia, para que a través de la aplicación de criterios de flexibilización se resuelva este reclamo en una resolución de fondo. Finalmente, respecto a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, si bien se especifica las pruebas presuntamente valoradas de manera defectuosa (entrevista y pericia psicológica), sin embargo, el recurrente no cumple con su obligación de explicar de qué manera esta defectuosa valoración tiene incidencia en la resolución final, correspondiendo en suma por todo lo expresado declarar el motivo estudiado inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Víctor Ninaja Ugarte, de fs. 471 a 478.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos