TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 892/2018-RA

Sucre, 27 de septiembre de 2018


Expediente                : Santa Cruz 136/2018

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Henry Sanjinés Valdez

Delito                : Legitimación de Ganancias Ilícitas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 03 de agosto del 2018, cursante de fs. 395 a 398, el Ministerio Público, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 25 de 12 de julio del 2018, de fs. 380 a 385, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Henry Sanjinés Valdez, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 bis del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 13/2018 de 28 de marzo (fs. 344 a 367 vta.), el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Henry Sanjinés Valdez, absuelto de culpa y pena del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 370 a 374), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 25 de 12 de julio, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 27 de julio del 2018 (fs. 387), el recurrente, fue notificado con el Auto de Vista impugnado; y, el 03 de agosto del presente año, interpuso recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El Ministerio Público al plantear el recurso de casación refiere como antecedente que el Tribunal de Sentencia declaró absuelta de culpa y pena a la acusada “Esmilda Lavardens Vargas, del delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, Previsto y sancionado por el Art. 48 con relación al Art. 33 inciso M) de la Ley 1008 y Art. 185 bis del código penal LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILICITAS.” (sic). Asimismo señaló que los Jueces al momento de emitir la Sentencia Nº 24/2017 que declaró absuelto al ciudadano Henry Sanjinés Valdez, habrían incurrido en vulneración de derechos y garantías constitucionales, (debido proceso y acceso a la justicia), por mala valoración de la prueba de cargo conforme lo establecido por los arts. 407; 169 inc. 3); y, 370 inc. 6), del Código de Procedimiento Penal (CPP); Informe G.I.A.E.F. ORIENTE, el cual detallaría la forma de inicio de la investigación; Informe de Interpol - Bolivia, que acreditaría la inexistencia de antecedentes, Fax 1999/16/DMC que establecería que si se registra notificación roja a nivel internacional siendo Brasil el país solicitante; al respecto refirió que el Tribunal de Sentencia absolvió al acusado por insuficiente prueba en su contra, pero que la Sala Penal no apreció correctamente los elementos probatorios incorporados a juicio, pues la misma no respondería a un procedimiento lógico, razonable, valorativo o teológico. Que el “Ad quem” en su fallo habría mencionado que el imputado no hizo una fundamentación oportuna de su recurso de alzada; fundamento que considera inapropiado porque la valoración de la prueba que dio lugar a la absolución del imputado, sería defectuosa en cuanto a los antecedentes penales que tenía el acusado en Brasil; en Sentencia tampoco existiría una justificación de la forma de adquisición de su patrimonio, no se establecería los hechos probados y no probados, más aun siendo que la prueba judicializada es plena para demostrar la culpabilidad y autoría del acusado en el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas. Que tanto el Tribunal de Sentencia como la Sala Penal Tercera no habrían considerado que “el precedente contradictorio en esta parte, es que según el Art. 20 del Código Penal, (…)” (sic), que se demostró la autoría del acusado con los informes policiales judicializados. Agrega que no existe documentación que demuestre el origen lícito de la adquisición de los hoteles del acusado; por lo que se incurrió en defectuosa valoración de la notificación roja y respuesta de cooperación internacional referente a los antecedentes penales por narcotráfico del acusado.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de éstos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con él o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, ésta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, éste requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, éste Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a éste medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.




IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos, se establece que el día 27 de julio del 2018, fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado; y, el 3 de agosto del presente año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


El recurrente señaló que la prueba para absolver al imputado Henry Sanjinés Valdez, fue defectuosamente valorada, tanto por el Tribunal de Sentencia como por el de alzada, toda vez que no respondería a un procedimiento lógico, razonable, valorativo o teológico; que el Tribunal de apelación habría argumentado que su recurso de alzada no contiene una fundamentación oportuna, argumento que considera inapropiado al no haberse hecho una correcta valoración de la prueba ni justificarse la licitud del patrimonio del acusado. Los argumentos expuestos, demuestran falta de claridad en el pensamiento del recurrente, toda vez que sustenta su recurso en la defectuosa valoración probatoria por parte del Tribunal de apelación, cuando éste no tiene esa facultad, además hace referencia a sujetos Esmilda Lavardens Vargas-, tipos penales art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008-, y resoluciones Sentencia 24/2017-, que no son parte del caso de autos, conforme se verifica en el inc. a) del acápite I del presente fallo; es decir, no se tiene claro cuál es el motivo de recurso de casación o el agravio que le causa el Auto de Vista impugnado. Finalmente, el recurrente hace referencia al art. 20 del CP, mencionando que sería un precedente contradictorio; demostrando nuevamente la confusión que existe en los argumentos expuestos por el recurrente. Por lo expuesto, se establece que el recurrente además de no exponer de manera clara los hechos que motivan el recurso, no cumplió con la carga procesal de invocar precedente contradictorio y precisar la contradicción entre éste y la resolución impugnada, por lo que el mismo deviene en inadmisible por incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, de fs. 395 a 398.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos