TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 896/2018-RA

Sucre, 27 de septiembre de 2018


Expediente                : Tarija 42/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Hernán Javier Cayo Rivera

Delito        : Violación de Infante, Niño Niña o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de agosto de 2018, cursante de fs. 507 a 528; Hernán Javier Cayo Rivera, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 58/2018 de 3 de julio, de fs. 458 a 466 vta., y el Auto Complementario 06/2018 de 15 de agosto, pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Tarija contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), modificado por la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia”.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 66/2016 de 1 de noviembre (fs. 286 a 292 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Hernán Javier Cayo Rivera, autor y culpable de la comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, modificado por la Ley 348, imponiendo la pena de veinte años de presidio, con costas a favor del Estado y pago de daños y perjuicios a la víctima. Siendo resuelta la solicitud de complementación y enmienda del imputado, mediante Auto Complementario 426/2016 de 3 de noviembre (fs. 300).


  1. Contra la referida Sentencia y su complementario, el imputado Hernán Javier Cayo Rivera, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 319 a 342 vta.), resuelto por Auto de Vista 19/2017 de 7 de abril (fs. 368 a 375) y Auto Complementario 05/2017 de 26 de abril (fs. 381 y vta.), que fueron dejados sin efecto por Auto Supremo 109/2018-RRC de 2 de marzo (fs. 443 a 452); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista 58/2018 de 3 de julio, que declaró sin lugar la apelación planteada; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada; siendo resuelta la solicitud de complementación y enmienda del imputado, mediante Resolución 06/2018 de 15 de agosto (fs. 471 y vta.).


  1. Por diligencia de 17 de agosto de 2018 (fs. 472), el recurrente fue notificado con el referido Auto Complementario 06/2018 de 15 de agosto; y, el 23 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.


El recurrente haciendo alusión a la existencia de defectos absolutos y un procedimiento irregular al emitir el Auto de Vista impugnado, incurriendo el Tribunal de alzada en los mismos errores del fallo dejado sin efecto anteriormente, fundamenta recurso de casación, bajo los siguientes términos:


  1. Denuncia defecto absoluto inconvalidable previsto en el art. 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por nulidad de la notificación en relación al art. 166 incs. 1), 2), 4), 5) y 6) del CPP, alegando que se habría querido notificársele con el Auto de Vista anulado, y que no quiso firmar la notificación, porque refería que se notifique a su abogada defensora, dándosele por notificado el 9 de agosto de 2018. La abogada de la defensa recién fue notificada con el Auto de Vista 58/2018 el 14 de agosto de 2018; y ante ello se solicitó mediante escrito en las 24 horas complementación y enmienda, la que fue rechazada por extemporánea. Esto acarrearía la nulidad de la notificación, al no cumplir con los requisitos de validez expresados en el art. 164 del CPP, donde en la notificación realizada de forma personal, no figura el lugar en la que se realizó, no se indica qué resolución se notificó, considerando la existencia de dos Autos de Vista, además que la copia no corresponde al original. Se debió considerar que el término se computaba desde la fecha de la última notificación, como ocurrió con anterioridad, vulnerando el derecho a la defensa técnica, pese a que esa forma de notificación es una práctica procesal de aquellos Tribunales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que los Autos de Vista deben ser notificados de manera personal para asegurar los medios de impugnación, atendiendo lo previsto por los arts. 115, 117, 118, 119, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), con relación a los arts. 8 y 9 del CPP; por lo que se habría generado un absoluto estado de indefensión, vulnerando las reglas previstas en los arts. 167, 169 inc. 3) y 396 inc. 4) del CPP, en resguardo de los principios de igualdad, pro homine, de progresividad y del debido proceso (arts. 8, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 9 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 15 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagrando el principio de justicia material).


  1. Respecto al deber de fundamentación, refiere que un fallo es una garantía de legalidad que establecer que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite en citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación; y por el segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, lo que guarda relación con el derecho de acceso a la justicia, el principio de progresividad, pro actione y la justicia material con relación al derecho de impugnación, citando los arts. 14.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derecho Humanos, arts. 13, 196, 109 y 256 de la CPE, así como lo fundado en las Sentencias Constitucionales 1291/2011-R de 26 de septiembre, 0894/2012 de 22 de agosto, 0492/2011-R de 25 de abril, 0112/2012 de 27 de abril, 0121/2012 de 2 de mayo, 0897/2011 de 6 de junio, 0501/2011-R de 25 de abril, 2271/2012, 0139/2012 de 4 de mayo y 0600/2003-R de 6 de mayo.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El derecho de Impugnación encuentra su fundamento en el art. 180 par. II de la CPE, el cual establece el derecho a recurrir toda decisión judicial dentro un determinado proceso sometido a juzgamiento por la justicia ordinaria. En el mismo sentido el art. 394 del CPP, ha establecido el derecho a recurrir los fallos judiciales por quien le corresponda y le esté permitido por ley.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, también asumido en el Auto Supremo 118/2015-RRC de 24 de febrero, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que el recurrente, fue notificado el 17 de agosto de 2018 con el Auto Complementario 06/2018 de 15 de agosto, interponiendo su recurso de casación el 23 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles, teniéndose por cumplida la formalidad temporal exigida por el art. 417 del CPP; por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto al primer motivo denuncia defecto absoluto inconvalidable previsto en el art. 169 del CPP, por nulidad de la notificación en relación al art. 166 incs. 1), 2), 4), 5) y 6) del CPP, alegando error en la notificación con el Auto de Vista anulado, y que el recurrente no quiso firmar la notificación, dándosele por notificado el 9 de agosto de 2018. La abogada de la defensa recién fue notificada con el Auto de Vista impugnado y ante ello se solicitó complementación y enmienda, la que fue rechazada por extemporánea. Estos hechos acarrearían la nulidad de la notificación, al no cumplir con los requisitos de validez expresados en el art. 164 del CPP, donde en la notificación realizada de forma personal, no figura el lugar en la que se realizó, no se indica qué resolución se notificó, considerando la existencia de dos Autos de Vista. Debió considerarse que el término se computaba desde la fecha de la última notificación, vulnerando así el derecho a la defensa técnica. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (cita Sentencias Constitucionales) ha establecido que los Autos de Vista deben ser notificados de manera personal para asegurar los medios de impugnación atendiendo lo previsto por los arts. 115, 117, 118, 119, 178 y 180 de la CPE con relación a los arts. 8 y 9 del CPP; por lo que se habría generado un absoluto estado de indefensión, vulnerando las reglas previstas en los arts. 167, 169 inc. 3) y 396 inc. 4) del CPP, en resguardo de los principios de igualdad, pro homine, de progresividad y del debido proceso (cita arts. 8, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 9 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 15 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagrando el principio de justicia material).


En el análisis del motivo casacional, el recurrente únicamente hace alusión a la existencia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación, solicitando nulidad por la vulneración al derecho a la defensa técnica, a los principios de igualdad, pro homine, de progresividad y al debido proceso, por no haberse notificado debidamente con el Auto de Vista y por omitirse considerar por el Tribunal de alzada la notificación realizada a la defensa técnica para el adecuado control del plazo procesal. De aquello se puede observar que el recurrente hace una exposición de antecedentes, identifica los derechos vulnerados, hace una relación en la forma que éstos se han afectado y explica el resultado dañoso en desmedro de sus derechos como parte procesal; lo que conlleva a establecer por los argumentos expuestos, que el recurrente ha cumplido con la carga prevista para la apertura de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia vía flexibilización de manera excepcional, determinándose por ello la admisión del recurso ante tales aspectos para que en el fondo se verifique los defectos que alega el recurrente en su recurso.


En el segundo motivo, el recurrente expone argumentos sobre el deber de fundamentación y la debida motivación, que guarda relación con el derecho de acceso a la justicia, el principio de progresividad, pro actione y la justicia material con relación al derecho de impugnación, citando los arts. 14.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derecho Humanos, arts. 13, 196, 109 y 256 de la CPE, así como lo fundado en las Sentencias Constitucionales 1291/2011-R de 26 de septiembre, 0894/2012 de 22 de agosto, 0492/2011-R de 25 de abril, 0112/2012 de 27 de abril, 0121/2012 de 2 de mayo, 0897/2011 de 6 de junio, 0501/2011-R de 25 de abril, 02271/2012, 0139/2012 de 4 de mayo y 0600/2003-R de 6 de mayo.


Analizando los términos del motivo expuesto por el recurrente, si bien hace una adecuada exposición jurisprudencial y legal en relación al deber de fundamentación y motivación de los fallos, empero no se identifica el argumento que relacione esa exposición con el Auto de Vista impugnado y de qué manera dicha resolución habría afectado la debida fundamentación y motivación de los fallos al momento de resolver la apelación restringida interpuesta por la parte, además de extrañarse la invocación de precedente judicial alguno que permita en la medida de lo posible establecer alguna contradicción con la resolución impugnada vía casación. Entonces, no habiendo observado correctamente el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización para poder ingresar al fondo de lo planteado y al no establecerse a su vez la concurrencia de los presupuestos formales previstos en los arts. 416 y 417 del CPP; no existiendo nexo causal entre lo argumentado por el recurrente y el Auto de Vista impugnado, esta Sala Penal se encuentra imposibilitada de poder ingresar a considerar en el fondo de lo pretendido, por una evidente e inadecuada técnica recursiva; en consecuencia, el motivo en análisis deviene en inadmisible.




POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Hernán Javier Cayo Rivera, de fs. 507 a 528; únicamente para el análisis de fondo del primer motivo y de acuerdo a los alcances establecidos. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos