TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 901/2018-RA

Sucre, 27 de septiembre de 2018


Expediente                : Pando 16/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Lucas Marcelo Flores Vargas

Delito        : Apropiación Indebida de Fondos Financieros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 177 a 187 vta.; Lucas Marcelo Flores Vargas, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 14 de junio de 2018, de fs. 156 a 158, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Entidad Financiera IDEPRO-Pando, representado por Iván Alexis Saat Palma contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Apropiación Indebida de Fondos Financieros, previsto y sancionado por el art. 363 inc. c) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 19/2017 de 11 de agosto (fs. 30 a 37 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando declaró a Lucas Marcelo Flores Vargas, autor y culpable de la comisión del delito de Apropiación Indebida de Fondos Financieros, previsto y sancionado por el art. 363 inc. c) del CP, imponiendo la pena de ocho años de presidio, más quinientos días multa a razón de Bs. 5.- por día, así como al pago de costas procesales, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, la Entidad Financiera IDEPRO-Pando representada por Iván Alexis Saat Palma (fs. 46 a 47); y el imputado (fs. 49 a 63 vta.), respectivamente, interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista de 14 de junio de 2018, dictado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró improcedentes las apelaciones planteadas; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 8 de agosto de 2018 (fs. 160), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, 15 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.


El recurrente haciendo alusión a los requisitos que hacen viable la admisión del recurso de casación, fundamenta recurso de casación, bajo los siguientes preceptos:


  1. Denuncia violación a la Ley Procesal Penal, porque se considera que el a quo en la resolución de 14 de junio de 2018, que no fue conocida por el Vocal suplente que firma, no consta la exposición de los motivos de hecho y derecho en el que se funda, lo que infiere que no se realizó la comparación de los fundamentos para concluir en una decisión. Para ello se considera importante la fundamentación de la Sentencia, existiendo inobservancia de los arts. 359 y 360 del Código de Procedimiento Penal (CPP), correspondiendo la nulidad de la Sentencia.


  1. Denuncia defecto absoluto conforme al art. 169 inc. 3) del CPP, por violación al principio de publicidad, siendo que la audiencia de fundamentación en apelación se realizó con la presencia de los Vocales, Dr. Juan Urbano Pereira y Germán Miranda; posteriormente por decreto de 11 de abril de 2018 se establece vencido el plazo de apelación, y por decreto de 17 de mayo de 2018, se hizo constar la excusa de la Vocal Ximena Joaniquina y también la pérdida de competencia del Vocal Germán Miranda, convocándose al Vocal Dr. Miguel Ángel García en suplencia para resolver la causa; la que no fue notificada al recurrente así como el nuevo sorteo de la causa. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 242/2012-RRC de 4 de octubre y 23 de 26 de enero de 2007. Asimismo refiere en base a esos antecedentes la concurrencia a su vez del defecto del inc. 1) del art. 169 del CPP, siendo que al haberse apartado al Vocal Germán Miranda, y al haber convocado a otra autoridad judicial, sin haberse notificado dicha convocatoria y disponerse el sorteo de la causa, sin señalarse nueva audiencia de fundamentación de apelación, se ha afectado también- el principio de inmediación, el derecho al Juez natural respecto al principio de imparcialidad e igualdad, al ser que la autoridad suplente no conoció la fundamentación de la apelación con los agravios sufridos, emitiéndose el Auto de Vista impugnado en vulneración al debido proceso, en contradicción a los Autos Supremos 199/2013 de 11 de julio y 041/2012-RRC de 16 de marzo.


  1. Señalando los términos del CONSIDERANDO I en sus puntos 1 y 2 del Auto de Vista, aduce que se habría dado por reconocido el reclamo respecto a la entonces Juez Técnico, Dra. Juaniquina y la renuncia del Juez Técnico Dr. Romero, pero contradictoriamente se rechaza este agravio, dejando una inseguridad jurídica en violación de sus derechos relacionados al art. 169 inc. 3) del CPP. En la misma forma, en relación a la constitución como víctima de IDEPRO, la apreciación que se hace es muy desatinada y contraria a la Ley Nº 393, ya que la única facultada para constituirse en víctima o querellante, es la ASFI, siendo subjetiva la apreciación del Tribunal de alzada.


Alega que el Tribunal de alzada en relación a los fundamentos del punto 3 y 6 del Auto de Vista, respecto a las denuncias de defectuosa valoración de la prueba y la suspensión de las audiencias de juicio oral al haberse desarrollado un juicio por más de 7 meses, no existe una manifestación sobre todos los agravios de apelación, omitiendo valorar los extremos señalados; además que también se ha señalado la errónea aplicación de la Ley sustantiva, debiendo corresponder el reenvío del juicio por otro Tribunal competente. Invoca el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007.


Cita los Autos Supremos 066/2014-RA de 31 de marzo, 77/2013 de 20 de marzo, 038/2016-RRC de 21 de enero y 201 de 28 de marzo de 2007, en calidad de precedentes contradictorios.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El derecho de Impugnación encuentra su fundamento en el art. 180 par. II de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece el derecho a recurrir toda decisión judicial dentro un determinado proceso sometido a juzgamiento por la justicia ordinaria. En el mismo sentido el art. 394 del CPP, ha establecido el derecho a recurrir los fallos judiciales por quien le corresponda y le esté permitido por ley.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, también asumido en el Auto Supremo Nº 118/2015-RRC de 24 de febrero, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que el recurrente, fue notificado el 8 de agosto de 2018 con el Auto de Vista impugnado, interponiendo su recurso de casación el 15 del mismo mes y año; es decir, dentro el plazo de los cinco días, teniéndose por cumplida la formalidad temporal exigida por el art. 417 del CPP; por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto al primer motivo se tiene que denuncia violación a la Ley procesal penal considera que el Tribunal de Sentencia en la resolución de 14 de junio de 2018, no consta la exposición de los motivos de hecho y derecho en el que se funda, lo que infiere que no se realizó la comparación de los fundamentos para concluir en una decisión, existiendo inobservancia de los arts. 359 y 360 del CPP, correspondiendo la nulidad de la Sentencia.


En análisis del primer motivo, se constata que el recurrente pretende nuevamente, vía casación, la revisión de la Sentencia de primera instancia, considerando que se alude inobservancia de los arts. 359 y 360 del CPP, los cuáles no están relacionados con la formulación de resoluciones en alzada y menos aún con los fundamentos para plantear el recurso de casación. Entonces, inobservado por el recurrente lo normado por los arts. 416 y 417 del CPP, este Tribunal no tiene competencia para resolver el argumento traído en casación, al identificarse la impugnación a la Sentencia y no así al Auto de Vista en concreto, deviniendo en consecuencia en inadmisible el presente motivo.


En el segundo motivo, el recurrente denuncia defecto absoluto conforme al art. 169 inc. 3) del CPP, por violación al principio de publicidad, siendo que la audiencia de fundamentación en apelación se realizó con la presencia de los Vocales Dr. Juan Urbano Pereira y Germán Miranda, existiendo excusa de la Vocal Ximena Juaniquina y también pérdida de competencia del Vocal Germán Miranda, convocándose al Vocal Dr. Miguel Ángel García en suplencia para resolver la causa; no siendo notificada convocatoria y el nuevo sorteo de la causa, incurriéndose en otro defecto del inc. 1) del art. 169 del CPP. Asimismo refiere que no se ha señalado nueva audiencia de fundamentación de apelación, afectándose el principio de inmediación, el derecho al Juez Natural respecto al principio de imparcialidad e igualdad al ser que la autoridad suplente no conoció la fundamentación de la apelación con los agravios sufridos, emitiéndose el Auto de Vista impugnado en vulneración al debido proceso. Invoca como precedentes contradictorios a los Autos Supremos 199/2013 de 11 de julio y 041/2012-RRC de 16 de marzo.

El recurrente, identifica los Autos Supremos 199/2013 de 11 de julio y 041/2012-RRC de 16 de marzo, en calidad de precedentes contradictorios para fundar los agravios que denuncia en casación, empero de la revisión de los archivos de este Tribunal Supremo de Justicia, se observa que dichas resoluciones no establecen doctrina legal aplicable, al haberse en ambos casos declarado infundados los recursos de casación, por lo que la invocación realizada no se encuentra dentro los alcances del art. 416 del CPP.


Independientemente de lo anotado anteriormente, se puede deducir que el recurrente a su vez, ha realizado la exposición de defectos absolutos previstos por el art. 169 incs. 1) y 3) del CPP, por violación al principio de publicidad, principio de inmediación, el derecho al Juez Natural respecto al principio de imparcialidad e igualdad en vulneración al debido proceso, provocados en alzada al no haberse notificado con la convocatoria del Vocal suplente, procediéndose al sorteo directo de la causa sin señalar nueva audiencia de fundamentación de apelación, haciendo viable considerar el motivo vía presupuestos de flexibilización para así verificar la compulsa, en el fondo, la existencia o no de los defectos y las vulneraciones alegadas deviniendo en consecuencia el presente motivo en admisible.


Finalmente, en cuanto al tercer motivo, se hace hincapié en los términos del CONSIDERANDO I en sus puntos 1 y 2 del Auto de Vista, donde el Tribunal de alzada reconocería el agravio denunciado relativo a las irregularidades existentes en la tramitación del juicio oral, pero contradictoriamente se rechaza este agravio, alegando inseguridad jurídica en violación de sus derechos relacionados al art. 169 inc. 3) del CPP. En la misma forma, habiéndose cuestionado el apersonamiento de IDEPRO como víctima, la apreciación que el Tribunal de alzada hace es muy desatinada y contraria a la Ley Nº 393, ya que la única facultada para constituirse en víctima o querellante es la ASFI. Se alega que el Tribunal de alzada en relación a los fundamentos de los puntos 3 y 6 del Auto de Vista, respecto a las denuncias de defectuosa valoración de la prueba y la suspensión de las audiencias de juicio oral, no existe una manifestación sobre los agravios manifestados en apelación, omitiéndose valorar los extremos señalados, además de haberse señalado la errónea aplicación de la Ley sustantiva, debiendo corresponder el reenvío del juicio por otro Tribunal competente. Invoca Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, en calidad de precedente contradictorio al Auto de Vista impugnado, que de su lectura, el referido fallo hace referencia únicamente al principio de continuidad y considerando la alegación de dicho agravio, exponiendo sucintamente las circunstancias que afectaría este principio procesal, teniéndose por cumplidos los requisitos de procedencia del motivo expuesto de acuerdo a los arts. 416 y 417 del CPP, haciendo posible la consideración en el fondo del recurso de casación para ejercer la labor de contrastación.

Se deja constancia que, si bien el recurrente invoca a su vez defectos absolutos del art. 169 inc. 3) del CPP por afectación a la seguridad jurídica, debe dejarse sentado que más allá de hacer una mera alocución, no se indica con precisión en qué consistiría la restricción o disminución del derecho o garantía y tampoco se explica cuál el resultado dañoso provocado por la restricción, no cumpliéndose de esa manera con los criterios de flexibilización para poder ingresar al fondo de la cuestión planteada excepcionalmente.


Puesto que también se invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 066/2014-RA de 31 de marzo, 77/2013 de 20 de marzo, 038/2016-RRC de 21 de enero y 201 de 28 de marzo de 2007; sin embargo, el recurrente se limita únicamente a indicarlos, sin hacer una relación de cómo éstos fallos serían contrarios con el Auto de Vista impugnado en términos claros y precisos, incumpliendo lo previsto por el art. 417 del CPP, circunstancia por la cual no es posible su consideración en el fondo del agravio.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Lucas Marcelo Flores Vargas, de fs. 177 a 187 vta.; únicamente para el análisis de fondo de los motivos segundo y tercero de acuerdo a los alcances establecidos. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos