TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 888/2018-RA

Sucre, 27 de septiembre de 2018


Expediente        : Santa Cruz 133/2018

Parte Acusadora        : Empresa Técnica y Proyectos S.A. representada                              .  legalmente por Marco Antonio Olguín Arias     

Parte Imputada     : Frida María Veizaga Ordoñez

Delitos        : Daño Simple y otros      


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de julio de 2018, cursante de fs. 626 a 630 vta., Frida María Veizaga Ordoñez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 23 de 7 de junio de 2018, de fs. 620 a 622 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Marco Antonio Olguín Arias en representación de la Empresa Técnica y Proyectos S.A. contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Daño Simple, Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 357, 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 02 de 23 de enero de 2018 (fs. 532 a 539 vta.), el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Frida María Veizaga Ordoñez, culpable de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, imponiendo la pena de dos años reclusión, concediendo el beneficio del perdón judicial. Siendo absuelta del delito de Daño Simple.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Frida María Veizaga Ordoñez (fs. 544 a 546 vta.) y el querellante Marco Antonio Olguín Arias (fs.548 a 550), interpusieron recursos de apelación restringida; a cuyo efecto, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 23 de 7 de junio de 2018, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 24 de julio de 2018 (fs. 623), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 27 de julio del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:

  1. Haciendo referencia a la forma de resolución de la Sentencia, la recurrente indica que el Auto de Vista en el reglón trece adelante indicaría el incumplimiento de las obligaciones del contrato que hubiera suscrito la imputada y que causó grave daño y perjuicio económico a la empresa denunciante, de la cual la recurrente hubiera gastado un dinero, dando lugar a un incumplimiento tributario; afirmación que sería mentira ya que no se demostró dichos extremos; asimismo, señala que la demanda no debió ser en la vía penal sino en la civil, siendo una afirmación en el Auto de Vista que el proceso debió llevarse en la referida vía civil y que el monto de dinero que se señala no coincide con la declaración que realizó la imputada, porque no dijo un monto, sobre tal aspecto señaló que los argumentos del querellante debieron estar sustentado por certificados de depósitos bancarios, etc., aspecto que no existe; asimismo, señala que el monto de dinero sale del supuesto informe de FERRERE que no es una auditoria de empresa seria y responsable, simplemente es un informe y no se sabe si los que firman son profesionales; asimismo, no se demuestra si es una empresa legalmente constituida; por lo que, se presume que el monto de dinero que se consigna no es el correcto, de la misma forma sobre el mismo argumento señala que ése informe no puede tener un valor legal porque no cumple con los arts. 12 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 14.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y que llegaría a ser una prueba ilegal bajo el entendimiento del art. 13 del CPP, siendo que dicha prueba debió emerger de una medida preparatoria o previa para que dicha empresa sea legalmente posesionada y con conocimiento de la parte contraria realizándose una auditoria especializada conforme a norma; con ésta situación, se constituye en un defecto comprendido en el art. 169 inc. 3) del CPP, siendo que dicho documento no fue valorado bajo las reglas de la sana crítica. Por otro lado, señala que los arts. 11 y 12 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y las atribuciones establecidas en el art. 69 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen que éste proceso no corresponde a la vía penal sino a la civil de rendición de cuentas; aspecto que debió ser subsanado de oficio por el Juez y Tribunal que conocieron el proceso, en cumplimiento de los arts. 168 y 169 del CPP.


  1. Además, refiere que en éste caso no se observó la verdad material siendo que se vulneró el art. 370 del CPP, por los siguientes argumentos: Porque de manera errada se llevó adelante un proceso penal cuando correspondía un proceso civil de rendición de cuentas y que se judicializaron de manera ilegal,  infringiendo el inc. “1 de dicho art.”, siendo lo más grave la judicialización de las pruebas obtenidas; además, señala que en éste proceso se vulneró el “inc. 4 del mencionado art.” porque fue una prueba ilegalmente introducida y judicializada vulnerando el principio de igualdad de las partes; por lo que, no puede ser valorada la prueba consistente en el informe FERRER; es por ello que la Sentencia como el Auto de Vista no tendrían fundamentación valedera, siendo que existen solamente apreciaciones subjetivas que no coinciden con la verdadera dimensión y realidad de como sucedieron las cosas; asimismo, señala que la Sentencia y el Auto de Vista vulneraron el “inc. 6) de dicho art.” porque las pruebas que se incorporaron no cumplieron con lo establecido por el art. 13 del CPP, siendo que las mismas debieron ser excluidas, incurriendo de ésta manera en los defectos comprendidos por el art. 169 inc. 3) del CPP; finalmente señala que en la Sentencia y el Auto de Vista no existe congruencia porque al analizar su declaración se tergiversan sus palabras, vulnerando de ésta forma el art. 11 del CPP, siendo que no coincide lo que declaró con lo que dijeron las autoridades judiciales.


Asimismo invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 256/2017-RRC de 17 de abril, 173/2006 de 16 de mayo, 133/2002 de 5 de abril, 540/2017-RRC de 14 de julio, “256/2.0017-RRC” de 17 de abril, “280/2015-EEC” de 8 de junio, 139/2015-RRC de 27 de febrero y 118/2015 de 24 de febrero y las Sentencias Constitucionales 1360/2014 de 7 de julio, 0752/2002-R de 25 de junio, 0752/2002-R de 25 de junio, 2227/2010-R de 19 de noviembre, 0871/2010, 1365/2005-R, 0695/2014 de 10 de abril, 1353/2014-R de 7 de julio, 087/2010-R de 10 de agosto y 1365/2005-R de 31 de octubre.   


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista ahora impugnado el 24 de julio de 2018, interponiendo su recurso de casación el 27 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto del primer motivo, la recurrente hace referencia a que en el Auto de Vista no se considera que la demanda no debió ser en la vía penal si no en la civil y que el monto de dinero que se señala no coincide con la declaración que realizó la imputada y además que no se encuentra acreditado con prueba legal; asimismo, señala que el monto de dinero sale del supuesto informe de FERRERE, no cumple con los arts. 12 del CPP, 14.II de la CPE y que llega a ser una prueba ilegal bajo el entendimiento del art. 13 del CPP. Por lo que se infringió los arts. 11 y 12 del CPC y las atribuciones establecidas en el art. 69 de la LOJ, que determinan que éste proceso no corresponde a la vía penal si no a la civil de rendición de cuentas; aspecto que debió ser subsanado de oficio por los jueces y tribunales que conocieron el proceso, en cumplimiento del art. 168 y 169 del CPP.


Con relación a la temática planteada no invoca precedente contradictorio alguno; lo que hace ver que menos aún realizó la labor de precisar en términos claros la contradicción que hubiera existido entre el Auto de Vista impugnado con relación a

algún precedente contradictorio, incumpliendo en consecuencia el art. 417 del CPP, por la insuficiencia en la técnica recursiva empleada en el recurso, omisión que no puede ser suplida de oficio y que deriva en que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el fondo de los motivos, al no haberse sentado las bases para verificar el sentido jurídico contradictorio; por otro lado, si bien la recurrente señala que existió defectos absolutos y que debieron ser corregidos de oficio; es preciso señalar que en éste motivo, no se cumple con el deber de establecer cuál el derecho vulnerado y cómo fue que el defecto que originó dicha vulneración; lo que hace ver que la impetrante no cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos en la parte final del acápite anterior de la presente resolución; generando en consecuencia la inadmisibilidad del presente motivo.          


Con relación al segundo motivo, en el que refiere que en éste caso no se observó la verdad material siendo que se vulneró el arts. 11, 13, 169 inc. 3), 370 incs. 1), 4) y 6) del CPP; porque el caso correspondía a la vía civil de rendición de cuentas; además, de referir la existencia de una ilegal judicialización de las pruebas, las cuales debieron ser excluidas y finalmente la aclaración que en la Sentencia y el Auto de Vista no existe congruencia porque al analizar su declaración se tergiversa sus palabras siendo que no coincide lo que declaró con lo que dijeron las autoridades judiciales.  


Con relación a lo señalado invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 256/2017-RRC de 17 de abril, 173/2006 de 16 de mayo, 133/2002 de 5 de abril, 540/2017-RRC de 14 de julio, “256/2.0017-RRC” de 17 de abril, “280/2015-EEC” de 8 de junio, 139/2015-RRC de 27 de febrero y 118/2015 de 24 de febrero; al respecto, se advierte que de los mismos, se limitó a señalar a que se refieren los dos primeros; empero, sin establecer la contradicción en términos precisos entre el Auto de Vista impugnado y dichos precedentes; asimismo, respecto de los demás precedentes, no señaló incluso a que se refieren los mismos, incurriendo nuevamente en no precisar la contradicción que se pretendería demostrar con relación a la resolución impugnada; en consecuencia, no se cumple con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en que habría incurrido el Auto de Vista impugnado, en los términos exigidos por el art. 417 del CPP, impidiendo a éste Tribunal hacer la labor encomendada por ley. Finalmente, también invoca como precedentes contradictorios, las Sentencias Constitucionales 1360/2014 de 7 de julio, 0752/2002-R de 25 de junio, 0752/2002-R de 25 de junio, 2227/2010-R de 19 de noviembre, 0871/2010, 1365/2005-R, 0695/2014 de 10 de abril, 1353/2014-R de 7 de julio, 087/2010-R de 10 de agosto y 1365/2005-R de 31 de octubre, de las cuales se debe tener en cuenta que no tienen la calidad de precedentes contradictorios, porque no se encuentran bajo los alcances de las previsiones contenidas en el art. 416 el CPP; por lo que no serán analizadas en el fondo de lo pretendido.   


La falencia advertida en el planteamiento del recurso, no puede ser suplida de oficio ni con la mera referencia a la existencia de defectos absolutos y a la vulneración del principio de igualdad como se observa en el caso presente, pues a efectos de ingresar al fondo del agravio vía flexibilización, el recurrente tiene la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en el acápite anterior de esta Resolución, mismos que fueron omitidos por completo, derivando en que éste motivo resulte inadmisible, aún de manera extraordinaria.



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Frida María Veizaga Ordoñez, de fs. 626 a 630 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos