TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 891/2018-RA

Sucre, 27 de septiembre de 2018


Expediente                Tarija 40/2018

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Jorge Marcelo Valencia Ugarte 

Delitos                        Homicidio y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de agosto de 2018, cursante de fs. 1658 a 1669, Jorge Marcelo Valencia Ugarte, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 20/2018 de 12 de julio, de fs. 1624 a 1632 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Guido Vidaurre Alarcón y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente por la presunta comisión de los delitos de Homicidio y Asesinato, previstos y sancionados por los arts. 251 y 252 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 38/2015 de 19 de agosto (fs. 1232 a 1238 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Jorge Marcelo Valencia Ugarte, autor y culpable de la comisión del delito de Homicidio por Emoción Violenta, previsto y sancionado por el art. 254 del CP, imponiendo la pena de ocho años de presidio, con costas al Estado y pago del resarcimiento civil.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 1255 a 1258 vta.), el acusador particular Guido Vidaurre Alarcón (fs. 1260 a 1266 vta.), y el imputado Jorge Marcelo Valencia Ugarte (fs. 1272 a 1288 vta.), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por el Auto de Vista 20/2018 de 12 de julio, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró con lugar de manera parcial las apelaciones planteadas; en consecuencia, se dejó sin efecto la Sentencia apelada, y en aplicación del art. 365 del Código de Procedimiento Penal (CPP), declaró a Jorge Marcelo Valencia Ugarte, autor del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, Resolución enmendada y complementada mediante Auto Complementario 05/2018 de 9 de agosto (fs. 1637 a 1638).   


  1. Por diligencia de 16 de agosto de 2018 (fs. 1638 vta.), el recurrente fue notificado con el Auto Complementario 05/2018 de 9 de agosto; y, el 23 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad. 




II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


El recurrente, invocando el derecho a un trato igualitario en casos semejantes, cita el Auto Supremo 435 de 2 de septiembre de 2014, solicitando se considere la jurisprudencia invocada en su recurso de casación con los siguientes argumentos:

    

  1. Citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre, 1075/2003-R, 1044/2003, 1781/2004-R, 1369/2010-R y 0493/2004-R, y los arts. 8.II, 14.III, 178.I, 180.II, 203 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE), denuncia que el Tribunal de apelación vulneró el debido proceso en su elemento seguridad jurídica, el “Principio de Acceso efectivo a la Justicia”, su derecho a la impugnación, además de mencionar el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y el principio de idoneidad, este último previsto en la Ley del Órgano Judicial, al interpretar incorrectamente la jurisprudencia invocada por los propios Vocales, sin analizar si la misma es análoga al caso resuelto, incurriendo a su vez en “indisciplina jerárquica” y prevaricato por apartarse de la jurisprudencia vinculante, según establecería el art. 420 del CPP, olvidando que sus resoluciones deben ser desde y conforme la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad, es decir conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando por ello que el Tribunal de casación a partir de la individualización del estándar más alto, anule y deje sin efecto aún de oficio el Auto de Vista impugnado por existir defectos absolutos, insubsanables e inconvalidables.


  1. Refiere que, el Auto de Vista impugnado no resolvió todos los agravios de su recurso de apelación restringida, específicamente el referido a la inobservancia de los arts. 13, 20 y 254 del CP en la Sentencia, vulnerando el principio “tantum devolutum, quantum apellatum”, el debido proceso en su elemento “debida y completa argumentación”, el principio de congruencia, además de su derecho a la impugnación, previstos en el art. 115.II y 180.II de la CPE: a) En el caso del art. 13 del CP al solamente hacer mención que en la apelación del encausado se encuentra la inobservancia de los arts. 13, 20 y 254 del CP, sin analizar la procedencia o no de lo reclamado, incurriendo en el reproche de ser infra petita, ex silentio incongruencia omisiva- atentatorio al debido proceso y contradictorio al AS 124 de 10 de mayo de 2013, pues la Sala Penal no habría ingresado a resolver el fondo del reclamo, siendo su obligación pronunciarse sobre todas las pretensiones de los apelantes so pena de incurrir en incongruencia omisiva atentatoria al debido proceso, al “acceso judicial efectivo”, y su derecho a la defensa, constituyendo vicio absoluto a decir del art. 169 inc. 3) del CPP, que debería ser corregido aún de oficio por el Tribunal Supremo de Justicia, acorde a la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006; b) En el caso del art. 20 con relación al art. 254, ambos del CP señala que, el Vocal relator se limita a copiar partes de Autos Supremos como si fuesen autoría propia, olvidando analizar el caso concreto, empero al dictar nueva Sentencia denuncia revalorización de la testifical de Guillermo Eloy Humerez Oviedo, de las pruebas MP-14, MP-21 y de la pericia de la médico forense Erika Sakuma, cuando ello le estaría vetado, además de no tomar en cuenta que el perito Eloy Humerez Oviedo no tiene especialidad en dinámica hematológica, pues en su declaración se habría evidenciado que es fotógrafo; al respecto y contrariamente a lo establecido por el Vocal relator Vargas Villagómez, argumenta que no podría considerárselo autor de la muerte de su pareja, porque afirma que el hecho sucedió a horas 12 aproximadamente, momento en el que no se encontraba en el domicilio, habiendo retornado luego de dos horas; con relación a que el recurrente habría provocado las lesiones en la muñeca de la víctima con un vidrio roto, afirma que para ello tendría que haber tenido él mismo alguna lesión en la palma de la mano, y el certificado médico forense indicaría que se encontraba con sangre de la víctima aclarando que fue por haberla abrazado; a tal efecto, cita el Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, puesto que, consistiendo la contradicción en que si bien el Tribunal de apelación empezó a analizar este agravio, empero luego no habría referido nada más, siendo que los operadores de justicia deben pronunciarse sobre todas las pretensiones del solicitante, y el Auto de Vista 20/2018 no se habría pronunciado al respecto, afectando su derecho al acceso efectivo a la justicia, al debido proceso y a la defensa; existiendo también contradicción con el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, pues si bien el Tribunal de apelación aceptó el reclamo de la no configuración del tipo penal de Homicidio por Emoción Violenta, correspondía la anulación de la Sentencia y se ordene el reenvío, por el contrario no se habría considerado la falta de dos elementos constitutivos del delito en el actuar del recurrente y tampoco se habría pronunciado sobre la errónea aplicación del “Art. 151 del c.p.”, afectando su derecho al acceso efectivo a la Justicia, al debido proceso y la defensa; y, c) Se habría incurrido también en contradicción con los Autos Supremos 124 de 10 de mayo de 2013, y 214 de 28 de marzo de 2007, citados por el recurrente en su recurso de apelación restringida, mencionando además los Autos Supremos 513/2014-RRC de 1 de octubre, 235/2017-RRC de 21 de marzo, 515 de 16 de noviembre de 2006, 100/2014-RRC de 7 de abril y 582 de 4 de octubre, refiriendo que existió incongruencia omisiva a tiempo de resolverse el agravio sobre la defectuosa valoración de la prueba, consistiendo la contradicción en que si bien el Auto de Vista impugnado reconoció el mérito del reclamo, aceptando que el Tribunal de Sentencia no valoró correctamente la prueba, el Tribunal de apelación contrariamente a la doctrina legal aplicable, habría ido más allá anulando la Sentencia y dictando una nueva en base a una valoración de la prueba, condenándolo por el delito de Asesinato, conculcando su derecho a la defensa, al debido proceso, acceso y tutela efectiva y al juez mayor, cuando más bien debió anular la Sentencia y ordenar el reenvío.            


  1. Citando los Autos Supremos 442 de 19 de agosto de 2004 y el 170 de 19 de junio de 2013, advierte que el Tribunal de apelación no cumplió con su deber impuesto por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); es decir, revisar de oficio lo obrado por el inferior, limitándose a aplicar el art. 16 de la misma Ley, cuando este Alto Tribunal de Justicia habría establecido en su doctrina legal aplicable que los Tribunales de alzada tienen la obligación de realizar la labor de control del desarrollo del proceso y del contenido de la Sentencia, pues al verificar que el Tribunal de Sentencia no valoró correctamente la prueba, lo que correspondía, según el recurrente, era anular la Sentencia y ordenar el reenvío del proceso.          


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE 
CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


  1. Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


  1. Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.



IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de Autos, se advierte que el 16 de agosto de 2018, el recurrente fue notificado con el Auto Complementario 05/2018 de 9 de agosto, interponiendo su recurso de casación el 23 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, encontrándose cumplido el requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En el primer motivo, el recurrente citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre, 1075/2003-R, 1044/2003, 1781/2004-R, 1369/2010-R y 0493/2004-R, además de los arts. 8.II, 14.III, 178.I, 180.II, 203 y 256 de la CPE, denuncia que en la emisión del Auto de Vista impugnado el Tribunal de apelación actuando sin idoneidad, vulneró el debido proceso en su elemento seguridad jurídica, así como su derecho al acceso a la justicia y a la impugnación, incurriendo en defectos absolutos, insubsanables y no susceptibles de convalidación, al interpretar incorrectamente la jurisprudencia invocada por los propios Vocales, sin analizar si la misma es análoga al caso resuelto, incurriendo a su vez en “indisciplina jerárquica” y prevaricato, olvidando que sus resoluciones deben ser emitidas conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Al respecto corresponde precisar que, cuando el legislador ordinario establece en el art. 416 del CPP, que el recurso de casación procede contra aquellos Autos de Vista que sean contrarios a los precedentes dictados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, coexiste para el recurrente la obligación no solo de invocar dicho precedente, sino que además debe señalar en términos claros y precisos la pretendida contradicción, presupuestos que en lo absoluto han sido cumplidos por el encausado en el motivo en análisis, pues, por un entendimiento consolidado de este Alto Tribunal de Justicia, los fallos provenientes de la jurisdicción constitucional, en estricta aplicación del art. 420 del CPP, no constituyen doctrina legal aplicable, por lo mismo, los fallos citados no pueden ser analizados en una resolución de fondo; tampoco pueden considerarse los criterios de flexibilización para admitir el presente motivo, puesto que el recurrente no ha corrido con la carga argumentativa de fundamentar los agravios causados por el Auto de Vista impugnado, habiéndose limitado a denunciar una supuesta vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica, su derecho de acceso a la justicia y su derecho a la impugnación, además de mencionar el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, carencia que no puede ser suplida de oficio por este Alto Tribunal de Justicia, deviniendo el presente motivo en inadmisible.

  

Con relación al segundo motivo, en el que el encausado refiere que el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia omisiva al no resolver los siguientes agravios: a) El reclamo referido al art. 13 del CP, respecto del cual el Tribunal de alzada sólo habría hecho mención al referirse a la inobservancia de los arts. 13, 20 y 254 del CP, sin analizar la procedencia o no de lo reclamado, atentando contra el debido proceso, el derecho de acceso a la justicia, y el derecho a la defensa, constituyendo en vicio absoluto a decir del art. 169 inc. 3) del CPP, y contradiciendo el Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, al no ingresar el Tribunal de apelación a resolver el fondo del reclamo, que debería ser corregido aún de oficio por el Tribunal Supremo de Justicia, según el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006; b) En el caso del art. 20 con relación al art. 254, ambos del CP, el Vocal relator se habría limitado a copiar partes de Autos Supremos olvidando analizar el caso concreto, empero al dictar nueva Sentencia existiría revalorización de la testifical de Guillermo Eloy Humerez Oviedo, las pruebas MP-14, MP-21 y la pericia de la médico forense Erika Sakuma, contrariamente a lo establecido por el Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013 puesto que, si bien el Tribunal de apelación empezó a analizar este agravio, empero luego no habría referido nada más al respecto, afectando su derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa; asimismo, señala la existencia de contradicción con el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, señalando que si bien el Tribunal de apelación aceptó el reclamo el tipo penal de Homicidio por Emoción Violenta no se encontraba configurado por sus elementos constitutivos, correspondía la anulación de la Sentencia y se ordene el reenvío, consistiendo la contradicción en que no se consideró la falta de dos elementos constitutivos del delito en el actuar del recurrente; y, c) La defectuosa valoración de la prueba, afirmando el recurrente la existencia de contradicción con los Autos Supremos 124 de 10 de mayo de 2013 y 214 de 28 de marzo de 2007 citados en apelación restringida, además de mencionar los Autos Supremos 513/2014-RRC de 1 de octubre, 235/2017-RRC de 21 de marzo, 515 de 16 de noviembre de 2006, 100/2014-RRC de 7 de abril y 582 de 4 de octubre, consistiendo la contradicción en que si bien el Auto de Vista impugnado reconoció el mérito del reclamo, aceptando que el Tribunal de Sentencia no valoró correctamente la prueba, el Tribunal de apelación habría ido más allá anulando la Sentencia y dictando una nueva revalorizando la prueba, condenándolo por el delito de Asesinato, conculcándose así el derecho a la defensa, al debido proceso, acceso y tutela efectiva y al juez mayor del recurrente.            


El recurrente advirtiendo que la contradicción con los precedentes jurisprudenciales vigentes se produce a tiempo de emitirse el Auto de Vista impugnado con la incongruencia omisiva y la revalorización de la prueba denunciados, invoca los Autos Supremos referidos, considerando el fallo del tribunal de alzada contrario a estos por los motivos expresados, en tal sentido, no es exigible la invocación del precedente contradictorio a tiempo de interponerse la apelación restringida, conforme prevé el segundo párrafo del art. 416 del CPP, y tal cual lo ha entendido la jurisdicción constitucional en la SC 0546/2004-R de 12 de abril y este Alto Tribunal de Justicia en sus reiterados fallos; sin embargo, del análisis del motivo en cuestión se advierte que, a diferencia de los dos primeros agravios presuntamente no resueltos por el Tribunal de apelación en los que puntualmente el recurrente hace referencia al reclamo referido al art. 13 del CP, y al reclamo del art. 20 con relación al art. 254 ambos del CP, en el inciso c) el recurrente se limita a denunciar defectuosa valoración de la prueba sin hacer expresa mención a qué elementos probatorios no habrían sido correctamente valorados por el Tribunal de apelación, dificultando la tarea de este Alto Tribunal de Justicia para verificar en una resolución de fondo si tal denuncia es evidente; en dicho caso se advierte el cumplimiento de los presupuestos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP, respecto de los incisos a) y b) del presente motivo, siendo por ello admisibles los mismos, más no así el inciso c) por las razones precedentemente expuestas.


Respecto al tercer motivo, citando los Autos Supremos 442 de 19 de agosto de 2004 y el 170 de 19 de junio de 2013, el recurrente advierte que el Tribunal de alzada incumplió su deber contenido en el art. 17 de la LOJ, es decir, revisar de oficio lo obrado por el Tribunal de instancia, limitándose a aplicar el art. 16 de la misma Ley continuidad del proceso y preclusión-, cuando en su doctrina legal aplicable este Alto Tribunal de Justicia habría establecido que los Tribunales de alzada tienen la obligación de realizar la labor de control del desarrollo del proceso y del contenido de la Sentencia, pues al verificar que el Tribunal de Sentencia no valoró correctamente la prueba, lo que correspondía, según el recurrente, era anular la Sentencia y ordenar el reenvío del proceso.


A este respecto, el recurrente cita los precedentes jurisprudenciales considerados contradictorios, señalando con claridad en que consiste la posible contradicción con el Auto de Vista impugnado al referir que el Tribunal de apelación no cumplió con su obligación de controlar la labor del Tribunal de instancia, observando lo previsto por los arts. 416 y 417 del CPP, correspondiendo declarar admisible este motivo y en la resolución de fondo, se establezca la existencia o no de la contradicción denunciada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marcelo Valencia Ugarte, de fs. 1658 a 1669, únicamente para el análisis de fondo de los motivos segundo y tercero; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos