TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 884/2018-RA

Sucre, 27 de septiembre de 2018


Expediente                : La Paz 97/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Gualberto Catari Delgado

Delito                : Estafa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de julio del 2018, cursante de fs. 364 a 375 vta., Gualberto Catari Delgado, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 37/2018 de 11 de junio, de fs. 358 a 362, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Sergio Efraín Huarina Chambi contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 20/2016 de 21 de enero (fs. 247 a 250), el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Gualberto Catari Delgado, autor y culpable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, más costas a favor del Estado, costas y reparación del daño civil a favor de la víctima y multa de cien días a razón de Bs. 30.- por día.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Gualberto Catari Delgado (fs. 311 a 322 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 37/2018 de 11 de junio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 13 de julio del 2018 (fs. 363), el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado; y, el 23 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


  1. Haciendo una relación de los hechos acusados por el Ministerio Público y la acusación particular, el recurrente hace referencia al incidente de actividad procesal defectuosa referido a la notificación del acusado; asimismo, hace referencia al incidente de exclusión probatoria, señalando al respecto que: Solicitó la exclusión probatoria de las pruebas MP-1, MP-2, MP-E, porque fueron presentadas en fotocopias simples sin acreditar la solicitud de su obtención, aspecto que habría sido reconocido por el Ministerio Público, quien afirmó que se trataría de fotocopias simples y que no existiría constancia de requerimiento fiscal; sin embargo, el incidente planteado habría sido rechazado por falta de acreditación sobre su falsedad, por lo que habría hecho reserva de apelar. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 170/2013-RRC de 19 de junio de 2013 y 49 de 16 de marzo del 2012, que transcribe parcialmente, señalando como contradicción que el Tribunal de Sentencia en el caso de autos, valoró y aceptó la referida prueba, para condenarlo a cuatro años, sin considerar que se tratan de fotocopias simples y que no se acreditó la obtención lícita de las mismas.


  1. Identificando como normas inobservadas e inaplicadas los arts. 124, 173, 370 incs. 3), 4), 5) y 6) y 365 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concordantes con los arts. 115, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), menciona que la prueba MP2 no acreditó que el préstamo obtenido por el acusador particular, fue para la implementación de una agencia PIL o para la inversión en productos lácteos, por lo que no existiría lógica ni congruencia entre el argumento del querellante y la prueba consistente en el contrato de préstamo. Continua refiriendo que el Tribunal de Sentencia también habría fundado su resolución en su declaración, específicamente en la parte que acepta haber recibido dinero, empero, no valoraría ni trascribiría que también señaló haber provisto y cumplido con el querellante; respecto a la prueba MP-4, la misma no tendría relación ni coincidiría con la versión de los acusadores pues de la misma se establecería que el acusador le hubiera entregado la suma de Bs. 17.000.-; sin embargo, en versión de los querellantes sería Bs. 14.000; la prueba MP-1 referida a recibos de pago de la deuda adquirida por el querellante en el Banco Sol, no demostraría ninguno de los elementos del tipo penal de Estafa; finalmente el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto habría manifestado que para tomar una decisión se tendría la palabra de la víctima frente a la del acusado, y que la prueba documental sería suficiente para demostrar los hechos acusados; también referiría que la prueba testifical de María del Carmen Villanueva y Santusa Vargas Ticona, es excesiva. Al respecto el recurrente refirió que el testimonio de Santusa Vargas Ticona no fue compulsado ni tomado en cuenta tanto por el Tribunal de Sentencia ni el Tribunal de Alzada, por lo que se incurrió en incongruencia omisiva y vulneración del debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, actuando ambas autoridades de forma contradictoria al Auto Supremo 724/2004 de 26 de noviembre, al no haber valorado todas las pruebas y no otorgarle el valor y análisis correspondiente, además que ninguna determinaría la conformación de todos los elementos constitutivos del delito de Estafa, pues no se habría demostrado el beneficio económico indebido, los engaños y artificios, o que hubiera fortalecido error en el querellante. Que la Sentencia y el Auto de Vista no mencionarían las referidas pruebas que él considera importantes para determinar su inocencia, por lo que reitera que son contradictorios a los precedentes mencionados.


  1. Identificando como normas violadas, inobservadas o erróneamente aplicadas, los arts. 335 del CP, 124, 370 incs. 1) y 5) del CPP, 115, 116, 119 y 180 de la CPE, refiere que el Tribunal de Sentencia, no explicó cuáles fueron las pruebas que lo llevaron a la convicción sobre su culpabilidad, que no existe una correcta fundamentación para establecer la existencia del hecho, su participación, grado de autoría y el dolo, toda vez que la afirmación de la falta de constancia de la provisión de productos lácteos, sería contraria a la declaración del acusado y de la testigo Santusa Vargas Ticona. Aspecto que no habría sido transcrito ni valorado en vulneración de sus derechos constitucionales. Al respecto invoca como precedente el Auto Supremo 241/2005 de 1 de agosto, señalando que la contradicción radica en que la Sentencia y el Auto de Vista impugnado, no consideraron que los indicios o simples presunciones, son insuficientes para la configuración del tipo penal de Estafa.


  1. Hace referencia a la aplicación del principio de inocencia y el Indubio Pro Reo, siendo las normas vulneradas los arts. 6, 124, 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP, 335 del CP, 115, 116, 119 y 180 de la CPE, las pruebas producidas en juicio serían insuficientes para demostrar el tipo penal de Estafa, y que en juicio se pudo establecer duda, pues el querellante habría recibido productos de leche PIL que vendió por dos meses. Transcribe en calidad de precedente el Auto Supremo 250/2009 de 23 de abril del 2009, señalando que tanto la Sentencia como el Auto de Vista recurrido son contrario al precedente invocado, pues no se habría producido prueba suficiente que conduzca a la convicción plena del delito y su participación, es más el Tribunal de apelación habría establecido que la prueba no fue suficiente para generar certeza y aplicando el principio Indubio Pro Reo lo habría declarado absuelto. Por lo que refiere que la Sentencia y el Auto de Vista son contrarios al precedente invocado.


  1. En cuanto al quantum de la pena, refiere que se aplicó erróneamente los arts. 37, 38, 39 y 40 y 335 del CPP, arts. 370 inc. 1), 5) y 6) no especificó de qué ley, y arts. 115, 119 y 180 de la CPE, señalando que el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto no fundamentó las agravantes ni realizó análisis ni valoración de las atenuantes, pues en sus alegatos habría manifestado que tiene familia constituida, trabajo, no tener antecedentes penales ni policiales ni otro proceso instaurado en su contra, ofreciendo al respecto certificado de REJAP y certificado policial. Transcribe como precedente contradictorio el Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero del 2013, señalando que la contradicción radica en que la Sentencia y el Auto de Vista impugnado no hicieron una fundamentación y aplicación correcta de las atenuantes y demás requisitos de la personalidad para la aplicación de la pena, pues siendo su primer delito se le hubiera impuesto la pena de 4 años sin fundamentar cuales fueron los motivos que llevaron a decir de esa manera.


  1. Finalmente señala que la motivación de la Sentencia viola los arts. 124, 370 incs. 1), 5), 6) del CPP, 115, 119 y 180 de la CPE, al no tener congruencia entre los hechos acusados y las pruebas valoradas, la subsunción del delito de Estafa y la aplicación de la pena, invoca como precedente el Auto Supremo 724/2004 de 26 de noviembre, que es transcrito parcialmente, para señalar que la Sentencia y el Auto de Vista no guarda la fundamentación, aspecto que es obligatorio en todas las resoluciones.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos, se establece que el día 13 de julio de 2018, fue  notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado; y, el 23 del mismo mes del presente año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, considerando que el 16 de julio fue declarado feriado departamental por su efeméride, cumpliendo el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP, en cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, se establece que:


En el primer motivo el recurrente hace referencia a las razones por las cuales interpuso incidente de exclusión probatoria de la prueba documental, si bien invoca los Autos Supremos 170/2013-RRC de 19 de junio de 2013, 49 de 16 de marzo del 2012, en calidad de precedentes, a tiempo de precisar la presunta contradicción entre éstos y la resolución impugnada, se limitó a transcribir los fallos invocados y repetir que el Tribunal Tercer de Sentencia de El Alto, aceptó la incorporación de fotocopias simples que no tienen respaldo de su obtención. Argumento que no demuestra la supuesta contradicción, pues no manifestó si los precedentes invocados, establecen alguna prohibición al respecto, o si ante una situación similar en el caso del precedente, se hubiera dispuesto la exclusión probatoria. Por lo que, el motivo analizado deviene en inadmisible por incumplimiento del requisito exigido por el segundo párrafo del art. 417 del CPP.


En el segundo motivo, identifica como normas erróneamente aplicadas los arts. 124, 173, 370 incs. 3), 4), 5) y 6) y 365 del CPP, concordantes con los arts. 115, 119 y 180 de la CPE, haciendo referencia a la prueba MP-2, MP-4 y su declaración, refiriendo que son insuficientes para acreditar los hechos y su autoría. Hasta éste momento, el apelante cuestionó el grado de credibilidad de producirían las pruebas, y respecto al Auto de Vista impugnado, refirió que éste no tomó en cuenta el testimonio de Santusa Vargas Ticona, que no lo compulsó, incurriendo en incongruencia omisiva y vulneración del debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa y tutela judicial efectiva. De los argumentos expuestos se observa falta de claridad en la proposición jurídica realizada, pues la incongruencia omisiva hace referencia a la falta de respuesta de un aspecto puesto en competencia del Tribunal de apelación, empero el mismo no puede ser sustentado en la falta de valoración probatoria de un testimonio, cuando el Tribunal de Alzada no tiene esa facultad que es privativa del Juez o Tribunal de mérito. Si bien el acusado invocó precedente contradictorio A.S. 724/2004 de 26 de noviembre-, la falta de claridad en los hechos que motivan la interposición del recurso de casación, llevaron a que el recurrente no precise con claridad cuál es el sentido antagónico entre el precedente y el Auto de Vista impugnado, o el sentido contrario respecto a la aplicación de una norma sea sustantiva o adjetiva. Por lo que el motivo analizado deviene en inadmisible por incumplimiento del requisito previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP. Asimismo, en cuanto a la alegación de vulneración de derechos constitucionales, el recurrente no cumple con el primer presupuesto que es, proveer los antecedentes generadores del defecto, pues como se explicó, los argumentos expuestos son confusos y carecen de claridad, además de no haber vinculado el defecto a una de las formas previstas por el art. 169 del CPP, y no explicar en qué consiste la restricción o disminución de los derechos que alega fueron vulnerados.


Respecto al tercer motivo, hace referencia al agravio que planteó en apelación restringida, refiriéndose que el mismo estuvo fundado en los defectos de Sentencia previstos por el art. 370 incs. 1) y 5) del CPP, invocando como precedente el Auto Supremo 241/2005 de 1 de agosto, refiriendo que la contradicción radica en que tanto la Sentencia como el Auto de Vista impugnado no consideraron que los indicios y presunciones son insuficientes para la configuración del tipo penal de Estafa. Argumento que éste Tribunal considera insuficiente para precisar la supuesta contradicción, pues el apelante se limitó a reiterar los fundamentos de su recurso de alzada, sin cuestionar la forma de resolución del mismo y a partir de ello precisar el sentido contrario entre el precedente invocado y fallo hoy recurrido, por lo que el agravio planteado deviene en inadmisible, por incumplimiento del requisito previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP.


En cuanto a los motivos cuarto, quinto y sexto, se limitó al igual que en el anterior caso, a reiterar los fundamentos de su recurso de alzada, sin cuestionar la forma de resolución de los mismos, si bien invocó precedentes contradictorios se limitó a transcribir parcialmente los mismos y señalar de manera general que tanto la Sentencia y Auto de Vista impugnado son contrarios a los precedentes invocados; fundamento insuficiente, pues no cumple con la carga de precisar cuál es el argumento del Tribunal de apelación que es contrario al sentido de los precedentes invocados. Por lo que, los referidos motivos devienen en inadmisibles por incumplimiento del requisito previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Gualberto Catari Delgado, de fs. 364 a 375 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos