TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 865/2018-RRC

Sucre, 25 de septiembre de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 24/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Alexander Dorado Contreras y otros

Delito                : Asesinato y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2017, cursante 1447 a 1454,  Ramiro Aguirre Salazar, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 50 de 30 de junio de 2017, de fs. 1365 a 1372, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Elena Siles Rojas y Edgar Cosme Yujra contra Humberto Erasmo Rodríguez Rodríguez, Carlos Alberto Vaca Contreras (declarado rebelde), Alexander Dorado Contreras y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Homicidio y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 252, 251 y 332 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 65/2015 de 26 de agosto (fs. 1042 a 1055), el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a: Alexander Dorado Contreras, autor de la comisión del delito de Lesión Seguida de Muerte, previsto y sancionado por el art. 273 del CP, aplicando el principio de congruencia conforme al art. 362 del Código de Procedimiento Penal (CPP), imponiendo la pena de ocho años de presidio, respecto a Alexander Dorado Contreras, Humberto Erasmo Rodríguez y Ramiro Aguirre Salazar, fueron absueltos de pena y culpa por los delitos de Asesinato, Homicidio y Robo Agravado, tipificado en los arts. 252, 251 y 332 del CP.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Alexander Dorado Contreras (fs. 1109 a 1113 vta.), los acusadores particulares Elena Siles Rojas y Edgar Cosme Yujra (fs. 1124 a 1129 vta.) y el Ministerio Público (fs. 1148 a 1152), interpusieron recursos de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 38 de 20 de abril de 2016 (fs. 1245 a 1251), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 234/2017-RRC de 21 de marzo (fs. 1357 a 1360 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 50/2017 de 30 de junio, que declaró admisible y procedente parcialmente las apelaciones de los acusadores particulares y el Ministerio Público, revocando parcialmente la Sentencia apelada, declarando a Ramiro Aguirre Salazar, autor del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, imponiendo la pena de ocho años y trecientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) y costas, siendo improcedentes las demás apelaciones manteniendo la situación jurídica de Humberto Erasmo Rodríguez (absuelto), motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 455/2018-RA de 29 de junio, se extrae el recurso de casación  a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente refiere que los Vocales lejos de cumplir lo ordenado en el Auto Supremo 234/2017-RRC de 21 de marzo, procedieron a emitir el Auto de Vista donde nuevamente vuelven a dictar Sentencia condenando a quien recurre precedentemente. Nótese que el Auto de Vista anulado por el Tribunal Supremo impone condena de veinte años y en la actual Resolución recurrida se impone condena de ocho años; sin embargo, el Tribunal de alzada no tiene la facultad para condenar, al no tener la inmediación de la prueba; toda vez, que si consideró que la Sentencia apelada contenía defectos, lo que correspondía era anular parcialmente la Sentencia y no ordenar una nueva Resolución que en los hechos expresa inobjetablemente revalorización de la prueba, defecto absoluto no susceptible de convalidación. Refiere a su vez, que se anula la Sentencia de manera parcial y se condena por el supuesto delito de Homicidio, manteniendo la Sentencia condenatoria de Alexander Dorado, como si se tratara de dos hechos distintos, violentando el principio de congruencia previsto por el art. 362 del CPP, así como el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica contenidos en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), cita quinto considerando del Auto de Vista.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se case el Auto de vista y deliberando en el fondo se revoque el Auto de Vista impugnado disponiendo se mantenga firme la Sentencia de Primera Instancia.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 455/2018-RA de 29 de junio, cursante de fs. 1493 a 1496 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Ramiro Aguirre Salazar, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 65/2015 de 26 de agosto, el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a: Alexander Dorado Contreras, autor de la comisión del delito de Lesión Seguida de Muerte, previsto y sancionado por el art. 273 del CP, aplicando el principio de congruencia conforme al art. 362 del CPP, imponiendo la pena de ocho años de presidio, respecto a Alexander Dorado Contreras, Humberto Erasmo Rodríguez y Ramiro Aguirre Salazar, fueron absueltos de pena y culpa por los delitos de Asesinato, Homicidio y Robo Agravado, tipificado en los arts. 252, 251 y 332 del CP, de acuerdo a los siguientes fundamentos inherentes a la acusada condenada:


Entre los hechos probados, el A quo, establece que los hechos denunciados relacionados con la muerte de la víctima DBC sí sucedieron, que en ellos participó Alexander Dorado Contreras; que no se demostró la participación de Ramiro Aguirre Salazar y Humberto Erasmo Rodríguez Rodríguez; por cuanto, el Ministerio Público y acusador particular no individualizaron la participación de los mismos, por lo que no describieron ni demostraron de forma individualizada su participación en los hechos sometidos a juzgamiento; ya que, las pruebas del Ministerio Público y el acusador particular, fueron insuficientes y contradictorias, en razón que de entre los testigos existieron enormes contradicciones, que Alexander Dorado Contreras, es autor y partícipe del delito de Lesión Grave seguida de muerte, tipificado por el art. 273 del CP. Como hecho no probado establece que no se demostró la participación de los imputados Ramiro Aguirre Salazar, Humberto Erasmo Rodríguez y Alexander Dorado Contreras, en los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Homicidio.


II.2.  De las apelaciones restringidas.


Alexander Dorado Contreras.


  1. Señala que la Sentencia incurrió en errónea aplicación de la Ley sustantiva de conformidad a los arts. 370 inc. 1) del CPP, con relación al 273, 13, 14 y 15 del CP.


  1. Refiere que la Sentencia incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP; es decir, que no existió fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria.


  1. De la misma manera, expresa que se incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP; vale decir, que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, no acreditados o en valoración defectuosa de a prueba.


  1. También precisa que la Sentencia incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 8) del CPP, porque existió contradicción en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa.


  1. Finalmente, manifiesta que se incurrió en el defecto comprendido en el art. 169 inc. 3) del CPP, porque se vulneró el principio de verdad material establecido en el art. 180 de la CPE. 


Elena Siles Rojas y Edgar Cosme Yujra:


  1. Denuncia la existencia de errónea aplicación de la Ley sustantiva; es decir, que la Sentencia incurrió en el defecto comprendido por el art. 370 inc. 1) del CPP.


  1. También, expresa que la Sentencia incurrió en el defecto comprendido en el art 370 inc. 6) del CPP.


  1. Desarrolla diferentes defectos que en el criterio de los recurrentes debe observar el Tribunal de alzada:


  1.   Existencia de negativa de realizar audiencia de reconstrucción.


  1.   Negativa de la producción de pruebas extraordinarias.


  1.   Violación de derechos y garantías constitucionales.


  1.   Fundamento legal dolo, premeditación, alevosía y ensañamiento.


  1.   Violación de derechos y garantías de las víctimas.


  1.   Violación al principio de continuidad.


  1.   Violación del principio de publicidad, violación del principio de imparcialidad.


  1.   Negativa de otorgarle mandamientos de aprehensión.


José Ausberto Parra Heredia, en su calidad de Fiscal de Materia en representación del Ministerio Público.


Refiere, que la Sentencia incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, debido a que existió inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva y que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba.   


II.3.  Del primer Auto de Vista 38/2016 de 20 de abril.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista impugnado, resolvió el recurso de apelación restringida interpuesto por el co-imputado Alexander Dorado Contreras y la parte acusadora fiscal y particular, declarando admisible e improcedente el recurso de la parte imputada y admisible e improcedente el recurso de los acusadores, manteniéndose la situación jurídica del acusado absuelto Humberto Erasmo Rodríguez y finalmente admisible y procedente el recurso de los acusadores, modificando la Sentencia absolutoria de Ramiro Aguirre Salazar, a quien lo declaró autor de la comisión del delito de Homicidio, tipificado pro el art. 251 del CP, imponiendo la pena de 15 (quince) años de presidio, más trescientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por cada día, con costas, bajo los siguientes argumentos:


En el cuarto considerando del Auto de Vista impugnado, señala que el Tribunal de apelación, argumentó que; en el caso de autos, los datos del proceso y pruebas de cargo, especialmente la declaración de Jesús Mauricio Oros Saucedo, la cual a decir del Ad quem sería bastante clara y precisa al individualizar al co-imputado Ramiro Aguirre Salazar, como la persona que correteó a la víctima con un palo de mano, utilizó un Vehículo color plomo con placa Nº 2451 IID, de propiedad de Alicia Salazar de Aguirre, madre del referido imputado; que lo más importante a decir del de alzada, es que dentro del desfile identificativo, se había señalado directamente al imputado Ramiro Aguirre Salazar, como el principal autor de la muerte de Douglas Bolívar Cosme Siles de diecisiete años de edad, cuando éste después de salir el 5 de abril del 2014, a tiempo de retirarse de una fiesta del Centro de Eventos del Club Real Santa Cruz, al promediar las 02:00 horas, había sido atacado sorpresivamente por un grupo de desconocidos que tendrían la firme intención de atacarlo y al negarse la víctima a la entrega de sus pertenencias, había sido agredido físicamente con palos, bates y tacos de billar, lo que ocasionó la muerte de la víctima como había informado la Médico Katherine Ramírez Vinaya; también existiría a decir del Tribunal de apelación, otro testigo clave Gery Lens Gosalves, quien había identificado e individualizado al co-imputado Ramiro Aguirre Salazar, como la persona que conducía el vehículo referido precedentemente y quien recogió más gente de la calle Nº 1 para agredir a la víctima, declaración que a decir del Ad quem, se encontraría corroborada por el testigo Roberto Colque Alvarado policía-, quien había referido que identificaron como autor al imputado Ramiro Aguirre; por lo que el Tribunal de apelación concluye refiriendo que, todos los testigos de cargo señalan a Ramiro Aguirre como el principal autor de la muerte de la víctima, por lo que su conducta típica, antijurídica, culpable y punible, al concurrir los elementos esenciales constitutivos del delito de Homicidio, tipificado por el art. 251 del CP, establecerían que la Sentencia incurrió en los defectos previstos por los incs. 1) y 6) del CPP.


En el sexto considerando del Auto de Vista hoy impugnado, el Tribunal de apelación argumentó que el Fiscal y querellantes, habían mencionado claramente las disposiciones legales vulneradas cómo debían aplicarse e interpretarse, haciendo referencia a la inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva y una valoración defectuosa de la prueba, precisando cuales serían estas últimas; posteriormente, haciendo referencia a la doctrina señalada por el Auto Supremo 87 de 1 de marzo de 2006, en el octavo considerando de la resolución, el Ad quem refiere que llega a la conclusión de que el fallo apelado no se ajusta a las normas procesales vigentes; ya que, se había inobservado la Ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba, la falta de fundamentación y motivación de la Sentencia, por lo que existiría las infracciones acusadas por el Fiscal y los querellantes.


II.4.        Del Auto Supremo 234/2017-RRC de 21 de marzo.


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declara fundado el recurso de casación interpuesto por Ramiro Aguirre Salazar y en aplicación del art. 419 del CPP, deja sin efecto el Auto de Vista 38 de 20 de abril del 2016, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida, en base a los siguientes argumentos:


En cuanto a la denuncia de revaloración probatoria.


Conforme la doctrina legal aplicable emitida por el precedente invocado por el recurrente, se tiene que el recurso de apelación restringida no es un medio para revalorar prueba o revisar cuestiones de hecho; sino es un medio de control de legalidad de la Sentencia, ello quiere decir que, conforme al actual sistema de valoración de la prueba, cual es el “Sistema de la libre convicción, de la sana crítica o de la crítica racional”, el Tribunal de apelación no tiene facultad de valorar la prueba, pues en apelación restringida no se halla munido de inmediación con las pruebas a fin de poderlas valorar conforme a las reglas de la sana crítica, en el caso concreto, el Tribunal de apelación al considerar las declaraciones testificales como claras, precisas, testigo clave; evidentemente, hace una revaloración de la prueba testifical, considerando las mismas como útiles para establecer que el co-imputado Ramiro Aguirre Salazar, es autor del delito de Homicidio.


Esta revaloración probatoria realizada por el Ad quem, viola el principio de inmediación, el cual es parte del principio de oralidad y por el cual el Juez o Tribunal de mérito al tener contacto directo con la prueba, hallándose munido de inmediación es el único que puede valorar la prueba, justificando el valor otorgado; es decir, además de la calificación de claro, útil, etc., debe justificar las razones por las cuales les otorga esa calidad, fundamento que el Tribunal de apelación no puede realizar al no haber tenido contacto directo con la prueba.


En el octavo considerando de la resolución impugnada, el Tribunal de apelación de manera indudable, ratifica el error cometido al revalorar la prueba, cuando expresamente argumentó que “(…) el fallo apelado no se ajusta a las normas procesales vigentes ya que se ha inobservado la Ley Adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba (…)”;  es decir, que afirma la existencia de un defecto procesal en cuanto a la defectuosa valoración probatoria, defecto que ameritaba que el Tribunal de apelación en aplicación a lo dispuesto por el párrafo primero del art. 413 del CPP, disponga el reenvío del juicio; empero, erróneamente sin considerar el principio de inmediación y el debido proceso, de manera equívoca, el Tribunal de apelación en el octavo considerando del Auto de Vista, posterior a declarar la existencia de defectuosa valoración probatoria, alega que no es necesario la realización de un nuevo juicio a fin de dictar una nueva Sentencia.


Corresponde aclarar en este punto, que evidentemente el Tribunal de apelación podría dictar nueva sentencia e incluso cambiar la situación jurídica del imputado; empero, ello se da con la única condición de no revalorar la prueba ni modificar los hechos establecidos por el A quo, como probados, como dice Fernando de la Rúa en su obra “La Casación Penal”, “(…) todo aquello que para ser valorado necesite la determinación judicial que declare su existencia en el mundo de la realidad, pertenece a los hechos irrevisables (…)”; sin embargo, en el caso de autos, el Tribunal de apelación a fin de modificar la situación jurídica del imputado Ramiro Aguirre Salazar, en lugar de partir su análisis desde los hechos descritos por el de mérito como probados y realizar el encuadramiento de éstos al tipo penal de Homicidio; sin hacer referencia a los hechos probados por el de mérito, en el cuarto considerando del Auto de Vista hoy impugnado, ingresa a revalorar la prueba, a fin de establecer la autoría del imputado en el delito de Homicidio; y peor aún, determina la existencia del defecto procesal de defectuosa valoración probatoria; empero, no señala sobre qué prueba recayó dicho defecto y qué reglas de la sana crítica fueron inobservadas, inaplicadas o aplicadas de manera errónea.


Estableciéndose que es evidente que el Tribunal de apelación incurrió en contradicción con la doctrina legal aplicable, al revalorar la prueba en violación del principio de inmediación y debido proceso, incurriendo en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, defecto que amerita la nulidad de la resolución impugnada, a fin de que el Tribunal de apelación emita nueva resolución.


II.5.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista 50 de 30 de junio de 2017, que declaró admisible y procedente parcialmente las apelaciones de los acusadores particulares y el Ministerio Público, revocando parcialmente la Sentencia apelada, declarando a Ramiro Aguirre Salazar, autor del delito de Homicidio, previsto por el art. 251 del CP, imponiendo la pena de ocho años y trecientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) y costas, siendo improcedentes las demás apelaciones, manteniéndose la situación jurídica de Humberto Erasmo Rodríguez (Absuelto), en base a los siguientes argumentos:


  1. Refiere, que el principio de la verdad material consagrado por la Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en este caso el imputado, Ramiro Aguirre Salazar resultó el principal autor de la muerte de Douglas Bolívar Cosme Siles, situación jurídica que no fue tomada en cuenta por el Tribunal de Sentencia, pues la conducta del referido imputado es típica, antijurídica, culpable y por tanto punible, al concurrir los elementos esenciales constitutivos del delito de Homicidio, tipo penal previsto y sancionado por el art. 251 del CPP, como lo afirma el propio Tribunal de Sentencia y las investigaciones policiales las cuales descartaron el delito de Asesinato porque no existían los elementos típicos de la descripción del art. 252 del CP, siendo que el hecho no fue planeado con anticipación, no existe el delo, la premeditación, la alevosía y el ensañamiento, descartando también el delito de Robo Agravado, lo cual hace viable la aplicación del art. 365 del CPP contra Ramiro Aguirre Salazar, con relación al art. 20 y 251 del CP; por lo que, en uso de la facultad conferida por la última parte del art 413 del CPP, aplicable para la reparación directa, sin necesidad de la realización de un nuevo juicio.


  1. También, se estableció que el imputado se encontraba debidamente individualizado y se observó que en la Sentencia se estableció que dicho imputado tuvo la intención de atracar a la víctima conduciendo un vehículo acompañando a un grupo de desconocidos quienes le propinaron a la víctima agresiones físicas con palos, bates, tacos de billar y objetos contundentes que le ocasionaron serias lesiones en el cuerpo, siendo que después de auxiliada la víctima y llevada a un centro medido, la misma falleció a causa de las heridas que le ocasionaron, siendo que el día 13 de mayo de 2013 la víctima llega a fallecer por insuficiencia respiratoria traqueal sumado a un traumatismo encefálico, hechos que son admitidos por el Tribual de Sentencia, con base a la relación circunstanciada de los hechos y los hechos probados.


  1. Por lo señalado, refiere que con relación a la situación jurídica de Ramiro Aguirre Salazar se debe aplicar lo establecido en la doctrina legal del Auto Supremo 87 de 1 de marzo de 2006; y siendo, ciertos los argumentos en las apelaciones restringidas interpuestas por el querellante y el Ministerio Público corresponde al Tribunal de alzada declarar procedente las mismas y revocar las Sentencia parcialmente y disponer la condena del acusado en apego a lo previsto por el art. 365 del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE CONTRADICTORIO

En el presente recurso de casación, el recurrente denuncia que el nuevo Auto de Vista, ahora impugnado, no cumplió con el precedente contradictorio invocado, el cual fue emitido en el presente proceso debido a que se incurrió en revalorización de la prueba para absolverlo al imputado; aspectos por los cuales, corresponde ingresar al análisis de fondo a efectos de verificar dichos extremos.


III.1. Requisitos que debe cumplir el precedente contradictorio.


Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional; toda vez, que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley; y por ende, la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la LOJ y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).

De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo.


Refiriéndose a la labor de contraste que debe realizar este Tribunal, el Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio señaló: “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


III.2.        Sobre la prohibición del tribunal de apelación para revalorizar prueba.


La problemática planteada en este recurso ha sido objeto de tratamiento en múltiples ocasiones por esta Sala, que estableció a través de sus pronunciamientos doctrina uniforme recogida en los Autos Supremos 200/2012-RRC de 24 de agosto, 223/ 2012-RRC de 18 de diciembre, 251/2012-RRC de 12 de octubre, 332/2012-RRC de 18 de diciembre y 11/2013-RRC, reiterada en posteriores Resoluciones.


Según esta doctrina es contrario a un debido proceso que el Tribunal de apelación, conociendo en vía de recurso de apelación restringida, condene a quien fue absuelto en el juicio oral o agrave su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos y/o reconsideración de pruebas, cuya correcta y adecuada apreciación exige que se practiquen en presencia del órgano judicial, que las valora obviamente siempre que dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad propias del juicio oral.


La determinación en qué supuestos se vulnera el referido derecho fundamental, se da cuando la Sentencia absolutoria es revocada en apelación y se dicta una nueva Sentencia condenatoria o se empeora la situación del imputado si hubiese sido condenado. Esta vulneración es eminentemente circunstancial por lo que cada caso requiere de un análisis individualizado, siendo importante establecer si la condena de quien había sido absuelto en el juicio o de quien se agrava su situación estando condenado tiene su origen, en una alteración o modificación de los hechos probados y de ser así, si tal apreciación probatoria encuentra fundamento en una nueva reconsideración de medios probatorios, cuya correcta y adecuada apreciación exige la inmediación; esto es, que sea el Juez o Tribunal ante quien se practican el que las valore o sin que se modifiquen o alteren los hechos, el Tribunal de apelación hubiera revalorizado prueba.


III.3.        La obligatoriedad de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia por parte de los Tribunales inferiores.


Bajo la premisa que los actos jurisdiccionales son la vía de materialización de la Ley, se concibe que ésta opere a partir de su puesta en frente ante una situación o problemática de conocimiento de la autoridad jurisdiccional; es decir, la aplicación de la ley, proviene de la interpretación que el juzgador le otorgue para la solución de un hecho en concreto, estableciendo a través de los fallos que emita la relación entre una y otra.


En la eventualidad de aplicación divergente, de una misma norma en diversos casos o bien que en la resolución de diversos hechos se aplique un alcance distinto de una misma norma y dada la naturaleza abstracta de la Ley, emerge la necesidad de uniformar criterios de su aplicación, ello en pos de asegurar la igualdad de las partes ante la Ley, forjando un sentimiento colectivo de seguridad jurídica y predictibilidad en la aplicación de la norma. Tales criterios no sólo trascienden ámbitos de índole procesal y sustantivo; sino adquieren vigor y comprensión en los postulados que la propia Constitución Política del Estado sienta, véanse los arts. 119.I, 178.I. Una contingente inobservancia de los parámetros establecidos a partir de la doctrina legal aplicable, vulneraría los principios de celeridad y economía procesal que han sido plasmados en los arts. 115.II de la CPE y 3.7 de la LOJ, que establecen que el Estado debe garantizar una justicia sin dilaciones.


El ordenamiento jurídico boliviano en materia penal, establece claramente que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores; en ese sentido, el art. 420.II del CPP, establece como efectos de los fallos emergentes de un recurso de casación que: “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá ser modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, de tal consecuencia que el cumplimiento de los fallos de este Tribunal, no está sujeto o reatado a la circunstancialidad o a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, sino que es el resultado de una estructura procesal recursiva, como de la vigencia de los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base de la jurisdicción ordinaria; más aún en el ámbito penal, donde se debate la responsabilidad penal del procesado, que puede generar en su caso, la restricción de su derecho a la libertad o la imposición de una sanción penal.


El art. 419.II del propio CPP, a su turno señala: “Si existe contradicción, la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.”; de esta norma, se desprende un entendimiento básico, sin lugar a interpretaciones, que se trata de la insoslayable obligación de parte de Jueces o Tribunales inferiores, de cumplir con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en un Auto Supremo, ello en la circunstancia que se identifiquen hechos fácticos análogos o similares, así como tal obligación se ve visiblemente amplificada cuando un Auto Supremo deje sin efecto un Auto de Vista recurrido de casación y ordene el pronunciamiento de un nuevo, bajo los entendimiento de la doctrina legal emergente de un Auto Supremo; una omisión de naturaleza contraria a la expuesta, importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal.


En este ámbito, esta Sala emitió el Auto Supremo 037/2013-RRC, de 14 de febrero, invocado por el recurrente como precedente, que estableció la siguiente doctrina: “El art. 180. I de la Constitución Política del Estado, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el de la "celeridad", principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento oportuno sin dilaciones innecesarias.


Respetando el principio constitucional de celeridad, los Tribunales y Jueces inferiores, están obligados a cumplir en forma inexcusable con la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo, al constituirse en el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria de acuerdo al art. 181 de la CPE; en cuyo mérito, teniendo esta doctrina carácter "erga omnes", debe ser cumplida en forma obligatoria, pues su inobservancia por un lado afecta al fortalecimiento institucional y, especialmente, a la naturaleza, finalidad y efectos obligatorios de la que están revestidos los Autos Supremos que establecen doctrina legal, con sentido ponderable de uniformar la jurisprudencia en el Órgano Judicial en materia penal; y, por otro, provoca dilaciones innecesarias generando a las partes incertidumbre respecto a la resolución de sus causas; consecuentemente, ningún juez o tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún concepto o razonamiento, omitiendo la imperatividad prevista por el segundo parágrafo del art. 420 del CPP.


Por otra parte, ante la advertencia de falta de fundamentación en la Sentencia, que no influyó en la parte dispositiva, el Tribunal de alzada, sin necesidad de anularla, tiene la facultad de realizar una fundamentación complementaria; un entendimiento contrario, significa desconocer su competencia prevista por los arts. 413 y 414 del CPP, con la consiguiente restricción al derecho de acceso a la justicia reconocido por la Constitución Política del Estado”.


III.4. Análisis del caso concreto.


Respecto del único motivo, en el que señala que se incurrió contradicción con el precedente contradictorio (Auto Supremo 234/2017-RRC de 21 de marzo emitido en el presente proceso), por parte del Tribunal de alzada al haber emitido el nuevo Auto de Vista 50/2017 de 30 de junio, siendo que incurrió en revalorización de la prueba para absolverlo al imputado.


Con relación a la temática planteada es preciso verificar los extremos vertidos en el precedente contradictorio invocado por el recurrente a efectos de establecer si el Auto de Vista impugnado incumplió el mismo; a tal efecto, en primera instancia corresponde ver la parte pertinente de la resolución señalada:


“Conforme la doctrina legal aplicable emitida por el precedente invocado por el recurrente, se tiene que el recurso de apelación restringida no es un medio para revalorar prueba o revisar cuestiones de hecho, sino es un medio de control de legalidad de la Sentencia, ello quiere decir que, conforme al actual sistema de valoración de la prueba, cual es el “Sistema de la libre convicción, de la sana crítica o de la crítica racional”, el Tribunal de apelación no tiene facultad de valorar la prueba, pues en apelación restringida no se halla munido de inmediación con las pruebas a fin de poderlas valorar conforme a las reglas de la sana crítica, en el caso concreto, el Tribunal de apelación al considerar las declaraciones testificales como claras, precisas, testigo clave; evidentemente, hace una revaloración de la prueba testifical, considerando las mismas como útiles para establecer que el co-imputado Ramiro Aguirre Salazar, es autor del delito de Homicidio.


Esta revaloración probatoria realizada por el Ad quem, viola el principio de inmediación, el cual es parte del principio de oralidad, y por el cual el Juez o Tribunal de mérito al tener contacto directo con la prueba, hallándose munido de inmediación es el único que puede valorar la prueba, justificando el valor otorgado; es decir, además de la calificación de claro, útil, etc., debe justificar las razones por las cuales les otorga esa calidad, fundamento que el Tribunal de apelación no puede realizar al no haber tenido contacto directo con la prueba.


En el octavo considerando de la resolución impugnada, el Tribunal de apelación de manera indudable, ratifica el error cometido al revalorar la prueba, cuando expresamente argumentó que “(…) el fallo apelado no se ajusta a las normas procesales vigentes ya que se ha inobservado la Ley Adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba (…)”;  es decir, que afirma la existencia de un defecto procesal en cuanto a la defectuosa valoración probatoria, defecto que ameritaba que el Tribunal de apelación en aplicación a lo dispuesto por el párrafo primero del art. 413 del CPP, disponga el reenvío del juicio; empero, erróneamente sin considerar el principio de inmediación y el debido proceso, de manera equívoca, el Tribunal de apelación en el octavo considerando del Auto de Vista, posterior a declarar la existencia de defectuosa valoración probatoria, alega que no es necesario la realización de un nuevo juicio a fin de dictar una nueva Sentencia.


Corresponde aclarar en este punto, que evidentemente el Tribunal de apelación podría dictar nueva sentencia e incluso cambiar la situación jurídica del imputado, empero ello se da con la única condición de no revalorar la prueba ni modificar los hechos establecidos por el A quo, como probados, como dice Fernando de la Rúa en su obra “La Casación Penal”, “(…) todo aquello que para ser valorado necesite la determinación judicial que declare su existencia en el mundo de la realidad, pertenece a los hechos irrevisables (…)”; sin embargo, en el caso de autos, el Tribunal de apelación a fin de modificar la situación jurídica del imputado Ramiro Aguirre Salazar, en lugar de partir su análisis desde los hechos descritos por el de mérito como probados y realizar el encuadramiento de éstos al tipo penal de Homicidio; sin hacer referencia a los hechos probados por el de mérito, en el cuarto considerando del Auto de Vista hoy impugnado, ingresa a revalorar la prueba, a fin de establecer la autoría del imputado en el delito de Homicidio; y peor aún, determina la existencia del defecto procesal de defectuosa valoración probatoria; empero, no señala sobre qué prueba recayó dicho defecto y qué reglas de la sana crítica fueron inobservadas, inaplicadas o aplicadas de manera errónea.


Estableciéndose que es evidente que el Tribunal de apelación incurrió en contradicción con la doctrina legal aplicable, al revalorar la prueba en violación del principio de inmediación y debido proceso, incurriendo en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, defecto que amerita la nulidad de la resolución impugnada, a fin de que el Tribunal de apelación emita nueva resolución”.


De esta doctrina legal establecida por el Auto Supremo 234/2017-RRC de 21 de marzo, se observa que el mismo dejó sin efecto el Auto de Vista 38/2016 de 20 de abril, estableciendo que el Tribunal de alzada incurrió en revalorización de la prueba; en consecuencia, el supuesto incumplimiento del Auto de Vista ahora impugnado tendría que versar sobre que dicha resolución incumplió dicha doctrina legal; vale decir, hubiera incurrido nuevamente en revalorización de la prueba; en consecuencia, resulta preciso remitirnos al texto del Auto de Vista a efectos de evidenciar si al momento de resolver los recursos de apelación restringida incumplió con lo dispuesto por la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 234/2017-RRC de 21 de marzo; en consecuencia, se tiene que el Tribunal de alzada, en lo pertinente señalo: “…Que ingresando a desarrollar los tipos penales acusados tanto por la parte civil como por el Ministerio Público, diremos que el tipo penal de Homicidio previsto y sancionado en el art. 251 del Código Penal, es una conducta dolosa que puede ser cometida, como lo establece el artículo 14 del Código Penal, tanto por dolo directo como por dolo eventual (accidental), fortuito, imprevisto), cuando el sujeto al menos prevé como posible el resultado y lo acepta.- Se trata de la hipótesis de herir a un sujeto, programa la causalidad para obtener la finalidad y se representa posibles resultados concomitantes de su conducta; ante esa representación si el sujeto actúa admitiendo las posibilidades que sobrevengan esos resultados, ya se dan los requisitos necesarios para que se verifique un dolo eventual.- Por supuesto, que para el análisis del dolo directo o eventual el Juez o Tribunal debe ubicar los aspectos de conocimiento y de voluntad que se manifiesten en la acción para poder encuadrar el tipo subjetivo de la conducta. Debemos tener en cuenta que el dolo eventual es sinónimo de: Accidental, fortuito, imprevisto, casual, ocasional.


Que, respecto del delito de Asesinato, diremos que está previsto en el art. 252 del Código Penal, y es uno de los delitos más graves en el cual la vida es el bien jurídico protegido, es el primer derecho fundamental del que goza toda persona humana, así lo consagra la Constitución Política del Estado, concordante con los arts. 4 inc. 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humano; de manera que el art. 252 del CP…”; asimismo, también establece que: “…el asesinato es un acto que es considerado un delito contra la vida para el derecho y normalmente es la infracción más grave que recogen los códigos penales de la mayoría de los países. Para determinar si dicha infracción es una variante agravada del homicidio o un delito autónomo, lo decisivo son las circunstancias que integran el tipo penal, que pueden ser de carácter objetivo, ya sea alevosía, utilización de veneno, explosivos, precio, promesa o recompensa; o de carácter subjetivo, premeditación, ensañamiento, sadismo, etc.- Con la concurrencia de cualquiera de ellas es suficiente para calificar una muerte dolosa de asesinato. El asesinato (también denominado en otros países homicidio calificado) es un delito contra la vida humana, que consiste en matar a una persona concurriendo ciertas circunstancias y entre ellas tenemos a la alevosía, precio, recompensa o promesa remuneratoria y ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La diferencia que existe entre el Asesinato y el Homicidio es el delito que alguien comete por acabar con la vida de una persona sin premeditación sin preparación anticipada, en cambio el asesinato requiere de un mayor número de requisitos. Si bien el tema se ha discutido mucho, el asesinato no se trata de un simple homicidio agravado, sino de un delito distinto (de acuerdo con la mayoría de la doctrinan y la jurisprudencia), en el que las circunstancias señaladas son elementos constitutivos del mismo. En el asesinato una mayor intensidad del propósito criminal que en el homicidio, por los medios perjudiciales utilizados de un modo especial o por la inconfundible malicia y peligrosidad que se revela.


Que, el delito de lesión seguida de muerte está prevista en el art. 273 del CP y acontece cuando el Autor no quería causar la muerte, ya que no tenía la voluntad ni la conciencia de que con su agresión podía provocar la muerte en su víctima.


Que, en cuanto al delito de robo agravado, diremos que esta conducta antijurídica normalmente crea alarma social e incide seriamente en el entendido de inseguridad ciudadana de los vivientes del lugar donde proliferan estos hechos delictivos. Esto no quiere decir que se haya simplificado la configuración típica de este delito hasta el punto que sea suficiente la ejecución del mismo con empleo de la `fuerza´ en las cosas, `Violencia´ o `Intimidación´ en las persona, para que el apoderamiento en la cosa mueble ajena se convierta en robo agravado, sino que es necesario que la `fuerza´, `Violencia´ o `intimidación´, concurran con la ejecución; por ello, primero debemos establecer si en el caso de autos se configura el delito de `Robo´, para posteriormente verificar si concurre alguna de las circunstancias o sub motivos `agravantes´ que señala el art. 332 del CP. Cuantitativamente, para considerar el apoderamiento Robo, con `fuerza´, en las cosas, se debe tener en cuenta la fuerza física que haya que desplegar en su caso concreto con relación a la `violencia´ se entiende como el empleo de la fuerza física, pero Soler considera comprendida en este concepto no solamente la acción que recae sobre la víctima puramente con cuerpo, con absoluta prescindencia de su voluntad, sino también aquella que quebranta o paraliza la voluntad sin motivarla. De otro lado, se debe tener presente la `intensidad´ empleada y aparejada a los efectos o eficacia que hubiere producido en el sujeto pasivo.


En cuanto a la `intimidación´ que es el elemento substitutivo psicológico de la violencia física, constituye la amenaza encaminada a vaciar la libre voluntad del sujeto pasivo, bastando con que se `coaccione´ a la persona y que ésta haya sido la intención del sujeto activo; con estos antecedentes sobre las formas comisivas del delito de Robo, debemos señalar que nuestro Código sustantivo de la materia, en su art. 331, establece que comete delito de Robo `El que se apodere de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años´”. Posteriormente a realizar un estudio sobre los tipos penales que hacen al caso de autos, realiza una concreción respecto de la labor del Tribunal de alzada con relación a la doctrina de los tipos penales señalados anteriormente; de donde se extrae: “…Que en el presente caso, como tribunal de alzada en completa concordancia con los hechos tenidos por probados y demostrados que, desde el punto de vista del elemento conativo (volitivo) del dolo, así como los hechos probados expuestos por el mismos tribunal inferior en su Sentencia, podemos advertir que se afirma que el acusado Ramiro Aguirre Salazar actuó con una representación de la realización del hecho punible como posible. Es cierto que el dolo eventual no se mantiene simplemente con esta representación de posibilidad sino que esta se determina como probable siguiendo la tesis definitoria seguida que es plenamente compatible con el art. 14 del CP, en otras palabras, el autor debe representarse que el resultado tiene un alto grado de posibilidades de verificarse y aun así actúa con plena indiferencia acerca de si el resultado se produce o no. En el presente caso, asegún lo demuestran los datos del proceso, las pruebas de cargo que fueron valoradas por el Tribunal 7º de Sentencia en lo Penal de la Capital, documental, testifical y literal, pericial, son claras en señalar que el imputado Ramiro Aguirre Salazar está debidamente individualizado como la persona que correteó a la víctima con una palo en mano, luego incluso se utilizó un vehículo color plomo placa Nº 2451-IID que después se supo que era de propiedad de Alicia Salazar de Aguirre, madre del imputado, motorizado que fue utilizado para proseguir y agredir físicamente a la víctima; si bien se denuncia también la desaparición o sustracción de una riñonera; sin embargo, dicho aspecto no fue demostrado en el juicio oral; pero lo más importante y de fondo es que dentro del desfile identificativo se ha señalado al imputado Ramiro Aguirre Salazar como el principal autor de la muerte del joven Douglas Bolívar Cosme Siles de 17 años de edad, los hechos iniciales y la denuncia indican que en fecha 5 de abril de 2014 la víctima salió de un domicilio para dirigirse a una fiesta juvenil en el Centro de Eventos del Club Real Santa Cruz para compartir con sus amigos, pero cuando al promediar las 02:00 en el instante que se retiraba a su domicilio junto con algunos amigos, de manera sorpresiva aparece un grupo de desconocidos con la firme intención de atracarlos, pero la víctima al negarse a entregar sus pertenencias, fue agredido físicamente con palos, bates y tacos de billar, objetos contundentes que le provocaron serias y graves heridas en su cuerpo, luego la víctima herida fue auxiliada por uno de sus amigos y lo lleva hasta el domicilio de Juan Pablo Laura Céspedes, llaman a sus padres y luego lo llevan al hospital porque presentaba serias heridas en la cabeza y estaba inconsciente; posteriormente, siguiendo con el relato fáctico de los hechos, el día 13 de mayo de 2013 la víctima llega a fallecer por insuficiencia respiratoria estenosis traqueal, sumado al traumatismo cráneo encefálico, tal como lo informa la médico Dra. Katherine Ramírez Vinaya; el mismo Tribunal admite que existe otro testigo de nombre Gery Lens Gosalvez, y en la relación circunstanciada y los hechos probados señala que esa persona que identifica e individualiza plenamente al imputado Ramiro Aguirre Salazar como la persona que conducía el vehículo placa Nº 2451-IID y que fue quien recogió más gente de la calle Nº 1 para agredir a la víctima Douglas Bolívar Cosme Siles; por lo que, tomando en cuenta el principio de la verdad material, consagrado en la CPE, en el art. 180 .I., cuyo contenido implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responsa a los principios, valores y valores éticos consagrados en la norma suprema de nuestro país…”; asimismo, para sustentar lo afirmado hace referencia a las Sentencias Constitucionales 0144/2012 de 14 de mayo y 2769/2010-R de 10 de diciembre. En ese sentido, continua señalando que: “…es una verdad material que todos los testigos de cargo señalan a Ramiro Aguirre Salazar como el principal autor de la muerte de Douglas Bolívar Cosme Siles, situación jurídica que no fu tomada en cuenta por el Tribunal 7º de Sentencia en lo penal de la Capital, pues la conducta del nombrado imputado es típica antijurídica, culpable y por tanto punible, al concurrir los elementos esenciales constitutivos del delito de Homicidio, tipo penal descrito y sancionado por el art. 251 del CP, como lo afirma el mismo Tribunal inferior, a las investigaciones porque no existían los elementos típicos de la descripción del art. 252 del Código Penal, el hecho no ha sido planeado con anticipación, no existe el dolo, la premeditación, la alevosía y el ensañamiento, descartando también el delito Robo Agravado, lo cual hace viable la aplicación del art. 365 del Código de Procedimiento Penal contra Ramiro Aguirre Salazar, con relación al art. 20 y 251 del CP, en uso de la facultad otorgada por la última parte del art. 413 del Código de Procedimiento Penal para la reparación directa sin necesidad de la realización de nuevo juicio”.


En consecuencia, de los aspectos observados relacionados a la fundamentación del Auto de Vista que supuestamente constituirían en una revalorización de la prueba resultan no ser ciertos debido a que principalmente en dichos argumentos se realiza una fundamentación sobre los entendimientos doctrinarios respecto de los delitos de Homicidio, Asesinato, Lesión Seguida de Muerte, Robo Agravado y Robo, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. del 1) al 7), 251, 273, 332 y 331 del CP, haciendo notar sus particularidades y los entendimientos sobre cada uno de ellos; asimismo, sobre las semejanzas y diferencias entre los delitos de Asesinato y Homicidio; posteriormente, hace referencia a las decisiones adoptadas por el Tribunal de Sentencia al momento de determinar los hechos probados, de los cuales haciendo referencia a los argumentos de la Sentencia señala que se estableció la participación del imputado Ramiro Aguirre Salazar afirmando que se lo individualizó y se identificó su participación en dicha Sentencia sobre el hecho, del mismo que posteriormente el Tribunal de alzada realizando una fundamentación sobre la aplicación de la Ley sustantiva sustentó respecto de la comisión del delito de Homicidio previsto y sancionado por el art. 251 del CP, explicando todos los elementos constitutivos de dicho tipo penal y el cómo se ajustan los hechos probados al mismo, motivos por los cuales de manera directa en aplicación del art. 413 del CPP, condenó al imputado a la pena privativa de libertad de ocho años de presidio, de la misma manera realiza una fundamentación de que en la Sentencia se advirtió que el entendimiento emergió de los hechos probados establecidos en dicha resolución; asimismo, argumentó respecto de los otros delitos señalando que de acuerdo las investigaciones procesales se llegó a descartar el delito de Asesinato; ya que, no existió todos los elementos constitutivos de dicho delito, descartando de la misma manera el delito de Robo y Robo Agravado; resolviendo en definitiva, en aplicación del art. 365 del CPP condenar al imputado bajo los términos ya señalados, con base los arts. 20 y 251 del CP y en aplicación de la última parte del art. 413 del CPP, situación que se ajusta a los entendimientos establecidos en la jurisprudencia emitida por esta Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en los Autos Supremos 660/2014-RRC de 20 de noviembre entre otros, que establecen la viabilidad el cambió incluso de la situación jurídica del imputado siempre y cuando no se revalorice la prueba y no se modifiquen los hechos; situación que en el presente caso no se advierte siendo que se pudo observar de la transcripción de la parte pertinente del Auto de Vista, no consta alguna revalorización de determinada prueba, mucho menos la modificación de los hechos; y finalmente, debe quedar claro que el Auto de Supremo invocado como contradictorio (Auto Supremo 234/2017-RRC de 21 de marzo), que fuera emitido en el presente caso, estableció en su doctrina legal que el Auto de Vista 38/2016 de 20 de abril incurrió en revalorización de la prueba: “…En el octavo considerando de la resolución impugnada, el Tribunal de apelación de manera indudable, ratifica el error cometido al revalorar la prueba, cuando expresamente argumentó que “(…) el fallo apelado no se ajusta a las normas procesales vigentes ya que se ha inobservado la Ley Adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba (…)”;  es decir, que afirma la existencia de un defecto procesal en cuanto a la defectuosa valoración probatoria, defecto que ameritaba que el Tribunal de apelación en aplicación a lo dispuesto por el párrafo primero del art. 413 del CPP, disponga el reenvío del juicio; empero, erróneamente sin considerar el principio de inmediación y el debido proceso, de manera equívoca, el Tribunal de apelación en el octavo considerando del Auto de Vista, posterior a declarar la existencia de defectuosa valoración probatoria, alega que no es necesario la realización de un nuevo juicio a fin de dictar una nueva Sentencia”; sin embargo, dicho  Auto Supremo también estableció que: “…Corresponde aclarar en este punto, que evidentemente el Tribunal de apelación podría dictar nueva sentencia e incluso cambiar la situación jurídica del imputado, empero ello se da con la única condición de no revalorar la prueba ni modificar los hechos establecidos por el A quo, como probados”; en consecuencia, en observancia que el Auto de Vista al momento de emitir su resolución no incurrió en revalorización de la prueba y al determinar directamente la condena imputado por el delito de Homicidio, lo hizo bajo las previsiones contenidas incluso por la doctrina del precedente invocado y como lógica consecuencia, se estableció que no incurrió en contradicción con el mismo.


En consecuencia, el Tribunal de alzada al resolver los recursos de apelación restringida interpuestos y la doctrina legal establecida por el Auto Supremo 234/2017-RRC de 21 de maro, obró de manera correcta con la debida fundamentación, conteniendo en su argumento la debida motivación explicando y justificando de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia; en consecuencia, no resulta cierta la denuncia que el Auto de Vista incurrió en contradicción con el precedente invocado expuesto en el recurso de casación interpuesto, siendo que se emitió una resolución enmarcada en la previsión de los arts. 124 y 398 del CPP; por ende, no corresponde dar curso a lo solicitado, correspondiendo declarar infundado el recurso de casación intentado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ramiro Aguirre Salazar.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos